PARTE II
EL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO Y LA OLIGARQUÍA PERUANA
EN EL SIGLO XX



CAPITULO III
EL GOBIERNO MILITAR : 1968-1980

La década del 80. Los gobiernos de Acción Popular (1980-1985) y el APRA (1985-1990). El Fondo Monetario Internacional

La década del 80 fue el decenio del fin del velasquismo; significó el retorno conservador de Fernando Belaúnde a la presidencia en 1980; pero no regresó el viejo orden, el Estado no se desprendió de las empresas públicas ni la tierra fue devuelta a los antiguos latifundistas. Fue sorpresa la supervivencia del aprismo a la desaparición del fundador, la aceptación de la democracia por una izquierda legal que la asume en tanto que una nueva forma de militancia. Sorpresa el “fenómeno” Alan García, el “fenómeno” Vargas Llosa, el “fenómeno” Fujimori. Qué sorpresa, qué fenómeno; el Imperio había decidido que había llegado la hora para cambiar a los viejos partidos como aliados tradicionales en el control de los países coloniales, semicoloniales o neocoloniales. Estos partidos habían demostrado ineficiencia, en el manejo de la cosa pública, ineficiencia en la política de aplicación de métodos económicos que aperturen, amplíen o vinculen de mejor manera el mercado nacional a los productos de exportación, necesario para la reactivación del aparato productivo del imperio.

Las burocracias gubernamentales durante todo el período del Estado de Bienestar habían sido incapaces de ser eficiente en el manejo del Estado, se había incrementado la burocracia hasta el tremendismo en el aparato estatal, las políticas proteccionistas constituían impedimentos reales para la ampliación de las nuevas políticas neoliberales. Había que terminar con el estatismo que ahogaba las iniciativas del sector privado que alentaba una economía de mercado. La partidocracia tenía necesariamente que ser cambiada, el proceso no podía ser brutal, se tenía que contar con aliados incondicionales. Belaúnde lo fue.

En Wáshington había ingresado a la Casa Blanca un nuevo inquilino, se inauguraba una nueva doctrina en todos los frentes: el neoliberalismo, los Chicago boys, entraban a escena de manera abierta y predicaban su doctrina sin empacho en el ámbito global. Ya venían aplicando sus recetas macroeconómicas en Asia con los tigres asiáticos, bajo fuertes dictaduras o gobiernos fuertes, como los prefería llamar el buque insignia del Fondo Monetario Internacional, en el ámbito de las finanzas internacionales. Este modelo se aplicaba desde el golpe militar en 1973 en Chile donde para erradicar una corriente ideológica, según hoy sabemos, el presidente Nixon dijo a sus ayudantes que había que hacer gritar a la economía chilena, en abierta alusión de que el gobierno de Salvador Allende tenía que caer. La historia hoy es por todos conocida.

La ineficiencia en la política tenía que ser reemplazada por nuevas dirigencias que no tuvieran vinculaciones nefastas con el pasado oligárquico. Había llegado la hora de liquidar a los viejos partidos y la partidocracia, el caudillismo en América Latina, Perú no fue la excepción. Era la hora de los tecnócratas, de la eficacia y eficiencia en la gobernabilidad. Este modelo lo vamos a ver mejor durante el gobierno cívico-militar de los 90-2000. En esta década (80), la recesión de la economía mundial y el fin del crecimiento produjeron el incremento de la deuda externa, la irrupción de Sendero, el acoso de la violencia, la descomposición del tejido social, la pobreza masiva, la nueva delincuencia y la narcoeconomía. La guerra interna que dejaría miles de víctimas.²⁸³ En pocos años el Perú se vuelve el país de todos los peligros. El retorno de las instituciones democráticas coincidió con una degradación impresionante del nivel de vida acortando las expectativas no sólo de los sectores populares, sino de las capas medias y profesionales tan laboriosamente constituidas en los decenios precedentes del crecimiento moderado.

Una respuesta popular de los sectores desplazados de los resortes oficiales de la economía, en tanto no constituía sujetos de crédito para la sociedad oficial o la economía formal, produjo en los desocupados una expansión de lo que se ha dado en denominar la economía informal,²⁸⁴ inesperado balón de oxígeno; reemplazó el espacio de la economía asalariada que se redujo aterra-doramente, y los que tenían empleo seguro, los formales, pasaron de un 35% de la PEA en 1981 a un 10% en 1992. Es un tiempo de paradojas, de crisis y democracia, de debilidad del Estado y de iniciativa popular para lograr sobrevivir.

Los ochenta es el período de la inflación galopante, tanto o más que los años treinta, un tiempo excepcional, uno de esos momentos de ruptura y continuidad en la historia de los peruanos. Además en este período se acumuló y condensó un conjunto de crisis que pusieron en cuestión la viabilidad del Perú como nación.²⁸⁵ 

El agotamiento de la industrialización substitutiva de importaciones como modelo de acumulación y de desarrollo,²⁸⁶ la acumulación de la riqueza en pocas manos y el crecimiento vertiginoso de la masa de desempleados y subempleados, la informalización creciente de las clases medias y populares, la crisis orgánica de los partidos, la militarización de la política, el derrumbe del Estado, el conjunto de estos problemas críticos se expresará en el campo de la política y asumió la forma de una crisis orgánica de dirección y representación. Producidas las elecciones, Belaúnde retomó el poder en 1980 y continuó con mayor decisión el ciclo de liberalización económica iniciado en 1976.

Durante los dos primeros años de su gobierno aplicó un populismo que le permitió elevar su popularidad al 62% de la aceptación ciudadana. Para mantener buenas relaciones con la banca internacional aceptó las cartas de intención del FMI y se propuso pagar la deuda en un monto que comprometía alrededor del 50% de los ingresos fiscales, limitando drásticamente la atención de las necesidades sociales; hasta que se produjo la crisis fiscal, la cual fue incrementada por los desastres del norte del país en 1983, que impidió continuar pagando la deuda y que agravó la inflación y la recesión generadas por la liberalización y privatización de la economía. La política de concertación propugnada por el ministro de trabajo no prosperó porque chocaba con la política liberal del Ministerio de Economía. En mayo de 1980 se inició la guerra de Sendero Luminoso con la quema simbólica de las ánforas en la comunidad de Chuschi, Ayacucho. Había decidido abandonar las aulas universitarias de Huamanga en las que se formó²⁸⁷ para “iniciar la guerra popular del campo a la ciudad”.

En un primer momento su accionar se limitó al departamento de Ayacucho en donde su presencia fue creciendo a medida que demostraba su debilidad el Estado en esa región. Entre 1983 y 1985 sendero amplió su accionar a otros departamentos del territorio nacional como resultado de la ofensiva militar y entre 1985 y 1990 consolidó algunos escenarios de guerra que arrinconaron cada vez más a la política y a los políticos afincados en la democracia. Su crecimiento tiene que ver no sólo con la ofensiva militar de 1983 que los sacó de Ayacucho a otros lugares del país, sino también con la crisis económica y fiscal que redujo el mercado debilitando más aún al Estado y expandieron por eso mismo sus espacios geográficos y sociales de acción.

Uno de los problemas que desgastó al gobierno del arquitecto Belaúnde y a la política general fue el accionar de los actos terroristas provenientes del grupo alzado en armas, que luego se le conocerá como Sendero. Subvalorado en un primer momento, no sólo por el gobierno, lo enfrentó con las Fuerzas Armadas luego de resistir su intervención a fines de 1982. Desde entonces las FF. AA., siguiendo la doctrina de la Seguridad Nacional que privilegia los aspectos militares²⁸⁸ y que identifica las protestas sociales con el comunismo como enemigo interno, aplicaron una estrategia militar que, además de violar los derechos humanos no tuvo éxito: “Un comando conjunto timorato, atravesado por múltiples contradicciones y al vaivén de las correlaciones políticas del país; unas fuerzas policiales en repliegue y principales partidos en el Congreso, completan el marco en que se producía la respuesta estatal a la insurgencia senderista”.²⁸⁹ 

El APRA de los 80 era un partido populista cuyas banderas reformistas había abandonado debido a sus alianzas y compromisos con la oligarquía en las décadas del 50 y del 60 y cuya capacidad para volver a enarbolarlas se vio limitada porque Velasco realizó los sueños del populismo reformista en la década del 70. En los 80 vivió la prueba de fuego este partido, ya sin su jefe carismático, luego de la muerte de Haya. Para ponerse de acuerdo con los tiempos y poder competir tanto con la derecha como con la izquierda, el APRA intentó modernizarse y democratizarse bajo una nueva generación liderada por Alan García Pérez. Una vez que ganó las elecciones, Alan García reforzó su imagen de caudillo carismático pretendiendo ocupar el vacío dejado por Haya. Se produjeron entonces las tensiones inevitables entre Alan García y la institucionalidad partidaria, las mismas que marcaron la dinámica del APRA y del gobierno entre 1985 y 1990.
La limitación del pago de la deuda externa al 10% del valor de las exportaciones permitió cierto respiro a las finanzas públicas y elevó la popularidad de Alan García hasta aproximarse a los linderos de la unanimidad (95%). La política basada en la reactivación de la demanda y en políticas expansivas y populistas del Estado tuvieron cierto éxito hasta que mostraron su límite por el lado del cuello de botella de falta de divisas requeridas por la industria reactivada. A partir de 1988 tuvo que aplicar las políticas de estabilización exigidas por el Fondo Monetario Internacional y por la derecha y al final de su gobierno quiso volver a la aplicación de políticas populistas dilapidando los pocos dólares que el BCR había logrado reclutar por mejora de las exportaciones. La consecuencia de esta política de dispendio nos llevó a una inflación galopante que crecía a niveles siderales, la popularidad de Alan García decrecía a niveles (9% en 1989) que pusieron en cuestión la legitimidad de su gobierno. Comenzó a auspiciar destacamentos paramilitares desde el Ministerio del Interior para liquidar y/o sacar fuera de carrera a la oposición de derecha o de izquierda que ante la conyuntura, si bien no se habían aliado, cada lado (al sentirse afectados directamente por esta política de dispendio de Alan) realizaban acciones de resistencia o de crítica a la labor gubernamental.²⁹⁰ 

Durante el gobierno de Alan García se inició la superposición entre la guerra y la política. Es cuando Sendero Luminoso decidió entrar a la lucha social y a pelear un lugar en la opinión pública; el APRA y las fuerzas policiales decidieron organizar comandos paramilitares.²⁹¹ Se consolidaron los escenarios de la guerra en la cual el senderismo mostró mayor capacidad militar y de enfrentamiento ampliándose las zonas de emergencia en el territorio nacional. En otras palabras, se amplió la guerra y la política se redujo hasta poner en cuestión sus propios canales y mecanismos de acción y de representación.

Al comienzo de su gobierno Alan García intentó una nueva estrategia basada en el desarrollo microrregional y en la guerra, pero —según dijo— “respetando los derechos humanos”. Para demostrarlo destituyó a algunos altos mandos militares acusados de violar los derechos humanos. Posteriormente, el gobierno sucumbió ante la lógica de guerra sucia, uno de cuyos hitos fue la masacre de los penales en junio de 1986. Recordemos que con la masacre de casi trescientos inculpados por terrorismo en los penales de Lima el 18 y 19 de junio de 1986 y su famosa frase: “O se van ellos (los responsables de la matanza) o me voy yo” (en realidad nadie se fue) se deslegitimó totalmente el discurso del gobierno en defensa de los derechos humanos. Un mito que se desmorona con Alan García es el de unas élites financieras dispuestas al desarrollo, lo que conduce al tema de “los doce apóstoles” y a la confiscación de la banca privada. En pleno ensayo desarrollista Alan García va a negociar con los grupos económicos más importantes, los llamados “doce apóstoles”. 

En palacio, en plena euforia del minicrecimiento, se había montado una sala de computadoras (ordenadores) y un equipo de técnicos. Una buena mañana las máquinas comenzaron a dar unos datos financieros absolutamente descorazonadores; los capitalistas locales, no sólo los doce sino “los setenta y dos”, grupos engreídos del régimen, todo el sistema financiero-industrial beneficiado por el auge de la demanda interna, auge que costaba al país sus reservas, no estaban invirtiendo como se esperaba, sino que de acuerdo a viejas tácticas y esquemas fraudulentos propios desinvertían. Mientras tanto los recursos expatriados, unos 5 mil millones de dólares, se depositaban en la banca norteamericana. Con un sector de clase así el crecimiento por demanda era imposible. Sintiéndose engañado Alan decidió la expropiación de la Banca; se hizo con resultados extraordinarios y azarosos.
Los propietarios de tierras se habían tendido ante el rodillo compresor del velasquismo cuando aquél hizo la reforma agraria; pero los dueños del dinero no —estaba tocando el espinazo del capitalismo, el capital bancario-financiero internacional aliado de los banqueros peruanos, sus aliados locales. Eso explica por qué salieron a pelear y ganaron. Tocó el lado más sensitivo del capitalismo nativo dependiente, el que estaba ligado Alan se equivocó al capital financiero internacional. Era la fibra neurálgica del control de la economía nacional y mundial o global. Los dueños del dinero no eran peruanos, sus verdaderos dueños estaban ubicados en las bolsas de valores de Nueva York, Londres, París, Tokio, entre otros.
Un marco de ideas diferentes esperaba la ocasión para saltar a la arena política. Esto ocurre cuando los tanques, como en los buenos tiempos del militarismo velasquista, derriban una de las puertas del Banco de Crédito produciéndose así la inmensa explosión de descontento de los sectores afectados que comienzan a articular su protesta y resistencia a la decisión gubernamental; lo hicieron financiando la “movilización” de amplios sectores populares en la histórica Plaza San Martín, en julio de 1987. Ese día con su discurso de fondo se produjo el lanzamiento de Vargas Llosa como opositor a Alan García. Vargas Llosa fundó el Movimiento LIBERTAD el cual lo postuló como candidato presidencial en las elecciones de 1990... y lo que siguió fue la victoria de Alberto Fujimori, por las torpezas políticas de aquél. Además, porque demostró que era un miembro (con cara nueva) de la vieja oligarquía que resucitaba remozada y con un lenguaje (acorde con los tiempos) neoliberal, ya no como latifundistas, sino como banqueros y financieros. Eran tiempos del neoliberalismo, no podían darse el lujo que el pueblo habiéndolo identificado como tal, fuera capaz de rebelarse con consecuencias imprevisibles.

Para entonces, no había sido sólo la polarización social ni las iras incontroladas de las masas las que erosionaron al Estado, y muy concretamente al gobierno de Alan García Pérez sino, también, la caída vertical de los ingresos fiscales. “En 1989 la presión tributaria representó un 5% del producto bruto interno, frente al 9% observado en 1988. Si se observa la revolución de los ingresos tributarios, puede verse que en 1989 éstos representaron sólo un 30% de lo recaudado en 1985”.²⁹² No sólo fue la política sino la economía la que había corroído y debilitado los muros estatales. La crisis fiscal impactó en varios niveles la estructura del Estado.

En primer impacto fue institucional. La crisis fiscal, incapacitó a las instituciones estatales para atender las necesidades sociales de educación, salud, vivienda y para hacer los gastos mínimos de capital y de promoción de las inversiones en infraestructura, y, por otro, empobreció y generalizó el malestar en la burocracia estatal.
La crisis fiscal tocó también las puertas de los cuarteles y las comisarías. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se vieron frecuentemente en problemas para movilizar en esa década su maquinaria represiva y para renovar sus equipos, pese a que seguían llevándose la parte del león en el reparto de la torta fiscal.²⁹³ El segundo nivel fue político. Al desmoronarse las instituciones estatales, la crisis fiscal corroyó los cimentos del puente institu-cional que el Estado había tendido en las tres últimas décadas hacia la sociedad para reducir la brecha histórica que ha separado a los sectores de clase en el poder con los que no lo han detentado nunca, desde la conquista española. La crisis de los aparatos hegemónicos y económico-admistrativos bloquearon la poca capacidad de legitimidad que el Estado y los gobiernos tenían, especialmente en los períodos de aguda crisis económica.

En estas circunstancias el discurso y la práctica estatales perdieron credibilidad y eficacia y exacerbaron más bien el descontento de la sociedad. Ésta no encontraba razones valederas para obedecer cuando los gobernantes fallan y son incapaces de satisfacer siquiera parcialmente sus expectativas. La situación se agravó cuando estas expectativas fueron crecientes y la capacidad estatal para atenderlas era decreciente. Se produjo, en consecuencia, una crisis de gobernabilidad y de inestabilidad política de diverso alcance. En unos casos afectó sólo al gobierno, en otros alcanza al régimen político y en ciertas situaciones, como en el caso peruano de la década del 80, llegó a los cimientos mismos del Estado. La crisis de los aparatos coercitivos del Estado —producto no sólo de la crisis fiscal sino también de la violencia política— tocó los puntos neurálgicos del orden social y el ámbito jurisdiccional en donde impera el Estado. Éste dejó de imponer su autoridad en algunos lugares del territorio nacional, especialmente en las zonas abandonadas y en las zonas “liberadas” por Sendero Luminoso.

Pese a la coexistencia de estas diversas crisis de legitimidad, de gobernabilidad y de jurisdicción territorial la situación no llegó a ser revolucionaria, sino que tuvo que ver más con las peculiaridades de la crisis de la sociedad que con la crisis del Estado. La crisis social generó más un proceso de disgregación que de polarización y de confrontación social. El tercer nivel es propiamente estatal, y tiene que ver con el sistema institucionalizado de dominación social. La crisis fiscal desmoronó las formas más modernas de dominación de las décadas del 60 y del 70 para reabrir el paso a las formas tradicionales basadas en el patrimonialismo, la clientela y la prebenda. La modernización y la institucionalización del Estado cedieron su lugar, en este período, a formas tradicionales de dominación que se habían resignado a asumir un papel subordinado.

Pese a la crisis fiscal el Estado seguía subsidiando a la empresa privada con exoneraciones tributarias, los precios de los bienes y servicios de las empresas públicas, el Certex se mantuvieron agravando la crisis. En el lenguaje de los apóstoles del neoliberalismo, el Estado había demostrado ser ineficiente en la solución de los problemas neurálgicos de la sociedad: empleo, bienestar, crecimiento económico, entre otros grandes objetivos. Los burócratas del llamado Estado benefactor para estos apocalípticos demostraron ser malos administradores de la cosa pública, que los había llevado a niveles de gigantismo burocrático; el intervencionismo estatal en la economía era un freno a la libertad de empresa, la iniciativa y competencia del sector privado. Había que reducir el Estado a la mínima expresión. La crisis cerró el ciclo estatista. El estado de bienestar social —si en algún momento hubo—, estaba llegando a su fin. Estaban dadas las condiciones favorables para la implantación de una economía libre de mercado y un Estado neoliberal, que será el nuevo fantasma que recorre el mundo. Su ingreso al Perú no fue una excepción.