PARTE I
SOCIEDAD, ESTADO Y DERECHO


CAPITULO II
LOS ORÍGENES DEL ESTADO PERUANO. LA INFLUENCIA EUROPEA

La vigencia de las castas en el gobierno y la inexistencia de un modelo demo-liberal burgués

El proceso inicial de constitución del Estado oligárquico (así denominan los estudiosos de la historia del Perú a esta etapa) puede situarse en el período posterior a la guerra con Chile (1879-1883). En este período, paralelamente a la recuperación posbélica, se constituyen diversas fracciones regionales asentadas en la agricultura (norte y sur) y minería (centro) para la exportación, así como en las actividades financiero-comerciales. La fracción agroexpor-tadora norteña asume el control de un pequeño aparato burocrático civil y militar y articula, inicialmente, el sistema de dominación política “integrando” formalmente y desde arriba una sociedad heterogénea y desintegrada.

El eje central de este sistema político fue organizar la relación de subordinación con el exterior y garantizar su propia supervivencia basándose en la reproducción de un orden económico, social y político. Ernesto Yépez dirá: “... en la medida en que los grupos nativos se encontraron débiles para incorporarse al dinamismo económico, la vía política obró como nexo capaz de vincularlos al capitalismo extranjero. De esta suerte aquella fracción de clase dominante capaz de asegurar un orden interno que pusiera la mano de obra a disposición de la explotación económica, principalmente extranjera, estuvo en condiciones de negociar dividendos de reciprocidad”.¹⁶⁸ 

Podría decirse que se trataba de un proceso simultáneo y complementario. Las vinculaciones de los propietarios agrarios de la costa norte con los circuitos financieros internos y externos, así como relaciones con las grandes empresas monopólicas les permitió mantener una existencia real, como fracción propietaria, aunque subordinada al capital extranjero. Por otro lado, y en virtud de esa situación, se encontraron en mejores condiciones —en ausencia de otra fracción burguesa más sólida— para controlar el aparato estatal central y mantener su dominio político. Su calidad de fracción políticamente dominante les permitió, a su vez, reforzar su condición de tal en el plano económico-social.

Esta fracción agroexportadora asumió el control del incipiente aparato estatal desde el gobierno de Piérola (1895) hasta el segundo gobierno de Leguía (1919-1930).¹⁶⁹ Tres de los seis presidentes que tuvo el Perú, entre 1899 y 1919, estaban directamente ligados a los intereses agroexportadores. Eduardo López de Romaña (1899-1903) era propietario de la hacienda Chucarapi; José Pardo (1904-1908/1915-1919) era copropietario de la Hacienda Tumán y Leguía (1908-1912) era accionista y gerente de la British Sugar Company, que poseía haciendas en los valles de Cañete y Nepeña. Los otros tres presidentes, Candamo, Billinghurst y Benavides, que en conjunto gobernaron menos de cuatro años, no poseían propiedades. De los tres sólo Billinghurst no fue representante político de la fracción agro-exportadora. Su victoria electoral fue expresión de la primera crisis de la República Aristocrática. Luego de un corto gobierno fue derrocado por un golpe militar.¹⁷⁰ 

En este período la fracción dominante intentó convertirse en hegemónica y se organizó políticamente en un partido. Aparece así el Partido Civil como el primer partido orgánico de la fracción dominante, cuyos orígenes se remontan al período presidencial de Manuel Prado (1872-1876) antes de la Guerra con Chile.
El civilismo se constituye en la organización política que agrupa, bajo la hegemonía agroexportadora, a un conjunto de sectores que se identifican con sus intereses y se benefician con su política. Sobre su composición social Basadre señala: “generalmente (con algunas excepciones notorias) pertenecían a este partido los grandes propietarios urbanos, los grandes hacendados productores de azúcar y algodón, los hombres de negocios prósperos, los abogados con los bufetes más famosos, los médicos de mayor clientela, los catedráticos, en suma, la mayor parte de la gente a que les había ido bien”.¹⁷¹ 
El partido civil fue el partido de los “más ricos” y los “más ilustrados”. Al decir de Jorge Basadre hacían derroche de opulencia en los grandes salones de la Lima selecta y aristocrática. De ahí que este período reciba la denominación de República Aristocrática, para designar el gobierno de una minoría, elitista y excluyente.

En función de la alianza estructural señalada y de un sistema de relaciones basado en el compadrazgo y el clientelismo, el civilismo logra atraer, igualmente, a los terratenientes provincianos configurando una sólida alianza política bajo su hegemonía.

El mismo Basadre indica al respecto: “Los grandes propietarios de provincias que obtenían representaciones parlamentarias, al amparo de la benevolencia de la Junta Electoral Nacional,, y también por su prestigio o a través de la compra de votos o de la presión social o familiar, creyeron en su mayoría más y más que era conveniente para sus intereses sumarse al partido afortunado, que, al relieve social, económico y hasta —en ciertas ocasiones— intelectual, unía el poder político seguro”.¹⁷² 

Mientras la fracción burguesa exportadora detentaba las riendas del aparato burocrático civil y militar, los gamonales ejercían el dominio político en las localidades o regiones más tradicionales del país. El instrumento institucional de esta convergencia en el aparato estatal fue la representación parlamentaria donde los “señores” locales y regionales tenían asegurado su espacio de actuación.

El carácter del sistema de dominación política en la República Aristocrática fue esencialmente coercitivo y represor —en tanto se basaba en la coacción legal y extralegal—sobre la gran masa de la población la cual se encontraba, fundamentalmente, en estado de pasividad. En este período los sectores populares recorren un proceso inicial de formación sin diferenciarse claramente, aún en el plano social, de los sectores dominantes.
La naturaleza exclusiva y elitista del ejercicio de las funciones públicas se asentaba en un sistema en el cual los márgenes de consenso (hegemonía) del poder político eran sumamente estrechos. Basta decir que hasta 1931 no existía el voto secreto, estaba reservado a los alfabetos. Hasta principios de siglo existía el voto censatario y en función de la contribución económica al fisco, en 1899 concurren a las elecciones el 1,6% de la población en edad de votar y, en 1919, este porcentaje aumenta apenas al 3%.

La estructura y debilidad del aparato estatal expresaban las características de la dominación política. El aparato militar, basado fundamentalmente en el incipiente aparato estatal central, con una trayectoria bastante anárquica de enfrentamientos entre caudillos no conformaba aún propiamente un ejército. Recién con el gobierno de Piérola se dieron los primeros pasos para la reorganización y profesionalización del ejército con la creación de la Escuela Militar de Aplicación de Chorrillos. En este período el ejército contaba con apenas 2000 efectivos.¹⁷³ 
Los aparatos administrativos tienen una existencia sumamente precaria. Capelo señala que en 1905 había en la ciudad de Lima únicamente 500 empleados públicos.¹⁷⁴ Recién en 1896 se crea el primer ministerio con funciones esencialmente administrativas, el Ministerio de Fomento. Hasta entonces existían solamente el Ministerio de Gobierno y Policía, Guerra, Hacienda y Relaciones Exteriores. El Ministerio de Justicia veía subordinadamente los asuntos de “instrucción” (educación). Esta estructura de las instituciones estatales muestra una clara preeminencia de los aparatos destinados a funciones coercitivas sobre el conjunto.
La debilidad de las instituciones estatales puso de manifiesto la precariedad del desarrollo social y político del país. La consolidación de la administración estatal supone, necesariamente, la revitalización económica, la ampliación de los grupos urbanos, la extensión de las comunicaciones y los medios de intercambio entre los distintos grupos sociales. Estos elementos harán su aparición, como proceso, con el impulso al desarrollo capitalista que significó el segundo período del Gobierno de Augusto B. Leguía.
La lucha por la jornada de las 8 horas marcó un hito en el desarrollo del movimiento popular de la época que culmina con un final victorioso en 1919. Estos movimientos estarán fuertemente influenciados por las corrientes mutualistas y anarco-sindicalistas.¹⁷⁵ 

En este período se producen, igualmente, importantes movilizaciones campesinas de carácter local contra el gamonalismo y el sistema de opresión en las haciendas tradicionales. La más importante, por su carácter regional y sus efectos político-sociales, fue la sublevación de Rumi Maqui en 1915.

Estos movimientos si bien consiguieron conquistas importantes para la época,¹⁷⁶ y logran producir efectos concretos en determinadas situaciones (movilizaciones) durante el Gobierno de Billinghurst y al inicio del segundo gobierno de Leguía, no consiguen aún vertebrar una alternativa política diferenciada ni un movimiento que altere substancialmente la situación existente. Sus efectos más relevantes se dejarán sentir en el proceso de crisis del civilismo como forma particular de expresión de la dominación oligárquica.

El civilismo como expresión política de la fracción dominante hace crisis cuando los sectores populares, principalmente urbanos, comienzan a adquirir fisonomía propia y plantean demandas económicas y políticas que la estructura política cerrada y absolutista es incapaz de absorber.