PARTE II
EL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO Y LA OLIGARQUÍA PERUANA
EN EL SIGLO XX



CAPITULO III
EL GOBIERNO MILITAR : 1968-1980

El contragolpe: La segunda etapa 1975- 1980

La ofensiva de los sectores desplazados del poder entre sus acciones de recaptura del poder, entre 1973 y 1976, no excluyó la colaboración de algunos sectores empresariales con el gobierno para alimentar adeptos y con ello agudizar la lucha interna; se recurre esta vez a una amplia coordinación entre líderes de los viejos partidos, prensa, colegios de abogados y gremios del empresariado. La progresiva y consistente dinamización del movimiento popular en la década del 70 alimentó los temores de la clase dominante, tanto en el empresariado como en los políticos tradicionales y en los militares reformistas menos audaces. La ofensiva de los sectores desplazados encontró así terreno preparado en la propia composición y rasgos del gobierno militar, pudiendo obtener en julio de 1976 la victoria más consistente: el desplazamiento de los sectores progresistas de la cúpula castrense. Indudablemente, poco antes, con el derrocamiento de Velasco, se había abierto la compuerta que hizo posible el viraje, esta depuración gradual y luego la contrarreforma. Así el 29 de agosto de 1975, al derrocar a Velasco, se afectó parte importante de la cúpula castrense y sus mandos regionales incluyendo las tendencias más radicalizadas del reformismo militar. Este hecho hacía difícil al gobierno de la segunda fase (Morales Bermúdez) recomponer plenamente su total ejercicio del poder sin fisuras, los sectores que los apoyaron pedían más. Por ello, desde Setiembre de 1975 la ofensiva se agudizó en todos los planos hasta arrinconar al gobierno y eliminar de éste las posiciones más radicalizadas del reformismo alterando con ello la anterior preponderancia pequeño burguesa del régimen militar, para enrumbarlo en función de la recomposición de los viejos sectores en el poder.

La nueva clase social en el poder no podía ser la misma luego de un proceso que había partido desde las mismas esferas del poder. Los nuevos retos en el ámbito mundial así lo exigían; los tradicionales sectores tuvieron que aceptar que había llegado la hora de su reforma interior y de su cambio. Al excluir del gobierno y de la Fuerzas Armadas las tendencias progresistas que encarnaban los radicalizados generales velasquistas se produjo un cambio en la cúpula castrense que enrumbar el gobierno de Morales Bermúdez hacia la “corrección” de las reformas velasquistas y señalará el derrotero para la transferencia a los civiles. Era hora de volver a los cuarteles en espera de mejores tiempos. Con esta recomposición del gobierno se concretó un rumbo diferente al de todo el período anterior: el gobierno de Morales Bermúdez abandonó sus intentos de conciliación con el campo popular, sacrificó las reformas políticas más características poniendo todo su empeño en restablecer la quebrada relación con los empresarios privados y los políticos tradicionales y la burguesía. Éstos serán los interlocutores privilegiados que, aunque demandarán más de lo que los militares gobernantes podían ofrecer, sobre todo ante las dificultades económicas, recibieron gradualmente la acogida necesaria para acelerar la corrección de rumbos del gobierno. Y sobre esta base mantendrán la iniciativa política y forzarán la transferencia del gobierno. Sin embargo, si bien el gobierno reprimió al pueblo e impuso una férrea disciplina laboral, no fue capaz de disciplinar su política económica que siendo drástica en comprimir el salario real no logró frenar el gasto público. Además en este primer tramo del período 76-80, que cubre de julio de 1976 a julio de 1977, no se aprecia nítidamente una definición en la cúpula castrense que indique efectiva retirada a los cuarteles tal como lo demandan los gremios y políticos civiles de la burguesía. Este hecho hace recrudecer los niveles de conflicto pues en la cúpula los ministros quieren “hacer obra” a la par que consolidan los gastos de defensa y, de hecho, anulan el efecto del plan de estabilización del Ministro de Economía (Barúa).

Por otro lado, durante el año de emergencia, cuando ya en la cúpula castrense no quedan pretensiones reformistas, al amparo del poder absoluto conferido a los mandos castrenses por la legislación de emergencia, se encuban “voluntades de permanencia” combinadas con algunos intentos cuasigolpistas. De este modo, durante el primer año del período 1976-1980 se dio un intento de continuar gobernado sin fijar fecha de salida —contrariamente a lo que reclamaban los trabajadores y los políticos diversos. Esa voluntad de permanencia se combinó con la corrección de las reformas, los incentivos otorgados a los empresarios y la represión a las fuerzas populares, presentándose reiteradamente el gobierno como “el único capaz” de poner orden en este país. El fracaso de este intento, puesto de manifiesto en julio de 1977, llevó al gobierno al máximo punto de aislamiento y a definir los términos y plazos de la transferencia del poder a la civilidad. Luego de un exitoso paro nacional de los trabajadores de la ciudad y el campo, rompiendo a su vez la hegemonía en el mundo sindical del aprismo, insurgió por primera vez un nuevo movimiento sindical organizado dirigido principalmente por los pequeños partidos de izquierda.

La nueva burguesía bancaria, financiera e industrial, no lo podía tolerar, era demasiado riesgoso dejarlos que se desarrollen (el nuevo movimiento sindical ya lejos del control del aprismo), el 19 de julio fue un día histórico en los sectores populares del país. El país se tambaleó por primera vez. Los trabajadores se hacían escuchar. La respuesta de Morales Bermúdez y la vieja dirigencia retardataria y la nueva que era beneficiaria directa de la contrarreforma de Morales van a saludar que éste autorizara el despido de todas las dirigencias sindicales del país hayan o no participado del paro nacional del 19 de julio. Antes y después de esta fecha la historia será radicalmente distinta.

Hoy se puede confirmar lo que se decía entonces, el intento de Morales Bermúdez fracasó rotundamente: (a) fracasó la política económica de Barúa y el empresario Piazza (fue un intento tardío de poner directamente a los industriales en el gobierno), apenas duran un par de meses enfrentándose, también, a la voluntad de permanencia de la cúpula castrense que en economía era sinóni-mo de mayor gasto; (b) fracasó la política represiva ante el masivo y en gran parte espontáneo rechazo popular y ante la capacidad coyuntural de la izquierda de dar por un momento dirección política a esta protesta masiva. Logró el definitorio paro nacional del 19 de julio de 1977 a pesar de la continuada vigencia de la inexistencia de libertades impuesta durante el estado de emergencia.

Estos dos fracasos llevaron al gobierno al más profundo aislamiento en un momento en el cual afloraba a la escena política la profunda crisis orgánica en la relación de este Estado con amplias y distintas fuerzas de la sociedad peruana. En julio de 1977 el gobierno no sólo estaba aislado del pueblo, lo estaba también dentro del nuevo campo burgués pues un gran sector de los políticos de la burguesía insistió en reclamar un cronograma electoral y los empresarios nativos que aguantaron el coqueteo de un año se impacientan ante la profundización de la crisis económica y, ahora desde la propia sociedad de industrias y no sólo desde los partidos tradicionales reclaman elecciones generales. La nueva burguesía, en conjunto, tomó cartas en el asunto para evitar la indefinida continuidad de este régimen. Es en este punto crítico donde se define pública y solemnemente el cronograma que dará término al régimen militar.

Morales Bermúdez, en nuevo ajuste de pragmatismo, no sólo verá en este cronograma el camino adecuado para conseguir objetivos importantes para el poder militar, sino que lo seguirá puntualmente, como derrotero propio. Sin embargo, el desarrollo de la crisis y la zigzagueante política del gobierno lo llevó a una coyuntura. En ésta no sólo la burguesía estaba presente en la escena política sino, también, un amplio movimiento popular, aunque con débil dirección política del campo de la izquierda, había logrado con el paro del 19 de julio imponer su presencia en escena.

La respuesta desesperada a esta histórica gesta popular, conducida principalmente por las dirigencias sindicales, de nítido dominio de las izquierdas, será la autorización gubernamental para el despido de las dirigencias sindicales de todo el país. Esta circunstancia va a ser aprovechada por la burguesía industrial, el comercio, la banca y todos los sectores de la producción y de servicios para proceder al despido. La inviabilidad para su posterior reposición al puesto de trabajo creó las condiciones materiales (en tanto muchos de estos dirigentes consideraron que se habían cerrados los canales democráticos de protesta popular) para la radicalización de sus posiciones rompiendo con el sistema; buscando alternativas en acciones no tradicionales de tipo democrático; abonando en contingentes de hombres a las agrupaciones políticas que se habían alzado en armas en esa década: el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y el Partido Comunista (que años después se le conocerá como Sendero Luminoso y finalmente como Sendero). Regresemos a lo del cronograma. El cronograma de salida fue tarea compleja y así lo comprendió el sector empresarial como el político. Con el establecimiento del cronograma de la transferencia del poder a los “civiles” el gobierno del general Morales Bermúdez buscaba, en realidad, un repliegue ordenado, viable y honroso de los militares a sus cuarteles. Las Fuerzas Armadas no querían correr riesgos innecesarios. Sin embargo, era ya un riesgo abrir el escenario electoral en medio de la dictadura y de una crisis social de enormes proporciones, superior a la dimensión de la crisis económica. Morales Bermúdez apelaba con frecuencia a la analogía de la transferencia como un puente frágil que se podía romper si se le cargaba con el peso excesivo de las movilizaciones sociales. Éstas, sin embargo, se intensificaron mediante las huelgas y paros regionales y nacionales impulsados por la izquierda al interior del movimiento obrero, en respuesta al ataque frontal abierto por el gobierno.

Con el proceso de la transferencia del poder a los “civiles” [¿qué civiles?], la izquierda parlamentaria y la izquierda radical salieron del terreno sindical para entrar a la escena política. Ese tránsito tuvo muchas ambigüedades, contradicciones y desgarra-mientos. La mayoría de los líderes de la izquierda pensaron que salir del espacio sindical era abandonar la lucha directa de las masas que conducía a la revolución para caer en la trampa de la dictadura militar. La convocatoria a elecciones y la transferencia de poder a los civiles eran una maniobra de la dictadura para sacar a las masas y a sus vanguardias de la lucha directa. Surgieron entonces dos posiciones en el seno de la izquierda: la táctica de la abstención electoral y la participación. El primer camino, escogido por Patria Roja, Sendero Luminoso y otros grupos menores, conducía a la confrontación abierta. El segundo, seguido por las fuerzas políticas restantes, constituyó la incursión democratizadora de las clases populares y de la mayoría de la izquierda electoral (democrática) en el Estado.

Las grandes movilizaciones de masas y la apertura democrática contribuyeron a la unificación de la izquierda legal (democrática) dispersa en diversos frentes políticos: el UNIR, el FOCEP, la UDP, la Unidad de Izquierda, etc. Se iniciaba de ese modo la reversión de la división de la izquierda predominante en la década del 60, por un lado y la radicalización de otro sector de la misma en tanto no creyeron en el camino democrático de las elecciones.