PARTE II
EL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO Y LA OLIGARQUÍA PERUANA
EN EL SIGLO XX



CAPITULO III
EL GOBIERNO MILITAR : 1968-1980

Orígenes. Primera etapa: 1968-1976

Era el momento en el cual los militares estaban siendo formados en el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM), fundado en 1953, luego que en 1947 el Perú firmara el Pacto de Río de Janeiro contituyéndose como miembro de la Junta Interamericana de Defensa. Este pacto posteriormente va a ser firmado por Odría y por el presidente norteamericano Eisenhower, en el que se definió el papel de las Fuerzas Armadas peruanas en la defensa hemisférica contra el peligro comunista.²⁷² Como dice Cotler ello significó una remodelación de la institución castrense, en el estudio de las modalidades de táctica y estrategias militares “basadas en la realidad concreta de la situación peruana”. Desestimando los marcos teóricos de los textos castrenses franceses. Como en lo que se refiere a pertrechos militares, que fueron renovados, y con ellos, la consabida asistencia técnica de los asesores norteamericanos.²⁷³ Seguimos con Cotler, citando a Villanueva²⁷⁴ nos dice que al CAEM se le adjudicó una importancia decisiva en el desarrollo de un nuevo profesionalismo militar dedicado al desarrollo y la contrainsurgencia.²⁷⁵ El concepto de guerra va a cambiar radicalmente a partir de este período, la Doctrina de Defensa Nacional se va equiparar con la Política General del Estado.

Este concepto de la guerra será entendido como que “es total e integral”, con lo cual se expresan dos hechos evidentes: uno, que para obtener la victoria es preciso emplear todos los medios y recursos de la Nación; otro, que la lucha se lleva a cabo en los dominios político, económico, psicológico y militar...; es deber de los poderes del Estado, por ser los únicos que tienen la autoridad y visión de conjunto, orientar e impulsar el desarrollo del Potencial Nacional para ponerlo en condiciones de proporcionar directa o indirectamente ese total de medios determinados como necesarios para garantizar la seguridad integral de la Nación... el conjunto de medidas y de previsiones... para alcanzar este fin, constituye el Plan de Preparación del Potencial Nacional para la Defensa”.²⁷⁶ 

El CAEM se dedicó, desde entonces, a estudiar la realidad peruana; ellos mismos contrataron a la mejor de la intelectualidad peruana para sus cursos superiores. En esta década, siguiendo los lineamientos ya expuestos por el fundador del CAEM, en 1957 el ejército funda su Servicio de Inteligencia. Con este servicio el ejército recogería datos de la realidad del país y con sus estudios teóricos arribarían a la conclusión de que las condiciones de extrema pobreza son las que propician los movimientos populares de la época; que el poder real no se encuentra en el Estado demoliberal, que aquello es sólo una formalidad que no tiene sustento real, el verdadero poder está en los latifundistas, exportadores, banqueros y en las compañías norteamericanas.

Alertan a sus mandos intermedios y tropa de que están en guerra, agregan, que la guerra subversiva o la guerra revolucionaria es universal, ella avanza cada día, una pulgada o un kilómetro, en todos los países del mundo. En el Perú, también. “Es una guerra tan temible, o más temible que una guerra nuclear. Ella amenaza los cimientos mismos de la civilización occidental y cristiana y la obra de tantos siglos... el enemigo está en todas partes y en ninguna... si se pretende luchar en forma clásica contra una guerra subversiva, el mejor ejército será destruido invariablemente y un día el enemigo, subterráneo e invisible... explosionará por todas partes y antes que se pueda apuntar... las masas populares serán dueñas del poder por la fuerza y el terror, sumirán en la esclavitud espiritual a todos aquellos que no fueron ganados por la doctrina comunista”.²⁷⁷ 

Estaba claro que la recomposición, la reestructuración de las Fuerzas Armadas de Perú tenían como fin enfrentar la amenaza comunista, la defensa de la sociedad occidental y cristiana, la defensa del poder y del Estado, su enemigo será la población civil, así como los grandes males de la sociedad: los desniveles abismales de la distribución de la riqueza, desempleo, analfabetismo, no desarrollo social, político y económico en las poblaciones andinas, y en la costa negros y mestizos. Se trató de acto preventivo para evitar un proceso revolucionario radical. Con el asesoramiento norteamericano se inauguró una nueva etapa de la política hemisférica de seguridad y desarrollo, que en la década de los 60 cambiará a una política conocida de Seguridad Nacional. Pero no sólo en Perú, sino en toda Latinoamérica. Esta política se implementará para evitar gobiernos de corte demoliberales radicales, reformistas radicales, prosocialistas, en todo el continente al sur del Río Grande, en las Antillas y el Caribe e imponer a Juntas Militares amigas a la sociedad occidental y cristiana. Los medios en esta lucha incluían la tortura con la bendición de un sector de la Iglesia católica, la más conservadora. En los cursos de formación de comandos dados por el ejército americano, hoy no hay duda, se enseñaron disciplinas como la tortura a los futuros gobernantes de América Latina, los militares. Siguiendo las viejas enseñanzas de la recordada institución de la defensa de la fe cristiana, que en esa época era la defensa de la sociedad occidental cristiana: la Santa Inquisición.

En los 2000, al trabajar en esta investigación, nos resistimos a entender la buena fe de los intelectuales de izquierda, demócratas, progresistas, cristianos progresistas que apoyaron incondicionalmente el proceso político militar el cual comenzó el 3 de octubre de 1968, si tomamos en cuenta todo lo hasta aquí explicado para evitar resueltamente, en términos de guerra, que los sectores populares —las masas—, puedan tomar el poder, compartir el poder o disputar el poder. El golpe militar del 3 de octubre de 1968 no fue un golpe tradicional, eran las Fuerzas Armadas que actuaban en el escenario político, económico, social e ideológico de manera institucional, por primera vez en la historia republicana. Ésa será la base para entender la nueva etapa de la Doctrina de la Seguridad Nacional en los 90-2000, que será el tema central de la tercera parte de este trabajo.

En consecuencia, con el pronunciamiento militar del 3 de octubre de 1968 se inaugura un proceso que pondrá “fin” al período de dominación oligárquica en la manera tradicional, se aperturará una nueva forma de dominación en el Perú. Se trataba de una experiencia reformista singular consolidando un proceso gestado en las décadas anteriores; redefinió el cuadro de relaciones de fuerza abriendo un período de transición en relación con la problemática de la forma de Estado en el país. Ambos aspectos, mutuamente interrelacionados, determinaron a su vez alteraciones específicas en las relaciones Estado-sociedad que se materializan en las instituciones que configuran el aparato estatal. El complejo proceso político conducido por la Fuerzas Armadas desde 1968 fue la resultante de la crisis del Estado oligárquico expresada en la década del 60.

La sociedad peruana se manifestó en la crisis mediante la insurgencia de nuevas fuerzas sociales dinamizadas en torno a un lento proceso de modernización. Este proceso se puso en marcha desde las décadas anteriores remontando la modalidad primario-exportador de acumulación, dinamizando a los modernos sectores industriales y financieros; operando cambios en las prioridades y en las formas de articulación del capital extranjero dentro de la sociedad. Una clase dominante preñada de anacronismos se resistía al cambio político y controlaba el Estado por la vía de la exclusión: pero en su propio seno —y en dinamizados sectores medios— encontró variantes de conflicto que en forma sistemática debilitaron los mínimos de consenso del bloque en el poder. Las movilizaciones campesinas de los años 60, invasiones de tierras en las grandes ciudades y tierras agrícolas en el campo, luchas que estaban siendo conducidas por un líder pequeño burgués, pero entronizado en el mundo andino: Hugo Blanco, creó pánico en los terratenientes, principalmente, andinos; el amplio proceso migratorio y la explosión urbana agrietaron el viejo orden político amenazando su perspectiva futura con el inicio de acciones armadas como la de 1962 y la de 1965 (Movimiento de Izquierda Revolucionaria [MIR]) y el Ejército de Liberación Nacional [ELN]) —estos últimos mediante la modalidad de guerra de guerrillas. El MIR tenía una plataforma política, un programa esencialmente agrario para la solución de los problemas del Perú. Estos grupos armados fueron rápidamente controlados, diezmados o derrotados, por el ejército peruano que contó con asesores norteamericanos.

Era la primera vez en el siglo XX que un sector de la población, pequeña burguesía, radicalizó sus posiciones y optó por el camino más sacrificado, el de las acciones armadas para la captura del poder. La dirigencia principal de esta población provenía esencialmente de las escisiones juveniles al interior del partido aprista peruano, quienes estaban desilusionados por la convivencia o la traición de sus dirigentes nacionales. Las respuestas reformistas liberales de los años 60 y el ambiguo juego político de los modernizados sectores industriales no lograron imponer sus términos ni ampliar una base de consenso luego de llegar al gobierno el partido Acción Popular con su jefe político Fernando Belaúnde (1963-68) a lo que se le debe agregar su incapacidad para resolver la crisis del sistema. Todo ello explica en buena medida el margen de juego que el general Juan Velasco Alvarado encontró el 3 de octubre de 1968, representante de las fuerzas que irrumpían en el escenario de una manera institucionalizada con su propia programa:²⁷⁸ una reforma agraria, una reforma de la empresa privada en organizaciones comunitarias, la supresión de la autonomía universitaria, incautación de los diarios más conservadores e influyentes, la instrumentalización de un aparato que dio estructura de partido a la población pero dirigido por el Estado que fue el Sistema de Movilización Social (SINAMOS) que cooptó a los sectores más progresistas y de izquierda, incluso radical para orientar y dirigir el programa a la clientela política del gobierno militar. Para neutralizar a los sectores progresistas de los trabajadores y contrarrestar la influencia del partido aprista en los trabajadores del país, principalmente los de Lima, fundaron su propia central sindical.

El gobierno militar, con su programa de reforma agraria, le arrancó a los sectores izquierdistas una de sus banderas principales. El objetivo primario de esta reforma, que llevó a cabo primero en las haciendas costeñas, tenía el propósito de minar el sólido norte, bastión político del partido aprista, antiguo enemigo que había que liquidar en tanto que de sus filas habían surgido los sectores radicalizados en la década del 60. La reforma tuvo éxitos limitados, se fundaron tanto en la sierra como en la costa a efectos de minimizar los efectos de la intervención de las grandes y medianas propiedades agrarias, las Sociedades Agrícolas de Interés Social. El resultado neto fue el estancamiento productivo lo que produjo en el caso de la sierra peruana la movilización migratoria masiva a las ciudades costeras. En las ciudades se intentó la reforma de la empresa creando las Comunidades Industriales donde debían convivir el capital y el trabajo no como sectores antagónicos sino como aliados productivos para el incremento de la riqueza. Este experimento, no tuvo la aceptación del sector empresarial, boicoteándolo para, finalmente, ser eliminado, ya en la segunda etapa de este proyecto institucional de las fuerzas armadas, con Morales Bermúdez.

El gobierno del General Juan Velasco Alvarado resolvió, a su modo, la crisis de la dominación oligárquica; forzó la recomposición del bloque en el poder al excluir a los agroexportadores, a los gamonales y a la tradicional facción financiera ligada a éstos. “Nacionalizó” antiguos enclaves mineros y petroleros así como importantes servicios públicos directamente manejados por el capital norteamericano. Se perseguía en ellos un cambio que incidiera en la base material de sustento de estos sectores del poder tradicional forzando, como correlato, un proceso que potenciara y dinamizara los sectores modernos de la burguesía industrial y financiera. La conformación del gobierno, en cuyo seno subsistieron tendencias contradictorias desde 1968, hizo posible un juego de presiones que partiendo de los gremios de la burguesía y de los grandes diarios impactaban en la cúpula militar y agudizaban la lucha de tendencias.

Se sentaron así las bases para el desarrollo de un profundo conflicto entre el Gobierno Militar y los sectores terratenientes, gamonales y exportadores mencionados. El Estado fortaleció notoriamente su capacidad de intervención en la economía. El poder expropiado a los sectores tradicionales en el agro, la banca ligada a los agroexportadores, la minería, el petróleo, los servicios, etc., quedó bajo control estatal y permitió asociar, en lo concreto, a algunos sectores de la burguesía. Con una parte de estos nuevos sectores de poder es que el velasquismo va a gobernar, pero sin dejar de existir las serias contradicciones con los sectores desplazados; renuentes a la creación de un Estado centralizado y la ampliación del mercado interno, nunca renunciaron a la posibilidad de recap-turar su viejo poder decidiendo enfrentar el proyecto velasquista dentro y fuera del gobierno. Hasta 1973 se intentaron obtener virajes en el gobierno mediante la presión y la persuasión, la penetración de la cúpula y el logro de canales internos de representación en su seno.

Las sucesivas victorias de la tendencia “radical”, que encabezaba Velasco, arrinconaron progresivamente a los líderes militares que lo enfrentaron; el proceso de profundización que se operó en torno a esta pugna incluyó un discurso ideológico que “recusaba el capitalismo” y medidas como la Ley de Propiedad Social o la expropiación de los diarios,²⁷⁹ parece convencer a los empresarios y a los políticos de viejo cuño de la necesidad de enfrentar decisivamente el proyecto velasquista, el cual refuerza el poder del Estado y pretende movilizar a las masas en su apoyo (SINAMOS).