PARTE II
EL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO Y LA OLIGARQUÍA PERUANA
EN EL SIGLO XX



CAPITULO II
PERÚ SIGLO XX. EN BÚSQUEDA DEL ESTADO-NACIÓN
Y EL FUTURO NO-DEPENDIENTE

Las Nuevas fuerzas sociales, sus luchas y la Constitución de 1933

Los movimientos sociales y políticos del período constituyen la base material del surgimiento de las nuevas ideologías que marcarán los procesos políticos hasta los años recientes. El socialismo tiene en Mariátegui a su gran propulsor y orientador. Con enorme capacidad creativa y visión histórica Mariátegui sienta, por primera vez en el país, las bases del análisis científico de la sociedad peruana abarcando sus aspectos más fundamentales. Su aporte no se encuentra únicamente en el diagnóstico, sino en la proposición de un programa político que oriente la acción de las clases oprimidas de la sociedad. Este programa señala como indesligable la lucha contra el imperialismo y la semifeudalidad, la lucha por la democracia política y la conquista de la identidad nacional donde la clase obrera será la única llamada a dirigir al conjunto de capas y clases oprimidas, dadas las características de la burguesía en el Perú.

En la concepción de Mariátegui la lucha por la liberación nacional —que comprende básicamente la solución del problema nacional y el problema agrario— es parte integrante de un solo proceso que realiza las tareas democrático-burguesas, así como sentar las bases para el tránsito al socialismo como sistema alternativo al capitalismo. El punto 8 del Programa del Partido Socialista dice al respecto; “Cumplida su etapa democrático-burguesa, la revolución deviene en sus objetivos y en su doctrina una revolución proletaria”.²²¹ 

Víctor Raúl Haya de la Torre, lúcido exponente de las nuevas corrientes antioligárquicas, señala igualmente al imperialismo y a la semifeudalidad (él la llama feudalidad) como los principales obstáculos para el logro del desarrollo nacional y la liberación política. Él planteaba que los señores (dueños de la tierra y de grandes poblaciones serviles): “... son los aliados del imperialismo que día a día devienen sus agentes y sus súbditos, no es posible separar, pues la lucha contra el imperialismo extranjero de la lucha contra el feudalismo colonial en Indoamérica”. Más adelante añade: “la primera consecuencia del creciente dominio económico del imperialismo norteamericano en nuestros países es una consecuencia política; el problema de la libertad nacional...”.²²² A diferencia de Mariátegui, Haya plantea que son las clases medias las llamadas a dirigir el amplio frente antiimperialista ya que el proletariado se encuentra aún poco desarrollado desde el punto de vista social y cultural y que: “En nuestros países las clases medias tienen mayor aptitud para la lucha. Viven aún su edad heroica... Nuestras clases medias están aún en período de combate, de forcejeos por su afirmación; período de ofensiva, casi de gesta, si le podemos llamar así”.²²³ Haya de la Torre proponía como eje central de su programa máximo la constitución de un Estado antiimperialista alternativo al Estado oligárquico. Su modelo e inspiración fue el Estado y la experiencia de la Revolución Mexicana (1917). Para el programa aprista el socialismo era un objetivo sumamente lejano y sin vinculación directa con la lucha antiimperialista y antifeudal. Ambas corrientes surgen en el período leguísta y conducen las primeras luchas de los sectores populares urbanos, con una orientación definitivamente antioligárquica y antiimperialista. Su presencia en la crítica coyuntura de 1930 significará un elemento nuevo en la escena política peruana: la diferenciación clara de las alternativas políticas del campo popular antioligárquico frente a las expresiones políticas de las fuerzas que sostienen el sistema oligárquico. Por otra parte, la actuación de estas fuerzas será, igualmente, un componente importante en la situación de crisis política y su desarrollo.

La caída del régimen de Leguía (1930) y los efectos de la crisis económica mundial serán los factores desencadenantes de la profunda crisis política que amenazó seriamente la estabilidad del orden oligárquico. La enorme inestabilidad política y las intensas pugnas al interior de las clases dominantes, demuestran con claridad la existencia de una profunda crisis de hegemonía en su interior. La aguda crisis económica, que amenazó las bases de reproducción del sistema, mostró la endeblez del aparato productivo interno y su estrecha subordinación al sistema económico mundial bajo la égida del capital monopólico extranjero. Las contradicciones gestadas y acumuladas en el período inmediatamente anterior adquirieron madurez en la coyuntura del 30 y salen a la luz de la escena política, generando situaciones que presentaban características de guerra civil. Basadre caracteriza este período como “una de las etapas más llenas de incertidumbre y de inestabilidad en la historia del Perú Republicano. Desde el 22 de agosto de 1930 cuando se dio el pronunciamiento del comandante Sánchez Cerro contra Leguía hasta que el comandante Jiménez entró en Palacio de Gobierno el 5 de marzo de 1931 hubo en Lima, en menos de 7 meses, 6 movimientos militares de carácter político y la insignia del poder presidencial cambió 5 veces de poseedor... En el período de un mes (al cerrarse el ciclo) se produjeron 6 insurrecciones militares y durante varios días funcionó un gobierno en Lima y otro en el sur, este último, dividido en una Junta Castrense y una Junta Civil. La amenaza de un desquiciamiento nacional era evidente”.²²⁴ 

Por primera vez en la historia las masas populares urbanas emergen al escenario político con sus propios programas y organizaciones. Los diques de contención del Estado oligárquico son desbordados. Las fuerzas antioligárquicas —fundamentalmente sectores populares urbanos y sectores medios— intentan la derrota de la dictadura del Oncenio. El contenido de las principales jornadas de lucha del período ataca los ejes centrales del sistema de dominación y se orientan a la transformación del ordenamiento social y político. Las luchas por el salario y el empleo se encuentran íntimamente entrelazadas con las luchas contra el control monopólico de las principales empresas por el capital extranjero, la lucha por la igualdad jurídica y política y las libertades ciudadanas. En un clima de creciente e intensa politización las masas populares ganan las calles. Estas masas populares estaban lideradas y conducidas por organizaciones políticas las cuales tenían ideologías y programas políticos claramente antioligárquicas y antiimperialistas. El APRA y el Partido Comunista.²²⁵ Las condiciones de la lucha política en la coyuntura, los errores de interpretación y dirección en los que incurren los dirigentes comunistas, luego de la muerte de Mariátegui y la habilidad de los dirigentes apristas determinarán que sea el Partido Aprista el que asuma mayor fuerza coyuntural y se convierta en la principal fuerza que lidera la oposición al bloque oligárquico en la lucha por el poder político.²²⁶ 

La agudización de los enfrentamientos políticos lleva a una polarización extrema lo cual hizo que se reduzcan las alternativas de salida a la crisis política.²²⁷ La Unión Revolucionaria y Sánchez Cerro lideraban la salida de las fuerzas oligárquicas: la dictadura abierta y violenta con la fachada de las instituciones liberales. El Partido Aprista, con creciente arraigo en las masas populares urbanas, lideró el campo de las fuerzas antioligárquicas intentando una salida institucional. Luego se ser expulsados los dirigentes apristas del Congreso y del país, e ilegalizado el partido, éstos ensayaron entonces la vía insurreccional con el movimiento de la ciudad de Trujillo en julio de 1932. La expulsión de los representantes apristas del Congreso Constituyente y la derrota de Trujillo,²²⁸ son los hechos más importantes que definen la derrota de las fuerzas populares y antioligárquicas en la coyuntura. Una Ley de Emergencia, la instalación de Cortes Marciales y la represión violenta y sistemática son los instrumentos básicos mediante los cuales las fuerza oligárquicas consiguen mantenerse en el poder.

En la coyuntura de 1930-33, el proyecto aprista significó el primer intento de dar solución al problema nacional en el país “desde abajo”. Limitaciones de tipo estructural, fundamentalmente la ausencia del campesinado como fuerza social y política, así como las ambigüedades y vacilaciones de la dirección política son, entre otros, los elementos más significativos que explican el desenlace final. La solución a la crisis política de 1930-33 y su forma-lización en normas constitucionales serán expresión clara de las nuevas modalidades que asume la dominación oligárquica. La Constitución de 1933,²²⁹ establece jurídicamente un híbrido contradictorio en cuanto a la naturaleza del Estado. Las normas regulan el funcionamiento de las instituciones de una democracia liberal manteniendo las condiciones sociales que imposibilitan su existencia y funcionamiento reales. Al negarse toda transformación social en el campo se mantenía y reforzaba el poder político de los terratenientes serranos y su dominio omnímodo sobre la población campesina. Al mismo tiempo se consagra la igualdad de los ciudadanos ante la ley, se mantiene la opresión política semifeudal que priva al campesinado de los elementales derechos jurídicos, incluyendo la libertad individual.

La mayoría parlamentaria de entonces rechazó reiteradas veces todos los planteamientos que suponían la transformación del orden rural tradicional; rechazó planteamientos como las propuestas de Reforma Agraria así como los proyectos de descentralización cuya implementación suponía la alteración del sistema de opresión semifeudal y del poder de los terratenientes.²³⁰ Esta situación se mantuvo, así como la violencia ejercida por el sistema de opresión gamonalista con la venia y el apoyo del aparato estatal central. Al negarse el voto a los analfabetos (Art. 86) se excluyó explícitamente al campesinado de toda forma de participación política. Además, al mantenerse el sistema de representación en relación con el número de habitantes (método censatario, de corte discriminatorio y elitizante) y no de electores se institucionaliza la representación del gamonalismo en el parlamento a nombre de la gran masa campesina excluida. Los sectores populares urbanos conquistan en las ciudades el derecho a la votación secreto y universal en lo formal. Sin embargo, al adquirir expresión política independiente y relevante son víctimas de la violencia institucional del aparato estatal central. Las fuerzas populares urbanas irrum-pen, por primera vez, en el escenario político con sus propias organizaciones y programas. Frente a ello la dominación oligárquica encontraba insuficiente el ejercicio de la violencia física y necesitaba institucionalizar la exclusión de sus expresiones políticas más significativas. La Constitución “liberal” de 1933,²³¹ puso fuera de la ley a los llamados “partidos internacionales” (Art. 53º); estos partidos tenían nombre propio: el APRA y el Partido Comunista. Al mismo tiempo que se consagran nominalmente un conjunto de libertades y derechos consignados como Garantías constitucionales (Cap. IV), se daba plenos poderes al Ejecutivo para poder suspenderlas con amplia libertad y actuar del mismo modo durante su suspensión (Art. 70). El principio de división de poderes y la delimitación de funciones quedan en el papel, para dar cabida al arbitrario uso de la fuerza. La independencia del poder judicial fue igualmente una fórmula vacía de contenido al quedar definitivamente dependiente en cuanto a recursos, nombramientos y funciones del Ejecutivo-Legislativo y al mantenerse intacta su estructura, estrechamente funcional a los intereses particulares de la fracción dominante en Lima y de los poderes locales en las provincias. La administración de justicia constituyó, y aún constituye, uno de los pilares fundamentales del sistema de dominación. En ese período, a través de los juicios de linderos y otros mecanismos procesales, se consolidó y legitimó la usurpación de tierras a las comunidades indígenas de parte de los gamonales o señores locales. El juez, por regla general, es (era) parte integrante de la red de los poderes locales al servicio de los señores de la tierra.

El mantenimiento de las relaciones sociales semifeudales, por medio de los diversos mecanismos planteados, determinó la invalidez de postulados como la igualdad jurídica y los derechos del hombre. De allí que la lucha por la democracia política en el país se encuentre íntimamente relacionada con la lucha por las transformaciones sociales en el campo. Bajo la forma liberal en la letra, la constitución sancionaba el orden de los terratenientes semifeu-dales, traba fundamental para la existencia de hombres libres e iguales. La regulación de las funciones y relaciones entre los poderes del Estado que sancionaba la Carta Constitucional del año 1933, muestra, igualmente, las contradicciones del sistema y la naturaleza de los sectores dominantes. La vocación antidemocrática es, también aquí, eje central de inspiración. Se sancionó el sistema bicameral reforzando el poder del Ejecutivo; pero se dieron amplias atribuciones al parlamento con el fin de otorgar importantes espacios de acción a los terratenientes serranos, al mismo tiempo que se limitaba la capacidad de acción de los sectores marginados históricamente. Se estableció un sistema híbrido parlamen-tarista-presidencialista que obedeció a los intereses inmediatos del bloque dominante, imposibilitándose el funcionamiento real de las instituciones de la democracia liberal.²³² Como lo muestra la experiencia posterior, los conflictos entre Ejecutivo y Legislativo no encuentran solución en el marco constitucional, facilitándose de este modo las soluciones de fuerza y reforzando la preeminencia de los aparatos represivos por sobre las instituciones liberales.

Los aspectos señalados no son sino la expresión, jurídico-político, de los escasos márgenes de consenso en los cuales se asentaba el Estado oligárquico, conformó una estructura política esencialmente antidemocrática. Tras su forma liberal en la letra, el Estado peruano ocultó una realidad en la cual las instituciones del Estado moderno, como son el Parlamento, las elecciones, etc., lejos de ser expresión democrática dentro del conjunto de los sectores sociales eran tímidos remedos manejados casi como bien privado por los sectores sociales que componían el bloque en el poder. La naturaleza represiva y dictatorial de los regímenes del Estado oligárquico peruano que describe Pease²³³ y que Bourricaud señala como la secuencia de “dictaduras y dictablandas”²³⁴ son la consecuencia lógica de la naturaleza misma del tipo de Estado que emerge de la situación social y económica imperante en el país y que se consagra legalmente en la Carta Constitucional. Agustín Cueva señala la generalización de este fenómeno al conjunto de los países latinoamericanos mostrando su estrecha vinculación con los procesos sociales y económicos dominantes: “... la implantación de este tipo de regímenes a lo largo y ancho del continente latinoamericano es algo más que una simple coincidencia, incluso cronológica. Obedece, sin la menor duda, a la conformación de un nuevo tipo de Estado acorde con las necesidades de la revolución económica y social de nuestros países. Tal Estado en síntesis no es sino la expresión de un proceso de acumulación originaria del poder capitalista emergiendo de manera sinuosa y conflictiva a través de un movimiento que, por un lado, se encargó de supeditar los elementos de poder precapitalista por la fuerza cuando era menester; por otro lado, de aniquilar —manu-militari— casi siempre a los elementos democráticos-burgueses que levantaban una alternativa progresista de desarrollo capitalista”.²³⁵ Téngase presente que este autor hace una generalización para las sociedades de América Latina. En el caso del Perú, nosotros hemos sostenido que se trata de relaciones semifeudales y, por tanto, sería el intento de un proceso de acumulación originaria del capitalismo en esta parte del mundo. Las crisis por la que atraviesan en la década de los 90-2000, se encargará de demostrar que no fue un proceso como tal, sino que fue un intento si se quiere de sentar las bases de un capitalismo incipiente.

Finalmente, habría que señalar otro aspecto de fundamental importancia. La Constitución señalaba que el Perú es una República independiente sancionando así, formalmente, el principio general de la soberanía. Sin embargo, las empresas extranjeras, y el capital extranjero en general, tienen —tenían— plena libertad para operar en el país. La constitución establecía las mismas amplias garantías para la propiedad sin diferenciar la nacional de la extranjera (Arts. 29°, 31° y 32°). La realidad peruana nos muestra reiteradamente que la subordinación al capital extranjero trajo violaciones evidentes de la soberanía jurídico-política. La dominación del capital imperialista trasciende los límites económicos e incluso los políticos generales para manifestarse también en el terreno jurídico-formal. Con la apariencia liberal el Estado oligárquico no fue sino la negación de sus principios esenciales ya que la soberanía y los derechos fundamentales de toda sociedad democrática se encontraban limitados y restringidos. El liberalismo, en cuanto supone soberanía nacional, es incompatible con la dominación semicolonial señalada y, en cuanto supone ciudadanía y sufragio, es incompatible con la existencia del gamonalismo y la explotación servil. De tal modo, que el “modelo” formal de la constitución se contrapuso bruscamente con la realidad de dominación y control oligárquico. Con la derrota de las fuerzas populares, en la coyuntura de 1930-33, se restaura la dominación oligárquica consiguiendo una relativa estabilidad hasta 1944-45 y permanencia hasta la década del 60.