PARTE III
CONTROL SOCIAL, NEOLIBERALISMO Y DERECHO PENAL
EN UN PAIS DEL TERCER MUNDO: PERÚ
CAPITULO II
EL FUJIMORISMO (1990-2000)
Las Fuerzas Armadas
Al igual que con los organismos financieros internacionales, la estrecha relación del
presidente Fujimori con las Fuerzas Armadas se estableció desde el inicio de su primer
gobierno. Cabe recordar que Fujimori, siendo presidente electo en 1990 se mudó con su
familia a la sede del Círculo Militar. El respaldo del presidente Fujimori a las Fuerzas
Armadas y viceversa fue constante durante su primer gobierno, repitiendo muchas veces
frases que podrían resumirse en la siguiente declaración realizada en el
CAEM:
es evidente que la crisis de las instituciones no afectó a todas las piezas de la
sociedad y del Estado; si no hubiera sido la debacle. Las Fuerzas Armadas, por ejemplo,
son una prueba de los buenos resultados de una larga cuarentona.423
Desde el inicio de su gobierno Fujimori tuvo una política de maridaje con las Fuerzas
Armadas que consistió en nombrar a militares como sus asesores personales o en puestos de
confianza e interviniendo directamente en los ascensos de los militares [hoy sabemos que
quien dirigía todo el tinglado era Vladimiro Montesinos], desnaturalizando poco a poco la
línea de carrera en la institución castrense. De hecho, el general Nicolás Hermoza
debió pasar a retiro en 1992 y se mantuvo como Comandante General por muchos años más,
hasta agosto de 1998. En este proceso todos los analistas coinciden en que el Servicio de
Inteligencia Nacional (SIN) y el asesor presidencial Vladimiro Montesinos han desempeñado
un papel fundamental.
El SIN (Servicio de Inteligencia Nacional) había logrado aumentar su poder enormemente,
al agrupar y controlar los servicios de inteligencia de las tres armas y constituirse como
la principal —y en algunos temas única— fuente de información del presidente
Fujimori en todos los niveles. Fue a través de Vladimiro Montesinos como Fujimori logró
tener una copia del famoso “Libro Verde”424 , elaborado por militares y
simpatizantes civiles a fines del gobierno de Alan García (1989). “Libro Verde”
fue, particularmente, importante puesto que reflejó un cambio en el pensamiento militar.
En los años sesenta y setenta, los militares crearon un plan de gobierno llamado el Plan
Inca, que incluía una serie de reformas radicales como: la reforma agraria, la
nacionalización de importantes empresas extractivas, la redistribución de la riqueza, la
protección de las industrias nacionales y una mayor dosis de control estatal sobre la
regulación de precios en la economía. En resumen, era el proyecto de un Estado fuerte y
gestor en la economía. En contraste, el “Libro Verde” representaba la
adaptación del pensamiento militar a la economía libre de mercado. Destacaba la
necesidad de una reestructuración radical, incluyendo la venta de las industrias claves
que habían sido nacionalizadas veinte años atrás y una reducción drástica en la
magnitud de la intervención estatal. Al mismo tiempo, destacaba la importancia de
realizar una fuerte campaña para acabar con la subversión, y con este fin defendía un
modelo de control político firme. En otras palabras, era liberal en el sentido económico
y autoritario o dictatorial [dependiendo de la circunstancia, tiempo y lugar] en el
político.
Este plan se apoyaba en una alianza cívico-militar que actuaría en favor de los
intereses de la clase empresarial, pero buscando apoyo en la sociedad civil. Esto
representó, por consiguiente, un claro alejamiento del Plan Inca, aunque algunos de los
oficiales participantes habían sido partidarios del General Juan Velasco Alvarado, en los
setenta. Aunque en un sentido programático el nuevo plan estaba bastante alejado de las
ideas presentes en el Plan Inca, el objetivo básico era similar: las Fuerzas Armadas
querían jugar un papel protagónico en el intento de reestructurar la sociedad sobre la
base de cimientos más estables, que evitaran las crisis recurrentes y periódicas que
habían afectado al Perú en décadas recientes, y de ese modo garantizar estabilidad y
confianza para la inversión extranjera. Fujimori, en ese sentido, resultó ser el aliado
civil que un sector castrense desilusionado con la política de Alan García había
iniciado por su cuenta los trabajos de elaborar un Nuevo Plan de Gobierno: el desastre de
la política aprista era evidente a nivel del país y del extranjero. Ya habíamos sido
calificados como ineligibles (verdaderos parias en las finanzas internacionales) para las
inversiones extranjeras. El libro, publicado por la revista semanal Oiga, contenía una
hoja de coordinación final, ahí se leía: “Negociación y acuerdo con Fujimori:
Bases de Negociación: Concepto de Democracia Restringida y Economía de Mercado”.425
La causa principal para apoyar a Fujimori fue debido a que se trataba de un advenedizo en
la política, sin programa de gobierno, sin partido, sin finanzas propias, un desconocido
sin ser ligado a los políticos tradicionales. Resultó el civil perfecto que andaban
buscando para regresar al poder, con un nuevo programa, acorde con los tiempos del
fantasma que recorría el mundo en estos tiempos (Reagan y Bush): el neoliberalismo.
Aquello impidió el golpe de Estado que estaban preparando, el libro referido así lo
demuestra. Hicieron una variante, lo dieron en el año de 1992 (con el autogolpe de
Fujimori). Es indudable que el autogolpe del 5 de abril de 1992 consolidó la alianza
entre el fujimorismo y los militares, aumentando significativamente la presencia de estos
últimos en las decisiones de gobierno. Sin duda, otro de los factores que habría
incentivado a los militares a “apoyar” al presidente Fujimori, fue su
percepción de la existencia de un “ánimo anticas-trense en el Parlamento” así
como la imagen de un Poder Judicial atemorizado que permitía la liberación de demasiados
miembros de los grupos subversivos.
La principal consecuencia del peso de las Fuerzas Armadas se había basado en temas que
giraban en torno a las necesidades de pacificar el país. Ellos estaban preocupados de que
no se entendiera que en cumplimiento con su objetivo de pacificar el país se cometieran
“errores”, pero que a la luz de la opinión nacional y extranjera se trataba de
verdaderos actos de violación a los derechos humanos, lo cual les había dañado
seriamente su imagen y del Gobierno en el exterior.426 La presencia militar
donde se llevaban a cabo violaciones de los derechos humanos ha sido una política
institucional de los “estados de derecho” de gobiernos civiles, y recientemente
—en términos históricos— abarcan los tres Periodos presidenciales de fines de
este siglo y son el de Belaúnde (1980-85), el APRA con Alan García Pérez (1985-1990) y
con la cúpula Fujimori-Fuerzas Armadas (1990-1992, antes y después del autogolpe de
1992).
Los militares en el poder, de manera velada a partir del 28 de julio de 1990 y de manera
abierta a partir del 22 de abril de 1992, tenían toda una legislación que les daba
impunidad por sus “excesos” en la lucha antisubversiva. Lo habían hecho con el
cambio de estrategia en la pacificación del país (noviembre de 1991). Esta legislación
se perfeccionó a partir del autogolpe con el Decreto Legislativo N.º 746 (nueva
estructura del Servicio de Inteligencia Nacional, que según Carlos Tapia “fue
decisiva con relación a la concentración del poder al interior de las estructuras del
Estado, particularmente en la composición de la cúpula militar”, que según el
general EP Luis Cisneros Vizquerra427 insospechable de cualquier posición
antimilitarista, llegó a calificar a la nueva estructura de inteligencia como una
verdadera “GESTAPO” dentro de las Fuerzas Armadas.428
Durante el segundo gobierno del presidente Fujimori este proceso se agudizó y el peso de
las Fuerzas Armadas en el gobierno fue excesivo. Esto se reflejó por la gran cantidad de
decisiones políticas relacionadas con la presencia del Ejército en los gobiernos
regionales, las “condenas” leves a militares por el delito de opinión. Así
como la expedición de la ley del indulto militar, la decisión de la Justicia Militar de
declarar contienda de competencia con el fuero común en el caso del asesinato de Barrios
Altos, el tratamiento a los casos de narcotráfico vinculados a las Fuerzas Armadas. Sobre
este último tema Carlos Tapia nos dice: “... como ha quedado demostrado
posteriormente, todas las instituciones —incluidas las fuerzas del orden—
sufrieron en diferentes etapas la infiltración del narcotráfico. Para comprobarlo basta
remitirse a todos los medios de comunicación donde han aparecido innumerables acusaciones
alrededor de los juicios a Abelardo Cachiche Rivera y especialmente a Demetrio Chávez
Peñaherrera (a) Vaticano, jefe de unas de las “firmas” del narcotráfico más
importantes del Huallaga. Como se sabe, a partir de agosto de 1996 el escándalo llegó a
involucrar al controvertido asesor del SIN Vladimiro Montesinos”.429
En noviembre del 2000 la prensa internacional escrita y audiovisual informó a la
comunidad mundial acerca de la participación de este asesor de Fujimori en el
narcotráfico internacional y el tráfico de armas, tráfico de influencias, corrupción
de funcionarios públicos. Esto produjo una crisis en el tercer mandato de Fujimori antes
de los dos meses de haber juramentado; además, obligado a un retiro de las Fuerzas
Armadas a sus cuarteles, hasta nuevo aviso para retornar de manera abierta o encubierta al
poder. No han “abandonado” el poder, de allí que el presidente interino haya
dicho que las Fuerzas Armadas son la institución tutelar de la República. Todas las
fuerzas políticas coinciden con este juicio. Dicho esto, estudiemos la legislación
antisubversiva del gobierno de Fujimori el cual va a ser otro de los ejes requeridos por
los organismos mundiales de finanzas; el gobierno tenía que imponer ley y orden o lo que
es lo mismo seguridad y garantías para las inversiones extranjeras, y eso pasaba por una
confrontación directa y gran escala para terminar con la subversión.
423
|
La frase es citada de un
discurso del CAEM y ha sido tomada de la revista Perú Económico, vol. XV, No. 4, Lima:
Apoyo S. A., abril 1992. Se refiere a la cuarentona existencia del CAEM como institución
“preocupada” institucionalmente de los problemas medulares del país, como del
ejercicio mismo del poder. Y que, además, el Proyecto Fujimori no era sino la continuidad
en el ejercicio del poder de las Fuerzas Armadas como institución (como suelen decir lo
políticos profesionales) tutelar de la República. Ver parte II de este trabajo. |
| 424 |
Trozos del Libro Verde se
publicaron en Oiga, N.° 647, Lima, 12 de julio, 1993 y 19 de julio, 1993. |
425
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El director de la revista
dice: “Cucharita Díaz contaba con la asesoría de Vladimiro Montesinos en el
Servicio de Inteligencia Nacional. Serían los autores de las ‘Apreciaciones del
SIN’ que forman parte del contenido del llamado Libro Verde, p. 22, revista Oiga, 12
de julio de 1993.
Hoy se sabe con certeza que el verdadero poder detrás de Fujimori eran las Fuerzas
Armadas y su instrumento clave el SIN con su pieza más valiosa Vladimiro Montesinos
(dependiente a sueldo hasta el 16 de setiembre del 2000 de la Central de Inteligencia de
los Estados Unidos de América, según declaraciones del Embajador norteamericano John
Hamilton). La pregunta clave es, si hoy se sabe que este personaje era un servidor del
Servicio de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos, es probable que ellos estuvieran
detrás del famoso Libro Verde. Montesinos terminó como otro servidor de la CIA que
gobernó Panamá, el General Noriega [privado de su libertad y sentenciado por delito de
narcotráfico por un Tribunal Federal de los Estados Unidos después que marines de los
Estados Unidos invadieran Panamá]. Las manos no las tenía sucias tan sólo con sangre de
muchos inocentes [no nos referimos a los alzados en armas, sino a familiares y población
civil] que cayeron en su lucha declarada y brutal contra la subversión. Sino manchadas
con el dinero del narcotráfico y del tráfico de armas a gran escala que no se podían
realizar sin ser vistos, escuchados y sin el consentimiento implícito de la potencia
hegemónica los Estados Unidos de Norte América. ¿Coincidencia de la CIA en el trato de
sus socios en América Latina o una política exterior secreta de un organismo de Control
y de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica? |
426
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A las Fuerzas Armadas
durante el segundo gobierno de Belaúnde (1980-1985) se les había encargado “el
orden interno de las provincias ayacuchanas”. Ésa era la zona que escogió Sendero
Luminoso para iniciar sus acciones armadas. “Hasta 1983, los muertos a causa de la
violencia política en el país llegaron a la cifra de 165 y los heridos a 199. Sólo
durante los doce meses del año siguiente los muertos ascendieron a 2282 mientras los
heridos apenas a 372, una guerra sin prisioneros y sin heridos. Sólo muertos: 20, 30, 50
como se iba sumando en los lacónicos comunicados militares... Al terminar 1984 las bajas
superaban a 4500 muertos, la gran mayoría clasificada como senderistas y civiles, entre
los cuales sólo menos de un centenar eran soldados y policías... Entre agosto de 1985 y
setiembre de 1986 las cifras oficiales indicaban 1737 de los cuales 979 eran presuntos
terroristas y 676 eran civiles [Fuente: Centro de Documentación e Información de APRODEH
(Asociación Pro Derechos Humanos). Desco, Resumen Semanal, Banco de Datos]. Al terminar
este año la cifra acumulativa de muertos bordea los 7000. Allí están incluidos muchos
jóvenes, pero también menores de edad, hasta niños, sin olvidar los ancianos. [En 1992,
cinco años después, esta cifra superó los 30 000 muertos por violencia política. Una
guerra que ha arrasado con poblaciones enteras en Ayacucho... El ingreso del ejército, en
1983, significó la práctica de las “desapariciones” y el empleo de fosas
comunes o “botaderos” de cadáveres.” (Énfasis nuestro) FLORES GALINDO,
Alberto. La tradición autoritaria, violencia y democracia en el Perú. Lima, Editorial
APRODEH, 1999. |
427
|
Este general EP en la
entrevista que le hiciera la revista QUÉ HACER, N.° 20, enero de 1983, p. 50, había
dicho: “Maten 60 personas y a lo mejor allí hay 3 senderistas... Y seguramente la
policía dirá que los 60 eran senderistas”. Alberto Flores Galindo, op. cit., p. 37. |
| 428 |
TAPIA, Las Fuerzas Armadas..., p.
71. |
429
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TAPIA, op. cit., p. 65. En
marzo del 2001 el Poder Judicial le abrió proceso penal por narcotráfico al eje de la
dictadura fujimorista, Vladimiro Montesinos. Según todos los indicios de la
investigación que lleva a cabo el Congreso de Perú se incorporaría por igual delito a
Fujimori. |
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