La Constitución de 1933 es, por muchas circunstancias, importante en la historia constitucional nacional. Una de esas circunstancias es por el momento histórico en el que se gestó. El Perú, había salido de un largo gobierno de Augusto B. Leguía (gobierno al que se le denominó "Oncenio", debido al tiempo que duró finalmente). 

Pero, lo interesante fue que en dicho período surgieron nuevas agrupaciones o corrientes políticas, como la socialista, la aprista y la socialcristiana. Los representantes de estas nuevas corrientes marcarían las líneas directrices del pensamiento político peruano, a lo largo del siglo XX. Estas nuevas voces ideológicas se darían cita en la Asamblea Constituyente de 1931 que finalmente traería la configuración de la Constitución de 1933. 

La Constitución de 1933 asimismo es importante- como consecuencia clara de lo anteriormente señalado- de la incorporación de diversos temas que- como veremos seguidamente- van a resultar importantes en la conformación de las cuestiones económicas en nuestro país. Así, lo relacionado con el capital extranjero, los monopolios, la propiedad, entre otros, son los temas centrales en el debate constitucional.

Otro de los aspectos a resaltar en relación a la Asamblea Constituyente de 1931, en cuanto a cuestiones económicas, es la elevación en el debate y la gran profundidad de análisis en diversos rubros. Una muestra de ello, es cuando se pretende incluir un artículo sobre los impuestos que deberían pagar las empresas por las rentas que se envíen fuera del territorio nacional, interviniendo en este debate los Sres. Víctor Arévalo, Luciano Castillo, Arca Parro, Castro Pozo, Víctor Andrés Belaunde y Gerardo Balbuena ². En la discusión de este punto, si bien como central se tiene los impuestos que deberían pagar adicionalmente las empresas que remitieran utilidades al exterior, el debate se extiende a otros puntos como la inversión extranjera y las condiciones en que ésta debe ser admitida en territorio nacional, aspecto que - como se comprenderá- es aún discutido.

Así, se proponía un artículo con la siguiente redacción: "Las rentas que se envíen al extranjero pagarán un impuesto adicional conforme a una escala progresiva que determinará la ley".

Alguien con una explícita decisión a favor del artículo es Víctor Arévalo quien opina: "... Yo no acepto, señor Presidente, que se suprima la palabra adicional, porque la Comisión lo que ha querido precisamente al redactar este artículo es que se graven todas las rentas o sea los capitales provenientes de los capitales que trabajan en el Perú, que se graven todas, sin distinción entre nacionales y extranjeras. No tenemos señor Presidente y este es el espíritu de la Asamblea porque poner en situación privilegiada a las empresas extranjeras sobre las empresas nacionales...".

Frente a este artículo Gerardo Balbuena propone lo siguiente: "...Está muy bien que los Nacionales estén gravados, pero si los capitalistas extranjeros saben que además de los impuestos naturales a que están afectos sus capitales por las leyes preexistentes de contribución sobre la renta, etc, por el hecho de residir en el extranjero han de pagar un impuesto adicional se aleja el ingreso del capital extranjero..."

Balbuena, con un criterio claro de que deben darse las más favorables condiciones a la inversión extranjera, completa su pensamiento: "...Yo soy partidario de la intervención del Estado fijando tributos e impuestos a las grandes rentas que obtienen las empresas; no discuto eso; lo que discuto es la forma del artículo y el alcance que le da el señor Gamarra. El artículo dice que las rentas que van al extranjero, salidas del país, sean gravadas con un impuesto adicional. Yo justifico este impuesto adicional tratándose de la renta del peruano ausente, pero no es posible que se agrave con un impuesto adicional la del extranjero que está radicado en país distinto al Perú y que manda al Perú sus capitales, que están ya afectos a un impuesto, porque ello tendría la finalidad de impedir que el extranjero, que no tiene por qué vivir en el Perú deje de mandar sus capitales. Todo nacional debe vivir en el Perú, y si no vive, en correspondencia de los bienes que recibe con las leyes tutelares del Estado debe contribuir con mayor suma que los que aquí viven y aquí gastan sus entradas...".

Castro Pozo, por su parte, al respecto señala: "...Es evidente que los hombres que de fuera vienen a producir con su trabajo la riqueza para participar de ella, deben dejar en el país una parte de los beneficios que obtienen. Si nosotros analizamos, no encontraremos ni siquiera la mitad de colonias extranjeras que entre nosotros existen que nos dejen algo. Puede ser que haya dos o tres solidarizadas con nosotros, que nos proporcionen algo de su sangre, de su ciencia, de su capital; pero las demás se llevan todo, usufructúan especialmente de las energías de nuestros hombres y van a gozar de su producto en el extranjero." 

Luciano Castillo a su vez, tiene una visión distinta de Gerardo Balbuena en tanto al tratamiento del capital extranjero y manifiesta: "...En el mundo, dada la acumulación de capitales en los países capitalistas, las empresas fuertes ganan muy poco y por consiguiente los grandes capitales tienen que emigrar y tienen que buscar estos países donde se obtienen fuertes ganancias. Como los capitalistas extranjeros no vienen con el fin de favorecernos sino a explotar las grandes riquezas que tenemos en el país de todas maneras vendrán; la International Ptrolium Company, la Cerro de Pasco Coper Corporation y otras empresas extranjeras, no se van a in por gravámenes de esta naturaleza, el petróleo, el cobre, serán siempre grandes negocios"

Castillo completa su idea anterior de la manera siguiente: "...El capital extranjero debe entrar al país para beneficiarlo pero no para explotarlo en grado máximo. Por eso digo que por los términos en que está redactado el artículo no significa un peligro para el capital extranjero, porque dice que ese impuesto adicional será conforme a una escala progresiva..."

Arca Parró, asimismo, nos dice: "El artículo en debate establece que el dinero que se adquiere en el país, para ser remitido al extranjero debe estar sujeto a impuestos especiales a impuestos progresivos. No hay lugar a duda que todo capital excedente de la industria o comercio que precise remitirlo al extranjero deberá ser gravado; pero la Comisión ha llegado a precisar una limitación, una limitación que, como decía ayer, no es posible aceptar, pues el gravamen no es sobre los capitales que salen al exterior, producto de la industria, sino al capital peruano, de los que residen en el extranjero. Creo que el objeto es crear un impuesto sobre los beneficios adicionales o sea un impuesto sobre la plusvalía percibida por las compañías extranjeras como ganancia adicional del capital o de las empresas, por el trabajo no pagado. El mercado mundial se provee de formas de producción que están vinculadas a países que constituyen la clientela industrial de las grandes empresas productoras. En estas circunstancias, Estados Unidos, Inglaterra o cualquier otro país producen manufacturas buscando los centros baratos de trabajo. Así, por ejemplo, en Lima o en el Perú se paga al obrero la mitad de lo que se paga en Estados Unidos. De esta manera la posibilidad de vender el producto americano, pero que sea fabricado en el Perú, esta no en las condiciones excepcionales de esa empresa, sino en el menor salario pagado al trabajador; de modo que la plusvalía nosotros la consideramos como trabajo no pagado y ese trabajo no pagado es lo que devengan las compañías extranjeras especialmente. De suerte que ese trabajo no pagado que beneficia al extranjero, que no ha tenido intervención directa en la producción, consideramos que ese beneficio se debe gravar con un impuesto adicional, pero como precisamente, estableciendo el equilibrio. (...) Creemos que el capital extranjero puede seguir viniendo al país y creemos que puede seguir viniendo, porque el impuesto que nosotros propugnamos no ha de cobrarse mientras no se haga la liquidación y se conozca el interés del capital y el beneficio de la industria; porque esta plusvalía es el beneficio que se obtiene aparte del interés; de modo que no hay razón para que los capitalistas se alarmen creyendo que todo el beneficio que obtengan sus empresas ha de ser al favor del Estado. Si se establece, como regla general que los beneficios adicionales sean gravados, es posible establecer un control general sobre toda la producción del país...".

Igualmente de instructivo, es la intervención de Víctor Andrés Belaunde: "Yo he manifestado en otra oportunidad mi opinión de que el Estado debe tener participación en las utilidades de las empresas extranjeras; he manifestado también que esta participación, perfectamente regulada y formal, debe aplicarse, más que a aumentar los recursos del Estado a dar participación y beneficiar a los empleados y a los obreros; por que, evidentemente, que hay el peligro que ese exceso de tributación se aplique en estos países burocráticos, no olvidemos esto y tengo que repetirlo muchas veces, en gastos esencialmente burocráticos. Evidentemente que producirá efectos desastrosos para lo que podríamos llamar el crédito del Perú, desde el punto de vista de la aplicación de capitales extranjeros, si ponemos un artículo constitucional, no inspirado simplemente en el viejo principio contra el absentismo, sino en un principio que se va aplicar tanto a nacionales como a extranjeros. Los capitales que vengan aquí, las industrias que tengan éxito que se consoliden y que van a estar sometidas a nuestra legislación evidentemente que respecto de ellas debemos tener todo control y si tienen utilidades debemos imponerles que den participación a los empleados y obreros, para de ese modo ir lentamente a lo que podríamos llamar la verdadera nacionalización de las industrias.(...)Con motivo de las disposiciones relativas a la propiedad y a las industrias yo introduciría un artículo por el cual el Estado impondría un porcentaje a las compañías extranjeras para dar participación en los beneficios a los empleados y obreros...".

Belaunde a su vez, completa su idea: "...Si se tratara de un caso concreto evidentemente que, con el criterio de que el Estado debe participar de las utilidades que obtiene en el país el capital extranjero podíamos votar ese nuevo impuesto o sea participación a favor de los obreros; pero tratándose de un principio general, el efecto psicológico, seres sin ninguna utilidad práctica deplorable. ¿Con qué objeto vamos a hacer manifestaciones que serían comentadas o interpretadas como hostilidad al capital extranjero? ¿Con el objeto de aparecer demasiado nacionalistas, produciendo un deplorable efecto en momentos en que no es cierto que el capital extranjero ande bobo por que en estos momentos hay restricción de crédito y la presunción general que ésta va a durar?..."

Como se puede apreciar del debate de este artículo, que finalmente no integraría la Constitución de 1933, se toca un aspecto muy sensible en dicha época así como en la actual. Es en lo referente al tratamiento del capital extranjero. Existe, de las distintas posiciones un criterio común y es la aceptación de dicha inversión extranjera. Lo que se pone a discusión es el tratamiento que debe dársele y en la fundamentación que se le da a dicho tratamiento. Los socialistas tienen una particular forma- de acuerdo a su doctrina política- de observar el tratamiento de la inversión extranjera. Pero, es sorprendente como Víctor Andrés Belaunde, dentro de un pensamiento socialcristiano abogue no porque el destino del impuesto sea el Estado, sino que sean los trabajadores, algo que el socialcristianismo actual seguramente ha olvidado.

Por otra parte, comenzando a hacer un recuento de los principales aspectos de orden económico, existentes en la Constitución de 1933, se encuentra lo referente a los impuestos. Tratado en el artículo 8°: "Sólo para el servicio público podrá la ley crear, alterar o suprimir impuestos, y exonerar en su pago en todo o en parte. No hay privilegios personales en manejo de impuestos".

Asimismo, los artículos 9° y 10° se destinan al tratamiento del Presupuesto. Así, el primero de los nombrados señala: "El Presupuesto General determina anualmente las entradas y los gastos de la República. La ley regula la preparación, aprobación y ejecución del Presupuesto General. De cualquiera cantidad cobrada o invertida contra la ley, será responsable el que ordene la cobranza o el gasto indebido. También lo será el ejecutor si no prueba su inculpabilidad. La publicación inmediata de los presupuestos y de las cuentas de entradas y de gastos de todas las dependencias de los Poderes Públicos, es obligatoria bajo responsabilidad de los infractores.". Asimismo, en el artículo 10° complementariamente se prescribe: "Un Departamento especial cuyo funcionamiento estará sujeto a la ley, controlará la ejecución del Presupuesto General de la República y la gestión de las entidades que recauden o administren rentas o bienes del Estado. El jefe de este Departamento será nombrado por el Presidente de la República con acuerdo del Consejo de Ministros. La ley señalará sus atribuciones". 

Luciano Castillo comentando los artículos anteriores señala lo siguiente: "Los artículos 9° y 10° tratan del presupuesto general y del departamento de control de la ejecución presupuestaria. En cuanto al primero, satisface los requisitos de la unidad, anualidad, publicidad y responsabilidad que consagra la técnica presupuestaria de la época de la dación de la Constitución. Es de observar, con criterio moderno, que el dispositivo sobre presupuesto, reclama una reforma en el sentido de que el Presidente debe presentar al Parlamento un informe o presupuesto económico, que permita conocer no sólo la realidad económica nacional, sino también la política del Estado para impulsar el desarrollo económico nacional. Sobre la institución del control de la ejecución del presupuesto general, es evidente que se hace necesaria una reforma que libere a la dirección del organismo de control, de toda dependencia del Poder Administrador, que es precisamente el que debe controlar. Puede, inclusive, considerarse darle a la Contraloría el carácter de un poder autónomo".³

En lo que se refiere a la deuda, los artículos 11° y 15°, se encuentran relacionados con este tema. Así, en el artículo 11° se prescribe lo siguiente: "El Estado garantiza el pago de la deuda pública contraída conforme a la Constitución y a las leyes". Y, complementando lo anterior se encuentra lo establecido en el artículo 15°: "Los empréstitos nacionales deben ser autorizados o aprobados por una ley que fija sus condiciones y señala los objetos en que se han de invertir, que deben ser de carácter reproductivo o relacionados con la defensa nacional".

En cuanto a la moneda y banca, los artículos 12°, 13° y 14°, tratan con suma precisión estos temas. Así, en el primero de los nombrados se establece: "La ley determina el sistema monetario de la República. La emisión de billete es privilegio del Estado, que lo ejerce mediante una institución bancaria central nacional encargada de la regulación de la moneda."

El artículo 13°, por otro lado, señala: "Un Departamento especial cuyas funciones determinará la ley, ejercerá, en nombre del Estado, la supervigilancia de las empresas bancarias".

Y, finalmente, en el artículo 14° se regula lo siguiente: "El Estado mantendrá, por los medios que esté a su alcance, la estabilidad de la moneda y la libre conversión del billete bancario. Sólo en casos excepcionales, a pedido del Poder Ejecutivo, con el asentimiento de la entidad encargada de la regulación de la moneda y con la del jefe del Departamento que supervigile las empresas bancarios, el Congreso podrá expedir una ley que establezca provisionalmente la inconversión del billete bancario".

En relación al tema de moneda banca, Luciano Castillo nos da su opinión, por cierto muy importante: "Las garantías sobre el sistema monetario prescritas en los artículos 12, 13 y 14, que se integran con la garantía del artículo 15 sobre empréstitos, permiten afirmar que nuestro régimen constitucional monetario consigna las orientaciones fundamentales de la economía en el momento de elaboración de la Carta, o sea emisión de moneda, como función exclusiva del Estado, ejercicio de esta facultad por una Banca Central Nacional reguladora de la moneda, supervigilancia de la banca privada y limitación de los empréstitos a fines económicamente reproductivos, sin embargo, en el curso de las cuatro décadas transcurridas, se han producido hechos extraordinarios en la economía monetaria de la Nación y han surgido instituciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, que debe tomarse en cuenta para establecer garantías a la luz del acontecer contemporáneo. Así, concretamente señalamos que debe considerarse la integración de un gran Banco de la Nación, lo que hoy constituye Banco Central y el Banco de la Nación; se debe prescribir el mecanismos con responsabilidad por el incumplimiento del artículo 15 Constitucional y se debe hacer efectiva las disposiciones del inciso 21 del artículo 123 Constitucional, en cuanto a los pactos económicos internacionales, como los convenios de Stand By Fund con el Fondo Monetario Internacional, que pueden afectar los intereses nacionales y limitar nuestra soberanía. El requisito de la aprobación por el Congreso, y aun la simple publicidad previa tendría una gran importancia desde el punto de vista del control".⁴

Luego, de manera novedosa y polémica se trata a los monopolios, en el artículo 16°: "Están prohibidos los monopolios y acaparamientos industriales y comerciales. La ley fijará las penas que se impongan a los contraventores. Sólo la ley puede establecer monopolios del Estado en exclusivo interés nacional". 

Al respecto es importante revisar el Diario de Debates de la Asamblea Constituyente de 1931 ⁵. Así, encontramos un interesante debate en lo que respecta al término monopolizar y nacionalizar, en cuanto a cuál de los dos términos es el más conveniente. Luciano Castillo propone la utilización- en este artículo 16°- del término "nacionalización" en ves de "monopolio" de la siguiente manera: "...la palabra monopolio en si es contraria al sentimiento nacional. De manera que yo propondría que se cambiase la redacción estableciendo que ciertas riquezas o industrias pueden ser nacionalizadas por el Estado...". 

Frente a esta propuesta hecha por Luciano Castillo, Manuel Jesús Gamarra- representante por el Cusco-, señala: "...Cuando se da al Estado la facultad de declarar el monopolio implícitamente se le autoriza para nacionalizar industrias particulares, de tal manera que no hay necesidad de dar una disposición expresa".

Seguidamente Arca Parró tercia diciendo: "...El monopolio cuando es ejercido por el Estado de hecho pasa a ser un estanco, de modo que no sería conveniente incurrir en un texto constitucional en esta misma implicencia de los términos. En cambio, si se declarar llanamente que puede el Estado nacionalizar determinadas industrias y riquezas como se ha propuesto, esto es mucho más amplio y aleja este criterio restrictivo. El monopolio, por definición, significa ganancia exagerada. Muchas veces no es precisamente con este criterio que el Estado puede nacionalizar una industria, puede ser con otros fines. Es con este criterio que se ha propuesto la enmienda...". 

Asimismo, otro de los aspectos muy discutidos en esta Constitución, es lo referente al sometimiento de las compañías comerciales a las leyes peruanas. Así, en el artículo 17° se establece: "Las compañías mercantiles, nacionales o extranjeras, están sujetas, sin restricciones, a las leyes de la República. En todo contrato del Estado con extranjeros, o en las concesiones que otorgue aquél a favor de estos, debe constar el sometimiento expreso de los segundos a las leyes y a los Tribunales de la República y su renuncia a toda reclamación diplomática".

El artículo 17° de la Constitución, también mereció una interesante discusión entre los constituyentes. Así, Arca Parró, por ejemplo, señala: "...Es necesario tomar en cuenta que no existe organismo administrativo que controle la vida económica y financiera de las sociedades anónimas. Una simple declaración constitucional para que las empresas que se constituyan o que trabajen en el país estén sujetas a las leyes de la República, quizás esté demás. Ese principio está comprendido en las leyes de comercio. Pero si se ha de tomar en cuenta la adición que hemos presentado para que se cree un organismo administrativo que controle la vida económica y financiera de esas instituciones, podríamos votar a favor del artículo".

Luciano Castillo, por su parte, en relación a lo mismo señala: "...La situación política y económica de estos países latinoamericanos, señor Presidente, decimos nosotros los socialistas que es la de las colonias; son pueblos coloniales en el orden económico y, como consecuencia también en el orden político. De este estado de colonias es necesario que los pueblos latino-americanos se sacudan señor Presidente. Los capitales extranjeros cuando se establecen en estos países latino-americanos, tienen siempre como defensores inmediatos, a los agentes diplomáticos. Toda la fuerza, toda la influencia de Inglaterra, de Estados Unidos, de Alemania, etc., están al servicio de las grandes empresas, y es escuchada, oportunamente en el país, para defender los intereses extranjeros, los intereses de las empresas extranjeras, se encuentran, pues en situación privilegiada en esos países. Cuando se presenta un conflicto de cualquier naturaleza lejos de que las autoridades respectivas sean las autoridades nacionales, las autoridades correspondientes son el Ministro alemán, el Ministro francés, etc.(...) es una necesidad que se constata en nuestro ambiente latino-americano y en nuestro ambiente nacional, que el capitalista que viene al Perú o que viene a los países latino- americanos conozca sus leyes y que se someta íntegramente, a su legalidad, a fin de que no tenga por qué acudir a su representante diplomático o a su gobierno para la defensa de sus intereses...".

Castro Pozo, finalmente señala al respecto: "...Lo que nosotros anhelamos es que no se repita este caso: estalló en el Norte el año 1931, una huelga de petroleros. Pedían que el gobierno separara a un Teniente de Policía que los extorsionaba y abandonaran el trabajo. La compañía Petrolera respondió a los obreros que, por cuanto no se habían puesto de acuerdo con ella, cerraba sus establecimientos. Pasaron tres meses consecutivos de huelga los obreros gestionaron volver al trabajo, pero se encontraron con que la International Petrolium Company se abstenía de tratar con ellos. El arreglo para la vuelta al trabajo debía hacerse entre el Ministro de Gobierno, los representantes de los huelguistas, los de las Empresas y un señor Embajador. Esa es la intervención, señor y esas son las intervenciones a cada paso, allí están los conflictos obreros con las fábricas de tejidos, con los petroleros, mineros, etc; es decir la intervención diplomática, a cada instante. Esto no puede ser...".

Por otra parte, en el artículo 28° se establece lo referente a los intereses que se pudieran establecer. Así dice: "La ley establecerá el interés máximo por los préstamos de dinero. Es nulo todo pacto en contrario. Serán penados los que contravengan a este precepto".

Los artículos dedicados a la propiedad son de una gran diversidad, y tratan de contemplar- en este caso- una serie de circunstancias en las que el tema de la propiedad, es lo central. Así, se dedican a este tema los artículos 29°, 31°, 32°, 33°, 34°, 35° y 36°.

El artículo 29° establece: "La propiedad es inviolable, sea material, intelectual, literaria o artística. A nadie se puede privar de la suya sino por causa de utilidad pública probada legalmente y previa indemnización justipreciada."

Y, a su vez, el articulo 31° prescribe: "La propiedad, cualquiera que sea el propietario está regida exclusivamente por las leyes de la República y se halla sometida a las contribuciones, gravámenes y limitaciones que ellas establezcan".

En el artículo 32°, por otro lado, dice: "Los extranjeros están, en cuanto a la propiedad, en la misma condición que los peruanos, sin que en ningún caso puedan invocar al respecto situación excepcional ni apelar a reclamaciones diplomáticas".

Asimismo, en el artículo 33°: "No son objeto de propiedad privada las cosas públicas, cuyo uso es de todos, como los ríos, lagos y caminos públicos".

Y, en el artículo 34°: "La propiedad debe usarse en armonía con el interés social. La ley fijará los límites y modalidades del derecho de propiedad".

En el artículo 35°, igualmente se prescribe: "La ley puede, por razones de interés nacional, establecer restricciones y prohibiciones especiales para la adquisición y la transferencia de determinadas clases de propiedad sea por su naturaleza o por su condición, o por su situación en el territorio".

Finalmente en el artículo 36°: "Dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no puede adquirir ni poseer, por ningún título, tierras, aguas, minas o combustibles, directa o indirectamente, individualmente o en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del estado, la propiedad adquirida, excepto el caso de necesidad nacional declarada por la ley expresa".

Los artículos destinados a la propiedad, y, en general, el concepto sobre la propiedad que maneja la Constitución de 1933, es comentado por Luciano Castillo de la manera siguiente: "La concepción de la propiedad que registra la Constitución dentro de las garantías nacionales, tiene un sentido moderno que abre ampliamente campo a las reformas sociales; como el artículo 29° con la reforma de la Ley N° 15242 de 28 de noviembre de 1964 que ha abierto las puertas para la Reforma Agraria y, particularmente, los artículos 34, 35 y 36 que proclaman que la propiedad debe usarse en armonía con el interés social y nacional y que los extranjeros no pueden adquirir propiedad dentro de los 50 km. de la frontera, bajo pena de perderla en beneficio del Estado".⁶

En lo que respecta a la propiedad del Estado se establece en el artículo 37°: "Las minas, tierras, bosques, aguas y, en general, todas las fuentes naturales de riqueza pertenecen al Estado, salvo los derechos legalmente adquiridos. La ley fijará las condiciones de su utilización por el Estado, o de su concesión en propiedad o en usufructo, a los particulares".

La nacionalización es contemplada en el artículo 38°: "El Estado puede, en virtud de una ley, tomar a su cargo o nacionalizar los transportes terrestres, marítimos, fluviales, lacustres, aéreos, u otros servicios públicos de propiedad privada, previa indemnización y de conformidad con las leyes vigentes".

En relación a las tarifas de pasajes y fletes, se establece en el artículo 39°: "Las tarifas de pasajes y de fletes se fijarán y se cobrarán sólo en moneda nacional, sin ninguna excepción".

La libertad de comercio e industria es considerada en el artículo 40°: "El Estado reconoce la libertad de comercio e industria. La ley señalará los requisitos a que se sujeta su ejercicio y las garantías que le acuerda. Cuando lo exijan la seguridad o la necesidad públicas, podrá la ley establecer limitaciones o reservas en dicho ejercicio, o autorizar al Poder Ejecutivo para que las establezca, sin que en ningún caso tales restricciones tengan carácter personal ni de confiscación".

Un aspecto importante es el establecido en el artículo 41°, en cuanto a las empresas mineras. "El Estado percibirá parte de las utilidades de las empresas mineras, en el monto y la proporción que determinará necesariamente la ley".

La libertad de trabajo es contemplada en el artículo 42° de la siguiente manera: "El Estado garantiza la libertad de trabajo. Pueden ejercerse libremente toda profesión, industria u oficio que no se oponga a la moral, a la salud ni a la seguridad pública".


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¹ Ugarte del Pino, Juan Vicente: Historia de las Constituciones del Perú. Editorial Andina S. A. Lima 1978.
² República del Perú: Diario de los Debates del Congreso Constituyente de 1931 N°131, 49ª. 
Sesión Permanente-Debate Constitucional, Viernes 16 de septiembre de 1932.
³ Castillo, Luciano: Finanzas Públicas. Tercera edición. Lima 1982, pp.67-68.
⁴ Castillo, Luciano: Ob. Cit., p.68.
⁵ República del Perú: Diario de los Debates del Congreso Constituyente de 1931 N°131, 49ª. 
Sesión Permanente-Debate Constitucional, Viernes 16 de septiembre de 1932.
⁶ Castillo, Luciano: Ob. Cit., p. 68.

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