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LA INFRACCIÓN   AL DERECHO DE AUTOR Y EL ROL DE INDECOPI EN SU PREVENCIÓN

Quiroz Papá de García, Rosalia

CAPITULO 2

    MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL


Límites a la Comunicación 

Las limitaciones al Derecho de Autor, en términos generales pueden ser clasificados como:

  1. Limitaciones con fines educativos 

    1.- Discursos en público, leyes, resoluciones, etc.
    2.- Derechos de cita que sustenta las ideas de la fuente
    3.- Reproducción de obras literarias para la enseñanza

  2. Fines informativos, como son los datos y noticias del día

  3. Procedimientos judiciales o administrativos, aquellos documentos usados en este tipo de procedimientos y que sirven de sustento al reclamo de un derecho.



Casos en los que la ley pone límites al derecho de autor: 

a) No existe infracción a la ley cuando la comunicación se realiza en el ámbito doméstico, siempre que no exista un interés económico, con ello se permite que sin autorización del titular se puede hacer uso de una obra .


b) La comunicación de una obra en actos oficiales o ceremonias religiosas, teniendo por condición que ella sea gratuita y no exista el pago de una remuneración. Entiéndase actos oficiales las que están directamente relacionadas a las actividades del Estado en sus diversas reparticiones; por ende, aquí prima el interés de la sociedad.

c) La comunicación que tenga fines didácticos, en el curso de las actividades de una institución de enseñanza, siempre que no persiga fines lucrativos. Las lecciones dictadas en público o en privado por los profesores de las universidades, institutos superiores y colegios, podrán ser anotadas y recogidas en cualquier forma; pero no podrán ser divulgadas en forma completa ni parcial sin autorización del autor.

Por otro lado, sobre las obras ya divulgadas lícitamente se permite realizar las siguientes acciones sin autorización del autor:

a) La reproducción por medios reprográficos, para la enseñanza o los exámenes en instituciones educativas, sin que haya fines de lucro. Este inciso viene siendo seriamente cuestionado, al comprobar que en el uso de una obra para estos fines sí existe lucro indirecto, al haberse masificado e incrementado la venta y uso de máquinas fotocopiadoras así como la edición de obras piratas; consecuentemente, aquellos que se dedican a esta actividad ilícita son los que lucran con la necesidad del uso de material bibliográfico de estudiantes y docentes. 
b) La reproducción reprográfica de breves fragmentos o de obras agotadas.
c) La reproducción individual de una obra por bibliotecas o archivos públicos, sin fines de lucro.
d) La reproducción de una obra para actuaciones judiciales o administrativas.
e) Asimismo, la ley prevé una serie de situaciones referidas a la radiodifusión, a las grabaciones sonoras o audiovisuales.

2.7.3.4. Transmisión y explotación de las obras a terceros

Tal como se ha visto en los puntos anteriores, los derechos de autor abarcan tanto los derechos morales y los derechos patrimoniales. En cuanto a los derechos morales, señalábamos que éstos son inalienables e inembargables; sin embargo, a diferencia del anterior, los derechos patrimoniales pueden ser transferidos a terceros por mandato o presunción legal, mediante cesión entre vivos o transmisión mortis causa; la cesión entre vivos se presume a título oneroso. La transmisión de estos derechos deberá constar por escrito y en forma expresa, no se puede ceder una obra a crearse en el futuro, bajo pena de nulidad, tampoco el autor puede comprometerse a no crear otra obra en el futuro. 

2.7.3.5. El contrato de edición

Esta figura se da cuando el autor o sus derechohabientes, ceden al editor, el derecho de publicar, distribuir y divulgar la obra por su propia cuenta y riesgo, pero bajo determinadas condiciones. Este tipo de contrato debe realizarse por escrito, especificando todas las características de la publicación. Por su parte, el editor y el autor se obligan a cumplir con lo establecido en cada una de las cláusulas del contrato. Esta misma figura rige para las obras musicales, cuando el editor realiza la fijación y la reproducción fonomecánica de la obra, la adaptación audiovisual, la traducción, la sub-edición y cualquier otra forma de utilización, asimismo, el contrato de representación teatral y de ejecución musical. 

2.7.3.6. La gestión colectiva

La gestión colectiva es el sistema de administración de los derechos de autor y los derechos conexos, por el cual los autores delegan en organizaciones legalmente constituidas, la administración de sus derechos en forma asociada, quienes actúan en representación de los titulares en defensa de sus intereses. Es considerada una prolongación del derecho de autor, al ser muy compleja la gestión y control individual de sus derechos, de tal forma que unidos pueden tener mejores posibilidades de protección y respeto, hecho que no anula su ejercicio individual. Es necesaria la Gestión Colectiva del Derecho de Autor y Derechos Conexos, porque los escritores, los compositores, músicos, cantantes, artistas y en general, todas las personas que crean una obra, requieren que su talento creador sea estimulado; con una justa retribución económica. Pueden formar parte de estas organizaciones los titulares de los derechos de autor y derechos conexos. 

El Decreto Legislativo 822 establece que las sociedades de gestión colectiva serán asociaciones civiles sin fines de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio, contando con sus estatutos y reglamentos de asociados. Será la Oficina de Derechos de Autor la que previa presentación de un conjunto de requisitos estipulados en la ley, autorice el funcionamiento de este tipo de sociedad.

Estas organizaciones accionan en representación de sus miembros, en el ámbito de las obras impresas, musicales, dramáticas y de los derechos conexos y tienen la facultad de otorgar licencias y autorización de uso, establecer las tarifas, recaudar y distribuir las regalías. Actualmente tenemos una red mundial de organizaciones de gestión colectiva de cuya representación se encargan organismos no gubernamentales como la (CISAC) Confederación Internacional de Sociedad de Autores y Compositores, la Federación Internacional de Organización de Derechos de Reproducción (IFRRO), y en Europa la (AEPO) Asociación de Organizaciones Europeas de Artistas e Intérpretes), en el Perú sólo tenemos sociedades de Gestión Colectiva para obras musicales, como la APDAYC.

2.8. Función Administrativa del Estado

El Estado a través de sus diferentes instituciones, tiene la obligatoriedad de proteger los derechos de autor; como tal, la ley ha establecido una serie de funciones para su cabal cumplimiento.

2.8.1. La Oficina de Derechos de Autor 

El Decreto Ley N° 25868 ( Ley de Creación de INDECOPI), creó la Oficina de Derecho de Autor (ODA) como parte de su estructura orgánica y funcional. Al promulgarse esta ley (1996), diversas instituciones como las sociedades de autores y compositores, el Instituto Peruano de Derecho de Autor y el diario " El Comercio" entre otros, manifestaron su preocupación por la inclusión de la Dirección General de Derechos de Autor a la estructura orgánica de Indecopi, la misma que durante la vigencia de la Ley de Derecho de Autor 13714, funcionaba en el ámbito de la Biblioteca Nacional, consideraban que no era conveniente fusionar el derecho de autor con la propiedad industrial, sin embargo, la ley entró en vigencia sin ninguna modificación al respecto.

Esta Oficina es el órgano encargado de cautelar y proteger administrativamente el derecho de autor y los derechos conexos; posee autonomía técnica, administrativa y funcional para el ejercicio de las funciones asignadas a su cargo y resuelve en primera instancia las causas contenciosas y no contenciosas que le sean sometidas a su jurisdicción, tanto por denuncia de parte o acción de oficio. Entre sus atribuciones tenemos: la orientación, coordinación, fiscalización y aplicación de leyes, tratados o convenciones internacionales sobre derechos de autor; por ser el único órgano competente de autorizar la constitución de una entidad de gestión colectiva, tiene entre sus funciones la de presentar denuncia penal de un presunto delito, realizar actos de conciliación entre las partes, dictar medidas preventivas o cautelares y sancionar de oficio o a solicitud de parte la infracción a la ley de derecho de autor, difundir y capacitar sobre derechos de autor y otros derechos intelectuales, llevar los registros de derecho de autor, sistematizar la legislación, realizar cobranza coactiva; y requerir la intervención de la autoridad política y el auxilio de la fuerza pública para ejecutar sus resoluciones.

2.8.2. El Registro de Derecho de Autor

Registrar es el acto de anotar, inscribir y transcribir en el libro del Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos la titularidad de un derecho. No obstante que la ley reconoce el derecho sobre la obra desde su creación; sin embargo, para el Estado, su inscripción es un medio de publicidad y prueba de anterioridad, que le permite el goce de los siguientes beneficios:

  • Seguridad.- El Registro de una obra, permite la garantía y certeza de su existencia, el mismo que contiene las indicaciones de fecha, título, autor, traductor y contenido de ser el caso; así como, para el caso de los contratos de transmisión de los derechos del titular. (Anexo N° 12).

  • Medio probatorio de la autoría.- Bajo el principio de presunción de verdad, la inscripción permite presumir ciertos los hechos que en ella se declaran; como tal, viene a ser un medio probatorio, que puede ser comparado en caso que los procesos iniciados por plagio y piratería así lo exijan.

  • Publicidad de las obras y contratos registrados.- El carácter público del registro, permite que cualquier persona interesada puede tener acceso a ella, ya que su función es la de publicitar su contenido.

La inscripción puede hacerse en cualquiera de las oficinas a nivel nacional; el registro es facultativo, acto que se puede realizar u omitir. Este hecho no impide al autor ejercer sus derechos cuando éstos hayan sido objeto de infracción; sin embargo, cabe recalcar que la inscripción permite la presunción de certeza de los actos que se declaran, los que a su vez, pueden ser contradichos en la vía judicial. 

"El número de personas que se han vuelto propietarias de sus ideas, mediante el registro de sus creaciones, inventos, marcas y obras en Indecopi, ha ido en aumento"
35 , así lo demuestra las cifras que a continuación se ofrece en el cuadro No 2

2.8.3. Características 

El registro de Derecho de Autor presenta las siguientes características:

a) Es facultativo.- Registrar una obra es un acto que "se puede hacer u omitir libremente y sin consecuencias desfavorables en ninguno de los supuestos"
36 . Consecuentemente, para ejercer su derecho el autor no requiere haber inscrito previamente su obra, dado que su ejercicio no se encuentra supeditado al registro.

b) Es declarativo.- El registro es considerado como elemento de presunción de verdad, respecto a los actos y derechos inscritos.

c) Es constitutivo de derechos.- Al ser considerado prueba para demostrar la titularidad, sin embargo, puede admitir prueba en contrario y con ello determinar finalmente quien es el autor; no crea derechos, constituye sólo un elemento referencial. 

d) Es exclusiva.- El titular de este derecho puede excluir a cualquier otro de su explotación económica.

e) Es temporal.- Derechos que se extienden al titular de por vida, y a sus herederos por espacio de 70 años luego de la muerte del autor, para luego pasar al dominio público e integrarse al patrimonio cultural de la nación.

Requisitos .- La Oficina de Derechos de Autor exige los siguientes requisitos para el registro de una obra literaria
37:

  1. Formato respectivo consignando todos los datos exigidos 

  2. Un Ejemplar de la Obra (en el caso de las Obras publicadas, los Ejemplares deberán consignar en un lugar 
    visible, los requisitos establecidos en los literales b) y j) del Artículo 99 del Decreto Legislativo 822) 

  3. La Autorización y/o Cesión de Derechos, en el que se especifique claramente los derechos cedidos, el     Tiempo de Duración, el Territorio y si el Acto es Oneroso o Gratuito o la Declaración Jurada de poseer tal documento. 

  4. Copia de los documentos que acrediten la existencia de la Persona Jurídica 

  5. Los poderes que fueren necesarios 

  6. En el caso de Documentos elaborados en el extranjero, deberán estar traducidos al español. En el caso de Poderes, además deberán contar con la correspondiente Visación Consular.

2.8.4. Denuncia y medidas cautelares ante la infracción al derecho de autor

Se considera que existe infracción cuando cumple encontramos los siguientes elementos:
Que exista una acción, un conducta que indique haber infringido las normas de protección a los derechos de autor, como puede ser el plagio, la reproducción, comunicación o distribución de las obras protegidas.
Que no exista autorización expresa para realizar tal acto.
Que se actúe con ánimo de lucro y causando daños y perjuicios a terceros.

Requisitos de las denuncias

  1. Solicitud señalando el Nombre o Razón Social del Denunciante, número de Documento de Identidad, domicilio, teléfono, fax y el domicilio en el que se efectuaran las Notificaciones a la otra parte. 

  2. Los Fundamentos que sustenten la Denuncia. 

  3. Copia de los Documentos o Pruebas que acrediten el interés y legitimidad para obrar. 

  4. Tantas copias de la denuncia y sus recaudos como denunciados existan 

  5. Ubicación exacta del local donde se presume se está llevando a cabo la infracción; y de conocerse, el nombre o Razón Social de los que se presume se encuentren ejecutando o vayan a ejecutar el acto infractorio. 

  6. Medidas cautelares que se solicitan 

  7. Las pruebas que sustenten la denuncia 

  8. Copia de los documentos que acrediten la existencia de la Persona Jurídica 

  9. Los poderes que fueren necesarios (*) 

  10. En el caso de documentos elaborados en el extranjero, deberán estar traducidos al español. En el caso de poderes, además deberán contar con la correspondiente Visación Consular 
    El pago es de 0,05 UIT por cada denunciado.

Requisitos para las medidas preventivas

  1. Solicitud señalando el Nombre o Razón Social del Solicitante, número de documento de identidad, domicilio, teléfono, fax y el domicilio en el que se efectuaran las notificaciones a la otra parte. 

  2. Los fundamentos que sustenten la necesidad de la medida cautelar 

  3. Tantas copias de la solicitud y sus recaudos como partes existan 

  4. Copia de los documentos o pruebas que acrediten el interés y legitimidad para obrar 

  5. Nombre o Razón Social de los que se presume se encuentren ejecutando o vayan a ejecutar el acto infractorio 

  6. Lugar exacto donde se debe aplicar la Medida 

  7. Copia de los documentos que acrediten la existencia de la Persona Jurídica 

  8. Los poderes que fueren necesarios 

  9. En el caso de documentos elaborados en el extranjero, deberán estar traducidos al español. En el caso de poderes, además deberán contar con la correspondiente Visación Consular.

Requisitos para las visitas inspectivas

  1. Solicitud señalando el Nombre o Razón Social del Solicitante, número de documento de identidad, domicilio, teléfono, fax y el domicilio en el que se efectuaran las notificaciones de la otra parte. 

  2. El motivo por el cual se solicita 

  3. Ubicación exacta del local en el que se efectuara la Inspección. 

  4. Nombre o Razón Social del presunto infractor en caso de conocerse. 

  5. Tantas copias de la solicitud y sus recaudos como artes existan 

  6. Copia de los documentos o pruebas que acrediten el interés y legitimidad para obrar. 

  7. Copia de los Documentos que acrediten la existencia de la Persona Jurídica 

  8. Los Poderes que fueren necesarios 

  9. En el caso de documentos elaborados en el extranjero, deberán estar traducidos al español. En el caso de poderes, además deberán contar con la correspondiente Visación Consular. 
    Pago de 0,05 UIT y 0,08 UIT en caso de software.

Base Legal: Decreto Legislativo 822 Art.169°/Decreto Legislativo 807 Art.2°

Los titulares de los derechos de autor, están facultados para solicitar a la autoridad administrativa correspondiente, adoptar medidas preventivas o cautelares a fin de evitar que se consuma la infracción a sus derechos. Estas medidas pueden ser: la suspensión o cese inmediato de la actividad ilícita; la incautación o comiso y retiro de los canales comerciales de los ejemplares producidos o utilizados y del material o equipo empleados para la actividad infractora; la realización de inspección, incautación o comiso sin aviso previo. No obstante que la autoridad administrativa tiene estas facultades, su labor hasta la fecha sigue siendo cuestionada por falta de efectividad en sus medidas; prueba de ello es que la actividad ilícita en materia de piratería editorial, lejos de disminuir sigue expandiéndose por todo el país.

2.8.4.1. Sanción a los infracciones

Ante la infracción a los derechos establecidos en la ley, la Oficina de Derecho de Autor tiene la facultad de sancionar a los infractores que cometan falta grave, entre las que cabe mencionarlas: vulnerar los derechos morales, obrar con ánimo de lucro o fines de comercialización directos o indirectos, presentación de declaraciones falsas en cuanto a certificaciones de ingresos, o adulteración de datos que perjudiquen al autor, realizar actividades propias de una entidad de gestión colectiva sin la autorización correspondiente, la reiterancia o reincidencia en realizar las conductas prohibidas. Comete falta grave, también quien fabrique, ensamble, importe, modifique, venda, alquile, ofrezca para la venta o alquiler, o ponga de cualquier forma, esquemas o equipos capaces de soslayar otro dispositivo destinado a impedir o restringir la realización de copias de obras, o a menoscabar la calidad de las copias realizadas. 

Antes de adoptar un determinado tipo de sanción, la autoridad competente evalúa una serie de aspectos, entre ellos el daño moral y patrimonial que pudiera haber causado al autor o sus derechohabientes. Al respecto, puede imponerse las sanciones contempladas en la ley, las que van desde la amonestación, multa, reparación de las omisiones, cierre temporal o definitivo del establecimiento comercial, incautación o comiso. En caso de reincidencia, la multa podrá ser el doble; debiendo abonarse en el plazo de cinco días, luego del cual procede la cobranza coactiva. 

Las fuentes periodísticas38, informan que desde el año 1993 hasta el mes de setiembre del 2000, la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi atendió 13 mil 331 procedimientos; de los cuales, cuatro mil 119 fueron por infracción y nueve mil 192 de registros. De los cuales, menos del 10% fueron objeto de apelación y el 80% fueron resoluciones confirmadas, habiendo promovido un total de mil 735 casos. Asimismo, un diario local,
39 tomando como fuente los datos de Indecopi, presenta la siguiente información en el cuadro No 3 y en el cuadro No 4.
 

2.9 Vías procedimentales ante la infracción a las normas del derecho de autor


Frente a la infracción a las normas que protegen el derecho de autor, las leyes vigentes en el país, franquean la posibilidad de accionar hasta por tres vías. Así tenemos:

2.9.1. Procedimiento administrativo

Frente a la infracción a las normas del Derecho de Autor, la ley permite accionar a través de la vía administrativa, a cargo de la ODA, procedimiento que es sumarísimo, se inicia de oficio o de parte, bajo el principio de simplicidad, celeridad y eficacia del procedimiento administrativo. A diferencia del procedimiento Judicial, esta vía evita la presentación de recursos como las tachas o excepciones, en ella se cita al presunto infractor quien al quinto día de recibida la notificación deberá acudir a la Oficina a responder por los cargos, si no lo hace, los hechos serán tomados por ciertos. 

La Oficina de Derechos de Autor, además, puede emplear el mecanismo de conciliación entre las partes, a fin que éstos se pongan de acuerdo; de ser así el proceso concluirá con el acta de conciliación. De llevarse a cabo el comparendo, la autoridad emite la Resolución, ante el cual cabe el recurso de apelación. 

Como segunda instancia se tiene al Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, el mismo que resuelve en última instancia administrativa los recursos de apelación de los procesos relacionados con los derechos de propiedad intelectual. Para interponer un recurso de esta naturaleza ante la sala respectiva, éste debe ser sustentado debidamente ante la misma autoridad que expidió la resolución, con nuevos documentos que lo respalden, con diferente interpretación y con las pruebas ya antes presentadas o apelando a cuestiones de puro derecho. Por su parte el agraviado, tiene expedito su derecho de acudir a la vía civil o penal sin que el procedimiento administrativo constituya en ningún caso una vía previa. Las acciones administrativas prescriben a los dos años desde la fecha en que cesó la infracción. Una vez agotada la vía administrativa, la ley da la posibilidad de iniciar la acción de contradicción de Resolución ante la Sala Civil de la Corte Superior de Lima y en forma de apelación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia. 

Los gráficos No 3, 4 y 5 publicados por Indecopi muestran la labor que realiza el Tribunal de Defensa de la Competencia, información actualizada hasta julio del año 2002. Cuyas cifran nos permiten deducir que son muy reducidos los casos denunciados por la infracción al derecho de autor, si comparamos con las cifras que la Cámara Peruana del Libro nos ofrece respecto al nivel que ha alcanzado este problema. 

2.9.2. Procedimiento civil

La Ley de Derecho de Autor establece que en la vía civil, se tramitarán las denuncias de acuerdo a lo establecido en el procedimiento abreviado previsto en el Código Procesal Civil. Los titulares de los derechos reconocidos por ley, sus representantes o las sociedades de gestión colectiva, podrán pedir el cese de la 
actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de daños materiales y morales causados por la violación. El cese de esta actividad comprende:

  1. La suspensión inmediata de la actividad infractora.

  2. La prohibición al infractor de reanudarla.

  3. El retiro del comercio de los ejemplares ilícitos y su entrega al titular de los derechos vulnerados.

  4. La inutilización de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos destinados a la reproducción de ejemplares ilícitos y, en caso necesario, la destrucción de tales instrumentos.

  5. La incautación de los aparatos utilizados en la comunicación pública no autorizada. 

Respecto a la demanda de indemnización por daños y perjuicios ocasionados al titular del derecho, se aplica las normas previstas por el depósito de los bienes embargados (Art. 63 del D.Leg. 807). Además, todo lo referente a la persona, al contrato, a los derechos y obligaciones, a las sucesiones y en general a toda actividad civil en las que intervienen las personas.

El procedimiento civil se inicia cuando se entabla una demanda ante el Juez Especializado Civil Competente, cumpliendo con todos los requisitos que comprende los artículos 424, 425 y siguientes del Código Procesal Civil, precisando el petitorio con claridad respecto a los hechos materia de la demanda, la fundamentaciòn jurídica, el monto del petitorio, las medidas probatorias, etc. luego, se corre traslado al demandado por el plazo de 10 días, con su contestación o en rebeldía, el Juez citará a una audiencia de saneamiento y conciliación, posteriormente a la audiencia de pruebas, concluida ésta, el Juez emitirá sentencia en un plazo de 25 días, pudiendo cualquiera de las partes apelar a la Sala Civil de la Corte Superior correspondiente, quien emitirá sentencia de vista en última instancia.

2.9.3. Procedimiento Penal

Los delitos contra los derechos intelectuales se encuentran tipificados en el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales. Al margen de las acciones administrativas y civiles, el Jefe de la Oficina de Derechos de Autor está facultado de presentar la denuncia penal ante el Ministerio Público cuando existan indicios razonables de la comisión de un delito; y será el Poder Judicial el encargado de su juzgamiento. En caso de flagrante delito, el Juez a solicitud del Ministerio Público, ordenará el allanamiento o descerraje del lugar donde se estuviere cometiendo el delito.

El Decreto Legislativo N° 822, modificó el Código Penal, estableciendo penas más severas que van desde los dos hasta los ocho años de pena privativa de libertad a quien cometa el delitos contra los derechos intelectuales(ver marco jurídico). 

2.10. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual


2.10.1. Antecedentes socioeconómicos y la creación de INDECOPI

El año 1991 luego de la desintegración de la URSS, se acentúa la dominación del modelo capitalista de libre mercado, y se impone la época de la Globalización, un fenómeno con repercusiones políticas, culturales, tecnológicas y esencialmente económicas, que, de acuerdo a los directores de la Reserva Federal de los EE.UU y del F.M.I., si todos los países se unifican en una sola economía, los factores productivos tendrían gran movilidad y se volcarían hacia las áreas menos desarrolladas, resolviendo gran parte de los problemas económicos. 

Se impone así el nuevo sistema, priorizando el mercado de competencia generalizada. Sin embargo, al ponerse en marcha el proyecto los analistas del tema advirtieron los peligros de este sistema, al decir de Lester Thurow
40

  1. La filosofía del capitalismo, se basa en la supervivencia del más fuerte y las desigualdades del poder adquisitivo.

  2. Los individuos y las empresas se hacen eficientes para ser ricos.

  3. El capitalismo es perfectamente compatible con la esclavitud, el que a su vez no es compatible con la democracia.

  4. Las economías de mercado convierten las igualdades en desigualdades.

  5. Los trabajadores difícilmente tendrán salarios dignos.

Situación que han experimentado casi todos los países en desarrollo, en las que se expandió la globalización y el mercado libre, el capital aumentó sus utilidades en tanto que los países al igual que sus trabajadores se empobrecieron. Rodrigo Borja (2000)41, hace duras críticas a la Economía de Mercado al señalar: La concentración del poder mediante la privatización de las empresas, que beneficia a los empresarios privados, y juntan así al poder político y el poder económico, multiplicando el dominio social de quienes lo ejercen en perjuicio de la libertad de todos los demás. Cuando vemos las relaciones del Estado y el Mercado, veremos que el libre mercado no es compatible con un Estado democrático; porque mientras un Estado Democrático busca la igualdad y la justicia como valores fundamentales del sistema social que auspicia, el mercado tiene otras categorías éticas y distintos objetivos. No le importa que los individuos o corporaciones económicamente fuertes sojuzguen a los demás y los desplacen. Acepta como un derecho que ellos expulsen a los incompetentes y les condene a la extinción económica, la libre competencia es arrebatarle a otros toda oportunidad de ganancia. 

Oswaldo de Rivero (2000)
42 considera que, la marginadora "Aldea Global" tiene sus ghettos elegantes de todas las ciudades del mundo, detrás de esta calle proliferan, barrios modestos, tugurios, favelas, pueblos jóvenes; donde el agua, la energía y los alimentos son cada vez más escasos. Está surgiendo un apartheid social global, que muestra con los estudios que preparó para la Cumbre Social (Ginebra-2000), cómo la economía global produjo en 1999, 45 trillones de dólares en bienes y servicios; de los cuales el 45% de esos ingresos fueron a parar a manos de tan sólo el 12% de la población del mundo. Se incrementa la brecha entre países ricos y pobres, entre pobres y ricos. En 1960 el 20% de la población más rica del mundo tenía 30 veces los ingresos de los más pobres. En 1997, esta relación es de 74 veces. ."El único factor de producción con permiso de circular globalmente es el capital, en contraste al trabajo, la mano de obra abundante de los países pobres y la tecnología que ellos necesitan no tienen libertad global para circular ni para replicarse, estos factores están protegidos contra la globalización por severas leyes de inmigración y de propiedad intelectual. En la práctica este falso liberalismo favorece más la libertad de las actividades corporativas anónimas de las transnacionales y del capital financiero que la libertad económica de los individuos a circular y replicar inversiones"43 Por otro lado, el patrimonio de los hombres más ricos del mundo representa el 41 por ciento de los ingresos de la población mundial, mientras que la mayoría vive con 2 a 5 dólares diarios.

Aníbal Quijano (2000) agrega: "Entre las víctimas, el desempleo masivo, la polarización social mundial entre una minoría de ricos, cada vez más reducida y cada vez más rica, y una mayoría que crece y que es cada vez más pobre (hoy el 20% de la población mundial concentra el 80% del producto mundial)"
44. Y si hablamos de ingreso per cápita:

  • 1,000 millones de personas, de Canadá, EE.UU. Europa, Japón, Australia, tienen un ingreso per cápita de $70.00 diarios

  • 3,420 millones de personas ( 63 países), ingreso per cápita $ 2.00 diarios.

  • 1,200 millones de personas ( resto de países) ingreso percápita menos de $1.00 diarios.

Es en este contexto socioeconómico que se crea el Indecopi, respondiendo básicamente a un modelo económico de tipo liberal.

2.10.2. Antecedentes técnicos que justifican la creación de INDECOPI 

La necesidad de contar con un sistema de normalización técnica de los productos, permitió finalmente la creación de Indecopi.


2.10.3. Antecedentes en el mundo

  • 1901, hasta antes del siglo XX, los países contaban con sus propias normas técnicas que lejos de facilitar la libre circulación de productos, creaban barreras u obstáculos, este hecho hace que se creara la British Standards Institution, BSI; surgiendo posteriormente la Asociation Francaise de Normalisation, AFNOR, La Deustcher Normenausschuss, DIN, etc. como instituciones de normalización técnica que sentaron las bases para los años siguientes.

  • 1926, los Institutos Nacionales de Normalización fundan este año, la Federación Internacional de Asociaciones Nacionales de Normalización, ISA, disuelta luego de la II Guerra Mundial, y cuyo trabajo fue continuado por la ISO.

  • 1946, surge la Internacional Organization for Standardizarion (ISO), organización internacional de normalización con sede en Ginebra - Suiza, que administra las normas internacionales aprobadas por la Organización Internacional del Trabajo, referidas a los requisitos que debe cumplir el sistema de calidad de las empresas, como un requisito básico para ingresar al mercado internacional. Estas normas contienen los requisitos aceptados a nivel internacional, para demostrar que las empresas siguen los conceptos y procedimientos hacia el logro de la calidad total, facilitando el intercambio mundial de bienes y servicios a nivel de las empresas.

  • Surgen luego las entidades de las Naciones Unidas, como la Organización para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y la Organización Mundial de la Salud, OMS, quienes coordinadamente establecen Normas tendientes a abastecer a la humanidad con los recursos básicos que permitan cubrir las necesidades básicas de alimentación y salud. Estas Normas y Recomendaciones, establecen requisitos iguales para productos manufacturados en diversas partes del mundo.

2.10.4. Antecedentes en el Perú

Rosa María Palacios lo define: "Las Normas Técnicas podrían describirse como especificaciones acerca de productos y servicios que pueden referirse a su terminología, clasificación, requisitos, métodos de ensayo, muestro e inspección, envase y embalaje" , señala además: "Desde la fundación del Inantic en 1962-que posteriormente fue convertido en Itintec, hasta la fecha (1994), se aprobaron unas 3,300 Normas Técnicas Peruanas.

1862. Ley de Pesas y Medidas.- Aprobada durante el Gobierno del Mariscal Miguel de San Román, estableció las unidades de medidas a usar en el país las que se derivaban de las usadas en la época incaica y colonial. Posteriormente, la necesidad de normalizar, permitió la aprobación de una serie de reglamentos y códigos, entre ellos el reglamento de la Construcción, de Caminos, de Agua, etc.

1959. Ley N° 13270.- Creación del Instituto Nacional de Normas Técnicas Industriales y Certificación (INANTIC).- Sus actividades se inician el año 1962 mediante la dación del Decreto Supremo N° 31 - F, modificadora del Reglamento y la Ley.

1970 . D.L. N° 18350.- Promulgación de la Ley General de Industrias y los D.L. N° 19262 y 19565.- Normas que establecen los objetivos y funciones del Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y Normas Técnicas, que antes correspondía al INANTIC, las que se ampliaron a todos los sectores de la economía nacional y dieron lugar a la creación de las nuevas normas de investigación tecnológica industrial. 

1981. Decreto Legislativo N° 171.- Ley de Organización y Funciones del ITINTEC, vigente hasta 1992. Este Instituto tuvo por finalidad elaborar y aplicar normas técnicas a nivel de empresas y la difusión de las mismas a nivel nacional, asimismo; el otorgamiento del sello de calidad, y acreditar la calidad que confería el sello ITINTEC al ser aplicado sobre un producto determinado. 

1992. Decreto Ley N° 258868.- Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad ( INDECOPI) .- Se crea este organismo dependiente del ministerio de Industria, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, con personería jurídica de derecho público y autonomía técnica, económica, presupuestal y administrativa. 

2.10.5. Creación del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

Respondiendo a un nuevo modelo económico de tipo liberal, a inicios de la década del 90, se aprueban una serie de normas destinadas a proteger el libre mercado. Es así como surge el INDECOPI, "... que tiene como finalidad esencial, garantizar el funcionamiento fluido de un mercado entre los participantes del mismo, las empresas y los consumidores"
45

El Art. 2° de este Decreto, establece que es el organismo encargado de la aplicación de las normas legales destinadas a proteger:

  • El mercado de las prácticas monopólicas que resulten controlistas y restrictivas de la competencia en la producción y comercialización de bienes y en la prestación de servicios, así como de las prácticas que generan competencia y de aquellas que afectan a los agentes del mercado y a los consumidores.

  • Los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones-

  • La calidad de los productos, y otros que se le asignen.

  • Los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, conforme lo estipula el Art. 30, la calidad de los productos, y otros que se le asigne.

A. Finalidad

  1. Evitar prácticas monopólicas y restrictivas de la libre competencia.

  2. Garantizar al consumidor la información adecuada para asegurar sus derechos de elección.

  3. Evitar los actos de competencia desleal.

  4. Evitar el desarrollo de prácticas desleales en el comercio internacional, tales como el dumping o los subsidios.

  5. Reducir los costos de acceso y salida del mercado.

  6. Aprobar normas Técnicas y Metrológicas.

  7. Proteger todas las formas de propiedad intelectual, desde los signos distintivos y los derechos de autor, hasta las patentes y la biotecnología.

B. Funciones

  1. Impulsar y difundir la libre competencia.

  2. Promover la participación adecuada de los agentes económicos en el mercado.

  3. Fomentar una competencia leal, justa y honesta entre los proveedores de bienes y servicios.

  4. Velar por el respeto de la libre competencia en el comercio internacional.

  5. Reducir los costos de acceso y salida del mercado.

  6. Aprobar las normas técnicas y metrológicas.

  7. Proteger todas las formas de propiedad intelectual: desde los signos distintivos, los derechos de autor y las patentes hasta los conocimientos que se generan en los nuevos campos como el de la biotecnología.

  8. Brindar servicios de información, registro, solución de conflictos, calibraciones metrológicas y certificaciones.

El portal de esta institución señala: El Indecopi fue creado en noviembre de 1992 para promover en la economía peruana una cultura leal y honesta competencia y para proteger todas las formas de propiedad intelectual; desde los signos distintivos y los derechos de autor hasta las patentes y la biotecnologìa. 

Misión.- Ser el facilitador de la leal y honesta competencia en el Perú

Visión
.- Lograr juntos que la leal y honesta competencia contribuya a generar bienestar para todos. 
La Memoria Institucional (1992-199), indica que esta institución cumple sus funciones bajo cuatro condiciones básicas:

  • Tecnicismo, el cual se logra con alto nivel de especialización, y experiencia en el funcionamiento del mercado, compatibles a los grandes organismos internacionales.

  • Independencia y autonomía, de intereses económicos, políticos, sociales, particulares, tanto externa, como internamente.

  • Participación, en el que todos sus órganos funcionales operan como órganos colegiados, incluyendo a miembros del sector público y privado de la sociedad civil; interactuando con los consumidores, proveedores e instituciones.

  • Coordinación, coordina con todos los agentes económicos que participan en el mercado.

C. La Descentralización

El sistema descentralizado de funciones, permite a Indecopi, emplear la franquicia de sus servicios a través del sector privado, para ello emplea una red de socios con funciones delegadas, quienes cubren a su vez, los costos de operación y de logística; permite la participación de la sociedad civil, a través de las entidades de mayor prestigio en cada zona. A la fecha, se han instalado Oficinas Descentralizadas del Indecopi (ODI) en los departamentos de Arequipa, Cajamarca, Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Puno y Tacna y los Módulos de Indecopi Informa en Tarapoto, Cofide y La Sociedad Nacional de Industrias. Indecopi señala, en virtud de los Convenios de Delegación de Funciones se conviene en delegar a las Entidades Delegadas la responsabilidad de instalar, implementar, conducir y garantizar el funcionamiento de Oficinas Descentralizadas del Indecopi y los Módulos Indecopi Informa, las cuales han hecho posible la descentralización de algunas de las facultades y servicios que presta nuestra Institución a la ciudadanía.

Se ha transferido el know-how del Indecopi, es decir el "Cómo hacer", a las oficinas del interior del país, a fin de fortalecer la calidad en el servicio; asimismo, practica la unidad de criterios en la toma de decisiones a nivel nacional. El Indecopi supervisa y fiscaliza a los socios que reciben la franquicia, a fin que éstos cumplan con los estándares de calidad. 

2.10.6. Los Principios Rectores de Indecopi

Resumimos lo señalado en la Memoria Institucional (1992-1999):

  1. Promoción de la autonomía privada y la voluntad de las partes.- Este principio permite reforzar la toma de decisiones económicas del ciudadano, privilegiando la conciliación entre las partes, de tal forma que los consumidores y empresarios, se pongan de acuerdo y resuelven así sus diferencias. 

  2. Control ex - post de las actividades empresariales.- Anteriormente el Estado realizaba acciones de control antes de la entrada de productos y servicio al mercado, hecho que representaba un alto costo para las dos partes. Entre ellos estaban los controles de precios, las normas y regulaciones técnicas, licencias, registros, autorizaciones para el propio consumidor. Actualmente, toda esta actividad lo realiza la institución, luego que el producto ya se encuentra en el mercado, y cuando se ha cumplido con las reglas básicas del mercado y la libre competencia. Todo este control lleva a que exista menos trámites, infraestructura y funcionarios; asimismo, genera un menor costo para el Estado.

  3. Búsqueda de calidad en los servicios y bienes de las empresas.- Indecopi promueve la oferta de productos y servicios sin aplicar sanciones ni distorsiones, de tal forma que los agentes económicos corrijan sus propias fallas. 

2.10.7. Los Servicios que ofrece INDECOPI

Esta Institución presta servicios en cuatro grandes áreas:

  • Solución de conflictos, reconociendo la autonomía de las partes, y promoviendo el uso de la conciliación

  • Servicio de registro, reconoce y crea nuevos propietarios de derechos intelectuales.

  • Servicios de información, que el consumidor y el empresario accedan a la información sobre patentes y tecnología, trámites legales, normas técnicas e información comparativa de productos.

  • Elaboración de Normas Técnicas Peruanas. Como organismo de normalización, presta servicios de conformación, supervisión y asesoría a comités técnicos y otorga la acreditación o reconocimiento a organismos públicos y privados que demuestran competencia técnica para la emisión de informes de ensayo y calibración, inspección y certificación de productos, así como sistemas de calidad y personal.

Por la importancia que tiene, resumimos de manera muy somera46, cada uno de los servicios que presta:

A. El Servicio Nacional de Estandarización.- Los patrones nacionales de las unidades legales de medida, están a cargo del Servicio Nacional de Metrología, que ofrece servicios de certificación metrológica y mediciones de instalaciones y productos. El servicio de calibración solicitada por la industria nacional se ha incrementado en un 412%, hecho que nota la importancia de la calidad, tanto en los pesos y medidas y que éstos tengan estándares acorde a la demanda de los consumidores. Hasta la fecha se han aprobado un promedio de 452 normas técnicas.

B. Servicio de Información.- Considera de vital importancia la labor informativa, sobre la economía de mercado, la defensa de la competencia y la propiedad intelectual. Como tal, desarrolla una labor educativa y de difusión, ofreciendo información útil al sector gubernamental, al empresariado y la sociedad en su conjunto. El 88% de los ciudadanos solicita información sobre cosas muy sencillas, los mismos que son resueltos con la mayor precisión posible.

C. Servicio de protección al Turista.- El turismo constituye una de las fuentes más importantes de ingresos. Este servicio brinda asesoría e información, a la vez que puede recibir denuncias de los turistas, cuando éstos consideran que sus derechos de consumidor no están siendo protegidos.

2.10.8. Procedimientos seguidos y mecanismos de resolución de conflictos

A través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, Indecopi ha manejado hasta el año 2000, más de 250 mil casos,
47 disputas, peticiones y reclamos, que dejaron de ir al Poder Judicial. Asimismo, los datos que a continuación se muestran nos indica los porcentajes alcanzados en los procedimientos iniciados ante esta institución.

El cuadro No 5 nos indica que de todos los casos iniciados en Indecopi, el 96% fueron resueltos en primera Instancia, de los cuales sólo el 4% llegó al Tribunal y el 7% fue impugnado en el Poder Judicial. 
Cada uno de los órganos que integran la estructura de Indecopi, actúan con autonomía funcional y técnica, veamos la estructura Orgánica Funcional de INDECOPI.

2.10.9. Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual

Constituye la segunda y última instancia administrativa, órgano que resuelve los procesos relacionados con la defensa de la competencia, los derechos del consumidor y la propiedad intelectual. Este Tribunal está compuesto por las salas de Defensa de la Competencia y la Sala de la Propiedad Intelectual, integrado por seis y cuatro vocales respectivamente, sus resoluciones sólo pueden ser impugnadas ante el Poder Judicial.

2.10.10. Comisiones

  • Comisión de libre competencia.- Su objeto es que se cumplan las normas de defensa de la competencia, las que se encuentran en el Decreto Legislativo N° 701, y las referidas al control de concentraciones empresariales en el Sector Eléctrico, contenidas en la Ley N° 26876 y su Reglamento; Decreto Supremo N° 017-98-ITINCI.

  • Comisión de protección al consumidor.- Se encarga de hacer cumplir la ley de Protección al consumidor. Decreto Legislativo N° 716 por la que se establece los derechos fundamentales de los consumidores y de los proveedores.

  • Comisión de represión de la competencia desleal.- Previene y sanciona la publicidad ilícita, evaluando las conductas contrarias a la buena fe comercial y al normal desenvolvimiento de las actividades económicas. Supervisa el cumplimiento de las normas de publicidad, a la vez que sanciona los actos que induzcan a la confusión, al error o constituyan engaño. 

  • Comisión de fiscalización de dumping y subsidios.- Su función es velar por el cumplimiento de las normas destinadas a evitar y corregir ciertas distorsiones generadas por importaciones de productos a precios de dumping (exportación de determinados productos a un precio menor al que se vende en el país de origen, en el mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias) y subsidios. 

  • Comisión de reglamentos técnicos y comerciales.- Cumple tres grandes funciones: primero, la aprobación de Normas Técnicas Peruanas y Normas Metrológicas Peruanas, que constituyen el objeto del Sistema Peruano de Normalización. Segundo, evalúa y califica a las entidades públicas y privadas, a través de procedimientos de acreditación. Tercero, defensa de las normas de libre comercio, en especial las de comercio exterior. 

  • Comisión de acceso al Mercado.- Su función es supervisar que los actos, disposiciones y exigencias de la Administración Pública no constituyan barreras que obstaculicen el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado. 

  • Comisión de Procedimiento Concursales.- Sustituye a la anterior Comisión de Reestructuración Patrimonial, tiene como base la Ley 27809 (Agosto 2002) denominada Procedimiento Concursal Ordinario. Encargado de la tramitación de los distintos procedimientos destinados a afrontar la problamática de crisis que puede afectar a los agentes de relaciones de índole patrimonial. Con la finalidad de generar un ambiente idóneo para que, bajo la supervisión de INDECOPI se lleve a cabo una negociación entre los acreedores y el deudor común a todos ellos sometido a concurso, a fin de alcanzar soluciones eficientes ante la situación de falencia orientadas a conseguir el máximo valor del patrimonio en crisis.

2.10.11. Sala de Protección a la Propiedad Intelectual

Oficina de signos distintivos.- Órgano encargado de supervisar lo concerniente a marcas, nombres y lemas comerciales, denominaciones de origen, incluyendo los procesos contenciosos en la vía administrativa sobre la materia. Esta Oficina protege los derechos derivados de dicho registro, incluyendo los derechos de propiedad industrial en materia de signos distintivos.

Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías.- Su función es llevar el registro de patentes de invención, certificados de protección, modelos de utilidad, diseños industriales, variedades vegetales protegidas y nuevas tecnologías. Resuelve las denuncias sobre actos violatorios a los derechos registrados y difunde el uso de los avances científicos y tecnológicos. Otra de sus funciones es otorgar el listado de licencias de uso de tecnología, asistencia técnica, ingeniería básica y de detalle y franquicia de origen extranjero.

Oficina de Derechos de Autor.- Encargada de proteger los derechos de Propiedad Intelectual, registrar los derechos de autor de las obras literarias y artísticas en todas sus manifestaciones. Asimismo promueve la creación de conciencia sobre el respeto a los derechos intelectuales. 

Inicia su funcionamiento el 08 de marzo de 1993. La Oficina promueve una cultura de respeto al derecho de autor y los derechos conexos, como parte de sus funciones se encarga de velar por el cumplimiento de las normas legales que protegen al autor, a los artistas intérpretes y ejecutantes con respecto a sus obras, interpretaciones y ejecuciones así como a todo titular de derechos sobre las mismas. Adicionalmente, la Oficina de Derechos de Autor autoriza y supervisa el funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva, es decir, aquellas entidades privadas que representan a los autores o titulares de los derechos de autor o derechos conexos recaudando y distribuyendo las regalías por el uso de sus sobras. La Oficina de Derechos de Autor, tiene bajo su estructura orgánica al Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Este Registro data desde 1943, contándose desde esta época con un depósito de intangibles conformado por obras literarias, obras artísticas, actualmente cuenta con una base de datos de aproximadamente 33 000 registros, que incluye todos los registros otorgados desde el mencionado año. 

2.11. Problemática de la protección jurídica a las obras literarias en el Perú


La norma vigente (Decreto Legislativo 822) en su Título I, hace referencia explícita al objeto de protección del derecho de autor, cuando señala: "Art. 5°.- Están comprendidas entre las obras protegidas las siguientes (...)". Enuncia diferentes clases de obras, tales como: obras literarias, composiciones musicales, audiovisuales, artes plásticas, arquitectura, fotografía, programas de ordenador, etc. Dado a la gran variedad de obras que la ley clasifica, hemos delimitado nuestra investigación sólo al caso de las obras literarias expresadas en forma escrita, entre otros considerandos porque éstas siguen constituyendo las de mayor uso y difusión de ideas, de cultura, información y conocimiento en una población de más de 26 millones de peruanos.

2.11.1. El libro en el Perú

Al difundirse el uso de la imprenta en Europa y América del Sur, aparece el primer libro impreso en Lima, a cargo de don Antonio Ricardo el año 1584, con el título de: "Doctrina cristiana y catecismo para introducción de los indios y demás personas que ha de ser enseñadas en nuestra santa fe con un confesionario y otros casos necesarios para los que doctrinan". Durante la colonia, la publicación y el comercio de libros estaban controlados y restringidos por la iglesia, sin embargo, en los años previos a la Independencia, la impresión de material bibliográfico (libros, revistas, periódicos, folletos, etc.) se caracterizó por su mayor contenido ideológico y político, contribuyendo así a las profundas transformaciones socio históricas de la época, en especial a partir de 1810 cuando se suprime la Santa Inquisición decretado por la Institución de Cádiz, generando mayor libertad de pensamiento y la consecuente circulación de impresos, que a su vez, tenían importantes contenidos científicos, tal como lo demuestran los diferentes números que se editaron de " El Mercurio Peruano" elaborado por la Asociación Amantes del País (1791 y 1794). De León Penagos (1995) en una extraordinaria defensa a la vigencia del libro anota:

"En la actualidad se afirma con frecuencia que el libro resulta inadecuado como medio de comunicación y que, por tanto, no satisface las necesidades de una sociedad más técnica que humanística. Es evidente que el hombre contemporáneo está cercado por los medios masivos de comunicación; pero a pesar de que la lectura de libros se vea relegada, difícilmente acabará en este siglo la historia del libro, pues para ello sería indispensable que los seres humanos perdieran la capacidad de inquietarse y la necesidad de transmitir sus ideas"48 

Segundo Llanos Horna
49 considera que el libro ha tenido una influencia determinante en la cultura humana y en el progreso de la sociedad. Constituye el fruto del saber humano, de la inteligencia creadora y es el vehículo transportador del conocimiento y la belleza en el tiempo y la distancia. El autor añade, a través de la historia, este instrumento ha sufrido persecuciones, incautaciones, proscripciones e incineraciones con los cargos de inmoralidad, subversión o alteración del "orden constituido". Por un lado la Iglesia y por el otro el Estado, convirtiéndolo en un personaje histórico, frente a los bibliómanos, bibliófilos y a la bibliofobia, cita a John Milton, quien en su obra "Aeropagítica" decía: "Quien destruye un buen libro destruye la misma razón, da muerte a la imagen viva de Dios". 

Armando Robles Godoy, durante el ciclo de conferencias denominada: "El libro, la cultura y el desarrollo" Organizada por La Comisión de Cultura y Patrimonio del Congreso de la República (marzo 2002), sostenía: lo que está en crisis en el Perú no es el libro, sino la cultura, el aspecto cultural su única razón de ser, que a través del libro, conserva, cataliza, difunde la cultura. Es el resultado de la creatividad del hombre, ya que por naturaleza crea, el libro es su fruto. El libro nace del autor y alcanza al lector, es inmortal, nunca muere, sobrevive a todos los autores y lectores, encontramos allí la línea entre la creación y la artificialidad. El libro no es un producto industrial, sino esencialmente cultural, porque están presentes los componentes individuales y sociales, producto de la individualidad y social del hombre. La cultura es ajena a la competitividad, el libro industrial es una consecuencia del libro cultura, y lo que debe exigirse es que el Poder Judicial haga cumplir la ley, además que el Estado debe apoyar la industria del libro, rebajando los impuestos e incentivando a los autores y editores, con lo cual puede bajar el costo de los libros que para la mayoría de la población es muy alto. Lo que finalmente se debe hacer es que el libro sea un producto grato, incentivando el placer por la lectura, el estímulo, la emoción, el amor que conducirán a la necesidad real de leer.

Por su parte Juan Abugatas, afirma: el problema de la educación peruana es que existe un alto índice de analfabetismo funcional, niños que no leen y los que leen no entienden. En la universidad la situación no es muy diferente, se lee muy poco, además de no existir suficientes bibliotecas equipadas y actualizadas, por tanto, se debe realizar un esfuerzo nacional con la participación del Estado, el sector privado y la sociedad en su conjunto.

2.11.2. Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor

En conmemoración a la fecha de muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, del nacimiento de William Shakespeare y del Inca Garcilazo de la Vega, la vigésima octava reunión anual de la UNESCO (París 1995) mediante Resolución N° 318, promovida por la Unión Internacional de Editores (UIE), instauró en más de 80 países del mundo el 23 de abril como el "Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor" con el afán de revalorar el libro y al autor. El Director General de la UNESCO Koichiro Matsuura (en conmemoración a la fecha) señalaba:

" En nuestro mundo globalizado, el libro se ha convertido en el adalid indispensable en la lucha por la diversidad cultural y lingüística además de un aliado para garantizar el acceso al conocimiento, la libertad y la paz. Así lo entienden millones de personas que, desde 1995, celebran en cerca de 80 países el Día Mundial de Libro y del Derecho de Autor. El libro es un inestimable compañero de ruta y de vida, y lo es, para las sociedades que privilegian la transmisión oral, como para las que se han construido en torno a la palabra escrita. El libro se respeta y aprecia como guardián de la tradición y del patrimonio cultural, pero también como vehículo de nuevas formas de expresión. Además, el libro es un pilar fundamental para la educación básica, esencial en la lucha contra la pobreza y sirve de sólido referente a los rápidos avances de las nuevas tecnología de la comunicación y de la información en las sociedades modernas. Por todo ello, y fiel al espíritu de su Constitución, la UNESCO considera, hoy más que nunca, imprescindible su misión de promover el desarrollo de la industria editora, la libre circulación del libro y el acceso de todos los públicos a la lectura. La protección de los autores frente al uso ilegal del producto de su trabajo no es sino su consecuencia lógica. Así, la UNESCO apoya a sus países miembros en el desarrollo y aplicación de políticas nacionales del libro, garantizando al mismo tiempo que los autores reciban una parte justa de los ingresos generados por sus obras. Al contribuir de tantas maneras al desarrollo, el libro es un instrumento del progreso. Sin embargo, precisamente por ser expresión del pensamiento, espejo del alma, el libro crea nuevas oportunidades para la humanización del mundo. El papel de la UNESCO en el campo del derecho de autor proviene de la propia naturales de la Organización y de los objetivos de su Constitución, la cual declara expresamente que la UNESCO alentará "la cooperación entre las naciones en todas las ramas de la actividad intelectual", "Facilitando, mediante los métodos adecuados de cooperación internacional, el acceso de todos los pueblos a lo que cada uno de ellos publique" y recomendará, así mismo, "los acuerdos internacionales que estime convenientes para facilitar la libre circulación de las ideas por medio de la palabra y la imagen".

La UNESCO, en el marco del Artículo 27.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en la carta de su constitución, se fija como objetivo ayudar con miras " a la conservación, al progreso y a la difusión del saber (...), velando por la conservación y la protección del patrimonio universal de libros, obras de arte (...) recomendando a las naciones interesadas ratificar las convenciones internacionales que sean necesarias para tal fin"
50. Como parte de sus funciones a favor del desarrollo de la educación y la cultura en el mundo, siempre ha tenido preocupación por la protección al derecho intelectual, es así que en su 16° ava Conferencia General en 1970 adoptó la resolución 4.122 autorizando al Director General a "establecer y administrar un Centro Internacional de Información sobre el Derecho de Autor relativo a los libros a fin de dar a los países en vías de desarrollo un acceso más fácil a las obras protegidas". 

Sus voceros consideran que el objetivo de una política de desarrollo del libro es lograr que todos los niveles de la sociedad puedan acceder con mayor facilidad a los textos. Por tanto, esta política debe contemplar metas para cada uno de los protagonistas de la cadena, respetando el equilibrio entre los lineamientos educativos y culturales del Estado y el desarrollo industrial del sector editorial. "Estas metas van desde el estímulo a la creación literaria hasta el establecimiento de un marco legal apropiado para la protección de los derechos de autor", esta organización tiene importancia por ser la depositaria de la Convención Universal de los Derechos de Autor, y realiza acciones que permiten garantizar el respeto al derecho de autor y el acceso a la información, por ser uno de los derechos humanos fundamentales. Además, la UNESCO ofrece a todos los países asistencia técnica sobre protección y gestión de los derechos de autor y de los artistas, además de administrar algunas convenciones junto con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

2.11.3. El Editor

El Decreto Legislativo 822 lo define: "Editor: Persona natural o jurídica que mediante contrato con el autor o sus derecho habientes se obliga a asegurar la publicación y difusión de la obra por su propia cuenta". (Art. 2, inc. 10). Es considerado el puente entre el libro y el público, dedicado a la actividad editorial, que significa reproducir en varios ejemplares una obra literaria mediante la imprenta, su labor se basa en tres aspectos esenciales: 

La rentabilidad.- La inversión en la actividad editorial, implica realizar un minucioso estudio de mercado, a fin de conocer los niveles de oferta y demanda en los diferentes sectores de la población, dado que una obra literaria al margen del valor cultural, social y educativo, es una mercancía como cualquier otra, sujeta a regulaciones estatales y dependiente de los insumos y la tecnología empleada en su producción.

La competencia.- La Constitución actual propugna la economía de mercado, prohíbe el monopolio; como tal, surge la competitividad en quienes dedican su labor a la misma actividad. Por tanto, para que los productos se ajusten a los niveles de competitividad del mercado y se garantice el éxito de las ventas se requiere mayor inversión y tecnificación, que permita mejorar la calidad del producto, como tal, la inversión del editor debe rendir utilidades acordes a sus expectativas.

Publicidad.- Otro elemento fundamental que requiere el editor, es la publicidad, recurriendo a todos los medios de comunicación a su alcance, a fin de lograr que su producto sea aceptado y consumido por el mercado. 

En el Perú, es la Cámara Peruana del Libro, la que aglutina la mayor cantidad de editores que operan en el país, entidad que viene insistiendo desde hace más de una década la aprobación de la ley del libro, que sirva de instrumento jurídico para luchar entre otros, contra la piratería, la reducción de impuestos, y el acceso a un régimen crediticio promocional que posibilite ser sujeto de crédito, y así enfrentar la cada vez más difícil situación de la industria editora en el país.

Respecto a los autores y editores, la UIE en su XXIII Congreso, señala:

VII. Autores y editores

Una estrecha relación individual entre el autor y su editor es esencial para escribir y publicar con éxito; esta relación personal es la base del óptimo desarrollo y difusión de la obra escrita.

  1. Para los editores, ello significa tomar en cuenta los intereses de los autores en la publicación de su obra, darles un porcentaje equitativo de los resultados económicos de la edición y hacer todo lo posible para asegurar la disponibilidad de la obra (o, si es necesario, acceder a que los derechos de edición reviertan al autor). Además, los editores deben ganarse la confianza de los autores en función de la profesionalidad editorial, explicándoles cuanto proceda sobre el proceso de edición, producción y marketing, consultándoseles y facilitándoles información clara sobre las ventas y asegurándose de que comprenden y aceptan las condiciones del contrato.

  2. Para los autores, ello supone entender que la capacidad profesional del editor constituye una contribución real al éxito de la obra, siendo conscientes de que confiar al editor el derecho exclusivo de publicación de su obra en cualquier soporte y en cualquier país, aumenta sensiblemente las posibilidades de éxito de la obra.

  3. La naturaleza de la relación entre autores y editores es de una variedad infinita y depende de la propia naturaleza de la obra, la contribución de cada una de las partes y del equilibrio de interés que ambos hayan acordado. Del mismo modo que es esencial que el autor pueda negociar condiciones equitativas (dejándose representar por un agente literario si así lo desea), es también necesario reconocer que la imposición de cláusulas generales, ya sea por imperativo legal o como consecuencia de un acuerdo colectivo, puede restringir innecesariamente la posibilidad de editar una obra con éxito y de asegurar una retribución óptima al autor.51 

2.12. La piratería de obras literarias


Se deriva del término pirata, cuya actividad se remonta a las acciones delictivas de fines de la Edad Media, se llevaban a cabo en el mar o en las costas desguarnecidas, como fue el Mediterráneo, y el mar Caribe durante el descubrimiento del Nuevo Mundo. 

"Ladrón que, con embarcación propia o mal habida, roba en el mar o realiza fugaces desembarcos en puntos mal defendidos. (...) También se aplica el vocablo a la persona que sin escrúpulos se beneficia patrimonialmente". 52

2.12.1. Definición

"Además del ejercicio de pirata y de la presa o robo que hace, piratería se dice de la destrucción o apoderamiento sin escrúpulos de los bienes. ajenos. (...) La piratería ha constituido una de las plagas de la humanidad. Ya Cicerón calificaba a los piratas como enemigos de todas las gentes". 53

El Glosario de Derechos de Autor y Derechos Conexos de la OMPI, define la piratería:

"En las esferas del derecho de autor y de los derechos conexos (que son los derechos de los artistas, cantantes, radio difusoras, etc.) se entiende generalmente por piratería la reproducción de obras por cualquier medio adecuado, con miras a la transmisión".

Indecopi define la piratería, como la reproducción, venta, alquiler y toda otra distribución, comunicación o uso no autorizado de una obra, fonograma, emisión de radio difusión, interpretación artística o ejecución. 
Se emplea el término piratería para denominar a una de las actividades ilícitas más propagadas últimamente en relación a la infracción a los derechos intelectuales, además para señalar a la persona que se apropia del trabajo y creación ajena, con la finalidad de obtener ganancias fáciles en corto tiempo, generando graves consecuencias por los daños y perjuicios que ocasiona al autor, editor y a la economía del país, en especial en la recaudación de impuestos, y el desaliento a las inversiones. 

2.12.2. Antecedentes 

La piratería intelectual ya se conocía por los años de 1710, cuando el Parlamento Inglés aprobó el Estatuto de la Reina Ana como una forma de luchar contra esta ilícita actividad. En el Perú, desde las primeras onstituciones (ver marco jurídico) se han promulgado leyes de protección a la creación intelectual.
Posteriormente, la Ley 13714 autorizó en 1992 el funcionamiento de la Dirección General de Derechos de Autor en la Biblioteca Nacional, órgano cuya atribución fue la de resolver en forma sumaria los casos referidos a la reproducción ilícita, regalías impagas y "pirateo" de material sin contar con el permiso previo y por escrito del titular de los derechos. La sanción consistía en el pago de una multa, de las cuales el 80% se entregaba al autor, o a sus familiares, y el 20% a la Biblioteca Nacional. 

2.12.3. Formas y clases de piratería 

Algunos estudiosos de la materia como María José Viega Rodríguez, consideran que las modalidades más comunes de piratería son:

Piratería comercial.- Actividad de reproducir una obra, en forma mecánica, fotoquímica, electrónica, magnética electro óptica, por fotocopia o cualquier otro medio, y comercializarlos al público con fines de lucro.

Piratería privada.- Reproducción de una obra para uso propio. Existe una larga discusión al respecto, unos consideran que en general se ha admitido en la mayoría de las legislaciones la licitud de la copia privada, que es una admisión impuesta por la realidad de las cosas, y no porque tenga un fundamento jurídico; para otros, sería ilícito la reproducción de una obra sin la autorización del autor, aunque hayan elementos que conduzcan a presumir su gratuidad, aunque se de en el ámbito privado.

Piratería laboral.- Este tipo de piratería se produce generalmente en el ámbito laboral, en especial con los softwares desarrollados o creados por la misma empresa, cuando uno o varios empleados, sin autorización alguna realizan copias de programas que luego son comercializados con fines de lucro. 
Respecto a las clases de piratería, José Viega Rodríguez cita a los autores Eduardo de Freitas y Plinio Borggio, quienes los clasifican como:

a) Piratería de ejemplares

b) El plagio no elaborado: quien realiza el plagio pretende ser el autor de dicha obra o de lo contrario omite el nombre del autor. "Disfraza" la obra atribuyéndole un nuevo nombre y realizando pequeñas modificaciones con el fin de que no sea reconocida.

c) El plagio elaborado: aquí el esfuerzo por disimular la obra es más importante que en el caso anterior, la diferencia entre ambos es una cuestión de grado.

2.12.4. La piratería, grave problema para el país

La piratería es un fenómeno mundial, que nace y se expande con la invención de la imprenta; actualmente se incrementa con el uso de las nuevas tecnologías que facilitan el copiado y la reproducción de todo tipo de material bibliográfico; afectando no sólo a las empresas editoras formalmente constituidas, al escritor quien por concepto de derecho de autor deja de percibir sus regalías; afecta también a los lectores quienes reciben de los "piratas" obras mal editadas, mutiladas y recortadas atentando contra el contenido e integridad de la obra. Este problema tiene niveles de mucha complejidad, que erradicarla exige la participación efectiva de todos los sectores involucrados en ella.

Los representantes de las editoras Peisa, Alfaguara, Jaime Campodónico y otros; denuncian que la situación es grave y alarmante, consideran que el fenómeno de la piratería de libros prácticamente ha reducido a cuatro el número de editoriales que operan en el mercado literario del país, a diferencia de los establecimientos informales y ambulantes que ofrecen productos piratas, sin abonar ni un solo centavo por el Derecho de Autor; los involucrados e interesados en erradicar esta actividad, consideran que para terminar con la piratería, es necesario que se realicen acciones y operativos más agresivos de confiscación de ediciones clandestinas, los cuales circulan por las calles a vista y paciencia de las autoridades. Consideran además, que existe un total desinterés por parte de las autoridades competentes, quienes ven el hecho como una infracción administrativa, antes que un delito tipificado en el Código Penal, por lo que aun no se aplican las leyes que sancionan con reclusión efectiva para aquellos que reproduzcan, alteren el contenido, se atribuyan autoría que no les corresponde, o que reproduzcan un tiraje superior a los autorizados. Si bien es cierto que Indecopi impone medidas preventivas, formula denuncias, realiza inspecciones, y reprime la comercialización, sin embargo, estas acciones reflejan sólo una cara del problema; sin entender que el negocio de la piratería necesita de grandes capitales de inversión, por tanto, urge la necesidad de investigar y sancionar a quienes financian tal actividad. 

Andrés González gerente de la editorial Norma, afirma que en el Perú sólo debe existir 12 máquinas muy costosas, capaces de reproducir libros a gran escala. Por su parte, para las empresas formalmente constituidas, editar un libro de 2 mil o 3 mil ejemplares cuesta entre 20 mil o 30 mil dólares al estar sujeto al pago de impuestos, derechos de autor entre otros; además de ser fuente de trabajo de los miles de vendedores que las empresas formales emplean en la comercialización de libros. La Cámara Peruana del Libro estima que los piratas reprodujeron el año 2001, más de 250 mil ejemplares, con pérdidas para los editores, autores y distribuidores que ascendieron a más de 10 millones de dólares en el año. 

Bryce Echenique escribía: ("El Comercio" setiembre del 2000): el problema de la piratería, está ligado a causas muy profundas como la educación, falta de conciencia y las normas que los ciudadanos y las propias instituciones policiales no conocen. A su vez, en un Editorial publicada por la Agencia EFE en la página Web
54 (enero 2001), afirma que en la última década, el Perú se ha convertido en el paraíso de la piratería editorial, e incluso exporta libros piratas a Argentina, Chile, Bolivia y Ecuador. Agrega, Jueces, fiscales y autoridades de Indecopi asumen, sincera o falsamente abrumados, que más de mil trescientos procesos por delitos contra el derecho de autor no han producido una sola detención, pese a los más de cuarenta mil personas involucradas en esta ilícita actividad, y que el negocio invade playas, los campus de las más prestigiosas universidades del país, las calles y plazas céntricas en todo el país. 

Agrega el escritor, que por cada libro legalmente vendido en el Perú se venden seis más en edición pirata, y que cada año por lo menos son pirateados unos tres mil títulos, desde textos escolares, hasta libros de especialidades médicas, pasando por diccionarios, obras literarias, manuales de computación y textos universitarios; los representantes del Estado se defienden con cuentos de hadas ante las acusaciones de la Comisión de Lucha Contra la Piratería de Libros, de la Cámara Peruana del Libro, etc. cita a Germán Coronado, presidente de la Comisión de Lucha Contra la Piratería de Libros, quien afirma que Indecopi divulga la ley sobre el derecho de autor como una de las más drásticas a nivel latinoamericano en la represión a la piratería, pero que han creado un engendro que protege, sólo en el papel, el derecho patrimonial del autor, en tanto que sus funcionarios se pasean por el mundo con dinero del erario nacional, mientras los editores peruanos quiebran, las librerías desaparecen, el mundo cada día les es más ancho y ajeno a los autores, y los piratas reinan en el Perú. Agrega el autor, que los piratas no son aquellos famélicos niños, adolescentes, adultos y hasta ancianos que se recursean vendiendo libros, sino que son unos peces gordos, tan pero tan gordos, que su peso abruma y aplasta a las autoridades competentes.

Por otro lado, los afectados se quejan sobre el procedimiento burocrático y engorroso ante Indecopi, al exigir que por cada caso de piratería se debe hacer una denuncia, además el pago respectivo que incluye derecho de trámite, visita inspectiva, nombre y dirección del pirata. En suma, no hay eficacia de la ley, hace falta una acción más decidida y un replanteamiento de políticas de Indecopi , que conduzca a concientizar a la sociedad para desterrar esa nociva práctica; tal como hizo Colombia en Abril de 1999, cuando inició una intensa campaña contra la piratería encabezada por el propio presidente de la República, suscribiendo luego el convenio antipiratería, entre la industria gráfica, aduanas, la Policía Fiscal y los autores de las obras. 

"Este negocio ilícito que desde hace algunos años ha experimentado un enorme crecimiento causando un serio perjuicio moral y económico para muchos autores peruanos y extranjeros cuyas obras han sido reproducidas ilícitamente, incluso suprimiéndoseles capítulos o párrafos enteros, para abaratar su precio, poniendo en grave riesgo la permanencia de las empresas del ramo legalmente establecidas. No es causal que importantes empresas editoriales y librerías peruanas hayan cerrado sus puertas en los últimos cinco años e igualmente se han perdido decenas de puestos de trabajo, generando la desestabilización en muchos hogares"55.

Martín Moscoso, Jefe de la Oficina de Derechos de Autor en la: Conferencia "El Libro la Cultura y el Desarrollo", Congreso de la República ( marzo 2002), afirmaba que deben existir tres ejes para hacer frente a la lucha efectiva contra la piratería, que se ha acentuado en los sectores de los libros, softwares, juegos, productos farmacéuticos, discos compactos, fonogramas, etc. La fiscalización hacia quienes ofertan el producto; la concertación, compartir esfuerzo con los involucrados en combatir el problema y la difusión masiva y constante, con quienes reciben la oferta del producto. Cita además el informe de la IPA (Asociación de Propiedad Intelectual) de los EE.UU, quien considera que en el Perú la piratería ha causado pérdidas de 9 millones de dólares en el año 2001, por lo que se encuentra en la lista negativa para la elegibilidad como país en el Sistema General de Preferencias Arancelarias y el ATPA, ya que no tiene mecanismos adecuados para contrarrestar el problema.

2.12.5. La piratería en Amèrica Latina

Esta actividad ilícita se va incrementando en casi todos los países de América Latina. "Durante el año 2000 se incautaron en Chile 308 00 libros piratas correspondientes a 400 títulos de varias editoriales. "Calculamos una pérdida de 25 millones de dólares", afirma Eduardo Castillo presidente de la Cámara Chile del Libro. "Somos de los primeros en piratería", lamenta. (...) los sucesivos gobiernos han mostrado muy poco interés en llevar a cabo una política eficiente contra la piratería. (...) un vendedor ambulante (...) me dice que vende "entre veinte y treinta lucas diarias" (entre 35 y 53 dólares). El sueldo mensual de la mayoría de los chilenos es de unos 625 dólares".
56 

Un estudio realizado por la consultora colombiana "El Mundo del Libro", concluye que los datos son precarios por no existir cifras oficiales sobre la problemática, las cifras estimadas corresponden al sector editorial, quienes consideran que el problema es grave en Bolivia, Ecuador, El Salvador, Perú y Venezuela; en tanto que en Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Costa Rica, México, Nicaragua, Brasil y Uruguay , el problema no es tan grave. 

Las Cámaras de Libros de los siguientes países han reportado los siguientes datos estimados (cuadro No 6).

Respecto a la venta de material impreso, la Cámara Peruana del Libro
58 calcula que el negocio de la piratería, se ha apropiado del 40% del mercado editorial, realizando ventas de por lo menos 12 millones de dólares anuales. En el caso de las ediciones de autores nacionales, éstos se han reducido en la práctica y han retrocedido treinta años atrás, con ediciones mínimas que van de 500 a los mil ejemplares.(cuadro No 7

El volumen de venta de los libros piratas ( según declaraciones del Presidente de la Comisión de Lucha contra la Piratería de la Cámara Peruana del Libro, Germán Coronado, Director de la editorial Peisa); hizo que en 1999, facturaron el mismo monto que todas las editoriales formales juntas, con la diferencia que ésta ultimas si tributan y realizan pagos por concepto de sueldos, derechos de autor, publicidad, distribución, entre otros. Entre enero y marzo del 2000, el mercado negro de la piratería pirateó 20 libros de la editorial Norma, entre los que destaca las del autor Gabriel García Márquez. El problema es grave porque se trata de una mafia bien organizada que afecta por igual a los autores, editores, distribuidores, y libreros, quienes se encuentran al borde de la quiebra; por tanto, los interesados en la erradicación de esta ilícita actividad, consideran que además de la represión, debe existir un control editorial por parte del Estado, y porqué no una editorial estatal de prestigio como el caso de México con el Fondo de Cultura Económica, y poner límites a la actividad editorial del Estado, que a través de sus organismos como el BCR, Petro Perú, El Congreso, Prom Perú, Las Universidades, Promudeh, Ministerio de Educación, entre otros; invierten ingentes cantidades de dinero del Estado en la edición de libros, generando competencia desleal a los editores.

La información periodística da cuenta de algunos casos que merecen hacer referencia por el significado que tienen en la lucha contra la piratería. En 1993, el premio Nóbel de Literatura, Gabriel García Marqués, retiró de la circulación todos sus ejemplares de la editorial Oveja Negra; luego que los tribunales colombianos exculparan impunemente a un editor pirata de sus obras. En el Perú conocemos el sonado caso judicial de la Editorial Navarrete que por esos años, publicó en forma mutilada la novela Matalachè de Enrique López Albújar, atentando contra los derechos morales del autor, hecho que generó el inicio de una acción legal por parte de sus causahabientes. No obstante la batalla legal emprendida y la protesta de la Cámara Peruana del Libro para que se sancione a esta editora, la Editorial Navarrete fue exculpado por los jueces del entonces Poder Judicial, que de acuerdo a todas las evidencias descubiertas luego de la caída del régimen del ex presidente A. Fujimori, respondía a interés, políticos o económicos, como probablemente puedo haber sido este caso.

En el caso de la aparición de la obra "La fiesta del Chivo" de Mario Vargas Llosa; la representante de la editorial Alfaguara declara, que ellos realizaron una intensa campaña de marketing, reparto de volantes a los ambulantes , alertándolos sobre sus consecuencias, ocho años de prisión, multa de 150 UIT, entre otras sanciones; además ubicaron paneles en diferentes lugares contra la piratería, inclusive la casa editora se vio obligada de contratar policías para el trabajo de seguimiento, represión y captura a los vendedores de textos piratas, asumiendo un rol que no les correspondía.

Luego de esta campaña, publicó una edición de bolsillo al precio de 29 soles, con 30 mil ejemplares; a los cuatro días, el mercado informal pirateó el libro a 10 nuevos soles ( en Venezuela se vende a $ 33, 115 nuevos soles aproximadamente) y como era de prever las ventas de la edición oficial se congelaron; Patricia Arèvalo, representante de Alfaguara declara consternada, ¿qué más se puede hacer?. Otro caso es la obra "Harry Potter" de la escritora británica J.K. Rowling; las ediciones piratas han sobrepasado largamente el número de ejemplares editados por la editorial Norma, propietaria de los derechos de publicación; cuyos representantes han declarado públicamente que estaban evaluando su permanencia en el país, por cuanto ellos sí pagan toda la cadena de distribución, promoción, exhibición y el derecho de autor. En tanto que los piratas no corren el riesgo empresarial, no usan películas, compran papel sin IGV, imprimen sin factura y no pagan ningún tipo de impuesto al fisco, haciendo que el Estado deje de percibir millones de dólares que impide incrementar la caja fiscal, y con él atender los servicios básicos de educación, salud, infraestructura.

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35 Indecopi. Memoria Institucional [1992-1999]. Lima, 2000, pp.35-40-
36 Cabanellas, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Buenos Aires, Ed. Eliasta. T. II, p.166.
37 www.indecopi.gob.pe (Consulta: 25 de junio de 2002).
38 La República. Perú. 14 de octubre del 2001, p. 33
39 El sol. Lima, martes 8 de diciembre 1998, p, 6B.
40 Lester Thurow. El futuro del capitalismo. Madrid, Ed. Ariel, 1996, p. 245.
41 Borja, Rodrigo. Marxismo y neoliberalismo: extrañas convergencias. En: La República. 9 de agosto, 1998, p. 34.
42 Rivero, Oswaldo de. Miserias del apartheid global. En: La República. 9 de julio del 200. p. 23. 
43 IDEM.
44 Quijano, Aníbal. El Fujimorismo, la OEA y el Perú. Caricatura de Democracia. En: La República: Lima, 16 de julio de 2000, p. 36.
45 Montoya Manfredi, Ulises. Derecho Comercial. T. II. Lima: Ed. Grijley, 1998, p. 460.
46 Indecopi. Memoria Institucional (1992-1999). Lima, 2000, p. 30.
47 Ibid, p. 28.
48 De León Penagos, Jorge. El Libro. México, Ed. Trillas, 1995. p. 20.
49 "El Peruano", Lima, martes 27 de noviembre de 2001, p.18.
50 www.unesco.og/culture/copyright/html (Consulta: 15 de mayo de 2002).
51 Unión Internacional de Editores (UIE): XXIII Congreso. Londres, Reino Unido, 12-17 de junio de 1988. Declaración sobre el libro en la década de los 90. 
52 Cabanellas, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Buenos Aires, Ed. Heliasta, 1976, P. 302.
53 Idem. 
54 http://www.terra.com.pe/noticias/bryce/abe0101.shtml
(Consulta: 16 de abril de 2002).
55 Flores, Julio Cesar. La piratería editorial. En: Seminario Internacional sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Del 25 al  27 de agosto de 1997. Lima, Biblioteca Nacional del Perú, 1997.
56 Petrovich, Francisca. Chile: los libros de la discordia. www.unesco.org.courier/2001-03/sp/culture2.htm (Consulta: 04 de abril de 2002).
57 www la semana jurìdica/707/article-3068.html (Consulta: 12 de mayo de 2002)
58 www.contracopia.org.pe/prensa/expo%20libros/tsld004.htm (Consulta: 22 de mayo de 2002).

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