PARTE I
SOCIEDAD, ESTADO Y DERECHO


CAPITULO I
NACIMIENTO DEL CAPITALISMO
(CONTINUACIÓN)

C) La revolución francesa

La economía política burguesa (liberalismo clásico) alcanzó su madurez con las obras de Adam Smith y David Ricardo, fundadores de la escuela clásica inglesa. Con la aparición de la obra capital de Adam Smith, Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones (1776) la economía política burguesa de Inglaterra se manifestó como una rama científica completamente articulada.

Las concepciones generales de Adam Smith las concibió sobre la base de las ideas progresistas del siglo XVIII con todas sus ventajas e inconvenientes. Smith aparece como el economista que abarcó en su conjunto el período de la manufactura. En su doctrina se entrelazan elementos científicos y vulgares.
Recordemos que en la segunda mitad del siglo XVIII Inglaterra se transformó rápidamente de nación agraria en industrial. Adquirieron amplio desarrollo la industria lanera y, sobre todo, la algodonera y la metalurgia. También tomó gran incremento la industria de construcciones navales. Inglaterra superó a todos los demás países en el desarrollo capitalista de la industria. Surgieron centros industriales urbanos, creció rápidamente la población de las ciudades, se formó un numeroso proletariado industrial, se ensancharon y consolidaron las relaciones comerciales y monetarias y se creó un mercado interno que ofrecía grandes posibilidades para el capitalismo industrial.

En la agricultura tenía lugar también un impetuoso proceso de desarrollo capitalista. Todos estos cambios económicos crearon la necesidad de transformar la política económica. Para la burguesía de 1789, en Francia, los Estados Generales, tal como estaban diseñados, significaban su derrota en la medida que sería la aristocracia quien vencería. Por ello, su ascenso al poder era vital si querían perdurar como sector hegemónico. Así lo hicieron.

De ayuda fundamental para ello fue el panfleto El Tercer Estado de Sieyés que, en estilo netamente político, desdeñaba el rol social de la aristocracia. Decían de él “cuerpo extraño a la nación por su holgazanería, extraño por sus privilegios civiles, que hacían de él un pueblo aparte, un imperio en un imperio”. Respecto al Tercer Estado decían “ abraza todo lo que pertenece a la nación y todo lo que no es el Tercer Estado no puede mirarse como siendo de la nación. ¿Qué es el Tercer Estado? Todo”.47 En una rápida sucesión de hechos la burguesía francesa logró poner a los Estados Generales contra el rey, la elección masiva de representantes del Tercer Estado y doble representación con relación a los otros estamentos.

El Tercer Estado, al que se suman varios miembros del clero pobre, se convierte sucesivamente en Asamblea Nacional y en Asamblea Constituyente, en un lapso de sólo 10 días en junio de 1789. Después de varias escaramuzas el rey legalizó estos hechos viajando de Versalles a París y siendo recibido por Bailly y La Fayette, alcalde revolucionario de París y jefe de la Guardia Nacional Revolucionara, respectivamente. 

La revolución se extendió pronto a las provincias, una nueva administración regional se formó por doquier y poco a poco los nobles fueron entregando sus puestos a la burguesía que tomaba los gobiernos locales. El pueblo también iba imponiendo sus banderas en materia de no pago de tributos y control de la venta de granos y pan. El programa y los medios los implementó la burguesía, elegido por el pueblo los Estados Generales y revolucionariamente victoriosa sobre la aristocracia al convertirse de Tercer Estado en Asamblea Nacional, se caracterizó por un marcado reflejo de sus intereses, reprimiendo al pueblo, sin cuya ayuda, en los momentos anteriores, no hubieran podido culminar su toma del poder.48 

Tal vez la primera medida fue la del 13 de julio de 1789, el día antes de la Toma de la Bastilla, cuando ante el peligro de las fuerzas realistas se decidió formar la Guardia Nacional, primer represente armado de la revolución. Su composición fue estrictamente clasista lo que demuestra, por un lado, el recelo de la burguesía contra el pueblo y, por otro, el carácter eminentemente dirigente de la burguesía. 

D) La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.49 El Estado-Nación50 

Desde la perspectiva de analizar la revolución del Estado moderno, y sus logros positivos, es interesante ver cómo en los dos primeros años de la Revolución Francesa la burguesía va definiendo un esquema político que sirve a sus intereses y que destruye el Estado absolutista. Pero que no lo convierte en un Estado democrático como hubiera correspondido idealmente a su alianza con el pueblo.

La transformación del Tercer Estado en la Asamblea Nacional es trascendente porque a diferencia de los antiguos Estados Generales que carecían del poder de decisión soberana y sólo podían solicitar al rey determinadas reformas, la asamblea de diputados, en el derecho público, nacido de la revolución, expresa directa y soberanamente la voluntad de la nación.51 A este respecto la naturaleza de la asamblea de representantes se vio completamente transformada el mismo día en que los Estados Generales de 1789 se transformaron en Asamblea Nacional. De simples negociadores que eran cercan a la realeza, los diputados se convirtieron en un cuerpo soberano, que delibera y decreta por cuenta de la nación. La asamblea de diputados tomó el sitio del rey en cuanto al ejercicio de la soberanía.52 

La burguesía tuvo la necesidad de recoger, en el ámbito jurídico, los logros que iba obteniendo rápidamente en el terreno fáctico. Esto la obligó a pensar en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, texto principista que se enfrentaría, al menos teóricamente, a todo gobierno (inclusive el real); además, a darse una Constitución que estatuyera con claridad las reglas de juego que le convenía: ni la realeza con poder absoluto, ni la aristocracia con privilegios, ni el pueblo con su fuerza masiva controlando el Estado. El resultado fue el equilibrio. Hoy sería el consenso. Los hechos demostraron, durante los primeros años que, como monarquía institucionalizada y habiéndosele privado de poderes políticos a la aristocracia, la burguesía era capaz de imponer su programa político. Es decir, que mientras las formas anteriores de organización del poder (incluidos los Estados Generales) eran inadecuadas para ella en la medida que significaban la constante amenaza de que las otras dos partes retomaran sus prerrogativas, el régimen constitucional establecido le daba una cómoda capacidad de definir los asuntos a su favor, sin agitar demasiado las fuerzas internas, especialmente a su aliado, el pueblo, que podría rebasarla dentro de un modelo abiertamente democrático como el que proponían los discursos y el propio Rousseau.53 

Es por ello que ya en 1791 el pueblo francés no goza ni de libertades democráticas ni del derecho al voto universal. Por el contrario, el mecanismo de elección de representantes fue restringido a los burgueses o propietarios ricos, que de esa manera, pasan a monopolizar buena parte de la decisión y, además, los cargos del Estado. El “voto censatario”, tal como se le ha dado en llamar54 es así una institución política que responderá específicamente a los intereses de la burguesía para mantener el control del Estado frente al pueblo mayoritario, en la medida que si se instituía el voto universal probablemente las contradicciones internas existentes en la sociedad la habrían marginado del poder. Este sistema se complementa con la teoría de la representación nacional ardorosamente defendida por Sieyés. Él mismo, poco tiempo antes, hacía loas a todo el Tercer Estado y de ello resulta que “los electores no votan como ciudadanos que ejercen un derecho individual en su propio nombre, sino como funcionarios llamados por la nación a elegir en nombre de ella y por su cuenta”.55 

En el terreno de las medidas concretas también son derrotados el pueblo y aristocracia. Esto porque el liberalismo, ya asentado en las decisiones de la Asamblea Constituyente,56 destruye el orden de privilegios anteriormente existente. Asimismo instaura un conjunto de reglas económicas (libertad de comercio e industria, sacralización de la propiedad, etc.) que permiten un campo de acción en el que la burguesía no puede tener un competidor en la aristocracia ni por aptitudes, ni por trayectoria, ni por concepciones ideológicas.

El pueblo se siente derrotado en la medida que la liberalización de la vida económica destruye a la vez los contrafuertes que, dentro del orden feudal previo, lo defendían parcialmente en su precaria situación económica y no gana nada a cambio: los campesinos pierden el usufructo de las tierras comunes que pasan a ser cercadas por propietarios individuales, la libertad del comercio de granos significa un duro aumento del costo de vida,57 lo que perjudicó a grandes masas y beneficiaron a unos pocos especuladores; el trabajador urbano recibió los perjuicios adicionales, la destrucción de los gremios y de la finalización de los talleres de caridad sin compensación correspondiente.

Finalmente, la burguesía se da cuenta que necesita un cuerpo armado y represivo de sus propias filas, que combata contra las tropas aristocráticas y contra el pueblo que se agita. Por ello forma una Guardia Nacional estrictamente burguesa, por su extracción.58 Podemos decir que en esta primera etapa la revolución la hizo la burguesía apoyada en el pueblo contra la aristocracia. En el camino la burguesía demuestra su capacidad de líder al imponer un régimen político propio, frente a una aristocracia decadente y a un pueblo aún incapaz de lograr su liderazgo autónomo.

E) El Directorio. Los excesos

Varios factores desencadenaron la polarización de la revolución. En primer lugar, el pueblo y la burguesía francesa temían que las monarquías europeas invadiesen el país y tomaran una venganza ejemplar contra los revolucionarios. Esto cobra especial dramatismo con la frustrada huida del rey y su nueva captura en Varennes, además del descubrimiento de documentos secretos de Luis XVI que lo comprometían contra la revolución. Luego de muchas marchas y contramarchas será la rebelión popular la que saque a la familia real de Versalles y la lleve finalmente a la guillotina el 21 de enero de 1793.

Un segundo factor son las contradicciones que aparecen en el seno de la burguesía entre jacobinos o montañeses y los girondinos. Los primeros, con Robespierre a la cabeza, reivindicaban los derechos políticos del pueblo; los segundos, temían al pueblo y defendían a la monarquía.

Todas estas contradicciones se fueron agudizando en un clima de grandes movilizaciones y en medio de un gran drama económico y social de las mayorías populares. Aunque en aquella época todavía no había partidos políticos, apareció una nueva forma de organización del pueblo: los clubes. Roberpierre, ante la escasa fuerza que tenían los jacobinos dentro de la Constituyente, planteó una alianza con los clubes para, desde las calles, destronar a la monarquía y barrer a la gironda del poder político. Por ello, elaboró un programa que incluía la desaparición de la monarquía, el sufragio universal y el llamado a una Convención (Asamblea legislativa que modificara la Constitución de 1791). También propuso una serie de medidas económicas destinas a limitar la libertad de comercio que había establecido la gironda y a establecer un sistema de reajuste entre salarios y precios que se llamó el máximum.

El régimen político resultante fue totalmente distinto al que se preveía por las diversas partes tan sólo un año antes. El rey había muerto, los girondinos habían caído y muchos seguían el camino a la guillotina. El pueblo luchaba por un gobierno democrático y por pan; por ello habían, finalmente, institucionalizado a los jacobinos con sus movilizaciones. A su turno Robespierre se había consolidado e iría definiendo un régimen que reprimía las libertades, que contemporizaba con la burguesía y que le obligaría a reprimir a todos por igual, inclusive a sus aliados populares, los sansculottes.

En términos militares Robespierre disciplinó al país y logró hacer el primer Ejército Nacional.59 Levó en masa y compensó la inexperiencia guerrera de su pueblo con el número. Opuso masas armadas a ejércitos regulares de escasa magnitud y venció. Sin embargo, hubo de someter al país a un gran sacrificio, desde el punto de vista de satisfacción de las necesidades básicas, especialmente urgentes en aquella época: el abastecimiento del Ejército significó la necesidad de imponer una férrea disciplina interna tanto desde el punto de vista de producción como de salarios y entrega de alimentos a los soldados y al pueblo. Entre ambos era evidente que había que favorecer a los primeros, quienes defendían a la Nación en las fronteras.
Por lo tanto, las necesidades económicas de la guerra le quitaron el apoyo popular. En las ciudades el control de precios y el racionamiento benefició a las masas, pero la correspondiente congelación de salarios las dañó. En el campo el requisamiento sistemático de alimentos (que los sansculottes urbanos habían promovido como bandera principal) retiró el apoyo del campesinado.

Estas contradicciones programáticas hicieron crisis alrededor de marzo de 1794 cuando la inflación contenida hacía necesario instaurar un proceso crecientemente represivo contra fabricantes, comerciantes y campesinos. Éstos empezaron a evadir la ley del máximun y los sansculottes reaccionaron violentamente. Los líderes populares anunciaron nuevas insurrecciones, por ello fueron apresados y ejecutados a fines de marzo de 1794. Crossman califica así el intento de Robespierre: “... lo que resulta ciertísimo es que los propósitos económicos y los constitucionales que mantenían los jacobinos eran incompatibles. La propiedad privada y el crédito público exigían el predomino de la burguesía conservadora y no del pueblo. Robespierre, soñando con una sociedad libre de capitalismo en pequeña escala, se vio obligado, para poder introducir su constitución inaplicable, a minar el capitalismo y para tener con qué alimentar a las masas tuvo que recurrir a la inflación de la moneda, mientras combatía las exigencias socialistas de la comuna, defendiendo los intereses de la burguesía”.60 

En este punto, el régimen político había asumido varias características distintas: era un gobierno fuertemente dictatorial basado en el predominio de los comités, especialmente el de Salvación Pública y, dentro de él, de Maximiliano Roberspierre. Este comité estaba teóricamente sujeto a la Convención, detentadora de la representación del pueblo en el ejercicio de la soberanía, pero compuesta por una minoría jacobina y una mayoría de “La llanura” que representaba los intereses de la burguesía.

Originalmente los jacobinos se habían impuesto a la “llanura” y a los girondinos (defenestrados físicamente de la Convención), mediante el recurso al pueblo rebelde; pero, poco a poco, habían tenido que rendirse en el juego de equilibrio a favorecer los intereses de la burguesía con medidas de represión popular. Robespierre necesitaba mantener la disciplina y la eficacia para lograr la victoria militar contra los enemigos de la nación.
A fines de junio de 1794 la victoria de Fleurus liberó a Francia de las tropas extranjeras, Bélgica fue reconquistada, Italia estaba amenazada, Polonia se había sublevado y Prusia negociaba con Francia para dirigir todos los esfuerzos hacia el este. Amberes y Lieja capitularon el 27 de julio de 1794. Ese mismo día, luego de haber pedido nuevos poderes represivos, Robespierre caía en la Convención. Al día siguiente era ejecutado y lo seguirían 104 jacobinos más. El pueblo no protestó.

Luego se desencadenó la represión y el desmantelamiento de los clubes y organizaciones revolucionarias las cuales, habiendo dado la victoria inicial con sus movilizaciones, ahora estaban sin líderes y desarticulados. La burguesía encontró el camino a medio hacer con la caída de Robespierre. El pueblo desarmado, los enemigos vencidos y el país nuevamente en sus manos. Había que consolidar un nuevo régimen.

Terminado el peligro de invasión por las potencias hostiles ya no era necesario mantener un gobierno dictatorial, ni restringir, como lo había hecho el Comité de Salvación Pública, las libertades políticas y económicas. En esa ruta se desmontó el régimen político de los últimos dos años y con ello cayeron la Constitución de 1793, la ley del máximum, los clubes populares (incluyendo al de los jacobinos), el gobierno fuerte se guillotinó con Robespierre. Liberada de las presiones de la guerra, y sometida a su propia ideología liberal, que propugnaba el desarrollo de la libertad de comercio y de empresa, la burguesía de la Convención había retomado el camino de alzarse con el poder contra el pueblo imponiéndole sus planes originales de gobierno. Por ello, salvo los grandes consumidores, el pueblo empezó a sentir el peso terrible de la miseria. Y es así cómo en mayo de 1795 se produce la última gran rebelión popular de los sansculottes contra la política de la Convención.

La historia nos enseña que el pueblo fracasó luego de esta jornada de 4 días; cuando la insurrección se apaciguó la Convención tomó medidas policiales para restaurar el orden, saldar viejas cuentas y prevenir un estallido posterior. Ocurrieron arrestos y ajusticiamientos masivos de miles de personas ligadas al pueblo. Impusieron el terror blanco (terrorismo de Estado). La burguesía francesa había ganado la batalla y con ello debía separarse de ese aliado “enojoso”. Esto exigía borrar de la vida Constitucional los atrevimientos democráticos de la Constitución Jacobina de 1793 y restaurar “las cosas en su lugar”. Esto se hizo con la Constitución de 1795 la cual fue aprobada por la misma Convención que aprobó la de 1793.

En lo electoral, la Constitución de 1795 se propuso: “... suprimir la democracia política, y con ello la democracia social. El sufragio universal desapareció, una contribución directa cualquiera bastó para ser ciudadano activo,61 pero para ser elector era necesario ser propietario o locatario de una tierra o una casa de valor variable, según las localidades. En manos de estos electores, aproximadamente veinte mil, el predominio de los “notables” parecía asegurado”.62 

El pueblo volvía a su lugar en lo que a derechos se refería en la medida que no tendría derecho a votar. También desaparecería el derecho la insurrección, consagrado en la Constitución de 1793 y que tantos efectos había tenido por aquellos años, especialmente a favor de la burguesía.

Con el fin de servir de freno a la actividad legislativa, la Asamblea se dividió en dos Cámaras: un Consejo de los Quinientos, compuesto por personas de más de 30 años con poderes de iniciativa en legislación, y un Consejo de Ancianos, compuesto por 250 miembros de más de 40 años, con poderes para transformar en leyes las “resoluciones” de la otra cámara. El poder ejecutivo residía en un Directorio de cinco miembros, cada uno de los cuales ejercía el cargo durante cinco años. Se restauraba la separación de poderes de forma que los cinco directores, si bien eran nombrados por los Consejos, no podían pertenecer a ellos, ni presentar las leyes.63 

Estas normas se complementaron con otras dos: en primer lugar, y con el fin de evitar el peligro de un levantamiento realista, la Convención decretó que en las elecciones por venir dos tercios de los diputados en la nueva legislatura procedieran de entre los miembros de la misma Convención, de tal manera que el poder quedara en manos de ellos, y no de “advenedizos”.

En segundo lugar, el Directorio se renovaba cambiando anualmente a uno de sus miembros de tal manera que no tendiera a perpetuarse en el poder, o asumir posiciones dictatoriales, tal como había sucedido en el caso del Comité de Salvación Pública de Robespierre.

La Convención estaba contra el pueblo, pero también contra los monarquistas que, después de todo, querían el regreso de un rey, el retorno de los privilegios aristocráticos y una serie de medidas reaccionarias en el sentido más estricto del término, que incluirían sanciones contra los miembros de la propia Convención quienes habían ejecutado a Luis XVI. En vista de la situación caótica que se estaba produciendo por el manejo económico liberal y por el hambre popular, los monárquicos buscaban recuperar posiciones.
En octubre de 1795 los monárquicos organizaron una rebelión contra la Convención liderando a grandes grupos populares los cuales, aunque no masivos, estaban bajo su comando. Esta situación hizo que Barras, a quien se había concedido el mando de las tropas en París, llamó en su auxilio al general Bonaparte, quien se encargó de aplastar la rebelión.64 

Atacado en todos los frentes, el Directorio se volvió contra los monarquistas y aristócratas quienes eran su mayor peligro. Sólo le quedaba recurrir al pueblo o a los militares. Desechando al pueblo, su único recurso era el ejército, y dentro de él Bonaparte.

Así llegó Napoleón Bonaparte como dueño de la Francia de 1800. Fue una maniobra más de la burguesía que, enfrentada a su propia incapacidad de lograr un gobierno fuerte y estable que la defendiera de los monarquistas, dio todo el poder político a un hombre de uniforme: Napoleón Bonaparte.

F) Napoleón

Napoleón Bonaparte no dio un golpe de Estado sino que fue llamado a gobernar por conspiradores dentro del propio gobierno (Directorio y Asamblea). Bonaparte estableció un régimen de gobierno que, modificando la naturaleza de algunas de las piezas ideadas por Sieyés, dio una tónica distinta más dictatorial y personalista en sus momentos iniciales. Los rasgos fundamentales de la Constitución de 1799 fueron los siguientes:

1. Un poder Ejecutivo compuesto por tres cónsules. Había un Primer Cónsul (Napoleón) quien era elegido por un período de diez años; era responsable del nombramiento de ministros y funcionarios y tenía exclusivamente la capacidad de iniciativa legal previa consulta al Consejo de Estado, nombrado por él mismo.
Los otros dos cónsules tenían función simplemente consultiva en todos los demás asuntos no reservados al poder exclusivo del Primer Cónsul. De esta manera, Napoleón Bonaparte nombraba a todos los funcionarios más importantes de la República y detentaba la capacidad de definir, ante sí y en algunos casos con la opinión de los otros dos cónsules, todas las decisiones importantes del Gobierno.

2. El Senado Conservador compuesto por un total inicial de 60 miembros elegidos por el Senado mismo y cuyas funciones, entre otras, eran: nombrar a los miembros del Cuerpo Legislativo, del Tribunado, a los Cónsules y revisar los proyectos de Ley objetados de inconstitucionalidad que le sometan el Gobierno o el Tribunado.

El procedimiento de elección del senado fue el siguiente: primero, y por mandato de la Constitución de 1799, se reunieron los dos directores salientes (que confabularon con Napoleón para llevarlo al poder) Sieyés y Roger Ducos con el segundo y tercero cónsules del Ejecutivo de Napoleón (nombrados por la propia constitución) Cambéceres y Lebrum y entre ellos nombraron la mayoría del primer Senado. Luego se reunió éste y completó sus plazas. En adelante los nuevos miembros serían elegidos por el propio Senado, a partir de candidatos presentados por el Cuerpo Legislativo, por el Tribunado y por el Primer Cónsul.
3. El Poder Legislativo estaba compuesto de dos partes: a. El Tribunado, conformado por cien miembros, que discutían los proyectos de ley sometidos por el Primer Cónsul; y, b. El Cuerpo Legislativo compuesto por trescientos miembros.

Finalmente, elegir y ser elegido eran derechos separados: habían asambleas comunales (en las que existía sufragio universal) que elegía una lista de notables que conformaban la lista departamental. A su vez, las listas departamentales elegían de entre sus miembros a la lista nacional. Era de esta lista de notables comunales, departamentales y nacionales que se escogía a todos los funcionarios, sea por el Primer Cónsul, sea por el Senado, según sus atribuciones. Mediante este complicado procedimiento se aseguraba que el pueblo tuviera derecho al voto; pero que los “elegibles” a los cargos fuesen los componentes de la burguesía. Sin embargo, eso no fue todo: los primeros miembros de las asambleas (Senado, Tribunado y Cuerpo Legislativo) y los primeros funcionarios regionales fueron elegidos sin que hubiera listas debido a que éstas se confeccionaron al año siguiente.

La Constitución de 1799 fue sometida a plebiscito en febrero de 1800 y fue aprobada por tres millones de votos a favor y cincuenta mil en contra.65 Napoleón Bonaparte, durante su Gobierno, fortaleció la producción nacional mediante el largo bloqueo que impuso a Inglaterra. Este mecanismo significó que los productos franceses pudiesen circular en el amplio imperio que llegó a tener sin la competencia de la floreciente industria inglesa, todo lo cual le permitía un cómodo colchón “proteccionista” para crecer.66 Por otro lado, las conquistas napoleónicas sirvieron para financiar los ejércitos (que antes dependían de los recursos de los propios franceses)67 y también para el sostenimiento de la economía nacional con los botines, cupos de victorias, requisamientos, entre otros procedimientos.

Los franceses pobres y muchos conscriptos de los territorios vencidos fueron a luchar en las guerras de expansión. La burguesía —como hoy— no derramaba su sangre, pero lucraba de todos los beneficios antes mencionados. Lo propio ocurrió en el ámbito de la formalización del nuevo derecho en las relaciones sociales. Francia y Napoleón, en particular, querían perdurar a través de un cuerpo legislativo que encarnara la revolución, ese cuerpo jurídico fue el Código Civil llamado también Código de Napoleón, que ha tenido y aún tiene gran trascendencia y perdura en las legislaciones civiles de occidente, principalmente en los países que siguen la tradición jurídica romano-germánica o civil law (el derecho civil continental europeo). Perú es uno de ellos.68 

El Código Civil representó, más allá de una indudable contribución a la legislación civil, un instrumento de consolidación del emergente imperialismo francés. No todos fueron vientos favorables para esta alianza entre el militarismo y la civilidad representada por la burguesía. Pues si bien es cierto la burguesía mantuvo los cargos originales del Gobierno, pasó poco a poco a tener el papel de instrumento de un emperador que se fortalecía y adoptaba una línea cada vez más personalista en materia de organización del Estado y de objetivos personales y guerreros. Lo que fue generando en la burguesía un inconformismo con esta alianza.
A este inconformismo burgués se sumó la gran coalición militar europea contra Napoleón: 

“Alzamiento contra la dominación francesa porque era una dominación extraña; lucha por lo propio. Es un alzamiento que arranca de los más profundos estratos, espontáneo e irracional; que no tiene en cuenta ventajas ni perjuicios materiales. España rechaza progresos tangibles aportados por los franceses y lucha por su antigua y degenerada anarquía; la invasión a Rusia se estrella no sólo contra el general invierno, sino contra el alma rusa, y en Prusia se alza el pueblo por el rey y por la Patria.

Napoleón cae, su imperio europeo se derrumba derrotado por el sentimiento de la peculiaridad e independencia estatales que penetra los pueblos y que las antiguas potencias dinásticas saben llevar al triunfo. Por toda Europa se alza una oleada irresistible, y se forma una coalición que derrota la que había intentado ordenar y regir a Europa”.69

En situación militar desesperada, y habiendo perdido la mayoría de sus conquistas, el Napoleón de 1814 no consiguió que la burguesía francesa financiara sus ejércitos con impuestos ni tampoco que el pueblo aceptara ir a combatir. Perdió terreno y empezaron las traiciones las cuales culminaron el 20 de abril de 1814 con el retiro de Napoleón. Napoleón cayó. Waterloo no fue sino el fenómeno, pues detrás había un país cansado que buscaba el descanso. Era hora de cambiar de hombres manteniendo el poder de la clase hegemónica durante los últimos 25 años.

Luis XVIII70 había aprendido que regresar al antiguo régimen era imposible, aprendió que tendría que gobernar con la burguesía, y regresó al poder, por tiempo más largo que la primera vez, el 8 de julio de 1815, gracias a la nueva Constitución de 1814, que puede resumirse en lo siguiente71 :

1. La cabeza del Ejecutivo es el Monarca, quien es el jefe supremo del Estado, comanda las fuerzas armadas, declara la guerra, hacía los tratados de paz, de alianza y de comercio, nombraba a todos los empleados de la administración pública y hacía los reglamentos de las leyes. Tiene ministros, que son los responsables políticos, pudiendo ser acusado por las cámaras por delitos de traición y concusión. Asimismo, están obligados a presentarse antes ellas cuando lo soliciten para tratar asuntos políticos a su cargo. 

2. Un poder Legislativo compuesto por dos cámaras: la de los Pares y la de los Diputados de departamentos.
La Cámara de los Pares es nombrada por el rey a su voluntad. La familia real forma parte de ella por derecho de nacimiento y el número de sus componentes es ilimitado. Aparte de sus funciones legislativas, tiene la atribución de conocer los crímenes de alta traición y los atentados contra la seguridad del Estado.

3. La Cámara de los Diputados de Departamentos está compuesta por representantes elegidos por los colegios electorales, en los que votan quienes pagan trescientos francos de contribuciones directas y tienen más de 30 años. El rey puede disolver esta cámara, pero debe convocar a nuevas elecciones dentro de los tres meses siguientes. La iniciativa en materia de formación de las leyes pertenece al rey, el que las somete a ambas cámaras para su aprobación, y luego, es también él quien las promulga. Otras medidas que caracterizan esta constitución fueron: 

La garantía de la deuda pública.

El mantenimiento de la Legión de Honor formada por Napoleón; y,

Las normas sobre la nobleza que garantizan sus títulos tanto a la antigua como a la nueva nobleza. También se señala que el rey puede hacer nobles a su voluntad.

En materia de derecho se garantiza la igualdad ante la ley, la contribución a los gastos estatales en proporción a la fortuna, la igualdad de acceso a los empleos civiles y militares, la libertad individual de acuerdo a lo que señale la ley, la libertad de culto (aunque se reconoce a la religión católica, apostólica y romana como religión oficial72 ), el derecho de libre opinión y de prensa. Finalmente, se garantiza la propiedad que es inviolable sin excepción alguna, salvo la expropiación por razón del interés público, legalmente probado y previa indemnización.

Podemos apreciar, a partir de esta breve descripción, los rasgos esenciales de la monarquía restaurada en Francia.73 Desde el punto de vista de los derechos acuñados por la burguesía puede decirse que la constitución los recoge y consagra en esencia, inclusive, el de la propiedad, que aún podría presentar problemas por las tierras tomadas de la vieja aristocracia del antiguo régimen. Desde este punto de vista la Carta de Luis XVIII es esencialmente burguesa y también lo será su política, al menos en los primeros años.

Paralelamente, desde el punto de vista social, la constitución mantiene los rasgos esenciales del Estado burgués al no reinstaurar las órdenes, ni los privilegios, ni las otras diferencias. Todos los franceses, ante la ley, seguirán siendo iguales, y también tendrán libre acceso a los cargos públicos. Naturalmente, como Borbón que era, Luis XVIII reconoció los títulos de la antigua nobleza; pero también lo hizo con la nueva y con instituciones como la Legión de Honor, herencia de la era napoleónica. El rey podría nombrar nobles a su voluntad, pero ello no tendría, desde el punto de vista jurídico, un carácter similar al que tenía en el antiguo régimen ya que todos, como hemos dicho, eran iguales ante la ley y el carácter de la nobleza sería esencialmente honorífico.

En materia de régimen político, la situación era menos despótica que en la era napoleónica. Luis XVIII era rey por derecho divino y la monarquía sería hereditaria. También lo había sido en el caso de Napoleón. Pero en materia de poder Legislativo, volvía el régimen de diputados elegidos (ya no de tribunos y miembros del cuerpo legislativo nombrados por el Emperador) y a sistemas como el de la responsabilidad ministerial, que permitían un control mayor del gobierno por la asamblea.

Finalmente, se volvía al sufragio censatario luego de haber pasado por el sufragio universal de Napoleón, pero con una diferencia sustancial: mientras en el Imperio los votantes proponían nombres que luego servían para elegir los cargos, ahora quienes votaban elegían representantes de ellos mismos ante la Cámara de los Diputados de Departamentos. Desde el punto de vista constitucional el régimen adoptado a partir de 1814 resultaba una nueva metamorfosis de la idea burguesa de gobierno esta vez unida a la monarquía de viejo cuño, pero que también había sido ablandada y obligada a transigir por los hechos de los últimos veinticinco años.

Según Hobsbawm,74 la nueva oleada revolucionaria de 1830 derrota definitivamente al régimen aristocrático en Europa occidental, pasando a ser la gran burguesía de banqueros, industriales y, a veces, empleados públicos de alto rango, todos por el principio del sufragio universal. Pero más allá aún las revoluciones de esta época marcaron cambios cualitativos a diversos niveles de las realidades nacionales y de la Europa en su conjunto. Así, varios cambios ocurrieron en el campo del pueblo.

En primer lugar, reaparecieron las masas. A diferencia de los años previos en que el movimiento insurreccional estaba confinado a sociedades secretas que tenían escasa influencia y posibilidad, ahora las masas resurgían en las calles y en las barricadas: la lucha del pueblo podía volver a organizarse en gran escala y, además, denotaba cierta planificación aun cuando su revolución fuera aprovechada una vez más por la burguesía.
En segundo lugar, estos grandes grupos humanos no estaban conformados ya por los antiguos sansculottes, mezcla de artesanos, tenderos, empleados y desempleados. El movimiento proletario avanzó en organización y en lucha abierta contra el sistema. Aquí están los “cooperacionistas”, los “cartistas”, los “babounistas”, los “blanquistas”, etc. En todos ellos hay mucho de clandestinidad y los conatos de rebelión ocasionales. Hay falta de liderazgo consolidado y sólo existía embrión de conciencia de clase, que no puede compararse a la mayor conciencia desarrollada por la burguesía. Después de todo, la burguesía tenía varios decenios de existencia y de lucha, en tanto que el obrero es nuevo en el ámbito económico y recién está saliendo de la condición de maestro, de artesano o de campesino, que son las fuentes principales de donde nace el trabajador fabril.

Con el ya perceptible progreso del capitalismo, “el pueblo” y los trabajadores, es decir, los hombres que construían barricadas, pudieron identificarse crecientemente con el proletariado industrial como “la clase obrera”. A partir de allí empezaría a nacer la ideología y la organización de los movimientos socialistas obreros: los gremios parisinos de 1832 y los grandes movimientos obreros que dirigieron Owen y el Cartismo en Inglaterra. Sin embargo, en conjunto no llegan a formar sino una corriente de pensamiento que tiene grandes diferencias en su interior, pero que se oponen a la sociedad capitalista que insurge. Tal vez su diferencia más notable con el socialismo que Marx funda posteriormente está en que no tienen un cuerpo teórico que permita una interpretación rigurosa del proceso histórico y de las contradicciones intrínsecas del capitalismo, lo que a su vez los lleva a ser más pensadores y moralistas que políticos que se fijen como objetivo la toma del poder.

La primera mitad del siglo XIX fue trascendental en la historia de la humanidad y para Europa en particular. En dicho período el feudalismo fue sustituido por el capitalismo que de elemento aislado en el seno del régimen feudal se convirtió en una formación económico-social. Entre 1830 y 1840 se desarrolló en Inglaterra el primer movimiento proletario de masas: el cartismo. Los cartistas no poseían todavía una ideología socialista, pero llevaron a primer plano la lucha política y crearon las bases de la prensa proletaria.
Al caracterizar el movimiento obrero de aquella época se puede subrayar, especialmente, la sublevación de los obreros textiles de Lyon. Éstos después de una lucha armada que duró tres días se adueñaron de la ciudad. Aunque la sublevación fue sofocada rápidamente causó una profunda impresión en todas las clases sociales de Francia. Su importancia histórica consistió en que evidenció la aparición en la historia universal de una nueva fuerza: la fuerza trabajadora. A la rebelión de Lyon siguieron en otras ciudades de Francia sublevaciones obreras muy importantes. Fueron ellas las que prepararon a la clase obrera para la revolución de 1848 en la que, por vez primera, actuó como un todo homogéneo, con intereses propios. Engels, refiriéndose a la clase obrera de este movimiento, escribirá: 

Sus teorías incipientes no hacen más que reflejar el estado incipiente de la producción capitalista, la incipiente condición de clase. Se pretendía sacar de la cabeza la solución, de los problemas sociales, latente todavía en las condiciones económicas poco desarrolladas de la época. La sociedad no encerraba más males que la razón pensante era la llamada a remediar. Se trató de descubrir un sistema nuevo y más perfecto de orden social, para implantarlo en la sociedad desde fuera, por medio de la propaganda, y a ser posible, con el ejemplo, mediante experimentos que sirvieran de modelo. Estos nuevos sistemas sociales nacían condenados a moverse en el reino de la utopía: cuanto más detallados y minuciosos fueran más tenían que degenerar en puras fantasías.75 

En Francia, el 14 de agosto de 1830 se promulgó una nueva constitución cuyas modificaciones substanciales a la anterior eran: desaparecer el rango que tenía la religión católica como religión del Estado, se hacía a los ministros responsables políticos frente a las cámaras, se volvía a organizar la Guardia Nacional dando a sus miembros la atribución de elegir sus oficiales y, por último, se reformaba el censo. Con ello, el número de electores casi se duplica pasando de 94 000 a 168 000.

A partir de 1840 la situación cambió en la medida que el primer ministro Guizot logró estabilizar el gobierno: duraría ocho años y caería con Luis Felipe en la revolución de 1848. Marx escri-biría: “La que dominó bajo Luis Felipe no fue la burguesía francesa, sino una fracción de ella: los banqueros, los reyes de la Bolsa, los reyes de los ferrocarriles, los propietarios de minas de carbón y de hierro y de explotaciones forestales y una parte de la propiedad aliada a ellos: la llamada aristocracia financiera. Ella ocupaba el trono, dictaba leyes en las cámaras y adjudicaba los cargos públicos, desde los ministerios hasta los estancos”.76 La inversa, la burguesía industrial era una parte de la oposición oficial representada minoritariamente en las cámaras los pequeños burgueses, así como los campesinos que estaban excluidos del poder político.77 

En este escenario el régimen de Luis Felipe y Guizot marcharon, en las formas, de acuerdo a la norma constitucional existente. Sin embargo, al final dos cosas lo llevaron a la ruina: los escándalos de corrupción y la crisis económica. En esta situación la mediana burguesía de la oposición inició la famosa campaña de banquetes a favor de la reforma electoral. Uno de estos banquetes fue prohibido por el gobierno, la muchedumbre conformada por trabajadores, estudiantes, sectores de medios y guardias nacionales se reúnen y marchan al lugar donde debía realizarse este acto, con gritos contra el gobierno.

Esa noche las tropas abrieron fuego y mataron a 17 manifestantes. A partir de allí todo fue cuestión de horas para dar el asalto definitivo al palacio real. Luis Felipe, sabiéndose perdido, abdica en favor de su nieto el Conde de París antes de partir hacia su destierro en Inglaterra. Otros escribirán sobre este episodio: “El chispazo se produjo cuando Guizot, con desprecio olímpico de la opinión pública, prohibió una elecciones que deberían haber tenido lugar el 22 de febrero de 1848. Inmediatamente el furor popular, por largo tiempo reprimido, estalló: se construyeron barricadas en todos los barrios de la capital —París— y se propagó el incendio de la lucha armada. Luis Felipe intenta sin éxito salvar el trono obligando en primer lugar a dimitir a Guizot y sustituyéndole primeramente por Molé y luego por Thier y abdicando finalmente en favor de su sobrino, niño aún, bajo la regencia de su madre que había mostrado tendencias liberalizantes. El gobierno formado por la regente... no tuvo éxito alguno.

La Asamblea fue asaltada y ocupada por demócratas capitaneados por el poeta republicano Lamartine y el socialista Blac. Los insurgentes proclamaron la República formando un gobierno en la que participaban hombres de diversas tendencias entre los que figuraban, además de Lamartine y Blanc, Ledru-Rulli, republicano demócrata y un verdadero obrero, Albert”.78 

Toda la burguesía en la cámara, no sólo la alta burguesía —la aristocracia financiera— que gobierna, acepta la abdicación y con ella la continuidad de la monarquía; pero el pueblo rechaza un nuevo robo de la República. Forzada por las circunstancias, y a fin de no perder el hilo de la historia en manos de los “oscuros cabecillas que dirigen las barricadas”, es la propia burguesía la que momentos más tarde sale a un balcón en la persona de Lamartine para declarar ante el pueblo que la Segunda República ha sido instaurada. Fue la caída de un régimen que nadie pensaba todavía en derribar, pero que no pudo soportar el impulso de libertad que le impuso el pueblo. Y es que el desenlace final no lo implementaba la burguesía de los guardias nacionales o de la cámara sino el pueblo trabajador: 

Lo mismo que en las jornadas de julio habían conquistado luchando la monarquía-burguesa, en las jornadas de febrero los obreros conquistaron luchando la república-burguesa. Y lo mismo que la monarquía de julio se había visto obligada a anunciarse como una monarquía rodeada de instituciones republicanas; la República de febrero se vio obligada a anunciarse como una República rodeada de instituciones sociales. El proletariado de París obligó a hacer esta concesión.79

A este período seguirían las elecciones realizadas con votación universal las mismas que dieron a Francia una nueva Asamblea Nacional. La mayoría de esta asamblea estaba compuesta por elementos de la burguesía que pasaba así a retomar el poder luego de la inestabilidad y la necesidad de concesiones del Gobierno Provisional de febrero, básicamente por el proletariado que lucha en las calles, no ha ganado aún al campesinado y al resto del pueblo para su causa.

La Asamblea rompió inmediatamente con las ilusiones sociales de la revolución de febrero y proclamó rotundamente la república burguesa como república burguesa y nada más. Eliminó inmediatamente la Comisión Ejecutiva por ella nombrada a los representantes del proletariado, Luis Blanc y Albert; rechazó la propuesta de un ministerio especial del Trabajo y aclaró con gritos atronadores la declaración del ministro Trélat; ‘solo se trata de reducir el trabajo a sus antiguas condiciones’.80 

Los sucesos se desencadenaron rápidamente. El 15 de mayo los obreros trataron de tomar la Asamblea, pero fueron rechazados y se restauró la represión política. A partir de allí la Asamblea enrumbó contra los Talleres Nacionales en los que se endurecieron las condiciones salariales, se anunció trabajos “fantasmas” y, finalmente, “El 21 de junio apareció en el Moniteur un decreto que ordenaba que todos los obreros solteros fuesen expulsados por la fuerza de los Talleres Nacionales81 o enrolados en el ejército”.

Los obreros no tenían opción, o morirse de hambre o iniciar la lucha. Contestaron el 22 de junio con aquella formidable insurrección en la que se libró la primera gran batalla entre las dos clases de la sociedad moderna. Fue una lucha por la conservación o el aniquilamiento del orden burgués. El velo que envolvía a la república quedó desgarrado. Es sabido que los obreros, con una valentía y una genialidad sin ejemplo, sin jefes, sin un plan común, sin medios, carentes de armas en su mayor parte, tuvieron en jaque durante cinco días al ejército, a la Guardia Móvil, a la Guardia Nacional de París y a la que acudió en tropel de las provincias.82 Añade luego: “Venció la república burguesa. A su lado estaba la aristocracia financiera, la burguesía industrial, la clase media, los pequeños burgueses, el ejército, el infraproletariado (lumpenproletariat) organizado como Guardia Móvil, los intelectuales, los curas y la población rural. Al lado del proletariado de París no estaba más que él solo. Más de 3000 insurrectos fueron pasados a cuchillo después de la victoria y 15 000 deportados sin juicio.83 Con esta derrota, el proletariado pasa al fondo de la escena revolucionaria”.84 

Fue así como “a la monarquía-burguesa de Luis Felipe sólo puede suceder la república burguesa, es decir, que si en el nombre del rey había dominado una parte reducida de la burguesía, ahora dominará la totalidad de la burguesía en nombre del pueblo”.85 Y así, mientras el primer brote de lucha entre el proletariado y la burguesía se apaga porque el primero carecía de la organización y claridad suficientes como para poder salir victorioso, el liberalismo burgués consolida en Francia su Estado.

47 SOBOUL, op. cit., pp. 38-39.
48

 

 

 

 

 

Una Ley clave en la consolidación de la burguesía como eje gobernante en la revolución fue la denominada Ley Le Chapelier que fue votada el 14 de junio de 1791. Esta ley fue aprobada por la burguesía constituyente alarmados por el progreso que hacían los demócratas y la agitación popular más que de los manejos aristocráticos, el triunvirato de Barnave-Du Port-Lamenth, que habían ocupado el lugar de Mirabeau, líder revolucionario quien se había pasado al servicio de la Corte. Esta Ley prohibió las coaliciones y las huelgas de los trabajadores —La libertad de trabajo ganaba sobre la libertad de asociación. 
Robespierre se calló y el alcance social sobrepasó en cierta medida a Marat. Esto va a costar caro a la revolución; era el inicio de la contrarrevolución que había tenido como columnas al tercer estado, y en él a los trabajadores, se disolvía la alianza en beneficio de la burguesía. “La prohibición de la coalición y de la huelga, que persistió hasta 1864 para el derecho de huelga y hasta 1884 para el derecho sindical, constituyó una de las piezas claves del capitalismo de libre competencia: el liberalismo, fundado sobre la abstracción de un individualismo social igualitario, beneficiaba a los más fuertes”. SOBOUL, op. cit., pp. 149, 164-165.
Para una comprensión de cómo los derechos fundamentales surgidos de la Revolución Francesa (que se han incumplido no obstante que surgieron producto de fuertes luchas y como herencia de revoluciones precedentes), véase: FIORAVANTI, Mauricio. Los derechos fundamentales, apuntes de historia de las constituciones. Madrid, Editorial Trotta, Universidad Carlos III de Madrid, 1996; asimismo, FERRAJOLLI, op. cit. 

49

Ibíd., pp. 97-124, Cap. 4 “De los Derechos del Ciudadano a los Derechos de la Persona”.

50

Ver nota número 43.

51

 

 

 

 

 

Recuérdese que era la época del triunfo de una clase y la consolidación de un nuevo modo de producción en la historia de la humanidad. Esto hacía imprescindible la estructuración institucional de un nuevo Estado, que sustituyera al feudal, basado en la descentralización política y en los pequeños feudos. Estos últimos eran un freno para la constitución de un mercado en un sólo país, que acogiera el exceso de producción del capitalismo emergente, la consolidación de la nación dentro de terminadas fronteras, era vital. He aquí una explicación para entender la consolidación de un modelo nuevo imbricado: El Estado y la Nación, la institución y el pueblo soberano. Esta alianza era vital para la burguesía en ese período. Hoy esa realidad histórica es (a)histórica, el capitalismo aprendió que no era necesario sólo el mercado nacional, ni el multinacional, sino que era preciso arropar la ‘aldea global’ —tomamos prestado el concepto de Noam Chomsky y Heinz Dieterich, de su libro con ese nombre, Editorial Txalaparta, Nafarroa, septiembre de 1997— donde el Estado surgido de la Revolución Francesa con el concepto de soberanía y de nación, ya son inservibles, constituyen rémoras. El nacionalismo ha desaparecido de los estudios de los posmodernos y cuando lo hacen es para satanizar el concepto. En esta nueva etapa hay que redefinir estos conceptos, así se ha hecho, en suma hoy, el nacionalismo no es un concepto que sirva a los intereses y al grado de expansión del capitalismo-imperialismo en la era neoliberal, constituye por el contrario un freno a las expectativas del capitalismo financiero internacional en la era de la globalización.

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se va consolidando este nuevo concepto principista estatal que será luego uno de los pilares del nuevo estado de la modernidad. Ha sido y es uno de los pilares del equilibrio del Estado entre los tres poderes de las democracias contemporáneas. 
Una definición jurídica de Soberanía: ”es la voluntad de la mayoría”, si bien la validez de la expresión voluntad de la mayoría ha de estar sujeta a su conformidad con el ordenamiento jurídico, precisamente porque la Democracia es el Estado de derecho sometido a éste en la totalidad de su existencia y manifestación; de modo que la soberanía política quede subordinada a la soberanía jurídica, problema vinculado a los de la vigencia constitucional y de la supremacía de la constitución. 
Sánchez Viamonte define soberanía así: “es la plenitud lograda por la voluntad política del pueblo para determinarse y para manifestarse, de suerte que esté comprendida en ella la auto limitación o la sujeción a determinadas normas establecidas como condición para su validez, y así, las formas jurídicas adquieren la importancia y la jerarquía de condiciones impuestas a la soberanía... y de cuyo cumplimiento depende la legitimidad y validez de la voluntad política”. OSORIO, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Argentina, Editorial Heliasta, 1981, p. 712.
Rousseau, la definirá así: “Digo, pues, que la soberanía, no siendo más que el ejercicio de la voluntad general, no puede jamás enajenarse y que el soberano, que no es más que un ser colectivo, no puede ser representado por sí mismo: el poder puede trasmitirse, pero no la voluntad”, Libro Segundo, Capítulo Primero (es inalienable), p. 65. Es, además, indivisible (Ibíd., cap. 2.o, p. 67), es infalible (Ibíd., cap. 3.o, p. 71) y absoluta (Ibíd., cap. 4.o, p. 73). Todos estos atributos provienen de la voluntad general. Y esta voluntad general no puede ser otra que la ley. Él se preguntó qué es la ley y quién hace la ley, se contestó: “Ha cuando la materia sobre la que se estatuye es general como la voluntad que se estatuye. Este acto es lo que llamo una ley” (Libro Segundo, cap. 6.o, p. 85). Por tanto, “reuniendo la ley la universalidad de la voluntad y la del objeto, lo que un hombre, cualquiera que pueda ser, ordena por su cuenta, no es una ley, lo que ordena el mismo soberano sobre un objeto particular tampoco es una ley, sino un decreto, ni un acto de soberanía, sino de magistratura” (Ibíd., p. 85). “Las leyes no son propiamente más que las condiciones de la asociación civil. El pueblo sometido a las leyes debe ser su autor” (Ibíd., p. 86), a través de un líder, el legislador (Ibíd., p. 87). ROUSSEAU, Juan Jacobo. El Contrato Social. 4.a edición, Barcelona, Editorial Vosgos S. A., 1977.

53

ROUSSEAU, op. cit. 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUVERGER, Maurice. Instituciones políticas y Derecho constitucional. Barcelona,
Editorial Ariel, 1970. Parte I, cap. II, Editorial Ariel, Barcelona, 1970, p. 142.
SABOUL, op. cit., p. 141, escribe sobre este particular: “Los derechos políticos quedaron reservados a la minoría. La Declaración proclama que todos los ciudadanos tienen derecho de concurrir al establecimiento de la ley; por la ley de 22 de diciembre de 1789 la constitución no concedía el derecho de sufragio más que a los propietarios. Los ciudadanos quedaron clasificados en tres categorías.
Los ciudadanos pasivos que estaban excluidos del derecho electoral, pero del derecho de propiedad. Según Sieyes, quien inventó esta nomenclatura, tenían derecho ‘a la protección de su persona, de sus propiedades, de su libertad’, pero no ‘a tomar parte activa en la formación de los poderes públicos’. Aproximadamente tres millones de franceses quedaron, así, privados del derecho al voto.
Los ciudadanos activos eran, según Sieyes, ‘los verdaderos accionistas de la gran empresa social’; pagaban como mínimo una contribución directa igual al valor local de tres días de trabajo, es decir, de una libra y media a tres libras. En número de más de cuatro millones se reunían en asambleas primarias para designar las municipalidades y los electores.
Los electores, a razón de uno por cada cien ciudadanos activos, o sea, aproximadamente unos 50 000 para Francia, pagaban una contribución igual al valor local de diez días de trabajo, o sea, 5 a 10 libras; se reunían en asambleas electorales en las capitales de los departamentos para nombrar a los diputados, los jueces, los miembros de las administraciones departamentales.
Los diputados, por último, que formaban la Asamblea legislativa, tenían que poseer una propiedad territorial cualquiera y pagar una contribución de un marco de plata (aproximadamente 52 libras). La aristocracia de sangre, en este sistema electoral censatario de dos grados, era sustituida por la aristocracia del dinero. El pueblo quedaba eliminado de la vida política”.
Esta forma censataria, ya aparece, con sus particularidades en la Constitución de los Estados Unidos de América (aprobada en la Convención del 17 de septiembre de 1787), de modo que aquí hay una veta intelectual por explorar acerca de la influencia de la Constitución americana en la Constituyente francesa de la revolución y viceversa. 
En esa dirección ya hay un trabajo que nos parece fundamental que es la del profesor Maurizio Fioravanti, op. cit. 

55

CARRE DE MALBERG, R. Teoría general del Estado, órganos del Estado. 1.a edición en español, México, Fondo de Cultura Económica, 1948, cap. II p. 953. SOBOUL, op. cit., (ver cita precedente); DUBERGER, op. cit. 

56 Es bueno recordar que en la Declaración de Derechos del 26 de agosto de 1789 “no se encuentra ninguna mención a la economía... sin duda porque la libertad económica era para la burguesía constituyente algo tan natural que ni siquiera había que mencionar...”. SOBOUL, op. cit., p. 145.
57

 

 

Hoy los teóricos del neoliberalismo argumentan que la libertad de comercio genera la libre competencia entre múltiples empresas en un mercado y que el beneficiado directo será el consumidor. En aquel período histórico, como ahora, tal argumento, no descansa en ninguna prueba verificable. Por el contrario ello está posibilitando a gran escala las megafusiones empresariales de grandes corporaciones multinacionales y nacionales, regionales y globales. Esto por su magnitud no tienen precedente en la historia de la humanidad. Se está aperturando, a mi entender, nuevas formas de monopolio, oligopolio y trust a escala global.

58



 

“Fue definitivamente organizada por la Ley de 28 de julio de 1791, confirmada y modificada por ley del 19 de septiembre de 1792. Sólo los ciudadanos activos tuvieron derecho de tomar parte. Frente a la burguesía en armas, el pueblo estaba desarmado. El rey aceptó la Constitución revisada del 13 de septiembre de 1791; el 14 juró una vez más fidelidad a la nación. La burguesía constituyente también, una vez más, consideró terminada la revolución”. SOBOUL, op. cit., p. 173.

59

Podríamos decir que se trataba del primer ejército propiamente del nuevo sistema político emergente, la República democrática francesa. Napoleón se encargará de perfeccionarlo y convertirlo, en determinado momento, en un ejército imperial.

60

CROSSMAN, R.H.S. Biografía del Estado moderno. México, Fondo de Cultura Económica, 1941, capítuloV, p. 144.

61

Véase cita número 46, FERRAJOLI, op. cit., ensayo 2, pp. 37-72.

62

LEFEBVRE, op. cit., capítulo IV, p. 135.

63

RUDE, Georges. Propuesta popular y revolución en el siglo XVIII. 1.a edición, Barcelona, Editorial Arial, pp. 210-211, 1978. 

64

Esta experiencia de la forma y modo de cómo aplastar una rebelión va a reaparecer constantemente en Europa y en América Latina durante todo el siglo XIX y XX.

65

Esta modalidad se repetirá durante todo el período posterior a la Revolución Francesa en el mundo occidental como una forma de legalizar ”democráticamente” las dictaduras.

66


Hoy los ideólogos del neoliberalismo satanizan esta modalidad de crecimiento, la detestan, pese a que se sirvieron de este instrumento macroeconómico en la etapa primitiva del capitalismo en el período de vigencia del Estado-Nación. Estas categorías, una económica y otra política, constituyen obstáculos en su apetito voraz de arropar la aldea global.

67

En nuestros tiempos los Estados Unidos de América (USA) han financiado sus acciones militares de protección a sus enclaves económicos de recursos energéticos mediante el aporte de los países “beneficiados”. La guerra del Golfo Pérsico y la guerra civil yugoslava son una demostración.

68

RAMOS NÚÑEZ, Carlos. El código napoleónico y su recepción en América Latina. 1.a edición, Lima, Fondo Editorial de la Pontifica Universidad Católica del Perú, 1977.

69

NAEF, Werneer. La idea del Estado en la Edad Moderna. Capítulo VI, Madrid, Nueva Época, 1947 , p. 216.

70














Es el inicio de la institucionalización de las monarquías constitucionales, o sea, la gobernabilidad de la realeza de nuevo tipo con la ya poderosa burguesía. Se produce como es evidente una transformación en la forma de gobierno, a partir de ese momento histórico —en el país que encabeza la tradición jurídica del derecho civil, Francia— se “producirá en la percepción y el deslinde distinto funcionamiento que ellas han asumido a lo largo del siglo XIX tomando como eje la definitiva ‘parlamentarización’ de la Monarquía inglesa. Hasta mediados de siglo no existe aún el dilema entre el régimen presidencial y el régimen parlamentario. La percepción principal residía en la disyuntiva entre monarquía y república, si bien ya comenzaba a detectarse la revolución de la Monarquía inglesa hacia una fórmula de diversa índole. Así, por ejemplo en 1846 en la primera edición de su notable obra Elementos de Derecho Público Constitucional, el chileno José Vicotirino Lastarria considera que existe una Monarquía si el ejercicio de todos los poderes o solamente el del Legislativo y Ejecutivo, pertenece a una persona de por vida; y República, si corresponde a personas elegidas al efecto. A su vez, la República podía ser aristocrática o democrática y la Monarquía Absoluta (si tiene el monarca la suma de los poderes, principalmente el Legislativo) o Constitucional (si ejerce el poder Ejecutivo y coopera con otros representantes de la Nación al hacer las leyes)”. LASTARRIA, José. “Derecho público constitucional”. En Obras Completas. Estudios políticos y constitucionales. Santigo de Chile, imprenta, litografía y encuadernación en Barcelona, 1906, pp.64-65. Citado por PLANAS, Pedro. Regímenes Políticos Contemporáneos. 2.a edición corregida y aumentada, Lima, Editorial Fondo de Cultura Económica, 1997, p. 39.

71

Constituyó la restauración triunfante y gloriosa de la Monarquía en la Francia revolucionaria. Con este hecho político se sepultará los viejos paradigmas de la revolución, por la que se había entregado tanto heroísmo.

72

No hay que olvidar que la Revolución Francesa fue esencialmente laica; en esta constitución se institucionaliza la Iglesia desde el Estado; era el regreso triunfante a la “nueva” —restauración de la vieja— sociedad.

73

Ver PLANAS, op. cit., capítulo 2 “La revolución de la Monarquía”; capítulo 3 “La Evolución de la República”, pp. 31-39.

74

HOBSBAWM, Eric. Las revoluciones burguesas. Madrid, ediciones Guadarrama, p. 140, 1969.

75

ENGELS, Federico. “Del socialismo utópico al socialismo científico”. En Obras escogidas. Tomo III, Moscú, Editorial Progreso, 1974, p. 156.

76

MARX, Carlos. “Las Luchas de Clases en Francia de 1848 a 1850”. En Obras escogidas. Tomo I, Moscú, Editorial Progreso, 1973, p. 232.

77

MARX, op. cit., p. 233.

78

EQUIPO DE REDACCIÓN PAL. Colección Historia Universal. Tomo VIII: “Emancipación americana, revolución industrial”, Cap. III, “Europa de la década del 40”. Bilbao, Editorial Bolsillo Mensajero, 1986, pp. 41-56. 

79

MARX, Las Luchas de..., p. 250.

80

MARX, Carlos. El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Capítulo I, 3.a edición, Madrid, Editorial Espasa Calpe, 1995, p. 236.

81


















Esto nos recuerda un episodio de nuestros tiempos, en la década de los setenta en Perú, cuando gobernaba la dictadura militar de Morales Bermúdez. Quien hoy funge de demócrata —luego de un paro nacional exitoso de la clase obrera y el movimiento popular del 19 de julio de 1977 mediante el cual se reclamaba el regreso a un gobierno libremente elegido, la vuelta de los exiliados y una amplia plataforma democrática—, decretó el despido de toda la dirigencia gremial del país, haya o no parado. Logró, la clase gobernante, quebrar el movimiento sindical y hacer retroceder el movimiento popular. Desde aquella gesta está pendiente una reorganización y reorientación de estos sectores del país. El neoliberalismo, aprovechó de esta situación para imponer su programa en la década de los 90.
Las acciones legales por las reposiciones de los despedidos se hicieron inviables. Se tuvo que ir a otra histórica gesta, una huelga de hambre, que reclamaba lo mismo, más la reposición a sus puestos de trabajo y la convocatoria a elecciones generales, de allí surgió una convocatoria a una Asamblea Constituyente. Producida las elecciones de 1980 gana las elecciones Fernando Belaúnde, luego viene el gobierno de Alan García Pérez (1985-90) y el de Alberto Fujimori (90-2000), aunque se dotó de una Constitución ad hoc, la de 1993. Pero, también es el inicio objetivo del desencanto de las salidas democráticas para el movimiento obrero y popular. Si tenemos que estudiar la incorporación de un fuerte contingente de dirigentes populares y obreros en la subversión o en el terrorismo —en el lenguaje oficial—, lo podemos ubicar en este período histórico. Tenemos la obligación de reescribir la otra historia paralela a la oficial para poder comprender a cabalidad sobre el qué hacer en los momentos actuales ante la arremetida del neoliberalismo, en el ámbito político, social y económico. Si los sectores que han gobernado se nutren de la experiencia de otras realidades. En el Perú urge estudiar la suya, desde la perspectiva no oficial, ni académica tradicional, sino desde la perspectiva crítica, humanística y democrática. 

82

MARX, op. cit., capítulo I, p. 237.

83



Esta experiencia se repetirá en las guerras antisubversivas o antiterroristas, por gobiernos de nuestra época en defensa de la sociedad occidental y cristiana en los países del cono sur de América en las décadas de los 70-80-90 (Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Perú). Véase GARCÍA MÉNDEZ, Emilio. Autoritarismo y control social, Argentina, Uruguay, Chile. 2.a edición, Buenos Aires, Editorial Hammurabi, 1987;
BERGALLI, R. et al. El pensamiento criminológico. Tomo I y II, Lima, Editorial Temis, 1983; TOCORA, Fernando. Política criminal en América Latina. 1.a edición, Colombia, Ediciones Librería del Profesional, 1990.

84

MARX, El 18 Brumario..., Cap. I, p. 221.

85

MARX, op. cit., p. 221

  

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