PARTE II
EL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO Y LA OLIGARQUÍA PERUANA
EN EL SIGLO XX



CAPITULO II
PERÚ SIGLO XX. EN BÚSQUEDA DEL ESTADO-NACIÓN
Y EL FUTURO NO-DEPENDIENTE

Crisis y restauración de la oligarquía

La coyuntura creada con la crisis de los años 30 abrió una serie de posibilidades que en diversos países de América Latina significó el tránsito de la forma de dominación oligárquica a nuevas formas de dominación más depuradamente burguesas bajo diversas modalidades. El triunfo de las fuerzas reaccionarias en la coyuntura 30-33 definió el inicio de un período que restauró y consolidó la dominación oligárquica y el orden tradicional mediante el ejercicio de la violencia institucional y el aplastamiento de toda alternativa democrática. Se asentó y consolidó el modelo exportador bajo el dominio del capital extranjero lo cual limitó el desarrollo del mercado interno y la actividad industrial. Se perpetuó la dominación oligárquica sobre la base de la sobreexplotación del trabajo asalariado y la explotación de la gran masa campesina bajo formas de tipo servil.

El modelo económico implementado por las fuerzas componentes del bloque en el poder impidió, orgánicamente, generar un proyecto democrático o liberal en lo político, configurando un sistema de dominación basado exclusivamente en la fuerza, en la violencia y con muy reducidos márgenes de consenso. Las clases dominantes fueron incapaces de constituirse en partidos políticos sólidos con programa y existencia permanente²³⁶ y se expresaron, fundamentalmente, a través de las instituciones armadas y los gremios de propietarios.²³⁷ La función ideológica la asumían directamente los diarios de circulación nacional, en manos de prominentes representantes. Incapaces de organizarse políticamente en forma estable, las clases dominantes peruanas se encontraban inhabi-litadas para incorporar detrás de ellas a las masas populares para que entren en la vida política y promover así el desarrollo nacional. Los sectores mayoritarios de la población fueron permanentemente excluidos de toda forma de participación política. Los regímenes políticos que se inauguraron en este período, al margen de su procedencia —golpe de estado o elecciones— se caracterizarán, en lo fundamental, por su naturaleza autoritaria y represiva. El ejército se convertirá en el pilar central de la defensa del orden oligárquico, en “el gran elector”, y en el elemento central de la vida política del país, incluso más allá de la sobrevivencia del orden oligárquico.²³⁸ 

El movimiento popular derrotado debió recorrer varios años para recuperarse en tanto fuerza política, pues la protesta y las movilizaciones sociales parciales estuvieron presentes, en mayor o menor medida, en todo el período. El aprismo, convertido en la principal fuerza política nacional y antioligárquica, quedó imposibilitado de acceder al poder por la vía legal, lo que radicalizó al movimiento, fortaleciéndolo orgánicamente por la mística que desarrolló la persecución y la clandestinidad. El carácter restaurador y reaccionario de la respuesta política a la coyuntura 30-33 se expresará en el terreno ideológico y en el terreno institucional. Los sectores civilistas abandonarán su posición liberal para convergir con sectores del sanchecerrismo en posiciones claramente adictas al corporativismo y al fascismo imperante en algunos países europeos. Éstos serán los intelectuales y dirigentes que conformarán los equipos fundamentales de gobierno durante el régimen del general Benavides. Este personaje accede al poder luego del asesinato del presidente Luis Sánchez Cerro en 1933. Lo elige una Asamblea Constitucional depurada; los representantes al Parlamento del APRA estaban perseguidos o desterrados. El aparato estatal se adecuó, por las exigencias de mayor represión, en función de dichas orientaciones ideológicas sin conformar un régimen de claro corte fascista dada la diferencia de las condiciones del país, en ese momento, con las imperantes en Italia o en España. El Estado oligárquico modificará sus formas concretas de ejercicio de dominación política en función de la presencia de las nuevas fuerza que amenazaban su estabilidad. La violencia institucional y la coerción física asumen un nuevo carácter más sistemático y formalizado en el ejercicio del poder.

Durante el Gobierno de Benavides, se contrató una misión de la Policía de Mussolini para la instrucción de la Guardia Civil y los cuerpos de seguridad. Se creó, igualmente, un batallón de asalto, especializado en la represión de manifestaciones populares y se institucionalizó un cuerpo de investigación policial para desbaratar los movimientos de protesta popular.²³⁹ El ejercicio de la violencia, siendo fundamental, no fue el único mecanismo al que recurrieron las clases dominantes para mantenerse en el poder. La necesidad de conseguir un mínimo de aceptación llevó a la utilización de otras modalidades complementarias al ejercicio de la represión. Recurren, entonces, a la cooptación —por medio del aparato estatal— o a ganar influencia en los sectores más atrasados de las masas mediante la ampliación de algunos servicios del Estado que cubrían ciertas exigencias inmediatas. Se creó el Seguro Social Obrero con carácter obligatorio y el Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social, en el cual funcionó una Dirección de Trabajo encargada de la regulación de los conflictos laborales y del reconocimiento legal de los sindicatos.²⁴⁰ La reactivación de las actividades de exportación permitió a Benavides hacer otras concesiones frente a las exigencias de los sectores populares, como la legislación sobre las horas extras de trabajo, de los contratos y las enfermedades en el servicio. Estas medidas estaban destinadas a neutralizar la combatividad y la protesta de los sectores obreros y a impedir su organización. En estas condiciones las situaciones de crisis determinan, necesariamente, el surgimiento de las contradicciones al interior del bloque dominante. Esta situación se produjo al término del período de Benavides debido a la confrontación electoral. En 1936, frente a la crisis de las representaciones políticas de las facciones dominantes, resulta triunfador en las elecciones Luis A. Eguiguren, del Frente Democrático. Este frente agrupó a un conjunto de fuerzas democráticas; además, recibió el apoyo aprista. El general Benavides anuló las elecciones y se autoproclamó presidente por tres años más. El ejército dirime las pugnas al interior de las clases dominantes y sale en defensa del orden oligárquico. “Quedó así evidente —dice Julio Cotler— el papel de las Fuerzas Armadas como garantes del orden en vista de las fisuras políticas de la clase dominante derivadas de su heterogeneidad originadas en el desarrollo desigual y dependiente del capitalismo en el Perú”.²⁴¹ Garante del orden oligárquico y protector de los intereses imperialistas, el régimen de Benavides no se caracterizó, sin embargo, por tener relaciones muy amistosas con el gobierno norteamericano en función de sus simpatías hacia los regímenes fascistas de Italia y España.

En las elecciones de 1939 resultó electo Manuel Prado, representante de sectores más modernizantes y liberales de las clases dominantes. Su elección determinó algunos cambios en el plano interno e internacional que no llegaron a cuestionar el ordenamiento social y político imperante. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial la política peruana estaba claramente influenciada por la situación de enfrentamiento entre los dos grandes bloques que pugnaban en la contienda: “Los Aliados” y “El Eje”. El régimen de Prado, claramente identificado con los aliados, desarrolla una política de mayor subordinación al gobierno norteamericano, tanto en el plano económico como en el político. La represión al movimiento popular disminuyó y se otorgaron ciertos márgenes de actuación a las fuerzas democráticas y populares en el terreno sindical y político.

Por su parte el Partido Comunista y el APRA rebajaron su beligerancia otorgando incluso un tácito respaldo al régimen, en tanto se encuentra enfrentado al fascismo. En el período gubernamental de Manuel Prado se incrementó la actividad industrial en íntima relación con el capital monopólico estadounidense y el sector exportador. Se instalan empresas como la Goodyear y otras industrias intermedias de fertilizantes e insecticidas en función del desarrollo del sector agroexportador.²⁴² La relación estrecha entre este último sector y el sector industrial se demostró debido a que de 1941 a 1943 Luis Miranda de la Grace fuera, al mismo tiempo, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Industrias y Presidente de la Sociedad Nacional Agraria.²⁴³ Este proceso de penetración del capital norteamericano, mediante la generación de industrias cuya producción estaba orientada a la exportación, va a sentar las bases para el nacimiento de una sociedad capitalista dependiente que va encontrar resistencia en lo político por los sectores tradicionales, oligárquicos, cuya riqueza estaba vinculada más con la tierra que con la industria. Esto produjo confrontaciones o contradicciones inevitables; la oligarquía se resistía al cambio, pues tenía miedo de perder sus privilegios, principalmente el referido al poder político el cual habían usufructuado desde la colonia con cambios no fundamentales, sino cosméticos. El capitalismo y, principalmente, el imperialismo norteamericano tendrá que entender esto —pues son sus aliados naturales— y evitar de ese modo un rompimiento traumático en las estructuras de poder. Al mismo tiempo la creciente movilización popular y de sectores medios en contra de la dominación oligárquica, la derrota del fascismo y el ascenso de las democracias liberales en el plano internacional obligaron a las clases dominantes peruanas a ceder temporalmente el gobierno ante el resurgimiento y empuje de las fuerzas democráticas.

Con el triunfo electoral del Frente Democrático Nacional (1945), que llevó a José Luis Bustamante y Rivero a la Presidencia de la República, se inaugura un período democrático de tres años que significó un clima de libertad hasta entonces desconocido en la vida política del país. Convergen en el apoyo a Bustamante el Partido Aprista, el Partido Comunista, el Partido Descentralista, el Partido Socialista y otras fuerzas menores. Los dos primeros, en situación de ilegalidad, se presentaron a las elecciones con otros nombres: Partido del Pueblo y Vanguardia Socialista, respectivamente.

El gobierno de Bustamante y Rivero intentó producir algunos cambios en el país utilizando los mecanismos institucionales. Las principales fuerzas que apoyaron a Bustamante coincidieron en priorizar la estabilidad de la democracia parlamentaria por sobre los propios cambios que pudieran producirse. El Partido Aprista subordinó sus antiguos planteamientos a cambio de conseguir la legalidad y, con ella, la posibilidad de llevar a su jefe Víctor Raúl Haya de la Torre, a la Presidencia de la República. Pero las demandas-exigencias del movimiento popular, que tras varios años resurgió con fuerza, van a afectar las bases mismas de sustentación del orden oligárquico. La lucha popular termina desbordando la capacidad de dirección y genera contradicciones al interior del monolítico partido aprista.²⁴⁴ La contradicción existente entre la dirección objetiva del movimiento de masas —que se extiende esta vez hacia sectores del agro peruano— y la orientación de sus principales dirigentes crean situaciones de impases políticos para el movimiento popular. A decir de Cotler: “Pero estas exigencias populares, al atacar las bases mismas del poder de los propietarios nativos y de los enclaves, creaban una situación imposible de resolver políticamente, tal como los ulteriores acontecimientos se encargaron de demostrar. Así, una vez más, se destacó el conflicto entre el carácter liberal de la dirección del partido y las tendencias revolucionarias de la masa aprista, que anhelaba sacudirse de una vez por todas de la dominación oligárquico-imperialista”.²⁴⁵ 

El auge de las luchas del movimiento popular, así como las medidas que intentó e inició el gobierno de Bustamante —control de cambios y proceso de democratización básicamente— provocaron la reacción de las fracciones oligárquicas que, sintiendo amenazado el sistema de dominación política, inician las contraofen-sivas impidiendo el funcionamiento del Poder Legislativo. Por primera vez las fuerzas democráticas se “expresan” mediante el Poder Ejecutivo. En el parlamento, sin embargo, la correlación de fuerzas es favorable a las fuerzas oligárquicas. Ello determinó un hecho nuevo en las relaciones Ejecutivo-Legislativo: ambos poderes representan fuerzas sociales contradictorias. Las fuerzas oligár-quicas utilizan el parlamento como trinchera para obstruir y boicotear la acción del Ejecutivo; esto generó serios impases imposibles de solucionar por la vía constitucional.

La crisis política trasciende las instituciones del Estado. El movimiento popular, revitalizado, plantea un conjunto de demandas democráticas y de mejoramiento de sus condiciones de vida. Las bases del Partido Aprista presionan a su dirigencia por el cumplimiento de sus objetivos pragmáticos iniciales. Se desarrollan las contradicciones al interior de las fuerzas democráticas y el Partido Aprista produce un segundo intento insurreccional. Las fuerzas oligárquicas recurren nuevamente al ejército y a la violencia institucional. Bustamante es derrocado por un golpe de Estado (1948) que lleva al general Odría al gobierno. El ejército gran dirimente de los conflictos, sale nuevamente en defensa de las fuerzas oligárquicas amenazadas. Otra vez, el ejercicio sistemático de la violencia desarticula por varios años la capacidad de respuesta de las fuerzas democráticas y el movimiento popular.

El período de Odría significó la readecuación del país a las exigencias del capital norteamericano en función de las nuevas condiciones internacionales e internas. Se alentó e impulsó la inversión extranjera y norteamericana, en particular, la misma que alcanzó cifras antes desconocidas. Estas inversiones significaron un impulso al “desarrollo capitalista” sin producir cambios fundamentales en sus modalidades concretas de desarrollo. Aunque la actividad industrial se incrementó de manera significativa, ésta estuvo estrechamente ligada a la exportación y a la penetración del capital extranjero, desempeñando un papel fundamentalmente complementario y no antagónico al “modelo” exportador. Este último se vio fuertemente fortalecido por la política desarrollada por el gobierno de Odría.²⁴⁶ Algunos datos pueden ilustrarnos lo que acabamos de decir. Así, de 1950 a 1960 la industria manufacturera creció en el 62%; mientras la minería lo hizo en 172% y el sector exportador, como un todo, tuvo en el mismo período un crecimiento acumulado de 337%.²⁴⁷ Todo ello fue posible por las enormes facilidades otorgadas por los nuevos dispositivos legales a las inversiones extranjeras especialmente con relación a las actividades de exportación.

En 1950 se promulgó el Código de Minería; en 1952, la Ley de Petróleo y en 1955 la Ley de la Electricidad, todas ellas destinadas a facilitar y favorecer el ingreso del capital extranjero en el país. El Código de Minería, entre otras concesiones, suprimió el impuesto a la exportación, exoneró a las empresas concesionarias del pago de derechos por la importación de equipos. Asimismo, exoneró al concesionario hasta con el 50% de los impuestos a las utilidades, instituyendo la llamada Reserva por Agotamiento, y poniendo de este modo la riqueza minera del país enteramente en manos de las empresas extranjeras. En diciembre de 1951, de acuerdo con dicho Código, se firma el Contrato de Marcona (explotación de cobre a tajo abierto en la mina más importante de ese mineral, necesario para procesar material de guerra) en condiciones sumamente onerosas para el país.²⁴⁸ La guerra de Corea estaba ad portas, se habían dado hostilidades en Laos y Camboya. El cobre era necesario para una economía de guerra, así como para el armamentismo como política para reactivar el aparato productivo en los Estados Unidos. Las inversiones norteamericanas en minería, alentadas por las excelentes condiciones, crecen vertiginosamente. Entre 1950 y 1965 las inversiones directas de los Estados Unidos en minería se incrementaron en un 379%. El impulso a la minería para la exportación fue acompañado por la diversificación de las inversiones de las empresas extranjeras y de la burguesía exportadora hacia actividades industriales conexas. Al respecto, es interesante observar la ampliación industrial de la Cerro de Pasco Corporation que incluía empresas para la producción en el país de una serie de insumos tales como el alambre de cobre (INDECO), billas (pequeñas bolas) de acero (MEPSA), explosivos (EXSA), entre otras.

Estos cambios en la estructura productiva determinaron un incremento de las relaciones de intercambio acelerando el proceso de desintegración del mundo rural tradicional. Mientras en 1940 el porcentaje que la Población Económicamente Activa (PEA) en la agricultura era de 61% en 1961 este porcentaje disminuye a 49,8%. Por el contrario, el porcentaje de la Población Económicamente Activa no agrícola, en los mismos años, aumenta del 36,6% al 64,1%. Asimismo se produjo un acelerado proceso de urbanización. Mientras en 1940 la población urbana era el 26,9% de la población total, en 1961 este porcentaje aumenta al 40,1%.²⁴⁹ Este proceso de urbanización significó, fundamentalmente, una gran concentración de población en Lima y en las grandes ciudades, fruto de las grandes oleadas migratorias de la época. Según el censo de 1940 Lima tenía 645 172 habitantes, en 1956 esta cifra se eleva a 1 200 000, en 16 años la población de la gran Lima se había duplicado.²⁵⁰ En el marco de estas tendencias, durante el Ochenio de Odría se desarrolló con fuerza el fenómeno de la formación de las barriadas, alentadas por la política de obras públicas que imple-menta el gobierno. De 1950 a 1956 se forman en Lima 56 barriadas que albergan a 108 988 habitantes. La población de Lima, calculada basándose en el censo de 1940, era de 1 260 729 habitantes. Alrededor del 10% de la población de Lima habitaba en ese entonces en las barriadas. En Arequipa este porcentaje llegó a 13,45% y en Chimbote se elevó al 21,4%.²⁵¹ 

La política de obras públicas, implementada por Odría, alentó estos procesos de urbanización. Al mismo tiempo la bonanza económica, consecuencia del incremento de las exportaciones, permitió la extensión del aparato estatal. A partir de la ampliación del sector servicios, el Gobierno de Odría consigue satisfacer, en lo inmediato, algunas demandas concretas de la población. Se llevan a cabo acciones de asistencia de salud y de vivienda para los pobladores de las barriadas apoyando, además, su reconocimiento legal. En 1951 se crea el Centro de Asistencia Social, encargado de estas acciones. Estas medidas permiten al gobierno conseguir una base social de apoyo importante en estos sectores de la po-blación; había inaugurado la política del clientelismo político paternalista de manera institucionalizada. La recurrencia al asistencialismo y a una política de tipo paternalista hacia los sectores marginales se combinó con la represión violenta y sistemática a los sectores más avanzados y organizados del movimiento obrero y popular.²⁵² 

Bajo el régimen de Odría se desarrolló la represión más generalizada y sistemática que ha conocido el movimiento obrero y popular en ese período. El general Esparza Zañartu era conocido como Director y luego como Ministro de Gobierno debido a los arrestos y torturas de carácter político realizados bajo su dirección.²⁵³ No es casualidad la combinación de la violencia represiva con las concesiones económico-corporativas. Ambos métodos se presentaran como necesarios y complementarios para mantener el dominio oligárquico y del capital extranjero, frente a un movimiento obrero y popular que irrumpe contra él. Esta situación introduce modificaciones en la organización misma del aparato estatal y sus instituciones. Cobran importancia aquellos aparatos del Estado cuyas funciones estaban en relación con los llamados “servicios”: Salud, Vivienda, Educación, Transporte. Esto implicó, indudablemente, la ampliación de las funciones del Estado, así como de la burocracia a su servicio, situación que por otra parte fue utilizada para la neutralización y cooptación de sectores medios y de la pequeña burguesía.

Es de destacar, al respecto, la política educativa desarrollada por el régimen del Ochenio. Por primera vez en la historia del país se llevó a cabo una planificación de la enseñanza en todos los niveles, diseñando una organización de la educación en el ámbito nacional que significó una importante ampliación del aparato escolar.²⁵⁴ Al mismo tiempo se ilegalizan e intervienen las organizaciones gremiales de los maestros; se implementa una agresiva política de construcción de obras educativas y se mejora el nivel de ingresos de los maestros. En el período de Odría se construyen, entre otras, las siguientes obras educativas: 28 Grandes Unidades Escolares, 13 colegios Nacionales, 64 Escuelas Primarias, 65 Núcleos Escolares Campesinos, 3 Institutos Industriales.²⁵⁵ El control, la dominación política y las características que asume no son sólo respuestas frente al creciente desarrollo del movimiento popular. El desarrollo del capitalismo en el país produce igualmente, grados significativos de diferenciación en el seno de las clases dominantes.

Los sectores de la burguesía industrial, aunque débiles en el período, plantean demandas económicas que requieren alterar la política económica dominante y limitar los excesos antidemo-cráticos. La naturaleza altamente represiva y la vez “concesiva” del Estado, en el período, es una respuesta regresiva, de contención y neutralización de las nuevas tendencias y los nuevos conflictos sociales, que la estructura política fue incapaz de absorber por la vía democrático-liberal. De allí que la violencia institucional haya sido un componente esencial de su propia naturaleza. Conviene referirnos a lo expuesto por Weber respecto a la institucio-nalidad del Estado, él dijo: “El Estado, como todas las asociaciones políticas que históricamente lo han precedido, es una relación de dominación de hombres sobre hombres, que se sostiene por medio de la violencia legítima, es decir, de la que es vista como tal. Para subsistir necesita, por tanto, que los dominados acaten la autoridad que pretenden tener quienes en ese momento dominan”.²⁵⁶ 

En consecuencia, lo que estaba haciendo la clase dominante respondía a la “legitimidad” que ella consideraba tenía sobre la realidad llamada Perú. Este período será de agudas contradic-ciones entre los sectores dominantes (burguesía industrial-expor-tadora dependiente) y las clases explotadas por aquéllos. Así, a finales del período oligárquico se producen cambios importantes en la sociedad peruana. Las relaciones capitalistas se amplían orientándose progresivamente hacia el incremento de la actividad industrial. Se extiende el intercambio comercial iniciándose un proceso de desintegración del mundo rural tradicional que, junto con las movilizaciones campesinas, debilitaron progresivamente el dominio sobre el campesinado. Asimismo se generó, en este período, un proceso de migración considerable que amplía los canales de comunicación entre las diversas regiones del país. La población de las ciudades de la costa aumenta del 28% al 40% de la población total, entre 1940 y 1961. La población de la sierra disminuye del 60 al 55%, entre los mismos años.²⁵⁷ 

Al creciente desarrollo urbano se añade un paulatino, pero significativo desplazamiento de la mano de obra, de las actividades “primarias” hacia las “secundarias” y “terciarias”. De 1940 a 1961, el porcentaje de la PEA ocupada en la industria y el comercio crece de 11,5% al 13,5% en el primer caso y del 5,6 al 9,0% en el segundo; sin embargo, el incremento de la actividad industrial fue lento y deformado en función de las características del desarrollo del capitalismo, particularmente norteamericano, subordinado a la expansión del capital monopólico y a la acumulación en los centros claves en el ámbito mundial. O sea, el desarrollo y el crecimiento de una economía capitalista propia —autóctona— no constituía para la clase dirigente en el poder su centro de preocupación. Como ha sido señalado, el proceso de industrialización se encontraba íntimamente ligado a la exportación y generalmente bajo control extranjero. La participación del capital norteamericano en la industria manufacturera aumentó de 35 millones de dólares en 1960 a 92 millones en 1966.²⁵⁸ 

La libertad de cambio, las facilidades y posibilidades de inversión, así como el “orden interno” que garantizara la “paz laboral”, fueron condiciones por demás favorables para la expansión del capital monopólico en el país. Era la lógica y la época de un liberalismo “clásico” en territorio peruano (imperialista en el ámbito internacional), en un país semicolonial o neocolonial. El imperialismo estaba todavía en franca expansión (en este período), no habían arropado el mundo todavía (no ha concluido la guerra fría, no se ha producido “el triunfo del capitalismo sobre el comunismo”), no ha aparecido el neoliberalismo o el capitalismo salvaje, propio de la era de la globalización de la economía de mercado, que es la de nuestros días. La industria creció totalmente ligada a los intereses y dinámica de la acumulación imperialista de capital a escala mundial. Característica básica del proceso de industrialización en el Perú fue que no solamente no se transformó el aparato productivo exportador, sino que convivió con la gran propiedad agraria terrateniente. Buscaron, en ese sentido, la ampliación del mercado interno. Sinecio López señalará al respecto: “La industria se desarrolla entonces más sobre la base de la expansión del mercado interno. Ésta es la base material de la relación entre agrarios e industriales y de la convivencia y de la superconvivencia”.²⁵⁹ El segundo gobierno de Prado (56-62) expresó el reforzamiento de la facción financiera, nativa, ligada al capital financiero-monopólico internacional; fue el período de la actividad industrial en ascenso, y el progresivo debilitamiento de los terratenientes serranos.