PARTE III
CONTROL SOCIAL, NEOLIBERALISMO Y DERECHO PENAL 
EN UN PAÍS DEL TERCER MUNDO: PERÚ


CAPITULO III
LA DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL ENE L PERÚ
(1980-2000)

Conclusiones

1. Desde los años 30 el surgimiento y desarrollo de los partidos han estado vinculados más a la sociedad tradicional oligárquica, a las clases sociales hegemónicas y a los grupos de interés dominantes quienes hicieron uso del Estado para su directo beneficio en detrimento de los grandes sectores populares del país.
2. Los partidos en la era neoliberal se desestabilizaron. Su discurso no satisfacía los requerimientos de la nueva economía del mercado o del neoliberalismo. El fundamentalismo ideológico neoliberal los acusó de ineficaces cuando administraron lo que se llamó el Estado benefactor; propiciaron el clientelismo político desde el Estado creando un gigantismo burocrático que luego devino en la principal fuente de los déficit fiscales y de la ineficiencia del gobierno en la solución del bienestar general.

3. Luego de doce años de dictadura militar (1968-1980) y con la apertura “democrática” de 1978 [convocatoria a una Asamblea Constituyente para promulgar una nueva Constitución], se esperaba que los partidos modernos fueran los sujetos políticos por excelencia. La realidad demostró la debilidad de su discurso arcaico y el debilitamiento de su militancia por décadas desencantada de estos discursos “salvadores”. Su gravitación en la escena electoral ha ido disminuyendo, especialmente en la segunda mitad de la década del 80. En las elecciones municipales de noviembre de 1989 la sociedad hizo sentir su descontento con los partidos políticos no sólo a través del voto en blanco y nulo, sino también mediante la elección de candidatos independientes. Éstos fueron la segunda fuerza electoral, después del Frente Democrático [en 1945 que llevó a la Presidencia a Bustamante].⁴⁹⁵ En diez distritos de Lima los independientes⁴⁹⁶ ganaron a todos los partidos juntos. 

4. En la primera y sobre todo en la segunda vuelta de las elecciones generales de 1990 la sociedad se hizo presente en la escena política más a través de candidatos independientes que de líderes de los partidos políticos.
No es casual que hayan sido un novelista y un profesor universitario, con escasa o nula experiencia política y sin militancia partidaria alguna, los que disputaran la presidencia de la República en la segunda vuelta. Se ha llegó incluso a responsabilizar a Acción Popular (AP) y el Popular Cristiano (PPC) de la derrota electoral de Mario Vargas Llosa.

El debilitamiento electoral de los partidos en la década del 80, fuera de toda duda, es una realidad innegable. Pero también es cierto que los partidos que resistieron el fundamentalismo neoliberal fueron aquellos que han tenido estructuras partidarias más sólidas: el APRA, entre ellos. Los que constituían corrientes de opinión —Izquierda Socialista y el FREDEMO o Movimiento Libertad— sufrieron mayores desplazamientos electorales. Además, hay que decirlo, al FREDEMO los sectores populares lo identificaban como la moderna oligarquía; además, por el discurso fundamentalista neoliberalista radical que manejaba lo identificaron como el partido de los blancos —en una sociedad mayo-ritariamente mestiza, quechua y aymara. Por otro lado, con la izquierda y el APRA se debió —en el resultado electoral— por entender el pueblo de que el APRA había defraudado las justas expectativas de su electorado, principalmente popular y la izquierda democrática por el maridaje con el APRA en sus políticas antipopulares y de violación de los derechos humanos. En las elecciones de 1990 el pueblo les dio un voto de castigo.

5. Con la notable excepción de las organizaciones empresarias, la presencia de Acción Popular y del Partido Popular Cristiano en los movimientos sociales fue siempre irrelevante. La del APRA fue decisiva entre 1930 y 1956 y débil en las décadas posteriores. La izquierda, en cambio, tuvo el monopolio de la influencia política en las masas movilizadas en la década del 70. Es ella, por eso, la que ha sufrido las más importantes pérdidas en su relación con las masas en la década del 80.

6. Enfrentar y resolver los graves problemas del Perú de los 80 —la crisis económica y la violencia política— eran los desafíos que los partidos políticos no han sabido ni pudieron asumir. Ellos, unos más que otros, han sido incapaces de responder al agotamiento del populismo como programa.

7. La mayoría de los partidos políticos se niega implícitamente a renovarse. Es urgente hacerlo a su interior. Al mismo tiempo es preciso hacer un programa de unidad que contenga una democratización de las instituciones del Estado, preeminencia del poder civil sobre el poder militar, descentralización y autogobierno. En lo económico, demostrar que el modelo neoliberal de capitalismo salvaje, de mantenerse necesita urgentemente humanizarse, darle una cara humana. Esto pasa por reconocer que el discurso ideológico de la economía del mercado es insuficiente para atender los problemas medulares irresueltos de la sociedad, principalmente, en los sectores populares. Debe contener un programa coherente de salud y bienestar para la población en general. Educación gratuita hasta el nivel secundario. Un programa de becas que incentive a los mejores estudiantes para continuar estudios universitarios. Que contenga un plan social de emergencia en alimentos; pero desprovisto de populismo y clientelismo político porque ello crea una ideología paternalista y dependiente. Incentivar la pequeña y mediana industria con incentivos de préstamos blandos. Incentivar la investigación tecnológica. Apoyar decididamente el desarrollo de una industria pesada autosostenida y no dependiente de tecnología extranjera. Dar mayor valor agregado a nuestros productos de exportación. Invitar al capital extranjero pero recordándole las condiciones ignominiosas en las que sus actos anteriores han colocado a nuestra población, en condiciones de mayor pobreza y miseria, algo que no debe repetirse. Esto debemos hacerlo con energía y dignidad.

8. La guerra antisubversiva ha polarizado al país; aunque esto no se exprese de manera abierta, las heridas están allí. No admitirlo es volver a cegarnos y no ver la realidad.

Urge un plan democrático de pacificación, en las actuales circunstancias ello pasa por la constitución de una Comisión de la Verdad para investigar las violaciones de los derechos humanos desde 1968; pero acentuando las investigaciones con veedores internacionales en las décadas del 80 al 2000. Habrá resistencia, pues el gobierno transitorio está constituido por personas que gobernaron entre 1980-1985 y cogobernaron desde la oposición de 1985 a 1990.

9. La clase obrera en general y la industrial en particular han visto mermadas sus filas en esa década de crisis.
La PEA obrera ha disminuido del 29%, en 1961, al 15% en 1988.497 Esta disminución se produjo en todos los sectores económicos, pero sobre todo en la agricultura y en la industria. Se calcula que más de 100 mil obreros han abandonado sus puestos de trabajo en la industria.⁴⁹⁸ 

10. La desproletarización de las clases populares y la pérdida de protagonismo se explican por el capitalismo salvaje del neoliberalismo que todo lo ha privatizado, flexibilizando los contratos de trabajo (hoy pueden ser despedidos impunemente de su puesto de trabajo, o sea, la inexistencia de la estabilidad laboral, los horarios flexibles, la pérdida de la negociación colectiva como instrumento para nivelar los salarios del contrato de trabajo), la libertad irrestricta de empresa para manejar los costos de mano de obra hasta llevarlos al salario de sobrevivencia produjo, como es evidente, una crisis en el movimiento obrero. A esto se le debe agregar que este fenómeno no ha sido reciente sino que viene desde julio de 1977. En esta fecha la Junta Militar encabezada por Morales Bermúdez, respondiendo al modelo liberal de entonces, ordenó, luego del exitoso paro nacional del 19 de julio de ese año, que se despidiera a los dirigentes de los organismos sindicales hayan o no parado. No obstante se reestructurara, en la década de los 80-90, el gobierno de Alan García con la creación de comandos paramilitares para enfrentar a la oposición y los paquetes brutales como consecuencia de la aceptación de los memorandos del FMI a fines de los 80, agravó como es natural esa crisis.

11. En la década del 80 el proceso de descampesinización fue un rasgo estructural que se ha acelerado: el campesinado ha disminuido del 32% de la PEA en 1961 al 22% en 1988. Es creciente el número de la pequeña y mediana burguesía agraria que tiene en sus manos más del 60% de las tierras estandarizadas y que “es responsable del 65% de la provisión de alimentos que se destina al mercado urbano”.⁴⁹⁹ 

12. El desempleo galopante en este Periodo de capitalismo salvaje produjo la expansión creciente de los trabajadores informales urbanos para mediatizar la crisis de sus ingresos. Fue una respuesta natural, se trataba de una economía de sobrevivencia. Pero que los economistas clásicos cuantifican y los sorprende por el volumen de capital dinerario que mueven, cuyo dueño es generalmente un usurero banquero o financista. Los informales trabajan para ellos al pagarles altos intereses por los préstamos que les hacen.

Se trata de una forma particular de sobreexplotación. Ellos se aproximan al 50% de la PEA en las principales ciudades del país y su participación en el ingreso nacional es también creciente. La inmensa mayoría de ellos trabaja en los sectores de comercio y servicios.

13. Varias son las causas de la creciente desigualdad y del incremento de la pobreza absoluta. Las políticas de ajuste y el pago de la deuda constituyen, sin duda, factores de empobrecimiento. La deuda descapitaliza y los ajustes disminuyen los salarios reales de la población en general y de la trabajadora, en particular. Éste será el efecto de las políticas económicas del sector hegemónico de nuestro capitalismo dependiente del gran capital bancario-financiero transnacional.

14. La década del 80 fue el escenario de la crisis de la visión antioligárquica del Perú, de la industrialización substitutiva como modelo de desarrollo, del Estado intervencionista y de las políticas populistas.

El gobierno de Alan García mostró la faceta caricaturesca y perversa del populismo: el Estado desarrollista e intervencionista convertido en un mero Estado subsidiador de los grupos económicos más poderosos del país, la industrialización substitutiva de importaciones transformada en la palanca de un capitalismo asistido, débil, ineficiente y costoso.

15. En la década de los 90 hemos asistido a la crisis del sentido populista de la vida peruana y al agotamiento de las visiones, apuestas, certidumbres y esperanzas que ese sentido irradió a la cultura y a la política peruanas.
En el Perú estamos viviendo los estertores del fin de la época populista. El sentido que las fuerzas populistas quisieron imprimir a la vida peruana se ha vuelto un sin sentido. La visión que ellas tuvieron del Perú ha devenido una anteojera, no tanto debido a los posibles errores del enfoque de su tiempo sino más bien al hecho de que el Perú ha cambiado en una dirección no prevista por ellas.

El agotamiento del populismo no implica su desaparición. Tenemos quizá populismo para rato: mantiene aún anclajes en la estructura social y en la mentalidad colectiva de un sector de los peruanos. Significa su ineficacia y su inviabilidad como proyecto con vocación de futuro.

16. La apertura de una nueva época exige nuevas visiones del país, nuevos proyectos y fuerzas sociales y políticas modernas y renovadas que apuesten con audacia a producir grandes transformaciones democráticas y a colocar al Perú viable en el siglo XXI.

El contexto internacional es poco favorable. Los últimos cambios económicos y tecnológicos amenazan desplazarnos del tercer al cuarto mundo. Pero, lo más preocupante es la crisis de las fuerzas sociales y políticas que podrían sacar al país del atolladero.

17. Hoy todavía no existe una fuerza hegemónica capaz de liderar el tránsito hacia el siglo XXI. El fracaso del fujimorismo no es el fracaso del presidente y de los hombres de él, es el fracaso de un modelo neoliberal que ya no es viable en lo fundamental de su prédica que pueda generar bienestar a la población o a los pueblos. La puesta en práctica ha requerido gobiernos autoritarios y sus efectos han sido nefastos para la economía de los países que los recibieron con los brazos abiertos, allí donde no fue posible hacerlo democráticamente por el voto, fue necesario implementar gobiernos autoritarios nunca antes vistos en la historia de los pueblos, aceptando el fundamentalismo del neoliberalismo global.

18. El neoliberalismo no fue la solución, está en crisis y ésta dio muestras de su existencia crucial con la crisis y la caída de los tigres asiáticos, con el efecto tequila de la economía mexicana; y, con la crisis sin precedentes de la economía brasileña, recientemente con la economía argentina y el recalentamiento de la economía norteamericana.

Hay crisis del neoliberalismo en el ámbito global y nosotros no queremos entenderlo [todos los candidatos para las elecciones del 8 de abril del 2001 apuestan al mismo modelo]. Soros admite la crisis y propone cambios urgentes para la sobrevivencia del capitalismo global. Esta crisis que es real, como estructural, nos obliga a concertar voluntades y a pensar colectivamente como comunidad en el país.

Se trata de crear un nuevo sentido de la vida. Tenemos que refundar el Perú sobre nuevas bases que posibiliten la creación del proyecto, inconcluso del Estado-Nación mediante formas democráticas y modernas para colocarnos en el siglo XXI abiertos al cambio, al progreso, a la libertad y a la justicia, superando los protagonismos individuales, los iluminismos y fundamentalismos de todo tipo.

19. En el campo del derecho es importante la vuelta a un Estado constitucional y garantista estable. Esto supone volver a la Constitución de 1980 (79) actualizándola con los nuevos desarrollos del constitucionalismo en el ámbito mundial. Esto es la inclusión de los derechos y garantías para la defensa de los derechos sociales, económicos, humanos, individuales. Un nuevo texto constitucional debe prever su aplicación directa sin espera de una reglamentación o normativización subalterna en la que el eje sea la defensa del ser humano y su dignidad, así como la libertad y la democracia en un Estado de Derecho social o humano.

20. Se debe declarar la nulidad o la derogatoria de toda la legislación penal, procesal penal, penitenciaria de carácter excepcional pues no hay guerra interior en el Perú y, por tanto, no hay enemigo del mismo país.
Los delitos de terrorismo o contra el Estado deben ser tipifi-cados en el Código Penal acorde con una Estado de Derecho y con el modelo democrático constitucional garantista que hemos expuesto supra.

21. El abandono de doctrinas, en el campo del derecho penal, como del estado peligroso de los sujetos, la desaparición del concepto en el campo del derecho procesal penal del sospechoso, el regreso al estudio del hecho consumado y no del delito potencial futuro, el abandono de las teorías de seguridad nacional, basada en considerar peligroso a cualquier ciudadano amparado que cualquiera puede ser un enemigo potencial de la Patria, dejar sin efecto facultades discrecionales excepcionales a la policía o al sistema judicial en los procesos penales por terrorismo o contra el Estado, hacer una correcta tipificación de los delitos y de las penas, de modo que cobren plena vigencia los principios de derecho penal de legalidad, taxatividad, judicialidad, entre otros. En el campo de la aplicación de las penas se debe volver a la aspiración —como ya hemos dicho— correccionalista de la rehabilitación de los sujetos o de resocialización de los autores de delitos, prohibición de la pena capital y de los trabajos forzados; principio de legalidad en el cumplimiento de las penas: control jurisdiccional de la ejecución de las penas; creación de jueces de vigilancia y de control penitenciario de las penas en los establecimientos penales; vuelta al sistema de los beneficios penitenciarios basándose en requisitos debidamente fundamentados en la resocialización, lo que constituye un abandono a la cultura de la emergencia o del Estado autoritario basado en la legislación excepcional penal y penitenciaria; la desaparición de las cárceles de máxima seguridad.

22. Toda reforma de los sistemas penales y de seguridad ciudadana (desde nuestra perspectiva sugerida: bienestar para la totalidad de la población en igualdad de condiciones y no formal ni al servicio de la seguridad del Estado y de la seguridad nacional) debe mantener intacto los siguientes principios, derechos y garantías de derecho penal, procesal penal y penitenciario democráticos, ellos son:

a. El principio de legalidad.
b. La doctrina de la prohibición a la vaguedad.
c. La exigencia del principio de la claridad y certeza de la norma penal. La 2 y la 3 son llamadas también la doctrina de la taxatividad.
d. La presunción de inocencia del reo.
e. La prohibición del uso de la analogía en el derecho penal.
f. La prohibición de la retroactividad de la ley penal, salvo si es más benigna en beneficio del reo, o sea, la expresa prohibición de las leyes ex post facto.⁵⁰⁰ 
g. La abolición de la pena de muerte.
h. La prohibición de penas crueles e inhumanas.
i. La vigencia plena del debido proceso de ley o Legalidad del procedimiento.
j. La igual protección de las leyes.
k. La prohibición a los registros y allanamientos irrazonables o inviolabilidad del domicilio, bienes y libertad personal, salvo mandato judicial debidamente fundamentado y con precisión de lo que debe registrarse.
l. El derecho a un juicio justo e imparcial en público.
ll. El derecho a juicio por jurado.
m. Vigencia del derecho a la protección contra la doble exposición y no ser penados dos veces por los mismos hechos.
n. Protección y vigencia del derecho a la cosa juzgada.
ñ. Derecho a la debida y oportuna notificación acerca del cargo por el que se le investiga o procesa penalmente.
o. Derecho a tener abogado de defensa.
p. Derecho a permanecer callado y no autoincriminarse.
q. Derecho a contrainterrogar a los testigos de cargo en un juicio justo e imparcial.
r. Derecho a ofrecer testigos o pruebas de descargo.
rr. Derecho a no sufrir pena sin un juicio legal.
s. Derecho a juicio rápido, justo e imparcial.
t. Derecho a la fianza y que no sea excesiva, que garantice la concurrencia del reo al proceso penal.
u. Derecho a no ser sentenciado sino con prueba indubitable. 
v. Derecho del reo a no ser sentado como testigo del fiscal.
w. Derecho del reo para que ni el fiscal ni nadie en el proceso penal comenten su silencio.
x. Debe preservarse el privilegio del reo a la confidencialidad de las conversaciones privadas con su abogado defensor.
y. Derecho del reo para una vez sentenciado, que el cumplimiento de la pena deba hacerse en condiciones decorosas y humanas en establecimientos penales que cumplan con los criterios que exigen los organismos internacionales.⁵⁰¹ 

23. Las reformas penales, judiciales y penitenciarias y de seguridad ciudadana no pueden ser producto de la improvisación ni de las reacciones coyunturales, sino del trabajo serio, paciente y científico de los académicos y expertos en las distintas áreas del conocimiento que tienen que ver con el sistema penal y la seguridad ciudadana, así como de toda la sociedad civil organizada, que cada día vive el fenómeno de la criminalidad. En suma, la aplicación dialéctica a los fenómenos concretos o lo que es lo mismo la unidad de la teoría y la práctica.

Una reforma razonable y viable en la sociedad y particularmente en el campo del Derecho penal, procesal penal, penitenciario y judicial no debe ser fruto de unos meses de trabajo, ni tampoco de un pequeño grupo de personas afines ideológicamente. Los nuevos códigos penales que se formulen a partir de un nuevo modelo de gobernabilidad tienen que ser consensualmente construidos sobre la base de la justa valoración y de la rica diversidad de opiniones que existen en nuestras propias realidades. En otras latitudes, como Alemania y Holanda, sus sistemas penales y de seguridad ciudadana han sido fruto de la responsabilidad ética de sus gobernantes, profesionales, académicos y científicos, dándose un sistema de disposiciones jurídicas que contienen rigor científico y que han sido consecuencia de consensos, conciliación de posiciones ideológicas y de escuelas de pensamiento.

24. Luego de una experiencia traumatizante que ha polarizado el país en los últimos 30 años en la que ha imperado de manera reitera y sistemática por parte del Estado, de los grupos de poder, de los alzados en armas violaciones crasas a los derechos humanos, en la que se han cometido delitos de lesa humanidad como genocidios, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, amnistías que exculpaba a los responsables de aquellos delitos, o sea, actos típicamente terroristas y por otro lado terrorismo de Estado, por parte de los grupos beligerantes y del propio Estado. Producido el derrumbe del autoritarismo de Fujimori y existiendo un gobierno democrático transitorio se impone, si queremos una reconciliación del país, se constituya una Comisión de la Verdad -como ya lo hemos planteado anteriormente- a lo Sábato en Argentina, para que de modo independiente produzca una investigación imparcial y justa que no contenga perdón y olvido, o sea, impunidad.

Estas son tareas que nos deben convocar a todos.