PARTE III
CONTROL  SOCIAL, NEOLIBERALISMO Y DERECHO PENAL
 EN UN PAÍS DEL TERCER MUNDO: PERÚ


CAPITULO III
LA DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL EN PERÚ
(1980-2000)

Una reflexión final

El gobierno de transición de Paniagua tuvo como uno de sus principales retos el no repetir lo que significó la transición política de la dictadura de Morales Bermúdez en 1980. En aquella ocasión los problemas que la hicieron difícil fue, por un lado, los temores de los dictadores a ser sancionados por los crímenes y los robos cometidos y, por otro, la defensa de los intereses de los grandes capitales que buscaron persistir en un modelo económico que los había hecho más ricos de lo que ya eran.

Las fuerzas dictatoriales sólo se replegaron cuando lograron cubrirse las espaldas gracias a un acuerdo de impunidad, generalmente implícito, con las fuerzas democráticas (APRA, Acción Popular [de la cual el actual Presidente antes de ser Presidente Transitorio era su Secretario General], Partido Popular Cristiano, la Izquierda democrática y otros grupos pequeños). Y cuando recibieron la promesa de mantener intacto el modelo económico impuesto. Sólo cuando estuvieron seguros que las fuerzas democráticas no jaquearían al rey (los militares) ni a la reina (los grandes capitalistas) los dictadores volvieron a sus cuarteles.

La dificultad de la actual transición peruana no escapa ni a los temores a la sanción por los crímenes y los robos ni a la sacralización del modelo económico neoliberal. En estos 10 años (como en los últimos 20 años precedentes) de gobierno sin controles institucionales se han construido grandes fortunas mal habidas y se han tejido intereses entre los altos funcionarios del Estado y los intereses privados especialmente en el sector de las empresas privatizadas. Ex presidentes de consejos de ministros aparecen luego como presidentes de los directorios de grandes empresas privadas, funcionarios del Estado encargados de la priva-tización que se transforman en gerentes de las empresas privatizadas, abogados funcionarios que ganan juicios con los jueces que ellos mismos han nombrado, asesores y jueces que perciben millonarios ingresos de fuentes desconocidas.
El manejo de la deuda externa y las privatizaciones han dado origen, sin duda, a nuevas formas de corrupción que coexisten con la corrupción que proviene del asalto simple y llano al fisco y la que proviene del narcotráfico. Todos los corruptos de diverso origen son los principales enemigos de la democracia real de la hora presente. A la corrupción hay que añadir los crímenes por cuya sanción, después de la experiencia de Pinochet, los responsables nunca podrán dormir tranquilos.

Pero los más fervientes partidarios del continuismo autoritario son los grupos que gozan las ventajas económicas y políticas provenientes del esquema de dominación de largo plazo que la coalición fujimorista ha ido organizando durante diez años en el poder. Tres han sido, a nuestro entender, los rasgos fundamentales que definieron el esquema de dominación social y política del fujimorismo: 

a. El neoliberalismo.
b. El neopopulismo. 
c. El autoritarismo.

Basándonos en estos rasgos podemos decir que Fujimori gobernó para los ricos. Si este esquema de dominación se mantiene y amenaza continuar, igualmente, gracias al aval de las grandes potencias, supuestos portaestandartes de la democracia en el mundo, en vano habrá sido la salida de Fujimori y su inmediato Montesinos pues quedaría su entorno mediato moviendo los hilos del poder o lo que algunos teóricos llaman la mano invisible del poder.

En efecto, los países desarrollados y los organismos internacionales celebran el neoliberalismo pues les permite cobrar puntualmente la deuda externa, financian al neopopulismo que aplaca el hambre (Programa de vasos de leche, comedores populares y una cadena de solidaridad) y las iras potenciales de los pobres y toleran al autoritarismo que garantiza el orden social neoliberal y neopopulista.

Por eso, la posición del gobierno transitorio es ambigua y contradictoria. Obsérvese el Plan de Reestructuración de los Ingresos del Estado y la aceptación de la Carta de Intención del FMI, por un lado; y, la independencia de un Poder Judicial que está abriendo procesos penales contra comprobados corruptos y delincuentes de cuello blanco. A éstos se les viene aplicando un trato discriminatorio flexible, de mano blanda, salen de los procesos con libertad incondicional, vigilada, arresto domiciliario, a otros, no obstante la claridad de los hechos delictivos, no les sucede nada porque el fundador del Partido Popular Cristiano, con candidato(a) presidencial, sostiene que su hijo ha cometido “pecado” y no-delito, en tanto que para los sectores populares se comienza a de-sempolvar el fantasma del terrorismo. 

El gobierno norteamericano expresó hace poco que era neutral frente a los resultados electorales, pero que no lo era frente a los procedimientos: ¿cómo se puede ser neutral en los resultados si éstos dependen de los procedimientos y éstos son, a ojos vistas, reiteradamente ilegítimos? Algunos apuntes finales sobre el neo-liberalismo en el Perú.

Según Efraín González de Olarte lo que caracteriza al (neo) liberalismo a la peruana es, por un lado, la casi simultaneidad del programa de estabilización para sanear la economía fiscal. Así como controlar la inflación mediante las reformas estructurales (apertura de la economía al mercado internacional, la desre-gulación de mercados y las privatizaciones) las mismas que buscaban establecer un mercado con el mecanismo más eficaz en la asignación de recursos para el desarrollo. Por otro, la incapacidad de los gobernantes peruanos y de las instituciones estatales para negociar los términos de la estabilización y de las reformas impulsadas por los organismos económicos internacionales.

Esas tareas fueron facilitadas por el colapso del sistema de partidos y por la destrucción de la sociedad civil debido a la crisis económica y a la violencia terrorista de los 80. Ambas características hicieron que el modelo neoliberal en el Perú, a diferencia de otros países, fuera más costoso y doloroso para la mayoría de los peruanos. Eso ha permitido que el neoliberalismo cumpla sus objetivos en un corto plazo: la reducción de la inflación, el crecimiento relativo de la producción,⁴⁹¹ el pago puntual de deuda externa y, sobre todo, la obtención de pingües ganancias por parte de los grandes capitales nacionales y extranjeros. 

Los grandes perdedores del fujimorismo han sido, además de algunos sectores empresariales, los trabajadores dependientes e “independientes” de la economía informal. Esto significó que en el gobierno cívico-militar de Fujimori los ricos se han hecho más ricos y los pobres más pobres. 

En resumen, la distribución de los costos y beneficios del ajuste estructural [del fujimorato, para usar una expresión de Pedro Planas] han sido desiguales y el gobierno fujimorista no tuvo el menor interés en compensar éstas.⁴⁹² En una sociedad empobrecida por el neoliberalismo este modelo no puede funcionar. Pero si se complementa con el despliegue de políticas sociales (no neopopulistas o de clientelaje político como ha sido hasta ahora, o de asistencialismo que alienta la pérdida de la dignidad de las personas) que resuelvan las necesidades más sentidas, tales como seguridad, pistas y veredas, salud, empleo con estabilidad laboral y la instalación de servicios básicos, viviendas. O sea, con una política social se podría hablar de una humanización en la era de la globalización. Ello no obstante, para los fundamentalistas neoliberales sería un abandono de lo caminado y no estarán dispuestos a retroceder a un sistema que no es ortodoxo de tipo social.⁴⁹³ 
Por ello, consideramos que es urgente la convocatoria de la sociedad civil, de los partidos (grandes y pequeños), intelectuales, centrales, universidades a todas fuerzas vivas de un país para estructurar un programa de unidad que nos conduzca invariablemente a la constitución de un Estado-Nación. Y no seguir con la fragmentación o la desintegración, el discrimen o la desigualdad social que la clase hegemónica dominante ha impuesto en el territorio llamado Perú desde 1821. El autoritarismo fujimorista no habría tenido “éxito” si no hubiera encontrado un terreno abonado en la estructura social peruana.

En efecto, la existencia y consolidación de una mayoría de pobres, discriminada social, cultural y racialmente, constituyó(e) una sólida base social para toda clase de autoritarismo. El fujimorismo no tradujo sólo las ambiciones y los caprichos de un caudillo sino que fue también la expresión política de una sociedad en crisis de representación y de gobernabilidad en una etapa histórica de cambios neoliberales. La instauración de la democracia y su posterior consolidación dependen de la construcción y consolidación de un nuevo sistema de partidos. Mientras subsista el colapso de partidos y no se inicie la construcción de uno nuevo a partir de las principales organizaciones independientes que hoy existen, y las por fundar, la democracia seguirá estando en debate para su implementación en el Perú.⁴⁹⁴ 

Es urgente reemplazar el discurso neoliberal que contraponga la libertad por la seguridad, la deliberación por la acción pragmática, la ideología liberal por un nuevo fundamentalismo ideológico neoliberal, la solidaridad por el individualismo narcisista, y la eficacia por la democracia gubernamental tipo gerencial. Hay una realidad que no podemos tapar con una mano. Tenemos recesión, desempleo galopante, violación de los derechos humanos, inestabilidad laboral permanente, ausencia de controles institucionales, falta de transparencia, corrupción, déficit de bienestar general, enfermedades infantiles endémicas, etc. La ciudadanía está demandando soluciones urgentes a estos problemas y paralelamente solicitan instintivamente la instauración de un régimen democrático real que esperamos surja de las elecciones del 8 de abril del 2001.