Estos tribunales secretos tienen su explicación y origen en el art. 15 del Decreto Ley 25475 del 6 de mayo de 1992, que a la letra dice:
“Art. 15. La identidad de los Magistrados y los miembros del Ministerio Público así como la de los auxiliares de justicia que intervienen en el juzgamiento de los delitos de terrorismo será secreta, para lo cual se adoptarán las disposiciones que garanticen dicha medida. Las resoluciones judiciales no llevarán firmas ni rúbricas de los magistrados intervinientes, ni de los auxiliares de justicia. Para este efecto, se utilizarán códigos y claves que igualmente se mantendrán en secreto...”.

La Constitución que cito es la de l980 y en lo que la Constitución de 1993, la modifica, haré la referencia crítica que corresponda.
El art. 1° de la Constitución de 1980 establecía que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla.
El art. 2 de la Constitución de 1980 decía: «Toda persona tiene derecho:
1.- A la vida..., 2. A la igualdad ante la ley..., 3. A la libertad de conciencia y de religión en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de idea o creencias..., 4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión..., 5..., 6..., 7. A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que la habita o por mandato judicial, salvo el caso de flagrante delito o de peligro inminente de su perpetración..., 8. A la inviolabilidad y el secreto de los papeles privados y de lasa comunicaciones..., 9. A elegir libremente el lugar de su residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir y a entrar de él, salvo limitaciones por razón de sanidad..., 15. A alcanzar el nivel de vida que le permita asegurar su bienestar y el de su familia..., 17 A guardar reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas y religiosas o de cualquier otra índole...,
20. A la libertad y seguridad personales. En consecuencia:
a) Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe.
b). No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo los casos por la ley...
c). No hay prisión por deudas...
d). Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley.
e). No hay delito de opinión.
f). Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad
g). Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en flagrante delito.
En todo caso el detenido debe ser puesto, dentro de las 24 horas o en el término de la distancia, a disposición del juzgado que corresponda. Se exceptúan los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas en el que las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales, con cargo de dar cuenta al Ministerio Público y al Juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido el término.
h). Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse y ser asesorado con un defensor de su elección desde que es citado o detenido por la autoridad.
i). Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el encarcelamiento de un delito y en la forma y el tiempo previsto por la ley. La autoridad está obligada a señalar sin dilación el lugar donde se halla la persona detenida, bajo responsabilidad.
j). Las declaraciones obtenidas por la violencia carecen de valor. Quien la emplea incurre en responsabilidad penal.
k). Nadie puede ser obligado a prestar juramento ni compelido a declarar o reconocer culpabilidad en causa penal contra sí mismo, ni contra su cónyuge, ni sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
l). Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley ni sometida a procedimientos distintos de los previamente establecidos. Ni juzgada por tribunales de excepción o comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera que sea su denominación;
ll). La amnistía, el indulto, los sobreseimientos definitivos y las prescripciones producen los efectos de cosa juzgada.
Art. 4. La enumeración de los derechos reconocidos en este capítulo no excluye los demás que la constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que derivan de la dignidad del hombre, del principio de soberanía del pueblo, del Estado social y democrático de derecho, y de la forma republicana de gobierno».

 El art. 232 de la Constitución establece que:
«La potestad de administrar justicia emana del pueblo. Se ejerce por los juzgados y tribunales jerárquicamente integrados en un cuerpo unitario con las especialidades y garantías que corresponden y de acuerdo con los procedimientos que la constitución y las leyes establecen».
El art. 233 establece que:
« 1..., 2. La independencia en su ejercicio..., 3. La publicidad en los juicios penales..., 4. La motivación escrita de las resoluciones, en todas las instancias, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos en que se sustentan. 5. La indemnización por los errores judiciales cometidos en los procesos penales, en la forma que determina la ley. 6. La de no dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. En todo caso, deben aplicarse los principios generales de derecho y, preferentemente, los que inspiran el derecho peruano. 7. La aplicación de lo más favorable al reo en caso de duda o de conflicto en el tiempo de leyes penales. 8. La inaplicabilidad por analogía de la ley penal. 9. La de no ser penado sin juicio ni privado del derecho de defensa en cualquier estado del proceso. EL Estado provee la defensa gratuita a la persona de escasos recursos. 10. A la de no ser condenado en ausencia. 11. La prohibición de procesos fenecidos. Nadie puede ser juzgado nuevamente por hechos por los cuales haya sido absuelto o condenado por sentencia firme. 12. La invalidez de las pruebas obtenidas por coacción ilícita, amenaza o violencia en cualquiera de sus formas; 13..., 14..., 15..., 16. La indemnización por el Estado de las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad de quien las ordena. 17. El derecho de toda persona de formnular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de la ley. 18. La Instancia plural, y 19. El derecho de los reclusos y sentenciados a ocupar establecimientos sanos y convenientes».
«Art. 234. Nadie puede ser sometido a torturas o tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede solicitar al juez que ordene de inmediato el examen médico de la persona privada de su libertad, si cree que es víctima de maltratos.
El régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad de acuerdo con el Código de éjecución Penal».
«Art. 235. No hay pena de muerte, sino por traición a la patria en caso de guerra exterior».
La Constitución de 1993 la redacción es como sigue: 
“Art. 140. La pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de Traición a la Patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada”.
Desapareció el concepto guerra exterior. La nueva redacción: “en caso de guerra” es vaga. 
Es natural, la legislación penal y constitucional se habían adecuado a los requerimientos del Estado y guardan estricta relación con la Doctrina de Seguridad Nacional en la guerra de baja intensidad que libraba el Estado peruano contra los movimientos subversivos aquí estudiados. Guerra interior que nunca reconoció oficialmente el Gobierno peruano. 
Con esta redacción se hubiera podidio aplicar la pena de muerte en los delitos de Traición a la Patria y el de terrorismo. Antes se decía que sólo era aplicable en caso de guerra exterior. Lo que que está aquí implícito es que esta Constitución de 1993 contiene el reconocimiento constitucional de que en Perú se vivió (vive, aun hay brotes de terrorismo subversivo) una guerra interior.
El Gobierno no lo quizo reconocer por las implicancias de los tratados internacionales sobre guerra interior. Que de haberlo hecho se aplicarían automáticamente a Perú, en tanto signatario de dichos tratados.
«Art. 236. En caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, el juez prefiere la primera. Igualmente, prefiere la norma legal sobre toda otra norma subalterna».

 Las garantías constitucionales son, entre otras, las que establece el art. 295 de la Constitución de 1980:
«La acción u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual, da lugar a la acción de habeas corpus.
La acción de amparo cautela los demás derechos reconocidos por la Constitución que sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad funcionario o persona.
La acción de amparo tiene el mismo trámite que la acción de habeas corpus en lo que le es aplicable. 
Hay acción popular ante el Poder Judicial por infracción de la Constitución o la ley, contra los reglamentos y normas administrativas y contra las resoluciones y decretos de carácter general, que expiden el poder ejecutivo, los gobiernos regionales y locales y demás personas de derecho público».