PARTE III
CONTROL SOCIAL, NEOLIBERALISMO Y DERECHO PENAL
EN UN PAIS DEL TERCER MUNDO: PERÚ


CAPITULO II
EL FUJIMORISMO (1990-2000)

Las elecciones de 1990 y el gobierno cívico-militar. El Neoliberalismo en el Perú

En 1990, estando próximas las elecciones, la oposición principal al APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) procedía del Frente Democrático (FREDEMO), una alianza política de derecha, cuyo candidato fue el escritor Mario Vargas Llosa.³⁹¹ Este último había liderado la oposición desde el intento frustrado de Alan García en 1987 de nacionalizar la banca privada nacional. Después de la primera ronda de votaciones Alberto Fujimori surgió como el principal obstáculo a las ambiciones de Vargas Llosa; Alan García le ofreció el apoyo total del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).³⁹² 

Mediante estos primeros contactos con el SIN, Fujimori aprendió los métodos que García había utilizado para mantener una alianza con los militares, alianza que le permitió gobernar sin sobresaltos y, además, demostró que los recelos históricos institucio-nales de las Fuerzas Armadas con el APRA si bien no habían terminado (Alan se dio maña para cooptarlos y de ese modo controlarlos) habían disminuido al borde de la extinción. En este aspecto un antiguo capitán retirado, Vladimiro Montesinos, quien había trabajado en el SIN, pasó a representar un papel importante cuando el FREDEMO trató de acusar a Fujimori de evasión de impuestos con relación a un negocio de bienes raíces del cual él y su esposa habían obtenido ingresos. Montesinos, un abogado con “buenos”³⁹³ contactos en la rama judicial, logró cambiar al juez que tenía a su cargo el caso por otro que decidió que no había caso que seguir. De esta manera, Montesinos, demostró su “utilidad” desde el principio. Fujimori, ganador sorpresivo de las elecciones, sin organización política de respaldo, sin vinculaciones personales, ni institucionales fuera del mundo universitario, y sin proyecto de gobierno, se encontró con el proyecto que venían manejando los organismos multilaterales y las Fuerzas Armadas y el programa de gobierno de FREDEMO que lideraba Mario Vargas Llosa.

La ausencia de planes de gobierno, la situación de bancarrota en la que se encontraba el país y la interpretación local del consenso de Wáshington originaron desregulación y liberalización en las políticas de estabilización.³⁹⁴ El Fondo Monetario Internacional, el Fondo Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial tuvieran un peso realmente decisivo y mucho mayor al que tuvieron en otros países, incluidas las repúblicas centroamericanas. En términos prácticos, desde el momento en que al presidente Fujimori le toca optar entre un ajuste gradual o de choque, la presencia de los organismos multilaterales fue determinante.³⁹⁵ La primera reu-nión entre el presidente Fujimori y los representantes del BID, el Banco Mundial y el FMI fue propiciada por el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar,³⁹⁶ y se realizó en Nueva York. A dicha reunión el presidente Fujimori habría llevado un documento de trabajo preparado por Carlos Rodríguez Pastor, ex ministro de Economía durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde.³⁹⁷ Posteriormente, Fujimori³⁹⁸ viaja a Japón y a su regreso a Lima ya habría optado por implementar un ajuste de electro shock optando, además, por prescindir del equipo económico liderado por Santiago Roca. El objetivo del programa de estabilización de agosto de 1990 fue: 
a. Pagar la deuda externa.
b. Volver al sistema financiero internacional; y, 
c. Reducir drásticamente la hiperinflación de 7750 dejada por el gobierno corrupto de la social democracia latinoamericana que encabezó Alan García Pérez.³⁹⁹ 

Todo lo anterior se podía implementar si se practicaba una democracia autoritaria o democracia dirigida (en los términos del Libro Verde de las Fuerzas Armadas o del Servicio de Inteligencia Nacional). En el caso de la subversión fue necesario aplicar políticas de contrainsurgencias radicales que garantizaran un gobierno fuerte, es decir, en ley y orden que generaran una estabilidad necesaria para poner en práctica el nuevo modelo económico, el neoliberal, y de ese modo atraer la “inversión extranjera” que posibilitara poner en orden las finanzas públicas que estaban en estado catastrófico.

Téngase presente que en el ámbito internacional éramos un país no elegible (inelegible para los organismos financieros internacionales desde la época de Alan García, quien no logró reinsertarnos pese a que finalmente —luego de un discurso antiimperialista y antipago de la deuda externa de los primeros años de su gobierno— aceptó las cartas de intención del FMI, en el último Periodo de sus Gobierno fines del 88 al 90⁴⁰⁰ ) para las inversiones extranjeras. En consecuencia fue necesario que el ajuste de los precios relativos y el equilibrio macroeconómico fueran en resultado subordinado al tipo de programa escogido para disminuir la inflación y para reconstituir las reservas internacionales netas. Para esto jugó un papel importante la dolarización generada por la hiperinflación precedente, que condicionó el tipo de ajuste y dio bases para el atraso cambiario. Los ejes del programa de estabi-lización fueron: a) la disciplina fiscal; y, b) la elección de una política monetaria.⁴⁰¹ 

La política monetaria fue extremadamente restrictiva donde la expansión de la oferta monetaria y el tipo de cambio dependían del superávit fiscal. Este tipo de programa de estabilización requirió de recursos monetarios adicionales, entonces las reformas, sobre todo la privatización, fueron considerados como complementos indispensables por el flujo de divisas que generaron. La reac-tivación estuvo basada en un esquema de política centrada en el sector fiscal; prácticamente como único instrumento de política económica se puso en marcha la reforma de la administración fiscal, la misma que hizo parte tanto del programa de estabilización como de las reformas.

Por un lado, en concordancia con el plan, se procedió a aumentar rápidamente los ingresos fiscales; y, por otra parte, fue necesario reconstruir el sistema de cobro de impuestos que la hiperinflación había debilitado. Había que incrementar el número de contribuyentes para aumentar los ingresos fiscales en el mediano y largo plazo para lo cual se reformó la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y se le concedió autonomía. Así las cosas, las reformas económicas tuvieron dos objetivos:

- En el corto plazo: Completar el programa de estabilización.
- En el largo plazo: Aplicar los dogmas de un capitalismo de economía de mercado (neoliberalismo), paralelamente a la reducción del tamaño del Estado y el cambio de sus funciones.
Se esperaba que el resultado final fuera el cambio del patrón de crecimiento en uno basado en un incremento sustantivo de las exportaciones y que el régimen de acumulación de capital estuviera basado en el ahorro e inversión privados. Para tal fin se cambiaron las reglas de juego sobre todo en lo relacionado con la asignación de recursos; por ello, en el fondo las reformas macroeco-nómicas tenían por objetivo cambiar los comportamientos micro-económicos, hacerlos más individualistas y privatistas, a través de los incentivos puestos en marcha por las políticas económicas que se implementaron. Los medios instrumentales de esta política fueron: 

a. Se dio inicio a la liberalización comercial y financiera, acompañados por un proceso de desregulación de todo lo económico (interna y externamente).⁴⁰² 
b. Posteriormente se comenzó la privatización de las empresas públicas.⁴⁰³ 
c. Luego, la reforma de la administración fiscal y la priva-tización del sistema de pensiones de jubilación.⁴⁰⁴ 
El modelo económico neoliberal aplicado por el régimen fue la versión más extrema del paquete de medidas conocidas como Consenso de Wáshington, receta para el “desarrollo” de América Latina propugnada en la década de los 80 por los organismos multilaterales como el Banco Mundial, BID y el FMI.
El Consenso de Wáshington proponía, originalmente, establecer precios relativos de equilibrio que lograran estabilidad macroeconómica y las bases de un crecimiento sano, controlando la inflación y buscando cerrar la brecha externa. Para ello se debían implementar “shocks” que lograran un “sinceramiento” de precios, y políticas de ajuste fiscal y monetario. También, medidas de liberalización comercial, financiera, del mercado de trabajo,⁴⁰⁵ etc., así como la privatización de las empresas estatales. El gobierno se ha manteniendo invariable en la aplicación del Consenso de Wáshington, desde el shock de agosto de 1990 y el paquete de medidas del ministro Boloña del año siguiente, que configuró el modelo actualmente vigente.⁴⁰⁶ Fue un modelo privatizador de nuestra economía que:

a). Postergó la industria y al sector exportador de mayor valor agregado debido a que encareció el crédito para hacer atractivo el mercado de capitales externos, favoreciendo el ingreso de dólares y subvaluando el tipo de cambio.
b). Sacrificó los objetivos de empleo e ingresos, al privilegiarse el crecimiento de los sectores como la minería, pesca, y ciertos servicios que requerían una alta tasa de inversión pero que objetivamente generaban poco empleo.
El economista Javier Iguíñiz dijo al respecto: “La política antilaboral que se implementó durante los 90 tuvo resultados negativos en la población económicamente activa (PEA)... El resultado ha sido que en la década anterior el empleo legal y permanente ha sido un 20% menor de lo que se tenía cuando comenzó el gobierno fujimorista”.⁴⁰⁷ 
c). Acentuó la dependencia de las importaciones y del capital extranjero: el dólar barato y la apertura comercial contribuyeron a la disminución de la inflación, pero con efectos perniciosos en la balanza comercial. En consecuencia, mientras las exportaciones totales aumentaron en 77,1%, entre 1990-1997, las importaciones lo hicieron en 124%.⁴⁰⁸ Resulta oportuno citar el trabajo de los economistas Santiago Roca y Luis Simabuko: Primarización y nivel de vida: el caso peruano 1950-1997, publicado por ESAN, cuya conclusión es contunde al respecto: “... en el Perú —en los últimos cincuenta años— ha existido una relación inversa entre la primarización de las actividades económicas y el nivel de vida o ingreso de la población. Por cada punto adicional de participación en actividades extractivas o primarias el consumo per cápita empeoró en 2,6%, los sueldos (remuneraciones para trabajadores de cuello blanco), en 5,4% y los salarios (trabajadores manuales), en 7,4%. Por cada punto porcentual adicional de manufactura el consumo per cápita ha aumentado en 4,2%; los sueldos en 10,6%, y los salarios en 15,5%.

Las exportaciones que más crecieron durante este último Periodo fueron justamente las de productos tradicionales pesqueros. Mientras las exportaciones tradicionales totales crecieron en 107,7% durante 1990-1997, las exportaciones de productos pesqueros aumentaron en 226% (aunque durante 1998 se produjo una drástica caída del sector debido al fenómeno de El Niño). En el grupo de exportaciones, los productos que más crecieron durante el mismo Periodo fueron los correspondientes a la industria procesadora de recursos primarios (harina de pescado, azúcar, refinación de petróleo, minerales.)

El Programa de Ajuste Estructural (PAE) en el Perú se caracterizó por su radicalidad neoliberal. Se pudo concretar en sus rápidos resultados en el plano del control de la inflación, el reordenamiento fiscal, el crecimiento del Producto Bruto Interno y por sus lentos efectos en el empleo, los ingresos y el bienestar social.⁴⁰⁹ En otras palabras, en el Perú se ha obtenido lo que normalmente se espera de un modelo extremadamente neoliberal: “crecimiento”⁴¹⁰ sin desarrollo.⁴¹¹ El PAE ha tenido cuatro momentos (desde 1990 hasta el 2000) claramente definidos. El primero (agosto 1990-enero 1991) se dio el Fujishock o el superajuste de precios relativos. En el segundo momento (1991-diciembre 1992) se iniciaron las “reformas” económicas, bajo el lema “todas al mismo tiempo”; sin embargo, entre esta etapa y las siguientes hubo algunos acontecimientos políticos inesperados,⁴¹² como el auto golpe de 1992 y la captura del líder de Sendero Luminoso, que favoreció la orientación cada vez más neoliberal (Boloña).

En el plano del control total de la sociedad para la mejor aplicación del modelo, se aprovechó la coyuntura para radicalizar la legislación antiterrorista, por un lado; y, de aplicar métodos psicosociales para intimidar y aterrorizar a la población manipulándola alrededor del Proyecto Fujimori que se presentaba como un gobierno duro, pero que garantizaba la seguridad nacional y la seguridad de los ciudadanos contra el terrorismo. En el tercer momento o Periodo (enero 1993-marzo 1996) se dio un “crecimiento” tan alto como inesperado, se aprobó la nueva constitución que consagró el modelo neoliberal y Fujimori se hizo reelegir. Se legitimó de ese modo la cúpula cívico-militar y el autoritarismo del gobierno.

El cuarto momento (desde abril de 1996-hasta nuestros días, primer semestre del 2000) se inició con un reajuste ortodoxo; terminó con la renegociación de la deuda externa y el PAE comenzó a bloquearse y a mostrar su incapacidad para pasar a un auténtico crecimiento o desarrollo (para usar la categoría de Baran).⁴¹³ La cúpula cívico-militar, para sostener socialmente el modelo neoliberal que siguió implementando, y controlar las reacciones de los sectores más necesitados o más desposeídos, copó la administración de los programas sociales de emergencia que fueron centralizados en el Ministerio de la Presidencia, una suerte de secretario de Estado encargado de varios programas: FONCODES (Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social), PRONAA (Programa Nacional Agro Alimentario) INABIF (Instituto Nacional de Bienestar Familiar). El FONCODES ha sido el programa de emergencia que contó con mayor presupuesto; gastó 542 millones de dólares entre noviembre de 1991 y agosto de 1995, o sea, 141 millones por año (13 dólares por cada persona en situación de pobreza o 30 dólares por cada peruano extremadamente pobre, lo que representaba apenas el 2,5% del salario mínimo anual.

Este proceso de ajuste estructural llegó a una situación de parálisis, la misma que fue el resultado de cómo se hizo el PAE. Además, por la débil participación de los agentes económicos nacionales en el diseño de las políticas y por la alianza entre presidente Fujimori, los organismos internacionales y los militares,⁴¹⁴ que no permitieron una revisión y corrección de esta situación con la premisa de no perder credibilidad. Estos hechos no dieron paso a un auténtico crecimiento o desarrollo con sostenibilidad y equidad, no sólo por razones instrumentales sino, sobre todo por razones institucionales y políticas. El peso de la deuda externa sobre: a. el gasto público, b. el ahorro interno y c. la balanza de pagos limitó las posibilidades de crecimiento futuro.

A lo anterior hay que agregar que el Perú ha desembolsado un promedio de 1840 millones de dólares anuales a partir de 1997 para servir el conjunto de la deuda externa, lo que equivalía a un cuarto de las exportaciones y un quinto del gasto público. Esto significaba en concreto, una reducción de los recursos para el crecimiento y una presión fiscal sobre los contribuyentes muy elevado.

El déficit de las reformas del Estado provino del estilo de gobierno y de la alianza política del presidente, así como por la dificultad o desinterés del gobierno para llevar a cabo reformas democráticas integrales del Estado. Estas reformas debían ser capaces de convertir la maquinaria gubernamental en un sistema de instituciones modernas y eficientes, no sólo para promover la economía de mercado y la inversión privada, sino también para redistribuir y descentralizar los niveles de gobierno. Es decir, para contribuir a generar un estado de confianza basado en instituciones estables y democráticas y no dependientes de la persona del Presidente y de sus aliados temporales. Hacerlo o ponerlas en práctica hubiera significado la democratización de la sociedad y del Estado, que era todo lo contrario de lo que Fujimori venía haciendo en lo social y estatal: un hibridismo de autoritarismo y dictadura.
Este problema se reforzó toda vez que la política macroeco-nómica no sólo se había convertido en el principal, sino en el único determinante del conjunto de políticas en todos los sectores de la actividad gubernamental. En ese sentido, consideraciones relacionadas con el mantenimiento de los equilibrios macroeco-nómicos: austeridad fiscal, políticas de endeudamiento público, reducción del número de funcionarios gubernamentales, asignación de recursos para el pago de la deuda externa, entre otros condicionaron fuertemente el diseño y la ejecución de políticas sectoriales.
Con relación al Poder Judicial y al sistema electoral, para los “cambios” que se produjeron en estos sectores existieron motivaciones claramente reeleccionistas, así como dirigir sus actuaciones, esto es, que respondieran a los requerimientos del Ejecutivo, suprimiendo la independencia de este Poder del Estado.⁴¹⁵ Todo lo cual explicará por qué una vez que Alberto Fujimori dejó de ejercer la Presidencia de la República en noviembre del 2000 su llamada reforma judicial y electoral ha sido desactivada, en tanto fuente viva de corrupción institucional y de tráfico de influencias. La característica de coparlo todo, controlarlo todo, es una de las formas de las dictaduras. Quisieron ser como el gran ojo de Dios que todo lo ve y que todo lo sabe. Para lograrlo destinaron ingentes recursos para desarrollar un Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) ramificado en todas las esferas de la sociedad y del Estado. El estilo de conducción del gobierno no promovió una gestión transparente debido a que existió escaso debate público y no se materializaron procedimientos de consulta abiertos a sectores significativos de la sociedad.

En general, la gestión pública privilegió procesos de consulta selectivos y cerrados que descartaban la formulación de consensos, aun en aquellos temas de interés nacional que requerían un amplio acuerdo. Predominó el acto gerencial desde arriba y para arriba, fueron decisiones verticales, nunca horizontales o de abajo para arriba o de consenso. El Congreso de la República se convirtió en “caja de resonancia” del Ejecutivo; sus acciones demostraron que los constitucionalistas que rodearon a Fujimori se encargaron de bloquear cualquier posibilidad real de peso y contrapeso entre los denominados “poderes del Estado” (checks and balances). Por lo que se puede aseverar que los congresistas de la mayoría como los funcionarios vinculados a órganos de control no cumplieron sus funciones básicas de fiscalización al Poder Ejecutivo.⁴¹⁶ Por eso afirmamos que el gobierno de Fujimori fue una dictadura “democrática” y autoritaria o un modelo de democracia restringida, forma institucional predilecta de los organismos financieros internacionales para la aplicación en Perú de una economía de mercado (neoliberalismo).⁴¹⁷  

En este orden de cosas la mayoría de las políticas en los ámbitos de la macroeconomía y de los diferentes sectores se formularon sin tomar en cuenta la diversidad de situaciones locales. Durante todo el gobierno del fujimorismo se centralizaron las decisiones que deberían tomarse en los niveles regional y local; la mayor parte del presupuesto nacional terminó siendo manejado por los Ministerios de Economía y Finanzas y de la Presidencia. Adicionalmente, no se definieron con claridad las políticas de muchos sectores del Poder Ejecutivo, particularmente en el ámbito social, ni la manera en que éstas debían coordinarse con las políticas y decisiones en el nivel provincial y distrital. Todo ello se debió fundamentalmente al pragmatismo e inmediatismo desplegado por los principales dirigentes del fujimorismo en el ejercicio del poder real.

Por último, se mantuvieron las deficiencias existentes en los principales mecanismos para igualar oportunidades (programas de salud, educación, empleo, capacitación laboral)⁴¹⁸ . Esto se explica tanto por la prioridad otorgada a los programas temporales de lucha contra la pobreza y compensación social, como por la carencia e ineficiencia de programas de mediano y largo plazo destinados a reforzar los ministerios, municipalidades y otras agencias encargadas de los programas sociales.⁴¹⁹ Las “reformas” económicas produjeron una mayor desigualdad del ingreso y del consumo y un crecimiento en la brecha entre los peruanos ricos y pobres. Este aumento en los índices de desigualdad, que se añade al deterioro que produjo la crisis económica de fines del decenio de los ochenta, es entre otras, causa del incremento en los índices de criminalidad y de violencia política. Estos impases se pudieron revertir habiendo hecho revisiones en las políticas económicas o cambiando de gobierno, como está ocurriendo al momento de terminar de escribir este trabajo. O, lo que es lo mismo, humanizando los programas macro-económicos y diseñando auténticas medidas que posibiliten un crecimiento o desarrollo sostenido para la población peruana.

Hacer lo que proponemos pasa por posibilitar un gran consenso de todas las fuerzas políticas del país y diseñar un programa de unidad, en lo político; con una Comisión de la Verdad que posibilite fortalecer a la sociedad civil frente al Estado; instrumente el saneamiento del aparato burocrático del Estado y que seamos capaces de sentar en el banquillo de los acusados a los verdaderos responsables de la sistemática violación de los derechos humanos (torturas, desaparecidos, ejecuciones sumarias extrajudi-ciales, asesinatos, genocidios, sentencias sin pruebas o en abierta violación a los procedimientos penales de las sociedades democráticas, o sea, sin el debido proceso de ley). Un futuro sin perdón y olvido como está ocurriendo en Argentina, Chile y Guatemala, recientemente (2000).
El fracaso no ha sido sólo de Fujimori, lo es también de la cúpula militar, de la clase social que lo apoyó en la instrumen-talización de sus políticas macroeconómicas. Estas fuerzas, que estuvieron de acuerdo con el autogolpe, son los nuevos ricos que se encuentran ubicados controlando los medios de comunicación masiva como, radio, TV (señal abierta y cerrada), periódicos, revistas amarillas, cable privado, radio telefonía, electrónica e informática, banca y la industria exportadora-extractiva, fundamentalmente. Sin embargo, la información que manejamos es que este sector civil que se benefició del poder en la época del fujimorismo,⁴²⁰ ahora resucita y apertura puentes con el neo-populismo en el poder con Paniagua a la cabeza.⁴²¹ Éste es un gobierno de transición que pasará a la historia dependiendo cómo haga la transición: como demócrata o como una caricatura de demócrata. La tarea no es fácil. Diez años de fujimorismo han sido bastante y el costo social incalculable. Éste es el límite de este gobierno de transición. El próximo debe continuar con los procesos por la violación a los derechos humanos y corrupción en los 20 años precedentes al de Fujimori. Ésa será la vara de medición moral y ética del nuevo gobierno, sino veremos como se perfecciona el poder para seguir en lo mismo, cualitativamente, o sea, hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. El país de hoy está devastado, en bancarrota.

Para usar una expresión puertorriqueña popular, la corrupción ha sido de tal magnitud, que Fujimori, su “asesor” Vladimiro Montesinos, la cúpula militar y su entorno civil —vinculados a los partidos tradicionales, incluido el Partido Aprista— se llevaron no sólo los clavos de la cruz, se llevaron la cruz y, también, se llevaron al Cristo de la cruz.⁴²² Un pillaje nunca antes visto en la historia republicana. Pensábamos que después de Alan García Pérez (APRA) ya no se volvería a repetir los altísimos niveles de corrupción institucionalizada. Pero se repitió y de manera más perniciosa. ¡Qué vigente está Paul Baran en América Latina y en el Perú en particular!