2. HACENDADOS Y HACIENDAS

 

Los documentos de los archivos de Piura y Lima demuestran que los hacendados se convierten en el sector hegemónico de la clase dominante en Piura a fines del periodo colonial. Esta comprobación documental corrobora lo que sucede a nivel colonial-nacional. La realidad social piurana a fines de la Colonia, refleja que su sector hacendado-estanciero es el que genera un 95% de toda la riqueza, concentrándose en un número reducido de familias. Más aún, las haciendas y estancias piuranas fueron lugares seguros y rentables, donde se colocaron los excedentes de dinero que generaba la economía regional. Las familias piuranas razonaron en el sentido de que era mejor invertir dinero en condición de préstamos en haciendas o casas, no sólo porque no existían mayores alternativas de inversión especulativa, sino porque redituaron un interés constante y seguro pagado por sus propietarios. Si ello no sucedía así, se solicitaba el remate de los bienes inmuebles para resarcirse de su inversión. Esta inversión especulativa no sólo se da en Piura, sino que es una práctica que se verifica a nivel colonial-nacional. En el siguiente cuadro, hecho en base a un testamento de 1770, se puede apreciar el dinero colocado en algunas haciendas que redituaban un promedio de 3 a 5% de interés anual:


Es en las haciendas piuranas donde se invierten los mayores excedentes de capitales, pues aquí se genera la riqueza que permite al hacendado cumplir con el pago de los intereses. Además, hay que considerar que los mayores prestamistas e inversores de dinero excedentario se encontraba en los mismos hacendados y en la Iglesia dueña también de propiedades rurales y urbanas. Resulta claro que el dinero circula entre un grupo de familias que basa su poder económico y social en sus haciendas, relaciones familiares y políticas.

Consideramos que no es correcto afirmar que la tierra tuvo poco valor en el Perú colonial, Salvo en algunas estancias ganaderas por encima de los 3,500 m., donde era difícil obtener sembríos y la tierra o el casco era utilizado casi exclusivamente para el pastoreo como en Puno, Cuzco, Cerro de Paseo, Huaylas, la propiedad se valoraba básicamente por el ganado, pero en el resto de la superficie nacional, la tierra tuvo un valor considerable en relación a su valorización total. Nos parece exagerado afirmar que, a mediados del siglo XVIII: «como ya se ha dicho, las tierras se vendían a precios regalados y con condiciones de pago muy cómodas» (S. Ramírez 1991: 263). Cierto que algunas haciendas o estancias estuvieron sobrecargadas de censos y capellanías y cuando se compraban, el nuevo dueño sólo pagaba la diferencia que había entre el precio real de la hacienda o estancia y el monto de los censos y capellanías, que generalmente era poco, pero ello debido a que así estaba establecido por la legislación colonial y de ninguna manera porque la tierra tenía poco valor.

Es evidente que lo que predomina en el paisaje rural piurano es la hacienda, como acertadamente lo refiere un estudioso de la región: «Notemos que a comienzos del siglo XVII los latifundios se designaban como estancias; el término hacienda que fue imponiéndose poco a poco a lo largo del siglo indicaría la mayor importancia que fue tomando la agricultura frente a la ganadería (J. Schlüpman 1990: 111). De manera más clara y contundente citamos otra descripción: «el mayor número de haciendas se encontraban en las márgenes de este río Piura, 26 frente a las dos 'de bastante crédito' [sic] (Somate y Tangarará) ubicadas en las del Chira» (S. Aldana 1988: 21).

Pero también existieron haciendas en la sierra piurana donde se generaba riqueza y cuyos excedentes venían a la ciudad de Piura. Algo importante de destacar es que buen número de las mejores familias que residían en la ciudad de Piura, fueron dueños de haciendas o estancias ubicadas en Frías, Ayabaca o Huancabamba como se aprecia en el siguiente cuadro:

Del cuadro precedente puede concluirse que las mejores tierras, las haciendas y estancias estuvieron en poder de la minoría de blancos y que los sitios que generalmente se encuentran en tierras de «montaña» fueron distribuidas a indios y mestizos. La característica general que se observa en lo que respecta al reparto de tierras a nivel colonial-nacional, se verifica en la sierra piurana a mediados del siglo XVIII. De igual manera, salta a la vista una larvada concentración de la propiedad territorial en una o dos familias como Cerezo de la Calle, Aguirre, Saavedra, Fuentes y algunos otros, que debe ampliarse y consolidarse vía redes familiares. Cabe mencionar de manera especial un apellido que tiene resonancia regional: Velásquez Tineo, emparentado con importantes familias piuranas que derivan su posición económica y social básicamente de la tierra. De modo similar está la familia Saavedra, que debe ser la que menciona un autor: «Como Rapela de Moscoso no tuvo hijos legítimos, reivindicó la hacienda (Yapateras) su primo Pedro de Saavedra, hijo de Gabriel Pérez de Saavedra, nieto de Pedro de Saavedra uno de los fundadores de San Miguel en 1588; todos encomenderos de Chalaco reducido al pueblo de Frías». (J. Schlüpmann: 112); también los Gómez Zorrilla y alguna otra familia que nuestra investigación aún no alcanza a documentarse. Adelantemos de todos modos que años después, ingresaría como dueño de las haciendas Pillo y Yerbabuena una prominente familia emparentada con lo mejor de la sociedad piurana: Farfán de los Godos. El hecho que algunos hacendados trasladen parte de sus capitales para comprar haciendas en la sierra piurana nos estaría demostrando la importancia de esta zona para acrecentar sus ingresos y ampliar su influencia regional.

Por otro lado, la presencia de campesinos indios y mestizos en relación a la posesión de tierras, también es evidente, y ellos deben servir como trabajadores en las estancias y haciendas de la sierra piurana. La mayoría de las tierras que poseen tanto indios como mestizos -menciona el expediente- le vienen desde «tiempo inmemorial». El documento no registra «tierras de Comunidad» en esta zona, lo que corroboraría la información que obtuvo el corregidor Juan de León y Gastelú en su visita a Huancabamba en 1779, procediendo recién a asignarles algunas tierras y también a crear una Caja de Comunidad en razón que «en el pueblo nunca ha habido ni la hay». La realidad económica y social de Ayabaca, Frías y Chalaco de mediados del siglo XVIII, nos demuestra que la riqueza representada por la tierra se encontraba en poder de un reducido número de familias, teniendo algunas de éstas propiedades, trapiches, molinos y ganados.

Conviene hacer un comentario aparte. En Ayabaca se observa también, como en la mayoría de lugares de Piura, la presencia de familias que provienen del sur del actual Ecuador como algo natural y extensivo a una región que es prolongación de nuestro territorio porque, de igual manera, familias piuranas, de Ayabaca y Huancabamba, fueron a residir y tener propiedades en el sur del actual Ecuador. El documento nos permite ubicar al capitán Antonio de Aguirre «becino de la Ciudad de Loxa» y dueño de las haciendas Suyo y Yamhalai. ¿Qué sucedió con este señor? ¿regresó a Loja? ¿contrajo matrimonio en Ayabaca?... Lo que se conoce es que su hacienda Suyo pasó a ser propiedad de la familia Farfán de los Godos, ¿cuándo, cómo? Aún no se ha ubicado la compra-venta.

Es evidente que la propiedad hacendaria-estanciera se convierte, para las familias de Piura, en la base de su poder social, económico y político. Ser dueño de una o más haciendas posibilitaba a su dueño un mayor acceso al crédito y la fundación de capellanías. Sin embargo, en una realidad colonial-nacional como la nuestra, donde la producción era limitada por las condiciones de desarrollo de los agentes productivos, el acceso a los capitales devenía en restrictivo, más aún cuando éstos se encontraban casi monopolizados en los hacendados, la Iglesia, algunos grandes comerciantes y altos funcionarios. Por la seguridad que otorgaban las haciendas fue aquí donde mayormente se impusieron censos y capellanías:

Conviene advertir que las haciendas piuranas en general durante todo el periodo estudiado, no obstante las crisis proveniente de las sequías, o de lluvias torrenciales, se mantuvieron como un sector de la economía piurana rentable para colocar dinero fresco ofreciendo confianza a los censualistas.

En 1763 la hacienda Sancor, distrito de Yapatera, ya estaba gravada con 6,340 pesos y, sin embargo, conseguía 2,000 pesos más en base a la garantía que le proporcionaba su infraestructura como puede verse en el cuadro siguiente:

Aunque no tenemos el valor de la hacienda Sancor, sólo para que se tenga una idea aproximada de ella, podemos otorgar un precio promedio a los esclavos de 300 pesos y ese rubro nos dará, conservadoradarnente, 8,400 pesos, agréguese los cuarteles de caña, el ganado, además de los edificios que debe tener Sancor (trapiches y accesorios) el valor de la tierra, etc. Pero, ¿qué queremos decir con esto? Sencillamente que las haciendas piuranas concentraron un estimable valor que otorgó poder a sus dueños y capacidad de acceso al crédito. Puede argüirse que algunos hacendados abusaron del crédito vía los censos, y que ello los llevó a la insolvencia y al remate de sus haciendas, es cierto para aquellos hacendados que no supieron dar un manejo empresarial y racional a sus propiedades, pero somos de opinión que la mayoría de casos se verificó en la pequeña y mediana propiedad en el periodo que va de 1770 a 1820 y rara vez en la gran propiedad.

Los grandes hacendados son poderosos en comparación con otros sectores de la sociedad piurana, pues generalmente tienen más de una propiedad y éstas se amplían con los matrimonios, pues la tesis que defendemos es que la mayoría de hacendados contraen nupcias con familias provenientes del agro, y aquí está la clave de su riqueza, la tierra; el comercio lo único que hace es servir a la actividad principal que es la agropecuaria-tinera. Los hacendados supletoriamente se dedican al comercio, no declaran ser tales, sino con mucho orgullo y suficiencia social manifiestan ser hacendados. El hecho que vendan sus algodones, ganado cabrío, mulas, azúcar, jabones, etc., no los convierte, creemos, en comerciantes, pues lo que hacían era simplemente dar salida a su producción que obviamente provenía del agro y a estas actividades servía el comercio. Pasemos a referimos a algunos hacendados.

Sin ser el más representativo hacendado piurano, don Manuel González Carrasco, Maestre de Campo y Alcalde de Piura, estuvo emparentado con una serie de familias hacendadas, fue hijo de un español de Extremadura, contrajo matrimonio con Rita Cruzatte, natural de Trujillo, hija del Maestre de Campo Juan Cruzat y Calderón de la Barca. Ana González Carrasco, hija de Manuel, casó con otro potentado hacendado piurano, el Maestre de Campo Manuel de León y Gastelú, regidor del Cabildo de Piura. Don Manuel González Carrasco fue propietario de las haciendas Congoña y Malacasi (1765) con esclavos, «indios sirvientes», trapiche, ganado mayor y menor y capellanías por 9,300 pesos. Aunque no se ha podido reconstruir el origen de la fortuna de Manuel González Carrasco, debe haberse iniciado en el comercio y, sin abandonar esta actividad, concentró sus esfuerzos en el trabajo de sus haciendas que las compró durante su matrimonio y de donde comenzó a provenir su mayor ingreso. La experiencia mercantil de don Manuel González Carrasco la puso al servicio de la producción de sus haciendas, aumentando sus ingresos que se reflejó en los 14,000 pesos con que dotó a su hija Ana cuando contrajo matrimonio con don Manuel de León y Gastelú. ¿Cuántos comerciantes piuranos tuvieron la capacidad económica de dotar a sus hijas con tan considerable cantidad? Difícil encontrarlo, ya que 14,000 pesos en bienes y dinero, era una suma importante no sólo en la región piurana, sino incluso en Lima.

La riqueza de don Manuel González Carrasco, como puede apreciarse en su testamento, está en sus haciendas Congoña y Malacasi, que garantizaban sus actividades mercantiles y que paralelamente lo defendían de quiebras o morosidad en el cobro de las ventas a crédito que realizaba. Los bienes dejados por don Manuel González Carrasco deben estar bordeando entre 100,000 y 120,000 pesos constituidos, además de sus dos haciendas, por tres esclavos, una calesa, una casa en el centro de Piura, muebles, joyas y ropa fina de su uso personal que lo detalla en su testamento: «tres vestidos de terciopelo, los dos con sobrepuesto de oro de color carmesí y azul y el otro negro con sus respectivas chupas; una de tisú, otra de brocado y otra de Lutrina (?), un volante azul con franjas de oro, dos capotes, uno con carro de oro con media vuelta de terciopelo y otro de paño de Castilla, dos sombreros, uno de castor blanco y otro negro con sobrepuesto de oro, un espadín de plata, una peluca, un terno de hebillas de oro de zapatos, calzones y corbatín, un botón con puño de plata dorada» 4, etc. El apellido González Carrasco trascendió en los hijos que también fueron hacendados e integrantes del Cabildo de la Ciudad de Piura, aunque algunos de ellos aparecen en los documentos sólo con el apellido Carrasco dejando de lado el de González.


Otro representante de los hacendados piuranos es don Diego Manuel Farfán de los Godos y Espinoza de los Monteros, que declara ser natural de Sevilla, España, contrajo matrimonio con Bonifacia de Sedamanos, hija de don Francisco Jorge Sedamanos, Alcalde Provincial de Piura. Diego Farfán de los Godos poseía un Mayorazgo en Sevilla, fue Regidor perpetuo del Cabildo de Piura y como todo hombre poderoso, llegó a ser dueño de las haciendas Pillo y Yerbabuena, valorizadas después de su fallecimiento así:

Además de sus haciendas, don Diego Farfán de los Godos fue propietario de una casa en la Calle Real en Piura, esclavos, menaje de plata, algunos derechos sobre censos y capellanías, etc. Considerando su testamento y bienes, podemos deducir que también se dedicó al comercio, aunque las acreencias y mercaderías fueron mucho menor que sus bienes inmuebles. Las dos haciendas de Diego Farfán de los Godos refutan la tesis que la tierra carece de valor como puede apreciarse:

La riqueza que dejó don Diego Manuel Farfán de los Godos no es considerable, sus bienes fueron rematados y tenemos la impresión que la influencia de la familia como «clan», comenzó a declinar económica y socialmente a fines del siglo XVIII. Salvo Diego Manuel Farfán de los Godos y Sedamanos, hijo del difunto que hizo un buen matrimonio con Josefa Ramos y Castillo de extracción hacendada-tinera por línea materna, sus hermanas hicieron lo contrario y, como grupo familiar, se extinguió hacia 1870-1880. Un indicador de la relativa solvencia económica de la familia Farfán de los Godos, lo tenemos en el gasto del entierro de Diego Manuel, que comparado con los 1,000 pesos que hizo doña Juana de Urbina en su esposo Juan Gaixo, resulta elocuente:

Como se ha dicho anteriormente, en la sierra de Piura también se nuclea un grupo de familias hacendadas: Saavedra, Fuentes, de los Ríos, Herrera, Robledo, etc., quienes, en base a la producción de sus haciendas, lograron un poder económico local considerable y, en alianza con los hacendados costeños, hegemonizaron socialmente la región norperuana. Además, la población de la costa se encontró supeditada, en gran medida, a la producción campesina y de las haciendas serranas. Por cierto que los hacendados serranos estuvieron involucrados al circuito comercial pero como actividad que sirvió a la producción hacendaria. Tierras, campesinos yanaconas, ganados, trapiches, dinero, pago de censos, tributos, contradicciones con sus pares hacendados y campesinos libres, son parte de la vida cotidiana de los hacendados serranos piuranos en el tramo final de la Colonia. Don Isidro Robledo Ponce de León que vive entre Huancabamba, Ayabaca, Piura y Lima, en la segunda mitad del siglo XVIII, es un ejemplo del hacendado serrano, hijo de doña Jacinta Ponce de León y Castro, hacendada de Ayabaca y de Domingo Robledo, logró, en base a su trabajo hacendario, acumular una considerable fortuna en bienes inmuebles rurales y urbanos. La solvencia económica de don Isidro Robledo se puso de manifiesto cuando, al contraer su primer matrimonio con doña Antonia Velasco y Salazar, aportó 6,000 pesos de dote. Dentro de sus bienes destacan las haciendas ganaderas de Aranza y San Juan de Libín en la que sólo las tierras tuvieron un valor de 24,000 pesos y el ganado 3,560 pesos, lo que demuestra, una vez más, que la tierra tenía un valor mucho mayor que los otros componentes de la hacienda (1776). El comportamiento habitual de los hacendados de acceder al crédito poniendo como garantía sus haciendas, también lo practicó don Isidro Robledo:

Los terratenientes, en base a sus haciendas, tienen poder de convocatoria para acceder a los créditos y capacidad de pago, siempre y cuando no se excedan en gravar sus propiedades, que no es el caso de don Isidro Robledo, pues en octubre de 1776, fecha en que redacta su testamento, manifiesta haber pagado todos los réditos.

La solvencia económica de don Isidro Robledo y de la mayoría de los hacendados, como se ha dicho, se manifiesta cuando dotan a sus hijas al momento del matrimonio, que en realidad es un adelanto de la herencia a que tiene derecho la novia, por lo tanto es un bien propio que recibe el marido inventariado, protocolizado, administrándolo y, en caso de divorcio o nulidad del matrimonio, los bienes con sus gananciales eran recuperados por la mujer. Don Isidro de Robledo tuvo tres hijas, dos lograron casarse con influyentes personas: Fernando de Urrutia y Aldabe, español, y José Merino de Heredia que, salvo sea un homónimo, lo encontramos como Regidor del Cabildo de Piura en 1779. Los esposos recibieron como dote nupcial dinero, productos y animales que eran parte de la riqueza de las haciendas como puede apreciarse en el siguiente cuadro:

Dotar a una hija con un promedio de 3,000pesos como lo hizo don Isidro Robledo, era una suma considerable para la región norteña que sólo el sector social de los hacendados estaba en condiciones de hacerlo, pues ni siquiera algunos de los más importantes comerciantes piuranos llegaban a esa suma, como don Miguel de Arméstar, que aportó como dote 1,500 pesos cuando contrajo matrimonio con doña María Espinoza de los Monteros, hermana de un gran comerciante que en su testamento declaró que no hubo dote por parte de su cuñado5.

La solidez económica de don Isidro Robledo, teniendo como base la producción de sus haciendas en la segunda mitad del siglo XVIII, nos demuestra que no hay crisis en la región, incluso, tiene que haberse generado un excedente de capitales que le permitió invertir en la compra de otra hacienda, Cachiaco, un trapiche, un solar y la construcción de una monumental casa con cinco tiendas ubicada en la calle de San Sebastián de la ciudad de Piura como se ve en el siguiente cuadro resumen de sus bienes6:

Otra prueba documental de que la economía agropecuaria piurana, en general y la serrana, en particular, no estuvo en crisis en la segunda mitad del siglo XVIII, lo tenemos en el hacendado don Manuel Gómez Zorrilla, natural de Piura con intereses hacendarios en Ayabaca y que fue hijo del Maestre de Campo don Vicente Gómez Zorrilla de la Gándara, español, y doña María de Velásquez y Tineo. Don Manuel Gómez Zorrilla casó con doña Micaela de Saavedra, de prominente familia de hacendados, demostrando, una vez más, que los hacendados contraían matrimonio entre ellos y que de manera excepcional lo hacían con personas de otros oficios: comerciantes por ejemplo. De igual manera don Manuel Gómez Zorrilla estuvo emparentado con los Farfán de los Godos, dueño de las hacienda Pillo y Yerbabuena (1770), a través de su sobrina María Bonifacia de Sedamanos, demostrando que las relaciones familiares tuvieron por sustento la propiedad sobre la tierra. En el testamento que redacta en 1772 don Manuel Gómez Zorrilla manifiesta que deja por «bienes la hacienda de Saconday que me costó por escritura pública ocho a nueve mil pesos con sus cañaverales y un molino corriente», aunque más adelante se rectifica, diciendo que su precio fue de 6,865 pesos. Aquí procede una aclaración. Años atrás, aunque el documento no da la fecha (le hemos asignado 1740), la hacienda Saconday fue registrada como propiedad de don Vicente Gómez Zorrilla y sin embargo, su hijo Manuel dice claramente en su testamento que la compró, ¿cómo entender esta confusión, cómo explicarnos esta contradicción en la información documental? ¿O el padrón de propietarios de Ayabaca de 1740 censó a todos como dueños de las propiedades, siendo algunos arrendatarios que podría ser el caso de Vicente Gómez o éste, siendo dueño de Saconday, remató la hacienda en favor de su hijo Manuel Gómez Zorrilla? Al margen de estas interrogantes, lo importante es que don Manuel Gómez Zorrilla le dio un mayor impulso a la producción de su hacienda Saconday y, de modo similar a la política adoptada por don Isidro de Robledo, realizó algunas inversiones como puede apreciarse en el cuadro siguiente:

Don Manuel Gómez Zorrilla no tuvo descendencia directa, optando por fundar tres capellanías de 4,000 pesos a: «beneficio de mi alma, la de mi esposa, Padres...», nombrando capellanes a sus sobrinos y ordenando que después de pagar sus deudas, lo que quedare se: «repartirán entre los pobres de esta ciudad y del pueblo de Ayabaca»'. Don Manuel Gómez Zorrilla tiene que haber sido dueño de la hacienda de caña Tambur (Xambur-Ayabaca), pues en un inventario y valorización de 14,000 pesos que se hizo en 1775, la viuda, doña Micaela de Saavedra, lo cuestionó, argumentando que sólo los 17 esclavos de la hacienda, valían 5,700 pesos8. En 1790 doña Micaela de Saavedra, como viuda de don Manuel Gómez Zorrilla, vendió la hacienda Saconday a Manuel Cortez en 13,000 pesos y Tambur a José Velásquez en 10,000 pesos9. En lo relativo a compra-venta de haciendas existe más de una vez, confusión, por ello es que he encontrado años antes como dueño de la hacienda Tambur a don Juan de Saavedra y Herrera, ¿pariente de Micaela de Saavedra? Es probable.

Por otro lado, la documentación nos revela que, en los últimos cincuenta años del periodo colonial, los medianos y pequeños hacendados fueron más vulnerables a las sequías, a las lluvias torrenciales y a las crisis periódicas, obligándolos a recurrir a créditos vía los censos, declararse insolventes y procediéndose a rematar o vender sus haciendas. Tenemos la convicción de que las grandes haciendas piuranas (Tangarará, Somate, Macará, Tambo grande, Chapairá, etc.) estuvieron en mejores condiciones de superar las crisis periódicas, aunque, si algunas de éstas no fueron administradas racionalmente por sus dueños, invirtiendo los créditos en rubros rentables, también tuvieron que ser vendidas. De todas formas ello no puede llevamos a afirmar que en Piura existió un difundido «mercado de tierras», aunque sí una interesante circulación de la mediana y pequeña propiedad rural, explicable porque la tierra en Piura y en el Perú colonial, fue requerida por todos los sectores sociales en la medida que era fuente de riqueza, poder y acceso al crédito. El ejemplo de la hacienda Máncora es ilustrativo. En 1796, en plena sequía, don Juan Miguel de Larraondo, no obstante tener una deuda de 16,000 pesos sobre su hacienda de Máncora a favor del Convento de los Bethlemitas, solicitó 2,000 pesos que había «oblado» don Juan de León y Gastelú, dueño de la hacienda Guapalas10 para superar sus apremios financieros. Larraondo transitó del comercio a la agricultura pues, como afirma Susana Aldana, era: «un espacio común que los mercaderes exitosos tenían como siguiente paso el reafirmarse socialmente convirtiéndose en hacendados. Y tanto don Gregorio, como Arméstar y Larraondo, era cada cual más exitoso. Pensemos que en la compra de Máncora éste último reconoció cuantiosos censos impuesto sobre la propiedad que nunca, ni él ni nadie del grupo, redimió: de 19,000 pesos que valía la hacienda, 14,000 (ca.74% sic) estaban censados...» (1992: 153-169). La información documental que tenemos es la siguiente: el Convento y hospital de los Bethlemitas de Piura vendió la hacienda Máncora en 1790 a don José Miguel de Larraondo (desconocemos el precio), aunque en 1800 se avaluó en 31,950 pesos estando gravada con 5,000 pesos en capellanías y 17,000 pesos en censos. En estas condiciones Larraondo no pudo cumplir con el pago de los réditos que gravaban su hacienda Máncora, siendo secuestrada y devuelta al Convento de los Bethlemitas en 1798, fecha probable de su fallecimiento, encontrándose entre los acreedores al comerciante de Lima don Matías Elizalde «Albacea testamentario y heredero de don Antonio López Escudero».

El informe del administrador de la hacienda Máncora nos permite comprobar que, no obstante la sequía en la región, se produjo un aumento de animales y por ende de capitalización traducido en pesos que favoreció a la Orden Bethlemita, como se aprecia en el siguiente cuadro:

El informe del mayordomo depositario de Máncora José Salazar, demuestra que hubo aumento de ganados en el lapso de seis meses, aunque uniformó el precio de los animales sin considerar su edad, de todas formas hubo un considerable aumento: 5,329 pesos 4 reales. ¿Qué queremos significar con esto? Reiterar la rentabilidad de las haciendas piuranas, que lo eran, en la medida que sus dueños no abusaran de los créditos que consumían sus ganancias. Además, los hacendados tenían otros ingresos: arrendaban parte de sus haciendas a otros hacendados o campesinos para que pasten sus ganados, corten leña, y que no se encuentra contabilizado en los aumentos de Máncora. Pero el mayordomo tampoco informó los gastos por administración de la hacienda Máncora, los jornales de los campesinos, el deterioro en que se encontraban los potreros, herramientas, casas, etc., sin embargo, aún considerando estos factores, somos de opinión que la rentabilidad de la hacienda Máncora era buena, incluso dentro de un marco de sequía regional. Por supuesto que para los intereses del Convento Bethlemita, dueño de Máncora, el balance presentado por el mayordomo de 5,329 pesos era ficticio y que lo más cercano al aumento era de 1,000 pesos: «casi nada... qué cantidad es ésta [dicen] que cause admiración...»11, se preguntaban. Sin embargo, al final, se aceptó los 5,329 pesos 4 reales de capitalización procediéndose a dividirla en cuatro partes: 1 para los acreedores y 3 para el Convento Bethlemita.

Cierto que el aumento en ganados no se monetizó, pues aún no había ingresado al mercado al momento de hacer el balance, pero era obvio que en algún momento tenía que hacerse, porque de otro modo no se explica que los 5,329 pesos de capitalización (incremento de ganado) se divida en 4 partes. Si la hacienda Máncora tiene un valor de 31,950 pesos (100%) y el aumento de ganado en seis meses es de 5,329 pesos (17%), al año será un 34% de ganancias o de rentabilidad, que es irreal porque, como se ha dicho, no se han considerado los gastos que tienen que haberse efectuado para alcanzar esas ganancias, de modo que si, conservadoramente, deducimos los gastos, creemos que debe tener una rentabilidad anual de 15%, que es buena para cualquier hacendado, pues va a rendir tres veces más que la inversión de los capitales especulativos (censos, capellanías, préstamos) que redituaban un máximo de 5% anual. (Aunque el Tribunal del Consulado de Lima pagaba 6% y se ha encontrado, de manera excepcional en Piura, intereses al 8%). Algo más, si el 15% de rentabilidad de la hacienda Máncora lo convertimos en 400 pesos mensuales de ingreso para el hacendado, ello va a significar de 15 a 20 veces el ingreso de un maestro artesano de Lima, 35 a 40 jornales de un campesino piurano o, sencillamente, poder comprar un buen esclavo mensualmente. Es difícil que el promedio de los comerciantes piuranos alcance esos ingresos: 400 pesos al mes.

Máncora es una hacienda básicamente ganadera, por ello el 70% de su valor está en sus ganados y un 20% en la tierra, pero esto es una particularidad y de ninguna manera puede extenderse a la región de Piura, ni mucho menos a nivel colonial-nacional, pues consideramos que un 40% en promedio, es el valor de la tierra como parte del total de una hacienda.

Un caso extremo relacionado con el valor de la tierra, lo tenemos en la hacienda Poechos, que a mediados del siglo XVIII era de propiedad de don José Renteros de Escobar y que en 1760 su esposa, doña Basilia Astorga, la vendió a don Blas Gallo en 6,000 pesos: 2,500 pesos en un censo a favor del Convento de la Merced de Trujillo y 3,500 al contado. A fines del siglo XVIII Teodoro, Pedro y José Gallo, como herederos de Blas Gallo, siguieron usufructuando del dominio de la hacienda Poechos que de acuerdo a una descripción, tenía dos leguas de frontera que: «lindan desde la quebrada de Poechos de la parte de abajo hasta la quebrada de Cóndor...»12.

A principios del siglo XIX la hacienda Poechos devino en propiedad de Teodoro Gallo quien hizo uso de créditos de manera extrema y, no pudiendo satisfacer los réditos que devengaban dichos capitales, el convento de la Merced, principal acreedor, lo denunció y solicitó el embargo y tasación de Poechos, observándose el valor de la tierra:

El 85% del valor de Poechos está en las tierras, pero lo que distorsiona su rentabilidad, fue que la familia Gallo hizo abuso de los créditos ascendiendo éstos al 70% del valor de la hacienda, motivando que no se pudiera cumplir con el pago de los intereses. Sin embargo, Poechos es una demostración que, no obstante su alto endeudamiento, se presentaron varios postores para comprarla en remate: Felipe Valdés ofertó 3,500 pesos, Manuel Farfán de los Godos 4,625 pesos, María Gallo González Carrasco, esposa de Roque Raygada, aumentó la oferta a 5,000 pesos, pero el juez lo consideró extemporáneo, adjudicándosela en 1807 al Presbítero José Méndez Casariego, que falleció al poco tiempo. En 1813 José Ramos Castillo compró Poechos en 6,757 pesos y, cinco años después, en 1818, está como propietario don José Gregorio Maldonado. He aquí un resumen de los propietarios de Poechos:

La circulación de la hacienda Poechos en varios propietarios, en tan corto tiempo, puede explicarse porque se encontraba extremadamente gravada con capitales que consumían su rentabilidad, no dejando excedentes al dueño y, por tanto, obligándolo a venderla por presión de sus acreedores impagos. Las pequeñas o medianas haciendas son más vulnerables a las sequías pues tienen menos recursos obligando a sus dueños a solicitar constantemente créditos para superar las crisis cíclicas, llegando en algún momento a una situación de insolvencia y cesación de pagos que los obligaba a rematar sus propiedades. En cambio, con las grandes haciendas rara vez sucedía así, ya que sus dueños estaban en mejores condiciones de superar las crisis periódicas mediante el acceso al crédito y al pago de sus intereses, por ello es que la mayoría permanecen más tiempo en poder de una familia propietaria y pocas veces ingresan al mercado de tierras para ser vendidas. Asimismo, los dueños de grandes haciendas acrecientan sus ingresos arrendando parte del predio en parcelas a campesinos que pagan en productos, trabajo o dinero; de igual manera, arriendan pastos o permiten el corte de leña a cambio de alguna prestación personal. Algo más, las grandes haciendas tienen una infraestructura más diversificada, combinando la agricultura con la ganadería, el trapiche, molino, etc. Una racional administración de las grandes haciendas por parte de sus propietarios los convirtió, de hecho, en el sector social hegemónico en Piura a fines de la Colonia.

Una familia de hacendados-estancieros-tineros fueron los del Castillo, que comenzaron a tener importancia económica a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Fueron cuatro hermanos, viviendo algunos de ellos hasta principios del siglo XIX y tejiendo una serie de relaciones familiares que amplió su influencia económica y social. Los hermanos del Castillo fueron: Silvestre y Diego (Presbíteros), Miguel y Mariana del Castillo Velásquez y Tineo.

Silvestre del Castillo fue la cabeza principal de esta familia de hacendados tineros, siendo dueño de las haciendas Tambogrande, Pabur y una tina en Piura. Su poder económico se puso de manifiesto habilitando en forma sucesiva con mercaderías avaluadas en 30,000 pesos a su cuñado, el comerciante Pedro Martín Ramos pero: «que por infortunios de los tiempos se perdieron en su mayor parte» 13. Pedro Martín Ramos admitió en su testamento que las habilitaciones provinieron de las haciendas de su cuñado: «declaro que después de contraído el expresado matrimonio recibí de mi hermano político el Lic. Don Silvestre Antonio del Castillo, en diferentes ocasiones varias cantidades de dinero y otros efectos de comercio como son frutos de su hacienda y tina para girar con ellos vendiéndolos de cuenta de dicho mi Hermano»14. Por su condición de sacerdote don Silvestre del Castillo no dejó herederos directos, razón por la cual buena parte de su crecida fortuna, lo distribuyó entre sus sobrinos, hijos de su hermana Marina, casada con Pedro Martín Ramos. Las haciendas y la tina deben haber quedado en la familia del Castillo, pues designó como sus albaceas a su hermano Miguel Serafín del Castillo y a su sobrino político don Diego Farfán de los Godos y Sedamanos.

Miguel Serafín del Castillo, por herencia, fue dueño de las haciendas ganaderas Somate y Guangalá, teniendo la primera en la década de 1780, 6,000 cabezas de ganado vacuno, además ganado yeguarizo, cabrío, mulas y burros hechores. Don Miguel del Castillo también fue un importante tinero y, por ende, uno de los piuranos más influyentes de fines de la Colonia, Regidor y Alcalde de Piura, su hija María contrajo matrimonio con Pedro Seminario y Jaime, hacendado y tinero.

Diego del Castillo también fue sacerdote y, de acuerdo a su testamento, puede deducirse que se dedicó al comercio, dejando una apreciable fortuna para la región, pero, como sucedía con la mayoría de comerciantes, sólo fue en el papel, pues fueron acreencias por cobrar avaluadas en unos 25,000 pesos como se aprecia en la siguiente muestra:

Es la hacienda la que garantiza a sus propietarios un ingreso seguro y rentable y no el comercio, que es más volátil e inseguro. Ésta es una norma que fluye de la vida de hacendados y comerciantes. Tenemos el caso de la familia de León, de origen limeño, que llegó a Piura a principios del siglo XVII y, durante tres generaciones, mantuvieron su hegemonía social apoyándose en sus haciendas, enlaces matrimoniales, cargos administrativos y políticos. Las haciendas Guapalas, Yapateras, Congoña, Malacasi, Pabur, fueron de propiedad de la familia de los León y Sotomayor, León y Velásquez, León y Gastelú y sólo en la medida que las mantuvieron bajo su dominio, estuvo esta familia en condiciones de acceder al poder social, político, militar e incluso a la cultura, ya que en 1813 se ha ubicado estudiando en el Convictorio de San Carlos de Lima a Santiago y Manuel León (Piura), que deducimos tienen que ser descendientes de la familia de hacendados que estamos reseñando.

La nobleza, sinónimo de tierras, estuvo representada en Piura por los Fernández de Paredes, marqueses de Salinas, dueños de la hacienda de Tangarará que emerge como la más poderosa de la región en base a sus ganados, cultivo de algodón, arrendamiento de parte de sus tierras a colonos, arrendamiento de pastos, en fin, una serie de modalidades que permitieron su mayor rentabilidad. La gran extensión que tiene que haber tenido la hacienda de Tangarará y la existencia de cientos de campesinos colonos diseminados al interior de ella y en sus contornos, motivó que a iniciativa del obispo Martínez de Compañón (1783), se fundaran en su jurisdicción tres pueblos: Playas, Guallipirá y Chamborango15 . Las grandes haciendas, al generar mayores recursos, atraen campesinos, logrando una mayor producción y capitalización, permitiendo a sus dueños crear capellanías como lo hizo en 1794 Tomás Fernández de Paredes y Geldres, trujillano, marqués de Salinas: 10,000 pesos sobre su hacienda de Tangarará. Por falta de sucesión directa el marquesado de Salinas y la hacienda de Tangarará devino en su sobrino Francisco Javier Femández de Paredes y Noriega, quien en 1808 reivindicó unos capitales impuestos a su favor en

varias haciendas de la zona:

Los Fernández de Paredes, sin descendencia varonil directa y por su desplazamiento a Lima por línea femenina, se eclipsaron y desaparecieron de Piura a finales del siglo XIX (A. Reyes Flores 1984: 56).

Otra familia de hacendados aunque no tan poderosos como los anteriores, pero sí de influencia política, eclesial y social, fueron los Mesones. El primero fue don Diego de Mesones y la Portilla, español, que se dedicó al comercio falleciendo sin acceder a la tierra. Uno de los hijos, Luis de Mesones y Saavedra compró la hacienda Cachiaco, y un nieto, José de Mesones y Solís, la hacienda Pillo, ambas propiedades sustentaron el poder económico de la familia. Con pocas haciendas que mantuvieran su poder, los Mesones perdieron poder e influencia en Piura a principios del siglo XIX.

En 1784 José de Mesones y Solís compró por remate la hacienda Pillo en 21,000 pesos (14,000 en censos y 7,000 al contado). A partir de esta fecha, Mesones inició una agresiva política de inversiones en varios rubros de la hacienda: sembró frutales, algodón, trigo; compró ganado vacuno, mular, caballar; construyó un trapiche, cercos, potreros; invirtió en herramientas, logrando una renta anual de 3,000 pesos (14,5%), demostración de la alta rentabilidad de la hacienda Pillo. Poco tiempo debe haber gozado José de Mesones de esta situación de bonanza económica en base a su hacienda Pillo, ya que en 1789, por problemas de salud lindante con insania, fue designado tutor su hermano Tadeo, quien pasó a administrar la hacienda

Pillo para después venderla en 1793 a Anselmo Pedemonte. En 1795, don José de Mesones inició un proceso judicial para recuperar su hacienda Pillo, afirmando que no estaba «descompuesto del cerebro» y que se encontraba en su «sano raciocinio», proponiendo que se vendan sus esclavos en 2,500 pesos para pagar las deudas reafirmando que «no le faltaría habilidad para reponerlo», exigiendo «se me restituya mi hacienda de Pillo». La respuesta de Tadeo de Mesones fue que todo lo argumentado por su hermano José era falso, pues en 1790, frente al deterioro de la hacienda, el juez lo designó tutor y administrador de la propiedad, reiterando además que su hermano iba: «por las calles y plazas, parándose en las puertas y esquinas de la ciudad a predicar sus terribles sermones contra el género humano, que se horroriza el cuerpo», solicitando se le exima del cargo de tutor, petición que la justicia denegó16. Resulta evidente que la hacienda Pillo, ubicada en la jurisdicción de Frías, se encontraba en crisis a fines del siglo XVIII debido a una mala gestión empresarial que había destruido buena parte de su infraestructura, sin embargo, siempre hubo quien la comprase:

En el tránsito del siglo XVIII al XIX lo que se observa en Piura -y lo estamos verificando a nivel
colonial-nacional-, es la presencia de una emergente nueva generación que comienza a acceder a la tierra arrendando o comprando, de acuerdo a su capacidad económica, pequeñas, medianas y aun grandes haciendas, desplazando paulatinamente a los hacendados colonialistas. Tenemos el caso de los García, Atocha, Checa, Seminario, Cárcamo, Raygada, Távara, Escudero, Garrido, etc. Ello no quiere decir que después del periodo posindependentista, prosiguieran prevaleciendo aún las antiguas familias coloniales aunque, válido es decir, ya se encuentran en retirada. Los Farfán de los Godos, Mesones, Valdivieso, Saavedra, Fernández de Paredes, González Carrasco, del Castillo, etc., comienzan a declinar para dar paso a la nueva generación de hacendados que se ha mencionado. En 1792 falleció don Luis de Mesones y Saavedra y, después de una larga administración de su hacienda Cachiaco, se remató en don Nazario García (1807). ¿Quién es este señor? ¿Qué antecedentes familiares tiene? Quizás me equivoque, pero el apellido no se encuentra unido a la élite piurana. Sin embargo pagó por la hacienda Cachiaco 5,500 pesos al contado y reconoció 4,500 pesos en censos. De modo similar, en ese mismo año de 1807, el teniente Juan Manrique de Lara, comerciante de Huancabamba y de apellido noble en Lima, compró las haciendas de Sapse, Pariamarca y Jacocha en 9,000 pesos incluyendo censos que no se especificaron. En 1810, como una prueba más de la decadencia de antiguas familias piuranas hacendarias, don Vicente Valdivieso y Torres vendía su hacienda Salcante: 3,500 pesos en censos y 1,500 pesos al contado a Bernardino Vargas17. También apellido sin mayor antecedente e influencia en Piura. Incluso algunos de estos hacendados emergentes se enfrentaron a los poderosos hacendados colonialistas como lo hizo, en 1818, don Carlos de Atocha, dueño de la hacienda Jaguay negro, contra el marqués de Salinas, dueño de la hacienda Tangarará.

Las pequeñas y medianas haciendas son vendidas por sus dueños no sólo por que éstos no pagan los censos sino también para afrontar las necesidades de dinero cuando hay periodos de crisis. Don Vicente Valdivieso, si bien vendió su hacienda Salcante, aún conservó las haciendas Pariguanás, Sancor y Macará que se encontraban en buenas condiciones de productividad. La hacienda Macará, por ejemplo, debe haber tenido un precio de 35,000 pesos, 35 esclavos entre hombres, mujeres y niños, campesinos jornaleros, ganado variado y en considerable cantidad que permitió al arrendatario, don Miguel Torres, entregar un promedio de una manada de ganado cabrío anualmente al dueño don Vicente Valdivieso como se aprecia en el cuadro:

Los capitales que moviliza la hacienda Macará, a través de su arrendatario, son respetables, y considérese que son años de una sequía que se había iniciado en 1792 y aún no concluía en 1803, lo que demostraba la vitalidad de la producción basada en tierra y ganados. Es pertinente agregar que, de acuerdo al contrato, el arrendatario tenía derecho a un 50% en algunos rubros de la producción de la hacienda y, aún con todo ello, el propietario de la hacienda Macará obtuvo una rentabilidad anual estimada en 12%.

Al fallecimiento de don Vicente Valdivieso, la hacienda Macará pasó por herencia a su hijo Luis Valdivieso Carrión y la hacienda Pariguanás, ubicada en Frías, a su hija Rosa Valdivieso Carrión, esposa de un emergente personaje, don José Ignacio Checa. En 1817, Rosa Valdivieso procedió por poder a vender su hacienda Pariguanás en 22,000 pesos y una casa ubicada en la calle Real, que hace esquina con el convento de San Francisco en 4,500 pesos a don Francisco Escudero, comerciante de Lima, quien mediante éstas y otras propiedades que fue adquiriendo, logró asimilarse a la sociedad y economía piurana, llegando a defender los intereses de los hacendados piuranos en 1823 con ocasión del decreto del 2 de abril de 1822, dado por Andrés de Santa Cruz, en que prohibía el trabajo gratuito en las haciendas, convulsionando las relaciones laborales en el campo, motivando que Escudero exija que se: «dicte el correspondiente escarmiento y perpetuo silencio a Isidro Palomino promovedor de un escandaloso atentado a los derechos de propiedad que ampara nuestro Gobierno de acuerdo a justicia»18. Pero volvamos al origen del poder que posteriormente va a adquirir don Francisco Escudero, la compra de la hacienda Pariguanás:

En la primera mitad del siglo XVIII la hacienda de Pariguanás fue de don Luis de Saavedra, pasando después a poder de su esposa doña Tomasa de Fuentes, hija de don Félix de Fuentes, dueño de la hacienda Yapateras (J. Schlüpmann 1989:114), demostrándose que la gran propiedad circula al interior de las familias terratenientes mediante los matrimonios. La hacienda Pariguanás tenía vaquerías, trapiche, molino y, en algún momento de la segunda mitad del siglo XVIII, pasó a otra familia de hacendados, los Valdivieso y, a principios del siglo XIX, por poder de venta a don Francisco Escudero, comerciante de Lima. Un debilitamiento económico y social de los hacendados colonialistas y la permeabilidad de la sociedad piurana puede explicar el «ingreso» de un foráneo como Escudero a Piura en 1817, lo que nos demuestra que los comerciantes, independientemente del lugar en que se hallen, aspiran a acceder a la tierra y convertirse en hacendados.

Don Francisco Escudero, haciendo uso de mecanismos de compraventa coloniales habituales, adelantó 2,000 pesos por la compra de la hacienda Pariguanás y la casa avaluadas en 26,500 pesos, asumiendo pagar 1,000 pesos al año por los réditos que gravaban a ambas propiedades. Más aún, doña Rosa Valdivieso de Checa ordenó que los 4,801 pesos descontando los 2,000 pesos recibidos, se invirtieran en la misma hacienda. Esta transacción demuestra que las haciendas eran las propiedades más seguras donde invertir dinero y procurarse de una renta, como lo verificó doña Rosa Valdivieso.

¿Se extingue la familia Valdivieso como propietaria de tierras? No, porque en la misma transacción de compra-venta de la hacienda Pariguanás, se establece que los «sitios de Silagua, Guanábano y Potrero de Argüelles» se agregaron a la hacienda Sancor que «probablemente» (no nos agrada esta palabra) siguió en poder de doña Rosa Valdivieso. Además de Miguel Valdivieso que figura en la venta de Pariguanás, está el otro hermano, don Luis Valdivieso y Carrión dueño de las haciendas Macará (Sullana) y Miraflores «sita a la otra banda del río frente a la ciudad de Piura», arrendada una parte en 1818, a Pedro Silva en 100 pesos anuales por un periodo de 9 años19.

Si bien podemos percibir que algunas familias piuranas hacendadas inician su declive económico y social a fines del siglo XVIII y principios del XIX, ello no significó que el sector social de los hacendados piuranos, como grupo social y de presión política, no siguieran controlando la región, pues si bien los Farfán de los Godos, Mesones, Taboada, Saavedra, de la Barra, Valdivieso, González Carrasco, muestran cierto eclipsamiento, aún están las otras familias: Fernández de Paredes, del Castillo, León, de los Ríos, en Ayabaca y algunos otros más. Los hacendados piuranos siguen siendo los más poderosos económicamente, e influyentes social y políticamente. A éstas y a las anteriores familias que se van extinguiendo se agregan nuevas familias como los Garrido, Távara, Escudero y, en forma especial, Seminario. Por ejemplo, don Fernando Seminario y Jaime compró las haciendas Malingas, Chapairá y Terela en las primeras décadas del siglo XIX y, mediante buenos matrimonios, su familia logró una posición relevante en la sociedad piurana del siglo XIX.

Los hacendados, conocedores del medio rural, del sistema de producción, adicionaron o se sirvieron de los cargos político-militares, para consolidar y ampliar su influencia en la región de Piura mediante el acceso a los cargos de corregidores y subdelegados, teniendo siempre como base sus haciendas.

 

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4.ALRE. PIN 23, C. 437. Piura 16-05-1766.
5. ARP. Alcaldes Ordinarios.1796, leg.156,fs.87 v.
6. ARP. Corregimientos, leg. 42, expdt. 997, fs.6. Huancabamba, 16-10-1776
7. ALRE. LEA 12-50. C.031, año 1783, fs.422 y ss.
8. ARP. Alcaldes Ordinarios, leg.150.
9. ALRE. PIN 25. C.438,fs.249 y 257.
10. ARP. Alcaldes Ordinarios, leg. 156, fs. 6.
11. ALRE. PIRA-3 1, C. 430, año 1800, fs. 110.
12. ALRE PIRA, 35, C.430 año 1806-1807, fs.90
13. ARP. Escribano Miguel de Arméstar, leg. 157, año 1799-1800, fs. 89.
14. ARP. Alcaldes Ordinarios, leg. 3, año 1796, fs. 1 v.
15. ALRE. LEA 12-27 C. 28, año 1783-1789, fs. 40 v.
16. ALRE. PIRA-30. C. 429, año 1795.

 

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