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LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA EN EL PERÚ Y EN EL DERECHO COMPARADO

Acosta Iparraguirre, Vicente

   CAPÍTULO 3

CONSTITUCIÓN ECONÓMICA DEL PERÚ


El tema de los monopolios, dentro de la doctrina jurídica nacional también tuvo una presencia significativa. Sería el maestro Luis Bramont Arias quien señalara en 1952, la necesidad que se admitieran como delitos económicos diversas figuras como "el procurar alzar o bajar el precio de las mercaderías o valores"; "la coalición dirigida a implantar el monopolio" en donde "el bien jurídico tutelado es la libre concurrencia en la producción y el comercio"; "los actos de monopolio o tendientes a él(...)reprimiéndose a "los que cometieron cualquier otro acto de monopolio tendientes a él, cuando sin importar un progreso técnico ni un progreso económico aumentaren arbitrariamente las ganancias de quien o quienes la ejecutaren, sin proporción con el capital efectivamente empleado""; "otros actos de monopolio o tendientes a él, sancionando "a los que dificultaren o se propusiesen dificultar a otras personas, físicas o jurídicas, la libre concurrencia en la producción y el comercio interno o en el exterior"";. "el suministro de capitales y la participación en convenios, castigando "al que suministrare capitales a efecto de que se cometan los hechos previstos en las disposiciones anteriores(sobre monopolios) con el propósito de cometer los mismos hechos, aún cuando no intervinieren especialmente en éstos""; "los monopolios por sociedades o personas jurídicas, estableciendo que "cuando los hechos previstos en los artículos anteriores, fueren cometidos por sociedades comerciales o personas jurídicas, se declarará la pérdida de la personería

 jurídica y la anulación de las prerrogativas o concesiones que se le hubieren otorgado, sin perjuicio de la sanción que corresponda a los directores, administradores, gerentes u otros miembros que hayan participado en tales hechos""; todo lo cual llevaba al profesor citado a concluir en que podían admitirse como delitos económicos a los monopolios.35

Es necesario también recordar que antes de finalizar el gobierno de Francisco Morales Bermúdez y siendo Ministro de Economía y Finanzas Javier Silva Ruete, se elaboró el "Anteproyecto de ley regulando la libre concurrencia en el mercado", bajo la asesoría del Dr. Roberto Mac Lean, con el objeto de reglamentar el artículo 16° de la Constitución. Sin embargo, este esfuerzo se quedaría en el camino, al no ser tomado en cuenta finalmente, y que además ni siquiera sería publicado. Así como pasó con lo dispuesto en la Constitución de 1933, también la de 1979 mandaba implementar una ley que tuviera como objetivo el desarrollo de lo establecido constitucionalmente. Sin embargo, lejos de cumplir con esto, los gobiernos que siguieron sólo atinaron a expedir ciertas leyes como por ejemplo, el Decreto Legislativo N° 123, dado en 198136, el cual a pesar de ser denominado "Ley sobre delitos económicos" sólo contemplaba la persecución penal de tres delitos como el acaparamiento, la especulación y el falseamiento de productos, siendo ineficaces para proteger al consumidor y, en general, inidóneos obviamente en la contemplación de las prácticas monopólicas.

 
Ahora bien, volviendo a lo dispuesto en el artículo 133° de la Constitución de 1979, César Ochoa Cardich37 señala lo siguiente: "El texto fundamental peruano no incluye norma alguna que explique los conceptos de monopolio, oligopolio, acaparamiento, prácticas restrictivas de la actividad industrial y mercantil, ni define lo que debe interpretarse por "normal actividad del mercado". De este modo, parecería desprenderse que la Constitución económica peruana asumiera el esquema teórico de la competencia perfecta o pura que tal como ha sido definida por los economistas no se ha producido nunca. Este tipo de competencia solo es un modelo teórico elaborado para aplicarlo a una forma concreta de funcionamiento ideal del mercado". Más adelante completa su idea de la siguiente manera: "A nuestro juicio, el antimonopolismo declarado en el artículo 133° ha sido relativizado por una serie de disposiciones contenidas en el ordenamiento económico fundamental que nos permite concluir que la regla general configurada del sistema de concurrencia constitucionalizado es la denominada competencia económica imperfecta. Entre estas excepciones debemos señalar el reconocimiento de los monopolios públicos en los artículos 114° y 127° y de los derechos de autor, inventor, nombres, marcas, diseños y modelos industriales y mercantiles en el artículo 129°. En consecuencia, resultaría más coherente con el conjunto del texto constitucional la modificación del artículo 133°".

Asimismo, Domingo García Belaunde38 por su parte, señala al respecto, que el artículo 133° tiene una explicación natural "...toda vez que habiendo sido aprobado un modelo de economía de mercado(aún cuando social), no tenía sentido al menos en teoría, propiciar o permitir los monopolios y los oligopolios. Lo que descuidó sin embargo el constituyente fue en el hecho que muchas veces en los países subdesarrollados como el nuestro los monopolios u oligopolios son producto natural de un medio limitado que no ha podido desarrollar mayores empresas en el mercado y en consecuencia podría dar pábulo a sancionar incompetencias o carencias reales no queridas ni buscadas por nadie. Por ese motivo es que las modernas legislaciones, mas que sancionar el monopolio u oligopolio en sí misma, buscan sancionar o controlar las prácticas monopólicas u oligopólicas con lo cual se persiguen los mismos objetivos".

Cabe agregar que, para dar cumplimiento a lo señalado en la Constitución de 1979, en el gobierno del Apra se promulga el Decreto Supremo N° 407-85-EF de 1985, en el que se mandaba que aquellas empresas con posición dominante en el mercado que tuvieran una participación en él de 70 a 100%, quedaban sujetas a control de precios.

Es importante preguntarse por qué no se llegó nunca a una implementación efectiva de una ley que controlara las concentraciones económicas. Al respecto una posible respuesta es la dada por Eduardo Anaya quien manifiesta lo siguiente sobre el segundo gobierno constitucional de Fernando Belaunde Terry y que puede ser aplicado a otros gobiernos de turno: "De esta manera el Estado se convirtió cada vez más en el instrumento indispensable de los grupos de poder, en el garante esencial de la ganancia de éstos. La ganancia, no la ganancia media sino la sobreganancia que consideran tener derecho los grupos monopólicos no depende ya únicamente de los mecanismos de las leyes económicas sino de la política económica del Estado, que en muchos casos hizo nulas las leyes económicas, sobre todo cuando su juego amenazaba la ganancia de los grupos de poder".39

g) Régimen Tributario

Al respecto, el artículo 139° señala: 

"Sólo por ley expresa se crean, modifican o suprimen tributos y se conceden exoneraciones y otros beneficios tributarios.

"La tributación se rige por los principios de legalidad, uniformidad, justicia, publicidad, obligatoriedad, certeza y economía en la recaudación. No hay impuestos confiscatorios ni privilegio personal en materia tributaria. 

Los gobiernos regionales pueden crear, modificar y suprimir tributos o exonerar de ellos con arreglo a las facultades que se les delega por ley.

Los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones, arbitrios y derechos o exonerar de ellas, conforme a ley".

Asimismo, en relación a la tributación, es pertinente acotar lo dicho en el artículo 142°, en cuanto se establece que la tributación, el gasto y el endeudamiento público, deben guardar proporciones con el producto bruto interno, de acuerdo a ley. 

h) Presupuesto

Según el artículo 138°, la administración económica y financiera del Gobierno Central se rige por el Presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. Las instituciones y personas de derecho público así como los gobiernos locales y regionales- señala éste artículo- se rigen por los respectivos presupuestos que ellos aprueban.

La ley determina- añade este artículo citado- la preparación, aprobación, consolidación, publicación, ejecución y rendición de cuentas de los presupuestos del Sector Público, así como la responsabilidad de quienes intervienen en su administración.

i) Moneda y Banca

Se establece, mediante el artículo 148°, que la ley determina el sistema monetario de la República. La emisión de billetes y monedas es facultad exclusiva del Estado. La ejerce por intermedio del Banco Central de Reserva del Perú. Este- según el artículo 149°- es persona jurídica de derecho público con autonomía dentro de la ley.

Son funciones del Banco Central de Reserva- según el artículo 149°-, regular la moneda y el crédito del sistema financiero, defender la estabilidad monetaria, administrar las reservas internacionales y las demás que señale la ley. 

Al respecto resulta de primerísima importancia, lo señalado por el profesor Melquíades Castillo(Derecho Monetario y Bancario. Editora Fecat. Segunda edición. Lima 1995, pp.121 y ss.): "Es importante señalar la facultad exclusiva que ha tomado el Estado en relación con la emisión de circulante. Esta medida es la respuesta que diera la Constitución de 1933 y que recoge la de 1979, en el sentido de eliminar lo que ocurriera en años anteriores cuando inclusive la facultad de emisión de billetes fue entregado a manos particulares y lo que dio por resultado una depreciación de la moneda nacional por la confusión que ello produjo, aparte de la falta de responsabilidad en el monto de emisión por quienes lograron esa autorización".

Más adelante, el profesor Melquíades Castillo señala, con respecto a la historia de la conformación de un "banco de bancos" como denomina el autor al banco central: "La Guerra Mundial, iniciada en 1914, tiene un gran impacto económico y lo cual debería haber conducido a la formación de una banca central, de un banco de los bancos, que tuviera facultades de poder emitir moneda por cuenta del Estado. Pero sucedió que los intereses económicos privados presionaron al gobierno de la época, fruto de lo cual fue la dación de dos leyes número 1968 y 1982 que permitieron que la banca privada pudiera emitir la moneda.

Continúa diciéndonos que al terminar la guerra mundial, el orbe sufre una seria crisis económica y en el Perú se hizo necesaria la reforma de nuestro sistema bancario que reclamaba de un banco de la nación. Pero nuevamente los intereses creados impidieron tal reforma y así se dicta la ley 4500 del 9 de marzo de 1922 que crea el Banco de Reserva del Perú vinculado a los bancos accionistas que eran los de la banca privada.

Asimismo, según el artículo 152°, la actividad bancaria y financiera cumple función social de apoyo a la economía del país en sus diversas regiones y a todos los sectores de actividad y población de acuerdo con los planes de desarrollo.

Según el artículo 155°, la Superintendencia de Banca y Seguros, ejerce en representación del Estado el control de las empresas bancarias, financieras, de seguros y de las demás que operan con fondos del público. 

j) Concepto de Empresa

Es importante también resaltar lo que se dispuso en relación a la empresa en la Constitución de 1979. Así, se dedicó el Capítulo IV denominado "De la Empresa" dentro del Título III. 

En el artículo 130°, comenzando el mencionado Capítulo, se incluye un concepto de empresa:

"Artículo 130°.- Las empresas cualquiera que sea su modalidad son unidades de producción cuya eficiencia y contribución al bien común son exigibles por el Estado de acuerdo con la ley".

Fernández Sessarego40 señalaba que el constituyente, mediante este artículo 130° ensaya una descripción de lo que es una empresa cualquiera sea su modalidad: "No obstante haberse aludido en dicho debate a la empresa como una comunidad de trabajadores se optó finalmente por una fórmula abstracta que considera a la empresa como "una unidad de producción". Debemos interpretar, de conformidad con la realidad misma de la empresa y con el sentir del constituyente, que tal "unidad" tiene como correlato, a nivel sociológico- existencial, a una "organización de personas", mientras que el plano axiológico o estimativo debe entenderse como un fin valioso, determinado en común y hacia el cual confluye unitariamente la actividad de la comunidad de personas antes referida. En la dimensión formal-normativa la aludida "unidad" significa que la empresa es jurídicamente un ente autónomo, un centro unitario de imputación de normas jurídicas, un sujeto de derecho cualquiera sea la modalidad que asuma la empresa. Advertimos así que la Constitución de 1979 acoge la tesis de la subjetivización de la empresa, en cuanto "unidad de producción" y deja expedito el camino para que mediante ley, cuando sea oportuno y conveniente, se le otorgue el estatus de "persona jurídica". Nada se opone a ello si el asunto se aprecia dentro de la pura técnica jurídica. El problema, como lo hemos señalado, radica en el nivel de decisión política, de diseño social".

Como se puede advertir de las palabras del maestro sanmarquino, con la incorporación de un concepto de empresa en este artículo 130° de la Constitución de 1979, se dio un paso trascendente en asumir a la empresa como un ente autónomo, un centro unitario de imputación de normas jurídicas, vale decir, un sujeto de derecho, aspecto que tanta controversia causó y causa. 

Sin embargo, nosotros queremos llamar la atención sobre otro punto dentro del concepto de empresa que se dispone en el artículo 130°. Es la facultad que se le otorga al Estado, en cuanto a que puede exigirle a la empresa- a cualquier empresa- eficiencia y contribución al bien común. Sin duda, este mandamiento constitucional hay que observarlo dentro de los alcances de intervención estatal que se maneja en esta Constitución. No deja de ser entonces significativo, sobre todo, si comparamos lo que se estipula en este artículo, con lo que ahora se tiene en relación a la empresa en la Constitución de 1993.

k) Tratamiento a la Inversión extranjera

Se puede señalar que, en la Constitución de 1979, en el artículo 137° se consignaba: "El Estado autoriza, registra y supervisa la inversión extranjera directa y la transferencia de tecnología foránea como complementarias de las nacionales, siempre que estimulen el empleo, la capitalización del país, la participación del capital nacional, y contribuyan al desarrollo en concordancia con los planes económicos y la política de integración".

Esto significaba que la inversión extranjera si bien es cierto, se aceptaba como importante en la economía nacional, también es cierto que se le admitía bajo ciertos controles.

l) Protección al Consumidor

De singular interés resulta lo establecido en la Constitución de 1979, para la protección al consumidor. La protección de los intereses del consumidor se trataron de manera casi marginal y declarativa en el artículo 110°, pero, a pesar de lo defectuoso de la regulación en este artículo, resulta importante sobre todo cuando se relaciona dicha protección relacionándola con la finalidad del desarrollo económico y social. Así, en el artículo mencionado se indica:

"Artículo 110°.- El régimen económico de la República se fundamenta en principios de justicia social orientados a la dignificación del trabajo como fuente principal de riqueza y como medio de realización de la persona humana.
El Estado promueve el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción y de la productividad, la racional utilización de los recursos, el pleno empleo y la distribución equitativa del ingreso. Con igual finalidad, fomenta los diversos sectores de la producción y defiende el interés de los consumidores".

La defensa de los intereses de los consumidores en la Constitución de 1979, hay que contemplarla como un avance de lo que constituye la protección al consumidor y dentro de la problemática de la contratación en masa, a pesar de que se haya establecido con un carácter marginal dentro de este artículo 110°. Constituye - entonces- un avance de lo que después se establecería en la Constitución de 1993.

m) Ambiente y Recursos Naturales

Se señala en el artículo 118°, que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. Los minerales, tierras, bosques, agua y, en general, todos los recursos naturales y fuentes de energía pertenecen al Estado. La ley fija las condiciones de su utilización por este y de su otorgamiento a los particulares.

Por otro lado, en el artículo 119° se señala que el Estado evalúa y preserva los recursos naturales. Asimismo, fomenta su racional aprovechamiento. Promueve su industrialización para impulsar el desarrollo económico. Lo anterior es complementado por lo prescrito en el artículo 123°, en el que se dice que todos tienen el derecho de habitar en ambientes saludables, ecológicamente equilibrado, y adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación del paisaje y la naturaleza. Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente. Es obligación del Estado- señal- prevenir y controlar la contaminación ambiental. 

n) Régimen Agrario Y Comunidades Campesinas

Mediante el artículo 156°, el Estado le otorga prioridad al desarrollo integral del sector agrario.

Es importante resaltar que, el Estado garantiza- según el artículo 157°- el derecho de propiedad privada sobre la tierra, en forma individual, cooperativa, comunal, autogestionaria o cualquier otra forma asociativa, directamente conducida por sus propietarios, en armonía con el interés social y dentro de las regulaciones y limitaciones que establecen las leyes. Hay conducción directa- aclara el artículo citado- cuando el poseedor legítimo e inmediato, tiene la dirección personal y la responsabilidad de la empresa. Las tierras abandonadas pasan a dominio del estado para su adjudicación a campesinos sin tierras. 

Asimismo, según el artículo 161°, las Comunidades Campesinas y Nativas tienen existencia legal y personería jurídica. Son autónomas en su organización, trabajo comunal y uso de la tierra, así como en lo económico y administrativo dentro del marco que la ley establece.

El Estado respeta y protege las tradiciones de las Comunidades Campesinas y Nativas. Propicia la superación cultural de sus integrantes.

En cuanto a la tierra de las Comunidades, , señala el artículo 153° que son inembargables e imprescriptibles, inalienables- salvo ley fundada en interés de la comunidad y solicitada por una mayoría calificada o en caso de expropiación-.

En resumen, la Constitución Económica 1979, contenía un modelo neoliberal, pero asimismo, tenía un determinado margen de flexibilidad, teniendo en cuenta la amplitud con la que se regulaba la intervención del Estado en la economía, lo que-al decir de algunos comentaristas- moderaba ese modelo neoliberal primigenio.

4.- LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA EN 1993

El Título III de la Constitución de 1993, fue asignado al Régimen Económico, lo cual coincide con lo ocurrido en relación con la Constitución de 1979. Sin embargo, las coincidencias acaban aquí, ya que en la Carta vigente se han incluido cambios significativos que orientan al país hacia otro norte económico. Se presentarán ciertas variantes al adoptarse un modelo neoliberal rígido, ortodoxo, en donde se da la ausencia de la flexibilidad tan apropiada en la anterior constitución. 

a) Intervención del Estado, Pluralismo Económico y Principio de subsidiariedad

En primer lugar, al Estado se le asigna sólo una función de vigilante de las reglas de juego establecidas para el desenvolvimiento del mercado, pudiendo actuar sólo restrictivamente en las áreas de promoción del empleo, salud, seguridad de la población, servicios públicos e infraestructura. 

Así, en el artículo 58° se establece: 

"Artículo 58°.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura".

Asimismo, se establece en el artículo 60°:

"Artículo 60.-El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa.

Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional.

La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal".

Como se podrá apreciar de la lectura de los dos artículos transcritos, si bien es cierto, se sigue manteniendo el principio de pluralismo económico, este es redimensionado en esta Constitución vigente, al observar la función que se le asigna al Estado, de orientador del desarrollo. El constituyente de 1993 ha determinado claramente, asumir aquel otro principio negado en la Constitución derogada, vale decir, el principio de subsidiariedad del Estado, planteándolo expresamente en el artículo 60°. Esto significa que el Estado sólo puede realizar actividad empresarial si dicha actividad no le interesa a la empresa privada. Y, asimismo, más allá de esta comprobación, debe el Estado ser autorizado - mediando la circunstancia anteriormente planteada- por ley expresa y justificándose en el alto interés público y manifiesta conveniencia nacional.

sar Ochoa41, haciendo una revisión histórica de la utilización del principio de subsidiariedad del Estado, encuentra que los antecedentes históricos del principio en mención, se encuentran en los modelos autoritarios de constitucionalismo económico. El principio de subsidiariedad tiene sus antecedentes- aclara el autor citado- en la Carta del Trabajo italiana de 1927 "Constitución Fascista del Trabajo"; igualmente en el número 4 de la Declaración XI del Fuero del Trabajo - ordenamiento constitucional franquista- y en el número 21 del artículo 19 de la Constitución chilena de 1980 de origen pinochetista.

Haciendo una comparación entre lo dispuesto en la Constitución chilena y la Constitución peruana de 1993 advierte César Ochoa "El número 21 del artículo 19 de la Constitución chilena de 1980 es el antecedente directo del artículo 60 de la Constitución de 1993. Así, la norma chilena declara: "El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado las autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por razones justificadas establezca la ley, la que deberá ser asimismo de quórum calificado". En tanto que el artículo 60° de nuestro texto dispone que: "solo autorizado por la ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional". Asimismo, la norma precisa que la actividad empresarial, pública o no pública recibe el mismo tratamiento legal.". 

Más adelante señala: "El principio de subsidiariedad puede ser expresado de manera implícita o explícita en las constituciones económicas. En el modelo peruano aparece desarrollado con un enunciado explícito: "solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial...". A diferencia de su antecedente chileno no se exige ley de quórum calificado para autorizar la actividad empresarial de Estado sino simplemente "ley expresa" que en nuestro concepto debe referirse al acto legislativo aprobado por el Congreso estableciéndose un principio de reserva de ley para la autorización de la actividad empresarial del Estado". 

Con lo anterior- entonces-, se cambia radicalmente en lo que corresponde a la intervención del Estado en la economía, limitándola notablemente en comparación con lo que sucedía en la Constitución de 1979. Es más se asume explícitamente, el principio de subsidiariedad del Estado, que - como hemos visto en su momento- no fue aceptada dentro de la lógica de la Constitución pasada. 

b)Economía Social de Mercado

Asimismo, se hace mención a su vez, al régimen de economía social de mercado, dentro de los alcances del artículo 58°, pero que, mirado en concordancia con otros principios admitidos en el Título III, nos obliga a considerarla en aquella acepción señalada por Lucas Verdú, en cuanto a economía de mercado neocapitalista, de reforzamiento de nuestro sistema capitalista periférico y subdesarrollado que alienta la concentración privada de los medios de producción y una distribución regresiva del ingreso.

Comentando la inclusión del modelo de economía social de mercado en la Constitución de 1993, Alfredo Quispe Correa42 señala: "Otro principio está referido a la economía social de mercado. Para la concepción mercantilista, la ley de la oferta y de la demanda determina las preferencias económicas. A mayor oferta, menor precio. A mayor demanda mayor precio. El consumidor es el factor dinámico para que las empresas sobrevivan. El Estado no debe intervenir en absoluto aunque en la práctica los "mercantilistas" son los que más ventajas exigen de los gobiernos para que se frene la libre importación, por ejemplo, que podría causarle en calidad, precios y preferencias del consumidor". 

Este mismo autor señala que para los mercantilistas y para quienes se consideran radicales en materia de liberalismo, la adjetivación social del mercado, aparte de resultar pleonástica, distorsiona la actividad comercial o productiva por la intervención del Estado, quien a su leal saber y entender, se dedica a poner límites a la actividad económica, fijando precios, estableciendo vedas, movilizando aranceles. El Estado no debería intervenir- agrega- en ninguna circunstancia. Debe dejar que las leyes del mercado resuelvan los problemas del mercado.

Concluye Quispe Correa sobre el punto finalmente: "En nuestra opinión, el contenido social que se asigna al mercado relieva la condición humana de quienes intervienen en el proceso económico. No se debe propugnar la diferencia estatal. Si bien no se apoya la planificación compulsiva, tampoco es posible admitir un gobierno ausente de los grandes dramas sociales o de crisis que puedan afectar incluso la propia economía. La solidaridad de la que habla la constitución no es un término de exhibición en la vitrina ni una excusa que sirve de propaganda. La solidaridad entre los seres humanos se destaca por la comprensión y la cooperación. A partir de esa premisa, la intervención del Estado debe operar sólo en aquellas circunstancias en que la propia subsistencia del mercado peligre. O cuando una crisis social demande medidas urgentes que puedan abarcar incluso la congelación de precios por un período determinado. Además, si bien un Estado es una asociación de personas, no es menos cierto que al lado de intereses particulares hay los intereses generales, los que deben prevalecer en ciertas circunstancias. Un caso hipotético puede ser la construcción de una carretera en el que el diseño desde el punto de vista social, revelaría que no siempre el camino más corto resulta la recta. Integrar al país es una necesidad y el camino es una de las vías para promoverla".43

Desde la perspectiva de Quispe Correa- entonces-, la economía social de mercado, es una economía de mercado a la cual se agrega un componente social, es decir, interviene el Estado sólo en aquellas circunstancias en que el mercado mismo peligre, como sucede en aquellas situaciones de crisis social, las cuales demanden medidas de carácter urgente.

Carlos Torres y Torres Lara44, por su parte, en primer lugar, da cuenta de que fueron los alemanes quienes mejor desarrollaron en la práctica el concepto de la economía social de mercado con reglas que terminaron por reconocerse- señala dicho autor- como uno de los mejores modelos socialcristianos. 

El sistema según Carlos Torres y Torres Lara, se basó en el establecimiento de mecanismos de orientación indirecta de la economía. Estos instrumentos fueron tres: 1)los impuestos; 2)los aranceles; y, 3) el control monetario.

Mediante los impuestos- explica el autor citado-, el Estado no solamente recaudaba las sumas necesarias para realizar obras sociales, sino que podía incentivar alguna actividad económica, exonerándola de tributos, o dificultando su desarrollo normal a través de contribuciones más altas. Así, podía exonerarse por ejemplo, a las industrias alimentarias y aumentarse el impuesto a las empresas productoras de bebidas alcohólicas.

En cuanto a los aranceles, el Estado lograba lo que se deseaba desde finales de la aristocracia francesa, es decir, antes de la revolución: incrementar el consumo de los bienes producidos en el país e impedir en lo posible el ingreso de productos extranjeros, con lo que se aumentaba el apoyo a la empresa productora nacional, la riqueza interna y especialmente la acumulación de recursos, mediante una balanza favorable entre importaciones y exportaciones.

Y, finalmente, mediante el control monetario- continua diciéndonos Torres y Torres Lara-, el Banco Central de Reserva monopolizaba la emisión monetaria y el control de la circulación del dinero. Todo ello- añade- en base al monopolio de la emisión, a la regulación del crédito y las tasas de interés, y al establecimiento de los encajes sobre el ahorro captado por la banca comercial.

Mediante los anteriores instrumentos- concluye el autor citado-, se aseguraba el mecanismo indirecto del control macroeconómico sin necesidad de entrar en el control de cada empresa.

Pero, según la lógica de Torres y Torres Lara, la utilización de los mecanismos establecidos anteriormente, ha sido modificada en la Constitución de 1993, ya que el entorno real ha cambiado también. En palabras del autor al cual seguimos en esta parte, "la situación ha variado, debido a la experiencia interna y a la globalización de la economía".

En efecto-aclara-, la política de la imposición tributaria como instrumento del control indirecto no ha dado buenos resultados, pues debido a las presiones internas y a la falta de firmeza, las exoneraciones tributarias o sus beneficios han terminado en algunos casos como en el Perú, en beneficios muy discutibles a los que todos consideran tener legítimo acceso. Fácil fue también para algunas empresas eludir tributos aparentando producir bienes o servicios exonerados, fomentándose una burocracia supervisora, que siempre mal pagada aceptaba el soborno para ocultar los actos evasivos. En vez de desarrollar una industria adecuada sólo se incrementó la inmoralidad pública y los grupos de presión económicos. 

Por otra parte, en cuanto al tratamiento arancelario, debe decirse que igualmente su fuerza- añade el autor-ha decaído progresivamente debido a la formación de mercados regionales que ha obligado a los países ha desprenderse de una política arancelaria propia para aceptar las tendencias arancelarias de la región, o incluso del mundo entero, con una clara dirección al establecimiento progresivo de aranceles planos, permisivos del desarrollo de un mercado globalizado promotor de empresas más eficientes.

Concluye Torres y Torres Lara que dentro de tales condicionamientos reales, la Constitución de 1993 mantiene aún más firme el instrumento del control monetario a través del Banco Central de Reserva. Por otro lado, se reduce el poder de los elementos propios de los impuestos y de los aranceles.

De interés resulta lo señalado por Omar Cairo Roldán45, cuando señala que siendo la base de la economía social de mercado, el estado social del derecho, y, en el Perú, habiendo desaparecido éste último estado, se puede concluir en el desconocimiento efectivo de tal economía social de mercado. 

Así, este autor señala que la Constitución de 1979, a diferencia de la de 1993, si recogía los principios de la Economía Social de Mercado. El papel fundamental del mercado como mecanismo asignador de recursos y la necesidad de un ordenamiento social que garantice la efectividad de los derechos económicos y sociales de la persona se encontraban presentes en ella, señala Cairo Roldán. No de be entenderse por esto- añade- que la Constitución recogía con precisión de detalle, todos los instrumentos que en Alemania se emplearon para desarrollar este sistema económico. La Economía Social de Mercado- dice el autor- que debía llevarse a cabo en el Perú, conforme a la Constitución de 1979, habría tenido perfiles propios. Y esto no desnaturaliza en modo alguno a dicho sistema. 

De esta manera, según Cairo Roldán, la Constitución de 1979, sin pretender configurar una imitación del sistema económico alemán, recogía los principios fundamentales que lo definen: la libertad y la solidaridad, y varios de sus componentes esenciales. Dentro de estos últimos podemos mencionar a la Seguridad Social, la Cogestión, la Estabilidad Monetaria y al necesario marco del sistema: el Estado Social de Derecho.

Cairo Roldán plantea entonces, la correspondencia entre Economía Social de Mercado y Estado Social de Derecho. Este último es indiscutiblemente la base del primero. En resumidas cuentas es ineludible que ambos se presenten juntos.

Pero, como manifiesta el mismo autor citado, en la Constitución de 1993 se encuentra muy poco de lo que se denomina Estado Social de Derecho. ¿Qué encontramos? Se pregunta Cairo Roldán. Solo- responde- una mención al derecho "universal y progresivo" de todos a la Seguridad Social(art.10) y a la intangibilidad de los fondos y reservas que le corresponden(art.12). La Carta además afirma que garantiza el "libre acceso" a prestaciones de salud y pensiones a través de entidades públicas o mixtas(art.11). Puede percibirse, entonces, que la noción de solidaridad propia de la Seguridad Social, así como la responsabilidad del Estado en este tema, están ausentes del nuevo texto constitucional. Cairo llama la atención que sin embargo, la nueva Constitución peruana dice reconocer la Economía Social de Mercado.

Finalmente, Cairo Roldán concluye: "Comprobamos, entonces, que el Estado Social de Derecho es indispensable marco dentro del cual se realiza la Economía Social de Mercado. Una vez más la experiencia confirma este hecho, pues Alemania viene desarrollando este sistema durante la vigencia ininterrumpida de la Ley Fundamental de 1949(Su Constitución Política). Ni aún la caída del Muro de Berlín (ocurrida en sus tierras) llevó a los alemanes a pensar en la necesidad de una ruptura ni reforma constitucionales. Sin embargo, aunque parezca contradictorio, ese mismo suceso provocó en el Perú el examen minucioso de la Constitución de 1979 en la búsqueda de presuntos "resabios marxistas" y "populistas" dentro de su contenido. Acto seguido se propuso su eliminación del texto constitucional. El problema es que aquellos "resabios"- de los que la Constitución del CCD ha prescindido-eran nada menos que los derechos económicos y sociales consagrados constitucionalmente4 y las funciones asignadas al Estado para su realización. Ambos, elementos integrantes indispensables del mismo sistema democrático constitucional que se vio reforzado por la caída del Muro de Berlín".46

Lo concluyente entonces es que si bien, en lo terminológico se repite lo de Economía Social de Mercado, es claro que el contexto en el cual se inserta dicho término hace que el concepto asumido sea otro. Si por ejemplo, como señala Quispe Correa, la economía social de mercado es una economía de mercado con una preocupación social, dicha preocupación no podrá mostrarse en un contexto en el que no se cuente con un Estado Social de Derecho- como ha mencionado Cairo Roldán-.

c)Derecho de Propiedad

Otro aspecto a destacar en la Constitución de 1993, que ha sufrido una variación con su tratamiento en la Constitución de 1979, es en cuanto la propiedad. En el artículo 70 se señala lo siguiente: "El derecho de propiedades inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio".

Por lo que se puede apreciar, se establece diversamente que la Constitución de 1979, al señalar que se ejerce en armonía al bien común y dentro de los límites de la ley, substituyendo aquella referencia al interés social. Pero la sobreprotección de la propiedad privada se desprende del celo excesivo mostrado en cuanto a la expropiación, concibiéndola restrictivamente en referencia a las causales de la misma, pudiéndose sólo expropiar por causa de seguridad y necesidad públicas, declarada por ley, suprimiendo la causa de interés social, establecida en la Carta derogada.

Como comentario del artículo 70° sobre la propiedad, Bernales47 señala: "La primera parte del artículo bajo comentario dice que el derecho de propiedad es inviolable. Nadie puede atentar válidamente contra ella, salvo el caso de expropiación que analizaremos más adelante. Según este principio, el Estado debe proteger la propiedad. Hay que recordar que conforme al inc. 16 del artículo 2° de la Constitución, la propiedad es uno de los derechos fundamentales de la persona".

Bernales, asimismo, plantea que la expropiación en la Constitución ha sido establecida en términos muy restrictivos, con lo que coincidimos plenamente. Así, señala: "En general, las disposiciones dictadas son duras y restrictivas en relación a la expropiación. Debe anotarse, como dato para el análisis, que el gobierno que dio la Constitución de 1993 no era partidario de la expropiación y puso exigencias significativas para incorporarla al nuevo texto constitucional. Más allá de ellas lo que debe primar es el criterio de la razonable protección de la propiedad".

d) Libertad de trabajo, de empresa, y, de comercio e industria

Asimismo, otro punto a resaltar es lo concerniente a la declaración de que el Estado garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria, según lo establecido en el artículo 59, dentro de los Principios Generales. En la Constitución de 1979 se reconocía y garantizaba la libertad de comercio e industria. En esta Constitución vigente, se hace un tratamiento más disgregado señalándose tres libertades en íntima relación. La libertad de trabajo es aquella posibilidad de dedicarse a la actividad laboral que la persona crea conveniente. Asimismo, la libertad de empresa es aquella posibilidad de poder asumir a forma jurídica más idónea a la actividad económica que se pretende afrontar. Y, la libertad de comercio e industria es aquella libertad o posibilidad de desplazar los bienes o servicios de un lugar a otro o de dedicarse a la actividad de transformación que sea más eficiente para la persona.

Se complementa lo dicho con respecto a estas libertades, en el artículo 59°, con el establecimiento de ciertas limitaciones. Así, se señala que el ejercicio de las libertades mencionadas no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas.

e) Planificación

Otro de los puntos a resaltar en la Constitución de 1993, no por su presencia, sino por su ausencia es la planificación. Se suprime toda alusión a la misma, aún en el caso de la de tipo indicativo, a contracorriente de un moderno constitucionalismo. Este faltante resulta de particular importancia, si tenemos en cuenta que la intervención del estado en lo económico y, asimismo, la planificación, eran elementos que morigeraban el modelo liberal de la Constitución de 1979. 

Lo cierto es que dentro de la lógica de economía de mercado adoptada en la Constitución de 1993, no se admite ningún asomo de planificación, aunque, a nuestro modo de ver estamos frente a un modelo ortodoxamente liberal y de corte rígido, ya que otras sociedades que adoptan también una economía de mercado, también aceptan ciertas dosis de planificación de la economía.

f) Posición Antimonopólica

Asimismo, tenemos que se otorga al Estado el rol de vigilante de la libre competencia, traducido en funciones de combate a toda práctica que la limite y de abuso de posiciones dominantes y monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. Así, el artículo 61° prescribe:

"Artículo 61°.- El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios.
La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares".

Los artículos referidos a la libre competencia en la Constitución de 1979- nos dice Pinkas Flint48-eran dos, uno referido a la formación de monopolios, oligopolios en la actividad comercial y mercantil y el otro referido a los monopolios en la prensa, radio y televisión. En la Constitución de 1993 se han fusionado en uno.

Al respecto Marcial Rubio49 señala que "ambas Constituciones destierran el monopolio privado. Sin embargo, el artículo 153° de la Constitución de 1979 permitía lo contrario, el monopolio del Estado en la actividad bancaria, financiera y de seguros. También la Constitución de 1979 permitía la reserva de actividades productivas o de servicios para el Estado y para los peruanos. La Constitución de 1993, en cambio prohíbe todo monopolio autorizado por la ley".

El surgimiento del Derecho de la Competencia encuentra su explicación en la imperfección del mercado. En la economía de mercado no todo es perfecto. Entre las fallas más importantes se encuentra la competencia imperfecta. La economía social de mercado es, por lo tanto, una respuesta a esta imperfección del mercado. Es la necesidad de humanizar el mercado, introduciendo correcciones y límites a la absoluta libertad.

La política de defensa de la competencia debe estar basada en unos principios básicos de validez universal en materia de competencia, pero ha de tener en cuenta las circunstancias propias de cada país, no pudiendo funcionar en abstracto.

Según Enrique Bernales50, la competencia permite varias cosas "las principales situaciones que la competencia permite son:

  • Que funcione la regla de la eficiencia entre las empresas.

  • Que los precios sean determinados por los agentes económicos.

  • Que la eficiencia y la calidad determinen los precios más bajos posibles para cada tipo de bien.

  • Que la tecnología avance al compás de la eficiencia de cada rama.

  • Que los productores y comercializadores encuentren la retribución adecuada a su inversión, así como los trabajadores, supuestamente el pago más adecuado del trabajo que realizan, y que los consumidores-supuestamente también-encuentren el precio más adecuado para cada bien que requieren".

Lo cierto es que, existe un cambio en este punto también. Si en la Constitución de 1979 se mantenía una posición contra los monopolios por ser tales, es decir per se, en la Constitución de 1993, lo que se combate es el abuso que se haga de una posición dominante o monopólica en el mercado, así como toda práctica limitativa de la libre competencia. Dentro de una economía de mercado, con este mandamiento, lo que se busca es acercarse a aquella condición de un modelo de mercado de competencia perfecta, como es la atomicidad de mercado.


g) Régimen Tributario

Según el artículo 74°, los tributos se crean, modifican o derogan o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo.

Asimismo se establece que los gobiernos locales pueden crear, modificar o suprimir contribuciones o tasa o exonerar de estas, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. 

Igualmente se prescribe que los decretos de urgencia no pueden contener materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación. Las leyes de presupuesto no pueden contener normas sobre materia tributaria.

No surten efecto- finaliza este artículo reseñado- las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo.

h) Presupuesto

En lo que concierne al Presupuesto, se prescribe en el artículo 77°, que la administración económica y financiera del Estado se rige por el Presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. La estructura del presupuesto del sector público contiene dos secciones: gobierno central e instancias descentralizadas.

Entre los criterios presupuestales expuestos, tenemos que el presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos. Su programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia, de necesidades sociales básicas y de descentralización.

Asimismo, las incidencias del proceso de conformación y aprobación de la Ley del Presupuesto, son tratadas en los artículos 78°, 79° y 80°. 

i)Moneda y Banca

Según el artículo 83°, la ley determina el sistema monetario de la República. La emisión de billetes y monedas es facultad exclusiva del Estado. La ejerce por intermedio del Banco Central de Reserva del Perú. Este- según el artículo 84°-es persona jurídica de derecho público. Tiene autonomía dentro del marco de su Ley Orgánica. 

Tiene como finalidad el Banco Central de Reserva, preservar la estabilidad monetaria. Sus funciones son regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo, y las demás funciones que señala su ley orgánica. 

Por otra parte, se señala en el artículo 87° que el Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorro del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía.

Es importante también hacer la indicación - según el artículo 87°- que la Superintendencia de Banca y Seguros ejerce el control de las empresas bancarias y de seguros, de las demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras que por realizar operaciones conexas o similares determine la ley.

En esta parte, se puede notar claramente que la asignación de que la actividad bancaria cumple función social prescrito en la Constitución de 1979, ha sido eliminada. 

j) Tratamiento de la Inversión Extranjera

Asimismo, en lo que respecta a la inversión nacional y extranjera se establece que están sujetas a las mismas condiciones. Así, en el artículo 63° se prescribe: "La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones". Esto constituye un cambio también significativo con lo que se establecía en la Constitución de 1979, en la que en el artículo 137° se consignaba: "El Estado autoriza, registra y supervisa la inversión extranjera directa y la transferencia de tecnología foránea como complementarias de las nacionales, siempre que estimulen el empleo, la capitalización del país, la participación del capital nacional, y contribuyan al desarrollo en concordancia con los planes económicos y la política de integración".

Como se puede notar, en lo que respecta a inversión extranjera, hay- por decir lo menos- una diferencia en cuanto al control ejercido sobre dicha inversión regulado en la Constitución de 1979. Esto ha desaparecido en la Constitución vigente, determinándose la igualdad entre la inversión nacional y extranjera. Ahora bien, sobre este punto es necesario relacionar lo anterior con la retracción del Estado en diferentes aspectos.

k)Protección al Consumidor

Uno de los aspectos innovadores en la Constitución de 1993 es la declaración de que el Estado defiende los intereses de los consumidores y usuarios. Así, el texto completo del artículo 65° establece: "El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población".

La decidida defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, asumida por la Constitución de 1993, es explicada por Carlos Torres y Torres Lara51, señalando, en primer lugar, la Constitución vigente traslada el control económico más hacia la defensa del consumidor, ya que el centro del Derecho Empresarial, deja de ser la empresa misma, para trasladarse a la relación "empresa-consumidor", que es donde el Estado ahora puede jugar un papel más objetivo.

"Cada tiempo tiene su núcleo de tensión- señala Torres y Torres Lara- y esto se refleja en el Derecho, el cual no es más que la síntesis de la ideología de su época. Así, durante el desarrollo del Derecho Romano, el centro de las tensiones estuvo vinculado al propietario inmobiliario. Luego desde el siglo XV el Derecho se centra en la protección preferencial del propietario mobiliario, base del desarrollo del capitalismo inicial, que se difundiría a partir de las libertades consagradas por la Revolución Francesa, hasta la aparición del fenómeno socialista, desde el cual el núcleo se ubica en el trabajador. Con el desarrollo de la sociedad de consumo hoy se abre un nuevo centro de tensión: el consumidor".

Es así, que el artículo 130° de la Constitución de 1979, era inspiración- según Torres y Torres Lara- de otra época en la que el centro del derecho era la Empresa. Ahora, siendo la relación "Empresa-Consumidor" lo central, entonces, otro es el rumbo que debe asumir el Derecho, en este caso, la protección del consumidor. Este nuevo concepto- añade Torres y Torres Lara - de gestión estatal, suprime el control de la llamada eficiencia empresarial contenido en la anterior Constitución y lo sustituye por el control del producto mediante la gestión del propio consumidor a quien se le garantiza la información apropiada para su defensa.

Se expresa así, que el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios y, para tal efecto, garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a disposición en el mercado. Con ello se genera una obligación para la empresa- como es el de informar convenientemente- y, para el consumidor un derecho a la información- o derecho a ser informado idóneamente-. Esto es consecuencia de lo que se ha venido en llamar el problema de la asimetría informativa entere la empresa y el consumidor, lo que busca ser contrarrestado por el derecho a la información del consumidor.

l) Comercio Exterior

Un tratamiento singular merece el comercio exterior. En la Constitución de 1979 se decía en el artículo 117° lo siguiente: "El comercio exterior es libre dentro de las limitaciones que la ley determina por razones de interés social y de desarrollo del país. El Estado promueve la cooperación entre los pueblos para alcanzar un orden económico internacional justo". En la Constitución de 1993, en el artículo 63° que "la producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. Si otro país o países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en defensa de éste, adoptar medidas análogas". Hay evidentemente aquí también un diverso tratamiento. Mientras que en la Constitución de 1979 hay una tendencia a la declaración lírica apuntando hacia un orden internacional justo, como se expresa. Y, en la Constitución de 1993, existe una cierta espera frente a la posibilidad de la adopción de medidas proteccionistas o discriminatorias, lo que podría- se plantea expresamente como posibilidad- desembocar en la adopción de medidas de defensa análogas, por el Estado.

m) Ambiente y Recursos Naturales

Según el artículo 66°, los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.

En cuanto al derecho ambiental constitucional, se establece en el artículo 66° que el Estado determina la política del medio ambiente y promueve el uso sostenible de recursos naturales. En este sentido complementan lo dicho los artículos 68° y 69°.

n)Régimen Agrario y Comunidades Campesinas

Según el artículo 88° el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario y garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra. Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del estado para su adjudicación en venta.

En cuanto a las Comunidades Campesinas y Nativas- según el artículo 89°-, tienen existencia legal y son personas jurídicas.

Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal, en el uso y en la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras- se añade- es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo 88°.

Aquí también encontramos una diferencia con lo prescrito en la Constitución de 1979, ya que en ésta ultima, cuando se hablaba de las tierras comunales, se señalaba como caracteres de imprescriptibilidad, inembargabilidad e inalienabilidad aunque con algunas excepciones. En la Constitución vigente sólo se ha mantenido la nota de imprescriptibilidad.

Existen ciertas visiones totalizantes de la Constitución de 1993. Así, César Ochoa52 manifiesta que las bases fundamentales de la constitución vigente son: el principio de subsidiariedad del Estado, el principio de pluralismo económico, la economía social de mercado, la libre competencia, la defensa de los consumidores y las garantías de la inversión nacional y extranjera.

Por su parte, Francisco Fernández Segado53 opina que la Constitución de 1993, ha optado por un modelo ortodoxamente liberal. Ha desaparecido - nos dice- todo principio valorativo inspirador del régimen económico, como la justicia social enunciada en la Carta de 1979: "Estamos ante un modelo clásicamente liberal que aunque se autodefine como de "economía social de mercado", adjetivo este, el de "social" que fue incorporado no sin notable debate en el seno del Congreso Constituyente Democrático, ya que en un primer momento la mayoría del Congreso se oponía a su inclusión en la Constitución, la realidad es que esa calificación no se traduce en el ámbito constitucional en unas consecuencias concretas".54

Asimismo, Enrique Bernales, haciendo una comparación entre la Carta de 1979 y la vigente manifiesta: "... si esta(Carta de 1979) se mantenía al margen de las connotaciones ideológicas y se concentraba en dejar enunciadas las orientaciones pertinentes a la consecución del desarrollo nacional y el estado de bienestar, la actual opta resueltamente por disposiciones en las que el perfil ideológico del neoliberalismo resulta visible..." y concluye diciendo: "...esta orientación privatista de la Constitución que ha sido radicalmente asumida por el gobierno que la promovió, rebasando -inclusive- las propias previsiones constitucionales"55 56

5.- CONCLUSIONES

Como primer aspecto a resaltar, de la rápida revisión de las Constituciones peruanas a lo largo del siglo XIX y principios del XX, es que existe un progresivo tratamiento de aspectos económicos, aunque dispuestos en partes correspondientes a garantías de la persona y funciones de los ministros de Estado, es decir, los aspectos económicos han estado originalmente dentro de lo que se conoce como partes dogmática y orgánica de una constitución tradicional.

Asimismo, cabe remarcar que los aspectos económicos - como ya se ha mencionado- cada vez tienen un espacio mayor y, además se asumen temas económicos que en las primeras constituciones no se toman en cuenta, como lo concerniente a la propiedad minera, los monopolios, el rol del Estado en cuanto a artículos de primera necesidad en consumo, que se han podido ver en la Constitución de 1920 y que podrán ser apreciados in extenso en las restantes constituciones nacionales del siglo XX.

Asimismo, en definitiva, la Constitución de 1933, expande el tratamiento de los temas económicos, por influencia- pensamos- del constitucionalismo social, y a su vez, del criterio que se fue arraigando a lo largo del siglo XX, el cual significa que la economía no es una ciencia natural, sino que es el resultante de la conducta de los seres humanos, y, por tanto, modificable, por normas de organización y de política económica, que en síntesis constituye el derecho económico. 

Asimismo, la Constitución Económica 1979, contenía un modelo neoliberal, pero asimismo, tenía un determinado margen de flexibilidad, teniendo en cuenta la amplitud con la que se regulaba la intervención del Estado en la economía, lo que-al decir de algunos comentaristas- moderaba ese modelo neoliberal primigenio.

Por su parte, somos de la opinión coincidente con Francisco Fernández Segado, que la Constitución de 1993, ha optado por un modelo ortodoxamente liberal. Ha desaparecido todo principio valorativo inspirador del régimen económico, como la justicia social enunciada en la Carta de 1979. Estamos, entonces, ante un modelo clásicamente liberal que aunque se autodefine como de "economía social de mercado", adjetivo este, el de "social" que fue incorporado no sin notable debate en el seno del Congreso Constituyente Democrático, ya que en un primer momento la mayoría del Congreso se oponía a su inclusión en la Constitución, la realidad es que esa calificación no se traduce en el ámbito constitucional en unas consecuencias concretas.

Pero, más allá de la orientación de cada una de las Constituciones nacionales, lo cierto es que hay temas económicos recurrentes que han sido tratados y que conforman - por darle una denominación- la Constitución Histórica Económica del Perú, es decir, aquel conjunto de aspectos económicos que son ineludiblemente tocados en una Constitución peruana, sobre todo a partir de la del año 1933. Aspectos como la intervención del Estado en la economía, la propiedad privada, la libertad de comercio e industria, los monopolios, la empresa y la protección al consumidor, la tributación y el presupuesto, la moneda y la banca, los recursos naturales, son entre otros, tratados en las constituciones nacionales. 

_____________________________

35
Bramont Arias, Luis: Ob. Cit.. Lima 1952, pp.235 y ss, específicamente p. 247.

36 Bramont Arias, Luis: Temas de Derecho Penal. Lima 1990, p.69.

37 Ochoa Cardich, César: Ob. Cit., p.267.

38 García Belaunde, Domingo: Ob. Cit., p.5.

39 Anaya, Eduardo: Los grupos de poder económico. Editorial horizonte. Abril 1990, p.168.

40 Fernández Sessarego, Carlos: "Empresa, Persona Jurídica y Constitución" en: Revista Peruana de Derecho de la Empresa. Constitución, Economía y Empresa. N°20, Año IV. Lima 1986, pp.59-60

41 Ochoa Cardich, César. "Bases fundamentales de la constitución económica de 1993" en: Lecturas sobre Temas Constitucionales Nº 11. Comisión Andina de Juristas. Lima 1995 pp.87 al 95.

42 Quispe Correa, Alfredo: La Constitución Económica. Gráfica Horizonte S.A. Lima 2002, pp. 43 y ss.

43 Ibidem, p.44.

44 Torres y Torres Lara, Carlos: La constitución económica en el Perú. Desarrollo y Paz Editores. Lima Noviembre 1994, pp. 91 y ss.

45 Cairo Roldán, Omar: Ob. Cit., pp. 13.

46 Ibid., p.19.

47 Bernales, Enrique. La Constitución de 1993. Análisis Comparado. Ediciones Constitución y Sociedad Lima Noviembre 1997 Tercera edición, p. 380.

48 Flint, Pinkas: Tratado de Defensa de la Libre Competencia. Pontificia Universidad católica del Perú. Lima 2002, pp. 83.

49 Rubio Correa, Marcial: Estudio de la Constitución Política de 1993. Tomo 3. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad católica del Perú.. Lima 1999, p.241.

50 Bernales, Enrique: Ob. Cit., 312.

51 Torres y Torres Lara, Carlos: Ob. Cit., pp. 39 y ss.

52 Ochoa Cardich, César. Ob. Cit., Lima 1995 pp.87 al 95.

53 Fernández Segado, Francisco. "El nuevo ordenamiento constitucional del Perú. Aproximación a la Constitución de 1993" en: Lecturas sobre Temas Constitucionales Nº 10 Comisión Andina de Juristas. Lima 1994 p.26.

54 Sobre el particular Melquíades Castillo señala: "En el artículo 58° de la Constitución, se considera que la iniciativa privada es libre y la cual se ejerce en una economía social de mercado. Asimismo se sostienen principios referidos al neoliberalismo. En esta forma se plantean condiciones que no son las mismas bases sustentatorias que las que tenía la Constitución de 1979". En: Derecho Monetario y Bancario. Fecat. Segunda edición. Lima 1995, p.127.

55 Bernales, Enrique. Ob. Cit, p. 347.

56 Es interesante la opinión vertida por Sánchez Carlessi, Ricardo: La Constitución sometida a referéndum y el desarrollo económico del Perú. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 1993, p. 11; cuando señala lo siguiente: "... ha sido la lucha del pueblo peruano durante el presente siglo: tratar de que el Estado se humanice convirtiéndolo en un medio para el desarrollo y el cambio social; el primer resultado de esta lucha fue la Constitución de 1933, después de la Dictadura de Leguía, y el segundo, la Constitución de 1979, después del proceso de reformas y contrarreformas de Velasco y Morales Bermúdez, respectivamente... En esta lucha por convertir al estado en 
un instrumento del desarrollo hay, en el Proyecto de Constitución aprobada por el llamado Congreso Constituyente Democrático(CCD) un evidente retroceso;..".




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