PARTE III
CONTROL SOCIAL, NEOLIBERALISMO Y DERECHO PENAL 
EN UN PAÍS DEL TERCER MUNDO


CAPITULO III
LA DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL EN EL PERÚ
(1980-2000)

Normas o reglas de aplicación general

A. Los juicios en el Teatro de Operaciones (art. 1 del D.L. 25708) es el proceso penal sumario que se aplica para los delitos de Traición a la Patria y terrorismo.

a. Esta clase de procedimiento es uno de naturaleza extraordinaria, y que conforme a ley se debe utilizar para tiempos de guerra y no en tiempos de paz (art. 710 y siguientes del Código de Justicia Militar y el Decreto Legislativo 23201 art. 1°, o Ley Orgánica de Justicia Militar).

Los resultados de la aplicación de este proceso sumario extraordinario en menos de 6 meses en Perú, luego del autogolpe, por los Tribunales Sin Rostro militares fue:

Las cortes militares tienen un 100% de sentenciados. La policía y los militares, en este Periodo, continuaron siendo responsables de los abusos a los DD.HH. en 1992, se extiende igual responsabilidad a las actividades terroristas de Sendero Luminoso y del MRTA.

En 1992 continuó habiendo informes creíbles de ejecuciones sumarias, desapariciones, detenciones arbitrarias, torturas y violación por parte de militares y policías. La mayor parte de estos abusos ocurrieron en zonas rurales declarada en emergencia. Particularmente, en el área de Huancayo, los militares y policías parecen haber secuestrado y matado selectivamente a docenas de personas sindicadas como miembros de Sendero Luminoso. ⁴⁷³ (Énfasis nuestro.)

b. En esta clase de procedimientos por expreso mandato del art. 19 del Decreto Legislativo 25475, art. 6 del Decreto Legislativo 25659 se dice que los procesados y condenados no podrán acogerse a ninguno de los beneficios que establece el Código Penal (art. 10 del D.L. N.° 25475⁴⁷⁴) y el Código de Ejecución Penal, (inciso a) del art. 3 del Decreto Legislativo 25744). Tampoco se pueden accionar las garantías constitucionales del Habeas corpus y de Amparo.⁴⁷⁵ 

En las zonas de emergencia tales garantías fueron inexistentes. Aproximadamente el 50% del territorio nacional se encontraba, en determinado momento cuando los niveles de confrontación entre las fuerzas beligerantes llegó a máximo nivel, en estado de emergencia, amparándose en el art. 231 de la Constitución del Estado, no de modo excepcional, como lo dice la constitución y los tratados internacionales de los que Perú es suscriptor, sino de modo ininterrumpido y permanente desde 1980, violándose así todas las convenciones y tratados o pactos internacionales sobre derechos humanos, que prohíben la suspensión abusiva, arbitraria e injusta e ilimitada de las acciones de Habeas corpus y de Amparo, en las zonas de emergencia.⁴⁷⁶ 

c. En este procedimiento se puede sentenciar en ausencia de las personas a quienes se les hace primero una imputación y después una acusación (Decreto Ley 25728 del 6 de septiembre de 1992), violándose lo establecido por el art. 233, inc. 10) de la Constitución del Estado de 1980. Se trata de un procedimiento para tiempos de guerra.

d. La identidad de los magistrados y los miembros del Ministerio Público, así como de los auxiliares de justicia que intervienen en el juzgamiento de los delitos de terrorismo será secreta. Las resoluciones judiciales no llevarán firmas de los magistrados intervinientes, ni de los auxiliares de justicia. Se utilizará códigos y claves que se mantendrán en secreto. (art. 15 del D.L. 25475 del 6 de mayo de 1992). Es lo que la comunidad jurídica nacional y extranjera y el periodismo denominó Tribunales sin rostro, aparentemente sin precedente europeos pero con indicios de que se aplicó por las Cortes Marciales en América Latina en las décadas de los 70-90 y en ese Periodo le tocaba el turno al Perú.

e) En esta clase de delito de Traición a la Patria y de terrorismo la jurisdicción y competencia de los tribunales es en el ámbito nacional no importando el lugar de la comisión del delito investigado. (Art. 17 del D.L. 25475). Éste es el contexto legal y real en que se desenvuelve esta clase de procedimientos.