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LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA EN EL PERÚ Y EN EL DERECHO COMPARADO

Acosta Iparraguirre, Vicente

   INTRODUCCIÓN


A) PROYECTO DE TESIS

Bajo el título de: "La Constitución Económica en el Perú y en el Derecho Comparado", presenté mi Proyecto de Tesis cuyas partes más importantes las resumo aquí: 

1.- ELECCIÓN DEL TEMA

El tema elegido obedece a la observancia de una posición crítica en cuanto a la admisión de un régimen económico dentro de una Constitución, argumentando que provoca problemas a los sucesivos gobiernos en tanto resulta un obstáculo a la implementación de las correspondientes políticas económicas. Sin embargo, esta posición no es la que ha sido considerada en la elaboración de las constituciones peruanas del siglo XX ni en las constituciones de los países latinoamericanos e inclusive en España.

 La regulación de aspectos económicos en una constitución no es una práctica que haya existido siempre en el constitucionalismo. Así, una parte económica se incluye en una constitución recién en el siglo XX, sumándose a aquellas dos partes tradicionales de la misma, como son una parte dogmática referida a los derechos y deberes de la persona o del ciudadano, y, una parte orgánica, es decir, aquella dedicada a tratar lo relacionado a los diferentes "poderes" del Estado y sus correspondientes funciones.


Como se verá entonces, se explica lo discutido del tema de la inclusión de un régimen económico en una constitución porque está en discusión también una posición de un liberalismo radical extremo, anterior a la concepción de un Estado Social del Derecho.

El Estado Social del Derecho acepta la incorporación de los derechos sociales(económicos, culturales y sociales propiamente dichos), a una constitución que se suman a los derechos civiles- de mirada estrictamente individual-, que ya existían desde los primeros ordenamientos. Esta inclusión lo que hace es adicionar también una mirada socializadora- y no socialista- a los derechos y a la sociedad en general, atribuyéndole una función al Estado, diferente a la que se tenía como irrebatible en el siglo XIX. 

Dentro de este panorama, a lo cual se suma la primera gran guerra mundial y la crisis del año 29, se presenta que el propio liberalismo, aceptó la función que le cabe al Estado en la economía y, asimismo, la posibilidad que el derecho- y en especial la regulación constitucional- pudiera tener alguna incidencia en el plano económico, lo que no era admitido hasta entonces.

Tanto el constitucionalismo europeo y latinoamericano acepta que en una constitución se incluyan aspectos económicos en la actualidad, aunque siempre es necesario preguntarnos sobre la pertinencia de dicha inclusión, así como la forma en que se debe llevar adelante dicha incorporación. 

2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El problema surge, cuando se cuestiona la pertinencia de la inclusión de un régimen económico en una constitución. Se señala que no es adecuado o apropiado consagrar a nivel constitucional aspectos económicos o régimen económico, cualquiera fuere su tendencia. En su lugar se propone un marco institucional que regule la actuación del Estado sobre la base de la participación, en igualdad de condiciones, de los diferentes grupos de interés que conforman la sociedad.

Es sencillo suponer y comprobar - señalan los que critican la inclusión de un régimen económico en una constitución- que los que tienen una posición contraria a la antedicha, lo hacen con el expreso o tácito convencimiento de que dicho régimen corresponderá a sus creencias ideológicas en materia económica.

El establecimiento de cualquier régimen económico en una constitución producirá - añaden los impugnadores-, inmediatamente, la oposición de todos aquellos que no compartan el contenido del mismo. Se habrá creado un primer elemento de inestabilidad e insatisfacción.

Sin embargo, como se ha mencionado en líneas anteriores, el constitucionalismo europeo y latinoamericano actual promueve la incorporación de un régimen económico en una constitución, debido a que responde a una mayor estabilidad política y económica, la propensión de reglas de juego claras y, a su vez, permite políticas de desarrollo a largo plazo, entre otros aspectos tomados como beneficiosos.

Sobre la necesidad de incorporar un conjunto sistematizado de normas reguladoras de aspectos económicos en una constitución, existen en verdad varias posiciones.

Una primera, denominada del "constitucionalismo social flexible", la que propugna la incorporación de normas que garantizando el derecho de propiedad y la libre iniciativa establecen límites en función del interés social en el marco de una economía social de mercado, como ocurrió en lo que respecta a la Constitución Peruana de 1979. Se encuadra dentro de la línea del Estado Social de Derecho, actualmente vigente en el constitucionalismo. Corresponde al constitucionalismo social flexible, ya que incorpora cláusulas abiertas como "interés social" o el propio término de "economía social de mercado" que permiten que el legislador pueda desarrollarlas con criterio dinámico.

Asimismo, respecto a este punto se encuentra aquella posición llamada del "constitucionalismo económico coherente o de modelo cerrado", el cual señala que debe constitucionalizarse un modelo coherente, cerrado o rígido de contenido neoliberal, sin matices, a fin de promover la inversión privada nacional y extranjera.

Y, finalmente, se encuentra la tesis negativa del constitucionalismo económico, siendo de inspiración neoconservadora radical. Esta posición niega toda posibilidad de un consenso constitucional como el propuesto por el modelo abierto señalado en primer lugar, ya que según su lógica, sería incorporar conceptos socializantes. Concluye señalando la pertinencia de no incorporar ningún régimen económico en una constitución.

Como se podrá advertir de lo hasta aquí señalado, de estas tres posiciones, la del constitucionalismo social flexible o abierto y aquella que propugna el constitucionalismo cerrado o coherente, aceptan - con mayor o menor diferencia- la tesis de incorporar un régimen económico en una constitución, siendo únicamente la tesis del liberalismo radical y extremo la que niega tajantemente la incorporación del régimen señalado en un ordenamiento constitucional contemporáneo.

Lo cierto es que, si bien, todo apunta a señalar que lo correcto está en la aceptación de un régimen económico en una constitución, es necesario revisar los planteamientos antedichos y, sobre todo, auscultar las posibles formas de encarar dicha incorporación.

2.2. INTERROGANTE PRINCIPAL E INTERROGANTES SECUNDARIAS

Las principales preguntas que nos planteamos y sobre las cuales gira el trabajo de investigación es: 

¿Debe incorporarse un régimen económico en una constitución como la peruana? 

Igualmente, planteamos secuencialmente preguntas sobre aspectos complementarios, a manera de interrogantes secundarias:

¿Cómo debe configurarse la incorporación del régimen económico en una constitución?

¿Qué aspectos encierra un régimen económico en una constitución que adopte un constitucionalismo coherente o cerrado?

¿Qué aspectos encierra un régimen económico en una constitución que adopte un constitucionalismo flexible?
¿Qué aspectos deben ser encuadrados en una constitución económica?

¿Cuáles son los aspectos esenciales de la constitución económica en el Perú?

3.- FINALIDAD Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

La finalidad de la presente investigación es proporcionar los elementos teóricos y prácticos que nos permitan responder plenamente al problema principal de investigación, y, así lograr alcanzar los objetivos que pasamos a detallar.

3.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.2.1. OBJETIVO GENERAL

Viendo el tema anteriormente planteado, nuestro objetivo general es el analizar cada una de las posiciones dadas sobre la incorporación del régimen económico a una constitución, a fin de concluir en un planteamiento lógico y sistemático que satisfaga la coyuntura de un Estado moderno.

3.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En base a los resultados obtenidos de la investigación, tenemos como objetivos específicos a los siguientes:

  1. Contribuir al esclarecimiento de la explicación sobre la necesidad de la incorporación de un régimen económico en una constitución.

  2. Analizar críticamente la posición negativista sobre la admisión del régimen económico en una constitución.

  3. Contribuir al esclarecimiento de la tesis del constitucionalismo flexible y del constitucionalismo coherente sobre la incorporación del régimen económico en una constitución.

  4. Contribuir a la identificación de los elementos propios de una constitución económica.

  5. Realizar un análisis exhaustivo de las constituciones económicas de los países de la región latinoamericana preferencialmente.


3.3. JUSTIFICACIÓN

Se justifica plenamente la investigación ya que existen diversas posiciones sobre la inclusión o incorporación del régimen económico o constitución económica en una constitución política. Esto representa, que dicha inclusión no es una iniciativa pacífica en la doctrina, sino por el contrario, existe una divergencia de opiniones al respecto.

A fin de fundamentar aquel criterio mayoritario que acepta la inclusión de una regulación de los aspectos económicos en una constitución, es necesario que se traten las otras posturas, más cuando en la actualidad se critica mucho la actuación del Estado y, en muchos casos, se toma partido por la desregulación. En suma, lo que se trata de fundamentar es que si sigue siendo válida aquella posición de regulación de aspectos económicos o - pensando en un contexto globalizado en donde un Estado cada vez cede más en beneficio de la interrelación con otros Estados- en todo caso hay que pensar en dejar a la economía que tenga una espontánea dinamización.

Podemos entonces resumir la justificación de este trabajo en los siguientes puntos:

  1. Es necesario considerar en este nuevo contexto social, económico y político si sigue en vigencia la necesidad de la inclusión de un régimen económico en la constitución.

  2. Asimismo, es pertinente preguntarnos sobre la conveniencia de adoptar un régimen flexible económico, lo que nos lleva a optar por el constitucionalismo flexible. 

  3. Igualmente, se debe esclarecer cuales son los elementos indispensables que debe contener un régimen económico.

  4. Se debe hacer un desarrollo teórico sobre los principios económicos que animan a la constitución económica.

  5. Plantear los puntos esenciales y comunes en las constituciones económicas de los países latinoamericanos.

4.- ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 

4.1. ANTECEDENTES

En lo que se relaciona a los antecedentes del tema se encuentran aquellos pertenecientes a la doctrina nacional, así como los correspondientes a la doctrina extranjera.

En el Perú, la Constitución de 1979, es la primera que trató con amplitud y organicidad el tema de la Constitución Económica o Régimen Económico, motivando una serie de comentarios al respecto. Sin embargo el término "constitución económica" sólo fue empleado por dos autores en forma casi simultánea. Por un lado, César Ochoa Cardich escribió el artículo titulado: "Constitución y economía de mercado"(Derecho. Revista de la Pontificia Universidad Católica del Perú. N° 39, Lima 1985); y Carlos Torres y Torres Lara: "Los derechos fundamentales de las personas y la Constitución Económica"(Revista Peruana de Derecho de la Empresa N°17, Lima Abril 1986). 

Mientras que el primero de los citados entiende por Constitución Económica el apartado constitucional referido al régimen económico, el segundo lo concibe en forma más amplia, como la nota característica de las constituciones modernas, a diferencia de las clásicas constituciones que se centraban en el aspecto político y que por eso eran llamadas constituciones políticas.

A estos dos autores en el ámbito nacional, hay que agregar a Domingo García Belaúnde, quien escribe "La Constitución Económica Peruana"(Ponencia presentada al simposio internacional sobre Modernas Tendencias en España y América Latina organizado por la Universidad Externado de Colombia, con ocasión del primer centenario de su fundación -Bogotá 1986- apareciendo un fragmento publicado en la Revista Peruana de Derecho de la Empresa N° 20, Lima 1986). 

Con la vigencia de la Constitución de 1993 se busca actualizar el tema de la Constitución Económica y, uno de los autores nombrados anteriormente, como lo es César Ochoa escribe: "Bases fundamentales de la Constitución económica de 1993"(La Constitución de 1993. Análisis y Comentarios II. Comisión Andina de Juristas. Lima 1995). Este autor lo que hace es tomar partido por la inclusión de un régimen económico en una constitución, dentro de la posición de un constitucionalismo social flexible.

Igualmente, dentro del mismo ámbito doctrinario nacional, cabe señalar a Alberto Rebaza Torres quien escribe: "El régimen económico en una Constitución: ¿solución o fuente de conflictos?"(Ius et Veritas. Revista editada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima). A diferencia de César Ochoa, Rebaza- siguiendo la posición liberal del profesor Milton Friedman- señala o asume la tesis negativista sobre la inclusión de un régimen económico en una constitución.

En lo que respecta a la doctrina extranjera se encuentra una gran variedad de autores y el tratamiento de temas integrantes de una constitución económica. 

Hay que recordar que el término comenzó a utilizarse en Alemania a partir de 1925. Esto se puede apreciar en el clásico libro de Carl Schmitt titulado "La defensa de la constitución" editado originalmente en Alemania bajo el nombre de Der Huter der Verfassung, publicaciones hechas en 1931. Fue Schmitt el que dio ingreso al término en la literatura constitucional alemana, e igual papel cumplió con respecto al idioma castellano, porque el libro se tradujo y apareció coetáneamente en España el mismo año y tuvo amplia difusión en el mundo iberoamericano. No obstante la obra tardó años en ser reeditada. Ahora bien, en esta obra Schmitt polemiza abiertamente con el vocablo "constitución económica" y lo hace acremente. Schmitt entiende que con la "constitución económica" se quiere desplazar a la "constitución política", esto es, se quiere dejar de lado al citoyen y sustituirlo por el producteur. La concepción que Schmitt combate entiende por "constitución económica" aquella en la que el Estado debe dar prevalencia a la regulación económica de una sociedad determinada, y que en un extremo puede conducir a crear dentro del Estado una dirección plenamente económica, de tipo sindical o soviética, que podría conducir al stalinismo o al fascismo corporativo. Es decir, contra ciertas tendencias de "economizar" al estado, advierte que ello no es posible sin atentar contra la constitución entendida en su sentido clásico.

En la ciencia económica se ha utilizado también el término "constitución económica". Así, W. Eucken en su libro Cuestiones fundamentales de la economía, publicado en versión castellana en 1947, utiliza dicho término, así como Wilhelm Ropke en su obra La crisis social de nuestro tiempo, publicado también en 1947.

Ropke dedica el capítulo II de la Primera Parte a la "Constitución política y constitución económica" en donde no define lo que entiende por ésta, sino que la da por sabida por el público lector, aun cuando de su lectura puede desprenderse perfectamente dicho concepto. La idea básica de Ropke es que las democracias liberales se encuentran amenazadas por el comunismo y todas las formas de socialización, que significan el estatismo y la muerte de la iniciativa privada. 

Igualmente, cabe citar a autores como Ignacio María de Lojendio, Ekkhart Stein, Juergen B. Donges, Miguel Herrero de Miñón, quienes han tratado también el tema de la constitución económica.

Finalmente, dos autores nacionales, han dedicado sendos libros sobre el tema. El primero de ellos, Carlos Torres y Torres Lara, ha escrito La constitución económica del Perú(Desarrollo y Paz Editores. Lima 1994) resulta imprescindible en este punto. Asimismo, Alfredo Quispe Correa ha escrito recientemente La Constitución Económica(Grafica Horizonte S.A., Lima 2002). 

4.2. MARCO TEÓRICO

Si bien el término constitución económica circula a partir del siglo XX, concretamente en la década del 20, en Alemania con la República de Weimar y su uso se generaliza en 1925, sería Carl Schmitt quien lo incorpora a la literatura jurídica, con la aparición de su obra "La Defensa de la Constitución" en 1931.1 

En el mencionado libro, Schmitt utiliza éste término, aunque sin definirlo, pero si en controversia con él. Nos dice que es peligroso "economizar" al Estado, ya que esto no es posible sin atentar contra la constitución, entendida en su sentido clásico. 2

Interpretando lo dicho por este autor alemán, García Belaunde señala: "La concepción que Schmitt combate entiende por "constitución económica" aquella en la que el Estado debe dar prevalencia a la regulación económica de una sociedad determinada, y que en un extremo puede conducir a crear dentro del Estado una dirección plenamente económica, de tipo sindical o soviética, que podría conducir al stalinismo o al fascismo corporativo."2

No obstante lo dicho anteriormente, Miguel Herrera de Miñón advierte que la denominación es acuñada por Beckerath(autor también alemán), en 1932, con motivo del homenaje al economista y sociólogo Werner Sombart. 

Con esta denominación Beckerath alude a una serie de preceptos aparecidos en constituciones posteriores a 1917, que tratan aspectos económicos. Estos preceptos no sólo tienen que ver con el derecho de propiedad, punto ya tratado en ordenamientos constitucionales del siglo XIX, sino con la intervención del Estado en la economía, tanto para posibilitarla, como para orientarla y limitarla.3 

Completando esta información, Ignacio de María Lojendio nos dice que Beckerath concebía la constitución económica como ordenación de la propiedad, del contrato y del trabajo, de la forma y extensión de la intervención del Estado, así como la organización y la técnica de la producción y distribución." 4

Como vemos hasta aquí, el origen del término tiene que ver con el surgimiento del Estado Social del Derecho o Constitucionalismo Social, que en buena cuenta, se caracterizó por adicionar a los derechos fundamentales, los llamados derechos sociales que limitaban los derechos individuales(la propiedad por ejemplo) en función de las necesidades nacidas de la convivencia social. 

Dentro de esta concepción, el Estado tenía que cumplir una función social en beneficio de los sectores más débiles y marginales de la sociedad. Con esta perspectiva se promulgaron importantes ordenamientos como la Constitución de Querétaro en 1917, la Constitución de Weimar en 1919 y, la Constitución de España de 1931.

Según Ekkhart Stein, el concepto de "Estado de Derecho Social", parte de Heller, quien había censurado al Estado de Derecho Liberal, el olvido de las relaciones sociales del poder, lo que había tenido como consecuencia, que la libertad igual y formal de todos se convirtiese en el derecho de los más fuertes a desarrollar su posición preeminente de forma desmesurada. A ello opuso- sigue Stein comentando la posición de Heller- la necesidad de tener en cuenta las relaciones sociales de poder, con el fin de nivelar la posición subordinada de los débiles, ayudándoles a lograr una libertad tan real como la de los fuertes.5

Los desequilibrios del Estado Liberal y la preocupación creciente por estos, hacen que se busque fórmulas que conjuguen los principios de libertad y socialización, tratando de imponerle al capitalismo un sentido humano y, con esto, purificarlo de aquellos efectos perniciosos contenidos en su devenir. 

El derecho entonces, va a tomar la senda de la socialización cuyo instrumento principal va a ser la intervención económica del Estado. Aparecerán así, el Derecho Económico, Derecho Constitucional Económico y otras disciplinas, cuyo origen va a estar signado por las circunstancias descritas y la proyección trazada.

Economistas como Wilhem Röpke y Walter Eucken de la Escuela de Friburgo, también utilizaron el término constitución económica. El primero de los nombrados en su obra "La crisis social de nuestro tiempo" aparecida en 1942, parte de que no existe un divorcio entre la estructura política y la estructura económica; por el contrario, hay una mutua influencia: "... así como en el mundo de la constitución política existen libertades, tolerancias, respetos y contrapesos, así debe existir lo mismo en el mundo de la economía, pues si ésta última se convierte en dirigida, estatista, controlada y sujeta, el mismo modelo tarde o temprano se impondrá a la estructura política...".6

Para Röpke, las democracias liberales se encuentran amenazadas por el comunismo y otras formas de socialización, signadas por un tinte estatista y el fin de la iniciativa privada. Si se quiere preservar la libertad clásica, nervio fundamental de la democracia, hay que- según Röpke- mantener la misma libertad en lo económico.7

Por su parte, Walter Eucken8, en principio se pregunta, cómo nacieron los órdenes económicos del pasado y del presente. Como respuesta dice, que la mayoría de ellos se formaron en el curso de la evolución histórica, en el curso del acontecer económico y político, interior y exterior, llamándolos órdenes económicos orgánicos. Sólo en contadas ocasiones históricas, la creación de órdenes económicos se hizo en base a planes de ordenación, a ciertos principios de carácter general ideados racionalmente. A estos últimos los llama órdenes impuestos. Seguidamente manifiesta que es a través de la creación de constituciones económicas que nacieron órdenes económicos en el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, en donde primaron los principios de propiedad privada, libertad de contrato y libre competencia. Es así como Eucken logra definir a la constitución económica: "Por constitución económica entendemos la decisión total sobre el orden de la vida económica de una comunidad."9. 

Más adelante advierte que aun cuando las constituciones económicas quieren efectuar la ordenación de la economía, a menudo de facto, sobre la base de tales constituciones, se desarrollan órdenes económicos que no corresponden en todo o en parte a la idea fundamental de la constitución económica. Pone como ejemplo, la presencia de cárteles en la Alemania de fines del siglo XIX, que en base a la libertad de contrato, como principio racionalmente establecido, sirvió para que se constituyan dichos cárteles y con ello distorsionar y en mucho eliminar la competencia.

A su vez, Eucken plantea la no identificación de los órdenes económicos con los respectivos órdenes jurídicos. Las normas de derecho vigentes en cada caso - según su criterio- incluyendo a la jurisprudencia, ofrecen una inmensa variedad de posibilidades o probabilidades para el desarrollo de órdenes económicos distintos. 

Agrega que esta afirmación no significa negar o disminuir la influencia que la formación de los órdenes jurídicos ejerce muchas veces sobre los órdenes económicos, como tampoco puede negarse que, al contrario, el desarrollo de los órdenes económicos repercute también a menudo sobre la formación de los órdenes jurídicos. Muchas veces, el orden jurídico, en cuanto tiene importancia económica, suele nacer para dar forma a ciertos hechos económicos existentes. Así mismo, los sujetos del proceso económico, crean directamente normas jurídicas dentro de un orden económico.

Luego, en los años siguientes, como que se perdió el interés en el tratamiento de este tema. Sólo en 1971, con Ekkhart Stein volverá al primer plano el concepto de constitución económica, definiéndola como el sistema económico en su aplicación a la República Federal de Alemania.

En España, la utilización del concepto empieza en la década del 70, siendo la promulgación de su Constitución en 1978, el hecho que desencadenará una serie de estudios que tratarán de unificar criterios sobre su definición.

El legislador constituyente español, dedicará todo el Título VII de la Constitución de 1978 al tema, asignándole el nombre de Economía y Hacienda. Posteriormente el Tribunal Constitucional español, mediante sentencia Nº 1/1982 se encargaría de expresar lo que entiende por constitución económica en los siguientes términos: " En la Constitución Española de 1978 a diferencia de lo que solía ocurrir con las constituciones liberales del siglo XIX y de forma semejante a lo que sucede en las más recientes constituciones europeas, existen varias normas destinadas a proporcionar el marco jurídico fundamental para la estructura y funcionamiento de la actividad económica; el conjunto de todas ellas compone lo que suele denominarse la constitución económica o constitución económica formal. Ese marco implica la existencia de unos principios básicos del orden económico que han de aplicarse con carácter unitario, unicidad que está reiteradamente exigida por la Constitución, cuyo Preámbulo garantiza la existencia de un "orden económico y social justo"...".10

Dentro de la doctrina italiana, Francesco Galgano ha ensayado también, una definición de constitución económica, manifestando que es "... el análisis de las estructuras constitucionales del actual sistema económico y naturalmente de las múltiples conexiones entre la constitución económica y la constitución política...".11

En síntesis, se puede establecer que el término constitución económica, en su desarrollo ha tenido varios significados. Constitución Económica puede ser entendida como sistema económico subyacente a un ordenamiento jurídico. También como orientación general de un texto constitucional en el cual se da un lugar prevalente al accionar económico del Estado y de los agentes económicos. Y, por último, como el sistema económico que es regulado expresamente en un determinado texto constitucional o como también señala Lojendio, de ser la constitución económica, el establecimiento jurídico de una ordenación económica determinada. En opinión de Domingo García Belaúnde sería este último significado el prevaleciente en la actualidad.15

Cabe advertir que no siempre se aceptó y, que aun es tema de discusión, la inclusión y tratamiento de aspectos económicos en una Constitución del Estado. El mismo García Belaúnde nos recuerda que la materia económica estuvo ausente en constituciones tan importantes como la de Estados Unidos de 1787 o la Carta Francesa de 1791, en las cuales sólo se trataban los derechos de la persona y la delimitación del ejercicio del poder, criterio que prevaleció- salvo algunas excepciones- a través del siglo XIX: "Ello ocurrió no por descuido, sino porque se consideró innecesario hacerlo. En efecto, de acuerdo a las tendencias fisiocráticas y liberales de la época, se tenía la absoluta certeza de que el mundo de la economía se movía con sus propias leyes naturales(...)de cumplimiento ineluctable(...)se consideraba que existiendo leyes naturales de la economía, establecer leyes artificiales para gobernar ese mundo era tarea no sólo inútil sino innecesaria y superflua".

Sólo al finalizar la primera guerra mundial, y, al comprobar, que la economía es solo parte de la propia actividad humana y, por tanto, no debía ser observada con los mismos ojos que las ciencias de la naturaleza, es que se permite que sea tratada constitucionalmente, apareciendo así- como hemos manifestado anteriormente- el constitucionalismo social. 

Es interesante lo que manifiesta Eucken al respecto. "La economía de los pueblos modernos, en la que, desde el punto de vista de la división del trabajo, están íntimamente unidos muchos millones de economías individuales, y que representa un gigantesco taller, necesita para poder funcionar, la ordenación según determinados principios. Dejar crecer de un modo ilimitado los órdenes económicos y las intervenciones asistemáticas de la política económica, conducen a la larga, como lo ha enseñado de un modo convincente la experiencia de los últimos cincuenta años, a órdenes económicos, en los que el proceso económico moderno tiene lugar bajo fuertes perturbaciones y que, finalmente, como sucedió en la baja Antigüedad, han de conducir a la primitivización. Por lo tanto, la economía moderna necesita la "constitución económica""12

A contracorriente de lo manifestado, aún hoy, es discutible el tratamiento de la materia económica en la constitución. Se dice que un régimen económico en una constitución, lo que haría es crear conflictos más que proporcionar soluciones13

Creemos que sí es necesario un régimen económico pues, ya sea desde el constitucionalismo social(el cual enuncia la subordinación del principio de máxima ganancia al principio de cobertura de necesidades), o, desde el liberalismo(que expresa su conformidad con una regulación para el mercado y no del mercado14), tendremos que aceptar la conveniencia de una constitución económica.

La sentencia- reseñada líneas arriba- emitida por el Tribunal Constitucional Español, señalaba que el conjunto de normas constitucionales que tratan aspectos económicos componían la constitución económica, en sentido formal, dando lugar a preguntarnos si había una constitución económica en sentido material. 

Al respecto, se puede concluir, que en este último sentido(constitución económica en sentido material), la constitución económica sería el ordenamiento real de la economía. En síntesis, podemos hablar entonces de una constitución económica en dos sentidos: formal y material.

Finalmente, nos atrevemos a ensayar una definición de constitución económica. Esta sería aquella regulación jurídica de un sistema u orden económico, entendido este último, como el conjunto de principios que rigen la disposición sobre bienes en una comunidad, tanto respecto de su producción y consumo como así mismo con relación a los sujetos titulares del poder de disposición 15, o, también, sistema económico entendido como el conjunto de estructuras, relaciones e instituciones complejas que resuelven la contradicción presente en las sociedades humanas ante las ilimitadas necesidades individuales y colectivas, y los limitados recursos materiales disponibles para satisfacerlas16.

Hay que anotar que las normas constitucionales sobre cuestiones económicas sólo serán el núcleo o base llamada constitución económica. En definitiva, es el conjunto de normas de derecho referentes a un sistema económico que están incorporadas en la Constitución del Estado y desarrolladas en normas complementarias.

5.- FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS

5.1. HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS: Debe incorporarse un régimen económico en la constitución como la peruana porque responde a la realidad de un Estado contemporáneo y a un estadio del desarrollo constitucional actual. 

5.2. VARIABLES

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

Realidad de un Estado contemporáneo
Estadio del desarrollo constitucional actual 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Incorporación de un régimen económico en la constitución 

6.- TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo de investigación se iniciará con una recopilación documental que nos informe sobre toda la configuración teórica sobre el tema de la constitución económica o régimen económico.

Nos interesa la configuración de la constitución económica en el Perú. Para este efecto, utilizamos los Diarios de Debates de las Constituyentes de 1933, 1979 y 1993, para tener en cuenta las opiniones de los constituyentes nacionales.

Para la correspondiente comparación de las constituciones de países latinoamericanos, así como del ordenamiento constitucional español, se necesita ubicar los puntos comunes y en los que disienten, planteando un análisis lógico y sistemático.

En todo caso, estamos frente a un universo en el que se considera a los regímenes económicos de los ordenamientos constitucionales. Y, correspondientemente, la muestra está compuesta de los regímenes económicos de los principales ordenamientos constitucionales latinoamericanos.

Ulteriormente se utilizará la técnica de interpretación de textos, a fin de encontrar las coordenadas comunes y sustanciales de cada régimen económico o constitución económica de cada ordenamiento constitucional latinoamericano.

7.- SELECCIÓN DE DATOS, POBLACIÓN Y MUESTRA

Se tiene una población correspondiente a todos los procesos cuyo punto central de discusión haya sido el sistema de actuación conjunta de los cónyuges en la disposición de los bienes sociales.

Asimismo, nuestra muestra es el resultante de la búsqueda de un número de procesos que sea representativo de lo que se opine jurisprudencialmente, a fin de realizar una labor interpretativa y de análisis de contenido.

B) DESARROLLO DE LA TESIS

El desarrollo de la investigación se resume en la elaboración de cuatro capítulos, complementándose con las conclusiones y recomendaciones. 

Así, en el Capítulo I, denominado "Relaciones entre el Derecho y la Economía!, se establece la relación y el tipo de la misma entre los dos ámbitos mencionados. En este Capítulo, se persigue esclarecer las incidencias de cómo se presenta la relación, si existe una determinación de la economía- como pretenden señalar muchos de los teóricos- o, si existe una integración o finalmente una relación de interdependencia o de interinfluencia. Podemos ir adelantando que nosotros somos de la opinión de que ésta última posición- la "interrelación"- es la que mejor expresa lo que sucede entre el Derecho y la Economía.

El Capítulo II está destinado a tratar el tema del tránsito del Constitucionalismo Clásico al Constitucionalismo Social y lo que esto significó en el surgimiento de la Constitución Económica. Este concepto va a ser- precisamente- representativo del Constitucionalismo Social, lo que - como todos sabemos- incorpora la parte económica a las tradicionales parte dogmática y parte orgánica. Asimismo, se establece la relación entre Constitución Económica y Derecho Económico, al ser la primera parte de lo que constituye el contenido temático del segundo. 

Por otra parte, en el Capítulo III, se dedica a la Constitución Económica, concepto, evolución y lo que significa en una realidad sobre el Perú. Así, se desarrollan los puntos básicos de la Constitución Económica Histórica del Perú, es decir, los puntos tradicionalmente tratados en una Constitución nacional en lo que concierne a los aspectos económicos, comenzando por un análisis de la Constitución de 1933, luego la de 1979 y finalmente la vigente e 1993.

Finalmente, en el Capitulo IV, se realiza una labor comparatista, en cuanto al tratamiento de los aspectos económicos en las Constituciones en América Latina. Así, se considera a países como Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, Venezuela, Uruguay, Paraguay, y México.

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1 García Belaunde, Domingo. Teoría y Práctica de la Constitución Peruana Tomo 2. 
Ediciones Justo Valenzuela. Lima 1993 p.51. 

2 Smitt se refiere así a la constitución económica: "La otra solución opuesta, la de dar al Estado, convertido en estado económico, una verdadera Constitución económica, sea la del Estado estamental, sindical o soviético, tiene a primera vista la ventaja de que responde más exactamente y se adapta mejor a las circunstancias reales. Sin embargo, tal ventaja no pasa de ser un beneficio abstracto, y en la realidad su concreción sería peligrosa e induciría a error... Es muy digno de tenerse en cuenta que en la actualidad sólo dos grandes Estados poseen semejantes Constituciones económicas: la Rusia comunista, con su sistema soviético, y la Italia fascista con su stato cortorativo. Trátase de dos países en gran parte agrarios todavía, que no se hallan a la cabeza de la evolución económica y del progreso industrial, y cuya Constitución económica está ensombrecida por una organización de partido rígidamente centralizada y por el llamado "Estado de un solo partido". El sistema de la Constitución económica no tiene, en este caso, el sentido de hacer libre y autónoma la Economía, sino que sólo trata de ofrecerla al Estado y someterla a él; el régimen de un solo partido se deriva de la necesidad de impedir el dominio del Estado por diversos partidos, o sea de la conveniencia de evitar la dispersión pluralista del estado".(Schmitt, Carl: La Defensa de la Constitución. Editorial Tecnos S.A. Madrid 1983, p. 165-166).

2 Ibid. p. 52.

3 Herrera de Miñón, Miguel. "La Constitución Económica" en: Material de Maestría en Derecho Empresarial. Derecho Constitucional Económico Tomo II. Universidad de Lima. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. p.1 .

4 Lojendio, Ignacio de María. "Derecho Constitucional Económico" en: Material de Maestría en Derecho Empresarial. Derecho Constitucional Económico Tomo III. Universidad de Lima. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas p.10.

5 Stein, Ekkhart. "La Constitución Económica" en: Material de Maestría en Derecho Empresarial. Derecho Constitucional Económico. Tomo III. Universidad de Lima. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas p.40.

6 García Belaunde, Domingo. "La Constitución Económica Peruana" en: Material de Maestría en Derecho Empresarial. Derecho Constitucional Económico. Tomo III. Universidad de Lima. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas p. 25.

7 Ibid. p. 25.

8 Eucken, Walter. Cuestiones fundamentales de la economía política. Revista de Occidente Madrid 1947 p.78.

9 Ibid. p.79.

10 Fernández Segado, Francisco. El régimen socio-económico y hacendístico en el ordenamiento constitucional español.
Ediciones Jurídicas Lima 1995 p. 24.
11 García Belaunde, Domingo. "La Constitución Económica Peruana" en: Material de Maestría en Derecho Empresarial. Derecho Constitucional Económico. Tomo III. Universidad de Lima. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas p. 28.

15 Es importante resaltar la opinión que tiene Cairo Roldán, Omar: "El constitucionalismo económico y social: trayectoria y actualidad", en: Enlace. Revista de Sociología Jurídica N° 3, Lima, 1998, pp. 165 y ss., específicamente pp.165-166, cuando señala que la finalidad de la Constitución Económica es "...asegurar que la conducta de los organismos públicos y de los ciudadanos, en el ámbito de la economía, sea coherente con los fines del estado democrático. Dentro de este esquema, la economía debe orientarse hacia el desarrollo, garantizando siempre la dignidad y la libertad de las personas hacia un desarrollo económico concurrente con el bienestar general"..

12 Eucken, Walter. Ob. Cit. p. 338-339.

13 Rebaza Torres, Alberto. "El régimen económico en una Constitución: ¿Solución o fuente de conflictos?. En: Ius et Veritas Nº 7. Revista editada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú pp. 55 y ss.

14 Bullard Gonzaléz, Alfredo. "¡Firme primero, lea después!. La contratación masiva y la defensa del consumidor" en: El Derecho Civil Peruano. Perspectivas y problemas actuales Pontificia Universidad Católica del Perú. Primera edición Lima 1993 p.16.

15 Alemann, Roberto. Sistemas Económicos. Ediciones Arayu. Buenos Aires 1953 p.15.

16 Witker, Jorge. Derecho Económico. Harla editores. México 1985 p. 24.





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