"VALIDACIÓN DEL DISEÑO MATRIZ Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LOS MÓDULOS BÁSICOS DE JUSTICIA."

Señoras y señores:

Desde inicios de la presente década, se ha venido consolidando en todos los países de América Latina regímenes democráticos que propugnan sistemas económicos, predominantemente neo-liberales. En ese contexto, las reglas del libre mercado exigen una oferta y demanda que se configuren transparente y espontáneamente, permitiendo a los agentes económicos desarrollar su actividad en igualdad de oportunidades y, fundamentalmente, exigen normas jurídicas que regulen adecuadamente las transacciones y aseguren la oportuna y eficiente satisfacción a los perjudicados con incumplimientos contractuales. Es decir, resulta imprescindible contar con un sistema legal que brinde seguridad jurídica.

Lo contrario, constituiría como bien lo ha señalado el profesor Edgardo Buscaglia, reputado investigador italiano de los sistemas de justicia, un atentado directo contra la esencia del mercado neo-liberal. Y es que, como diría el jurista Ronald Coase, padre del análisis económico del Derecho, para el éxito del libre juego de oferta y demanda, es imprescindible eliminar las "externalidades" de los costos de transacción.

En esa perspectiva, los gobiernos latinoamericanos han asumido con profunda convicción la necesidad de fortalecer las instituciones tutelares de la seguridad jurídica, principalmente sus sistemas de Administración de Justicia. En esa dirección es que se han pronunciado los Jefes de Estado, en la todavía reciente cumbre Iberoamericana, llevada a cabo en la Isla Margarita en Noviembre de 1997. Existe consenso en el sentido de que sin un Poder Judicial moderno y eficiente, no es posible garantizar la seguridad jurídica que todo sistema económico necesita y, más aún, no contribuye a la institucionalidad democrática, en tanto genera inestabilidad en la plena vigencia de los derechos humanos de la ciudadanía.

Si los procesos judiciales se extienden en demasía, si no hay relativa predecibilidad en el resultado final, si no existe independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, se genera impunidad para los operadores económicos que deliberadamente incumplen sus contratos, delinquen o quebrantan el ordenamiento jurídico de cualquier otra forma. Entonces, los perjudicados, que asumen una conducta de buena fe como el "buen padre de familia" destacado por los inolvidables hermanos Mazeud, padres de la responsabilidad civil, se verán obligados a tomar sus precauciones, exigiendo garantías excesivas para prestar dinero o adoptando extremas medidas de seguridad personal para no ser víctimas de delincuencia; lo que precisamente configura costos de transacción innecesarios en un sistema económico que funcione eficientemente, es decir, se da origen a las antes mencionadas "externalidades".

En este sentido, es que desde noviembre de 1995 se ha iniciado en el Perú un Proceso de Reforma y Modernización de la Administración de Justicia, dirigido por la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, integrada mayoritariamente por Magistrados Supremos, lo que demuestra la participación activa y el liderazgo de los integrantes de nuestro Poder del Estado en la conducción del proceso en mención.

Uno de los principales objetivos del Proceso de Reforma Judicial consiste en garantizar las condiciones materiales para un adecuado ejercicio de las garantías que asisten a todo ciudadano frente a la Administración de Justicia, previstas en nuestra Carta Fundamental de 1993. Precisamente, la consolidación del derecho de la tutela judicial efectiva, el due process of law de profunda raigambre anglosajona, previsto en el artículo 139º, inciso 3º de la Constitución Política, constituye uno de los retos fundamentales de la Comisión Ejecutiva.

Un libre, irrestricto, inmediato y directo acceso del ciudadano al servicio de Administración de Justicia, como bien sentencia el procesalista español Juan Montero Aroca, es uno de los pilares básicos de la legitimidad social de todo Sistema Judicial. Y pongo énfasis en lo que acabo de señalar: un Sistema Judicial; es decir, la comprensión de todas las instituciones que directa o indirectamente tienen un rol activo en la eficiencia del servicio de Administración de Justicia, como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional o el PROMUDEH, entre otras entidades.

Y para beneplácito de todos los peruanos, una institución de enorme magnitud y prestigio como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), apuesta decididamente por la seriedad del Proceso de Reforma Judicial, al financiar el proyecto de los Módulos Básicos de Justicia, el sueño integrador del gran Sistema Judicial en favor del leit motiv de nuestra función pública: el ciudadano.

El día que el ciudadano tenga a todos los operadores del servicio de justicia en la zona de su residencia, de modo tal que pueda resolver local y rápidamente sus conflictos en pro del mantenimiento de la Paz Social, habremos dado un paso decidido y firme en favor del real ejercicio del derecho de la tutela jurisdiccional efectiva. El día que el ciudadano sienta que sus derechos transgredidos pueden ser inmediatamente reivindicados por un sistema legal tutelar de los mismos, a bajo costo y respetando las particularidades culturales e idiosincráticas de un país pluriétnico como el Perú, habremos dado un paso decidido y firme en favor de la institucionalidad democrática.

Por ello, en este momento histórico en que concluye un proceso trascendental de consenso de las bases administrativas para el funcionamiento armónico de los Módulos Básicos de Justicia, a partir de la aceptación interinstitucional del diseño matriz y los documentos de gestión, se coloca un hito fundacional en nuestra tradición republicana de promoción del trabajo coordinado de las diferentes instituciones que conforman el Sistema Judicial.

Hoy día, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia, con la simpatía y expectativa de otras entidades públicas, han reafirmado su voluntad de una entusiasta apuesta y terco compromiso con el proyecto de los Módulos Básicos de Justicia. Pero, también, hoy día, se inicia el reto de concretar ese proyecto en realidad tangible e imperecedera, como una gran contribución de la Justicia al progreso de nuestra Nación.

Declaro, con mucha satisfacción y legítimo orgullo, clausurado este último Seminario "Taller de Validación del Diseño Matriz y los Documentos de Gestión del Proyecto Módulos Básicos de Justicia".

Muchas gracias.

Lima, Agosto de 1998.

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