PARTE II
EL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO Y LA OLIGARQUÍA PERUANA
EN EL SIGLO XX



CAPITULO II
PERÚ SIGLO XX. EN BÚSQUEDA DEL ESTADO-NACIÓN
Y EL FUTURO NO-DEPENDIENTE

La década de los 60

Las luchas sociales de los 50-60 constituyeron el marco básico del surgimiento de nuevas fuerzas políticas que de alguna forma vienen a llenar el espacio dejado por el Partido Aprista que procesaba un paulatino cambio de programa y de representación política. El Partido Aprista, hoy se puede afirmar, negoció su legalidad y su cercanía al poder²⁶⁰ con el gobierno de Prado (1956-62) a cambio de su sometimiento definitivo al statu quo. El poder político “absorbió” al partido aprista con su participación en la “convivencia política” de los líderes del Partido. Esta situación generó contradicciones y problemas al interior del APRA produciéndose esci- siones en sus niveles intermedios y de base. Las banderas del antiimperialismo, de defensa de las riquezas nacionales, de la lucha contra el gamonalismo son reformuladas o dejadas de lado por el partido aprista. Son nuevas fuerzas políticas las que se encargan de retomarlas. Surgen así, Acción Popular, la Democracia Cristiana y el Social Progresismo como expresión política de sectores de pequeña y mediana burguesía, intelectuales y otras capas medias.

Es necesario señalar que ni Acción Popular ni la Democracia Cristiana constituyeron expresiones orgánicas de la burguesía. Fueron más bien partidos policlasistas liderados por la pequeña burguesía.²⁶¹ Con mayor o menor coherencia y consecuencia estas fuerzas retomaron, cada una desde su propia perspectiva, el problema del desarrollo nacional dándole un contenido esencialmente antioligárquico e industrialista que si bien recogieron demandas concretas de las clases populares básicas —campesinado y clase obrera— e diferencian de su proyecto político.

La lucha “antiimperialista” (para quitarle banderas a los partidos de izquierda) se circunscribió a algunas empresas “símbolo” —la Internacional Petroleum Company— y los planteamientos sobre Reforma Agraria adquieren características particulares en cada caso, mucho más mediatizada en Acción Popular pero más “radical” en el social-progresismo. Los sectores populares, en tanto fuerzas sociales, se hicieron presentes en la escena irrumpiendo contra las instituciones del Estado oligárquico. La envoltura jurídico-política no pudo contener ni absorber las contradicciones que se generaban en la sociedad. Las antiguas facciones dominantes se mostraron incapaces de lograr un consenso mínimo para mantenerse en el gobierno. Sus propuestas carecían de legitimidad²⁶² aún en el propio campo dominante.

En 1962 el gobernante Manuel Prado convocó a elecciones generales. Las Fuerzas Armadas no habían amainado en sus recelos políticos contra el APRA, en tanto que lo consideraba un partido internacionalista y radical por su lenguaje de los años 30. Este recelo continuó incluso cuando al término del gobierno de Prado este partido había convivido con la oligarquía como aliado, según expresión de su fundador y líder, como táctica para llegar al poder y aplicar su programa político de gobierno. Realizadas las elecciones el APRA había postulado a su fundador y jefe Víctor Raúl Haya de la Torre, todo indicaba que era el partido que había ganado las elecciones; pero aquello las Fuerzas Armadas no lo podían tolerar y dan un golpe de Estado. No están dispuestos, no están preparados institucionalmente para ser ya no el guardián de la clase dirigente, sino para aplicar un programa político que “resolviera” los grandes problemas irresueltos de la sociedad peruana, principalmente el problema agrario.

Esta Junta de Gobierno de 1962-63 “llevó a cabo una reforma agraria en la Convención, bajo el comando del General Enrique Gallegos. En 1963, en un artículo titulado “Un combate en la guerra contrarrevolucionaria”,²⁶³ este general describió el triunfo que había tenido sobre Hugo Blanco, líder campesino, gracias a una combinación de represión contra los líderes y de distribución de las tierras entre los campesinos, juntamente con la apertura de carreteras, postas médicas, escuelas, es decir, la acción cívico-militar”.²⁶⁴ 

En la década del 50-60 se había fundado el CAEM (Centro de Altos Estudios Militares), para su fundador, el general Marín, estaba claro que los mandos militares debían conocer la teoría del poder (ciencia política) y muchas disciplinas que los capacitase de modo institucional para el poder en términos weberianos. Durante este período los altos jefes militares habían viajado a los Estados Unidos, Panamá, Francia para seguir altos estudios de guerra, regular e irregular, en las Escuelas de Comando. Estos estudios los hicieron para estar preparados en caso de una eventualidad semejante a las que enfrentaba el ejército americano en Corea, y posteriormente en Vietnam, o las que habían librado los franceses en Vietnam y en Argelia. Este “nuevo” ejército, como no estaba, todavía, preparado para asumir el poder institucionalmente, convocó a elecciones generales para el año siguiente, en 1963. No obstante, siguió preparándose.

Fernando Belaúnde, líder y fundador del Partido Acción Popular, fue el candidato de la alianza AP-DC que triunfa en las elecciones de 1963. Accedió al poder en tanto no constituía ningún peligro para la vigencia de la sociedad occidental y cristiana de las cuales Perú era un heredero del cristianismo,²⁶⁵ además en dicha alianza había un sector cristiano partidarizado en la Democracia Cristiana (DC). Se trataba de una alianza que representaba a un sector de clase de la pequeña burguesía acomodada, culta. Su programa de gobierno contenía reformas claves para una transformación necesaria para el país con el fin de aliviar la crisis estructural del país. En el contexto socio-político señalado la victoria electoral de la alianza reformista no fue sino la expresión de la crisis por la que atravesaba la dominación oligárquica.

El proyecto de la alianza AP-DC fue el nuevo intento “desde arriba” que buscaba dar respuesta, desde su propia perspectiva, a los problemas pendientes en la sociedad peruana. En el período de Fernando Belaúnde se desarrollaron múltiples contradicciones. En el campo de las fuerzas antioligárquicas se diferenciaron claramente caminos y perspectivas, desde las más tibias, reformistas hasta las más populares y las más “radicales”. El movimiento campesino irrumpió con fuerza con grandes movilizaciones, con tomas de tierras, paros por habérsele incumplido la promesa de una reforma agraria, siendo un actor central en los acontecimientos sin contar; sin embargo, con expresión política propia. Nuevos grupos políticos de la izquierda marxista intentan dar respuesta a la situación por la vía de la lucha armada. 

Al interior de la alianza política en el gobierno se producen igualmente diferenciaciones importantes. Las fracciones del Estado oligárquico refuerzan sus alianzas y el antiguo partido antio-ligárquico y antiimperialista (APRA) deviene soporte básico de la oposición a la alianza reformista. La alianza APRA-Uno es la muestra más patética de la revolución política del partido aprista. A esta alianza es la que los politicólogos y sociólogos del Perú llamaron superconvivencia. El fracaso del intento reformista de la alianza AP-DC,²⁶⁶ mostró la incapacidad de la pequeña burguesía para dar respuesta, desde su propia perspectiva, a los problemas centrales que planteaba la dinámica de la sociedad peruana. Históricamente se rompen sus relaciones con el movimiento popular, en el cual se apoyaron²⁶⁷ inicialmente; se ven obligados a redefinir su proyecto político. El viraje de Fernando Belaúnde de los primeros 100 días de gobierno, al Belaúnde del Acta de Talara (1968),²⁶⁸ es una expresión clara de este desencanto como representante político de los sectores que emergen a sustituir a las fracciones oligárquicas en el ejercicio de la dominación política. La crisis política que vive el país entre 1967 y 1968 es más que la crisis de un gobierno o de un régimen, es la crisis del Estado, de sus instituciones políticas y de una clase.²⁶⁹ 

El desarrollo social y, en particular, el desarrollo de las fuerzas sociales “antioligárqicas” entraron en abierta contradicción con la estructura política, la que se torna absolutamente incapaz de contener y dar curso a las nuevas tendencias de la sociedad peruana. Las representaciones políticas de las clases dominantes no encuentran una salida que suponga niveles de estabilidad política y de solución a los problemas planteados. Los diversos sectores de las clases dominantes no consiguen, a tiempo, lograr un consenso para una salida política.

Las nuevas tendencias, que se expresan en la crisis política, atraviesan los aparatos de Estado y se manifiestan también al interior mismo de las FF. AA., la base fundamental de sustento del Estado. Nuevas corrientes sociales y políticas se desarrollan así al interior del ejército, que de “guardián de la oligarquía” se transforma en el actor central de un proceso de reformas que terminan por “liquidar” las bases sociales y políticas de las fracciones oligárquicas²⁷⁰ que en buena medida impedían la modernización de la economía. La incapacidad de los partidos de la burguesía industrialista para hacer frente a las tareas de transformación social y democratización política, la ausencia de una alternativa política nacional-popular en la coyuntura, y los cambios producidos al interior de las FF. AA. y del Ejército en particular, van a ser los factores centrales que explicarán los acontecimientos posteriores. Las principales banderas antioligárquicas fueron asumidas por sectores del Ejército iniciándose un proceso cuya significación se resume en “El Ocaso del Poder Oligárquico”.²⁷¹ Este proceso redefinirá el cuadro social y político del país.