El olvido está lleno de memoria. Juventud, universitaria y violencia política en el Perú: la matanza de estudiantes de La Cantuta. Sandoval López, Pablo G.

 

LA LEGITIMACIÓN DE LA "MEMORIA SALVADORA": EL DEBATE SOBRE
LA LEY DE AMINISTIA
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"Alberto se cuadró y dio media vuelta. Había dado tres pasos hacia la puerta
cuando lo detuvo la voz del coronel:

- Un momento cadete. Por supuesto, usted guardará la más absoluta reserva sobre lo que
se ha hablado aquí. La historia de los papeles, la ridícula invención del asesinato, todo.
Y no vuelva a buscarle tres pies al gato, sabiendo que tiene cuatro.
La próxima vez, ante de jugar al detective, piense que está en el Ejército,
una institución donde los superiores vigilan para que todo sea debidamente
investigado y sancionado. Puede irse...


... El caso Arana está liquidado -dijo Gamboa-. El Ejército no quiere
saber una palabra más del asunto. Nada puede hacerlo cambiar de opinión.

Más fácil sería resucitar al cadete Arana que convencer
al Ejército de que ha cometido un error"

Mario Vargas Llosa, "La ciudad y los perros".

 

No cabe duda que la realidad pulveriza toda ficción. Hace exactamente 35 años, una novela fue quemada públicamente en Lima por militares exaltados que condenaban como injuria lo que, entonces, era apenas una provocación de la imaginación literaria para proponer una reflexión sobre nuestra sociedad y nuestras instituciones. Pero en 1995, la realidad ofreció una adaptación más perversa y descarnada que la intuitiva obra de Vargas Llosa. Como en la novela, una grave denuncia de asesinato conmueve a la institución militar, pero esta vez las víctimas no se limitan a El Esclavo; y la destreza profesional y el rango, de quienes, según las denuncias, serían los autores del asesinato, reducen al pérfido Jaguar a un huraño adolescente del colegio militar, sin afecto ni ambiciones. Como en el libro, la realidad vivida entre 1992 y 1995 parece hacer todo lo posible por evitar la justicia, invocando la falaz justificación del interés institucional y nacional.

Inmediatamente después de la desaparición de los estudiantes, los familiares transitaron, día tras día, por comisarías, cuarteles, juzgados, hospitales, incluso la morgue. Nadie sabía dar razón: "Esa madrugada no se ha realizado ningún operativo"; "No hay ningún detenido con el nombre que usted me dice", eran respuestas habituales para los familiares. Los reclamos por el paradero de los secuestrados llegaron hasta el mismo jefe de Estado. El 21 de octubre de 1992, el presidente Fujimori visitó la universidad La Cantuta y regaló algunos ómnibuses y medio centenar de computadoras. En medio de la multitud de estudiantes que eran favorable al "inesperado" visitante, algunos se atrevieron a preguntarle por sus compañeros desaparecidos, recibiendo algunas pifias de otros compañeros simpatizantes de Fujimori. Envanecido, Fujimori intentó minimizar el reclamo: "esas voces ya no pegan en La Cantuta", dijo. Pero los reclamos insistían: "¿dónde están los desaparecidos?". Entonces respondió: "Si es un estudiante que se alineó con Sendero debe estar en una cárcel de seguridad del Estado". Pero allí, y con razón, negaban que los tuviesen detenidos.

Los familiares presentaron diversos recursos de amparo y habeas corpus, en varios juzgados de Lima. De parte de las autoridades militares se negaba que ese día de julio se haya realizado un operativo militar. Tanto el Comandante General del Ejército, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, como el comandante de la II Región militar, general Luis Salazar Monroe, negaban abiertamente cualquier implicancia en los hechos, y por el contrario acusaban al periodismo y a las organizaciones de derechos humanos como "personas que atentan contra la integridad moral del Ejército". Mientras tanto, los familiares persistían en saber el paradero de los estudiantes. Fue entonces que en su declaración, el 4 de noviembre de 1992, ante un juzgado que investigaba el caso, el general Hermoza admitió por primera vez que en aquella jornada se produjo una intervención militar en la universidad, la misma que estuvo a cargo del general Luis Salazar Monroe. Pero Hermoza afirmó que en aquella ocasión no hubo detenidos. Asimismo negaba dar la identidad de los comandos que participaron en el operativo. Adujo "razones de seguridad". El proceso judicial terminó poco después. El Poder Judicial, intervenido por el nuevo gobierno de Reconstrucción Nacional, resolvió finalmente la improcedencia del hábeas corpus, a pesar de la insistencia de los familiares. Se aducía que no se encontraron suficientes elementos para establecer que los denunciados hayan vulnerado o amenazado "el derecho de libertad individual de los estudiantes". Ello a pesar que el juzgado recogió testimonios de varios estudiantes que narraron detalladamente lo ocurrido la madrugada del 18 de julio
59. Igualmente, en el Ministerio Público, las acciones de investigación eran entrampadas bajo argucias legales y la sistemática negación del ejército por brindar los nombres de los oficiales que cumplían turno aquella madrugada. Cualquier esperanza para una verdadera investigación parecía remota.

Igualmente en el Congreso, una moción presentada por la oposición para investigar los hechos parecía condenada al fracaso. La mayoría oficialista se negaba dar pase al pedido de esclarecimiento de los acontecimientos. Entonces, el 2 de abril de 1993 se levantó de su escaño el congresista Henry Pease, de la izquierda democrática, revelando que hasta él había llegado un documento que describía con detalle y precisión la forma cómo habían sido secuestrados y asesinados el profesor Hugo Muñoz y los nueve estudiantes. El papel era suscrito por el COMACA, siglas pertenecientes al clandestino movimiento militar Comandantes, Mayores y Capitanes. El documento señalaba que la información provenía de oficiales y militares subalternos contrarios a la violación de los derechos humanos en la guerra antisubversiva (Véase anexo 1).

La mayoría oficialista, al perder la iniciativa para ocultar las denuncias, no le quedo más remedio que aceptar la formación de una comisión investigadora sobre los hechos de La Cantuta, conformada por cinco congresistas y presidida por un miembro de la oposición. De allí en adelante, las acusaciones seguían brotando. El general Rodolfo Robles Espinoza, tercero en la jerarquía del ejército, denunciaba que los autores del asesinato de los estudiantes eran miembros del grupo paramilitar Colina, y el responsable: el ex-capotan del ejército y asesor presidencial de Inteligencia, Vladimiro Montesinos Torres. Señalaba también que el mismo comando de aniquilamiento había participado en el asesinato de 18 personas, en 1991, en una pollada en Barrios Altos, así como en el asesinato del abogado senderista Manuel Febres, y en las masacres de decenas de presuntos estudiantes subversivos en la Universidad Nacional del Centro de Huancayo (Véase anexo 2). Robles afirmaba que desde fines de 1990 se había creado un destacamento especial de inteligencia, que bajo las ordenes de Vladimiro Montesinos y con la aprobación del Gral. Hermoza Ríos y del presidente Fujimori, cometían una serie de violaciones a los derechos humanos. A los días siguientes a sus declaraciones, el general Robles se vio obligado a asilarse en la embajada de los Estados Unidos luego de recibir amenazas de muerte contra él y sus familiares. Luego saldría del país para asilarse en Argentina.

A pesar de las reiteradas denuncias no se obtenían resultados concretos. La Comisión Investigadora del Congreso no podía probar fehacientemente a los responsables de las desapariciones. La mayoría oficialista entorpecía las labores de la comisión y el ejército, en señal desafiante e intimidatoria al legislativo, saca medio centenar de tanques blindados y los pasea por las calles de Lima. De parte del gobierno se teje varias "hipótesis" sobre el destino de los estudiantes: se han "autosecuestrado" para desprestigiar a las FF.AA., se han ido al "monte" con los terroristas y son parte de una columna militar. Incluso se llega a extremos delirantes, como el del congresista oficialista Gilberto Siura cuando pregunta a Raida Cóndor, madre del desaparecido estudiante Amaro Cóndor, si "¿su hijo no se habrá escapado con su enamorada? ¿tal vez era una relación prohibida?".
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Sin embargo, el caso daría un giro inesperado. La revista Sí, semanario de enorme prestigio, publica un informe que revelaba el lugar exacto donde se encontraban los restos de los estudiantes. El informe había sido posible gracias a un sobre anónimo llegado hasta los despachos de la revista, donde se indicaban los pormenores de la operación militar y de cómo se habían enterrado los cuerpos
61. Al día siguiente de publicado el informe, la prensa nacional e internacional, el fiscal Víctor Cubas Villanueva y organismos de derechos humanos se hacen presente en el lugar indicado: Cieneguilla, en las afueras de Lima. Lo que se encuentra es un cuadro espeluznante. Restos de huesos, cráneos agujereados, extremidades quebradas, serruchadas, mutiladas, calcinadas y regadas en una amplia fosa. No cabia duda. Había sido un ajusticiamiento por la espalda, en la sien exactamente. Luego los cuerpos fueron mutilados para finalmente ser calcinados con la intención de no dejar ninguna prueba de las torturas sufridas, ni rastros, ni indicios de sus autores. Pero cerca de los cuerpos se encontraron algunas llaves que luego se comprobó correspondían al armario de uno de los estudiantes.

Inmediatamente después, y con varias fricciones entre el poder judicial y el tribunal militar, el congreso bajo votación de la mayoría, aprueba la llamada "Ley Cantuta" que facultaba a la justicia militar llevar a cabo el juicio a los militares responsables de los hechos. La pena final dictada por el fuero castrense a los miembros del grupo Colina, oscilaba entre los seis meses y treinta años de cárcel en un cuartel militar. A ningún oficial de alto rango se le implicó en el juicio, y los "tentáculos" de la justicia militar llegaron solamente hasta el mayor Santiago Martín Rivas, jefe operativo del grupo Colina
62.


4.1 El debate: entre la balanza de la historia y de los muertos

"... nuestra política de derechos humanos será la base de toda nuestra acción gubernamental"
Alberto Fujimori, 29-7-1990

"Hace un año, en esta misma plaza, decía que era necesario descubrir a los terroristas infiltrados en las organizaciones humanitarias y denunciar a seudo organizaciones de derechos humanos..."
Alberto Fujimori, 9-10-q992.

"... nuestra posición es bien clara, rechazamos y condenamos los derechos humanos porque son derechos burgueses, reaccionarios, contrarevolucionarios"
Abimael Guzmán, "Las dos colinas", 1991.

"La mayoría de instituciones de derechos humanos son tapaderas de rabo de movimientos políticos, casi siempre de corte marxista y maoísta..."
Juan Luis Cipriani, El Comercio, 11-03-1991

 

El 14 de junio de 1995, Lima no sólo amanecía gris y fría por el áspero invierno de ese año, sino con una noticia, literalmente bomba. A las tres de la madrugada la bancada oficialista en el congreso había aprobado con 47 votos a favor y 11 en contra una amnistía para militares implicados en violaciones de derechos humanos durante los 15 años de guerra antisubversiva63. Pero horas antes de aprobarse la ley se desarrolló en el congreso un debate entre quienes sustentaban y rechazaban la amnistía, la cual nos permite acercarnos a la narrativa histórica construida por el Estado en relación a la violencia política, y el papel cumplido por el gobierno de Fujimori en ese proceso. Se podrá percibir la intención explícita del gobierno por ubicarse bien en su propia genealogía histórica, polarizando entre un pasado político perturbado por conflictos sociales; y un presente-futuro prometedor y beneficioso.

En efecto, desde 1992, y específicamente desde la captura de Abimael Guzmán en setiembre de ese año, la popularidad de Fujimori se acrecienta aceleradamente y se consolida su legitimidad al aparecer como el único artífice en la derrota a la subversión, al mismo tiempo que aplicaba una serie de drásticas medidas económicas neolibarales y la transgresión sistemática del estado de derecho. En este período (1992-1995), se anudan una serie de hechos políticos que nos permiten entender las circunstancias en que se ubica la matanza de La Cantuta. El temor y el miedo a la violencia política, presentaba al Estado como el único garante del orden y el significado histórico, además de ofrecerse como el único cuerpo coherente frente a la discontinuidad del caos y el desorden producido por la crisis económica y la violencia política.

Aquí tomamos distancia de la dominante lectura política del "Estado" como una colección de instituciones y prácticas administrativas "... y considerarlo como una forma cultural cuya legitimación y modo de dominación depende tanto de las creencias y representaciones colectivas como de la estabilidad institucional y la racionalidad burocrática" (Poole 2000:56). Es decir, comprender al Estado más allá de su contexto institucional-burocrático y y analizarlo como un artefacto cultural, teniendo en cuenta las percepciones que la población se hace del Estado (la idea del Estado) y de su ubicación tanto en la sociedad como en su experiencia cotidiana.
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El fujimorismo se consolida entonces, en un momento en que la violencia y la "anarquía" parecían cobrar rumbos estructurales. En un escenario social plagado de incertidumbres y miedos, el autoritarismo fujimorista se posiciona encarnando el deseo de orden y paz, transformando y trastocando la interpretación y representación de la realidad.

Surge una nueva continuidad, esta vez en clave de autoritarismo neoliberal. La codificación de los hechos políticos de parte de la sociedad peruana, parecía proclive a naturalizar el atropello a la democracia y los derechos humanos. Pero, en la medida que podamos historizar la vida cotidiana de aquellos años podremos entender el contexto político y cultural que hizo posible esta "natural" opción popular autoritaria por el fujimorismo.
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4.2 El debate:

El debate surgido en el congreso alrededor de la amnistía retrata esta tensión
66. Por un lado, el llamado de la oposición a retornar a la gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho, en un marco histórico que requería "estabilidad" y soluciones concretas a la violencia; y por otro, la mayoría que sustentaba y legitimaba la violencia estatal como un "mal menor" en comparación al número de muertos producidos por los grupos subversivos.

El congresista oficialista, Gilberto Siura, quien presentó el proyecto de Ley, inicia el debate diciendo:

"Cada día teníamos que hacernos las siguientes preguntas: ¿acaso fracasó el sistema democrático en el Perú?, ¿acaso fracasamos los peruanos?, ¿hay solución para los peruanos? Luego surgió para nosotros la palabra "cambio" como una esperanza para el país. A esa voluntad y deseo de cambio, se agregó la decisión política que tanta falta nos hizo. Vino una mano fuerte que quizás fue necesaria y que ahora podemos nosotros evidenciar y comprobar que fue una buena solución". (énfasis míos).

Bajo la metáfora de la "mano fuerte", Siura introduce una lectura histórica de la violencia, pero contradictoriamente bajo una lectura cristiana del proceso, el perdón:

"Esta noche no generemos el odio, ni continuemos el debate que empezó en mayo de 1980. Les pido que tengamos la hidalguía y la capacidad del Maestro de maestros que nos imparte la enseñanza cristiana: practicar el perdón por encima de todo. El perdón puede ayudar a todos peruanos."

Sin embargo, la justificación política emana de un razonamiento que pretende tomar en cuenta las brechas existentes en el Perú, específicamente entre los universitarios, punto inicial y culminante de esta historia:

"La injusticia social era un grito sordo que se escuchaba en silencio en las familias más humildes; y algunos hijos pobres que hicieron estudios en aulas universitarias, buscaron rebelarse a través de su propia reflexión y por influencia de doctrinas extranjeras, no con el ánimo de hacer política crítica sino violenta. Tales corrientes influenciaron en muchos jóvenes universitarios. Siendo profesores luego en las universidades, generaron rebelión en sus discursos buscando quizás justicia social. Ellos generaron rebelión, que hasta hoy podemos tener evidencia"

Pero de inmediato se retracta. Los excesos provienen de varios lados, discriminando entre la violencia "buena" y "mala":

"Hubo excesos de ambas partes, porque en una guerra no se puede saber cuántos pueden ser los excesos; excesos que hoy dividen a los peruanos y que de alguna manera no permite que podamos trabajar con fluidez por la reconstrucción nacional, por la búsqueda de la pacificación verdadera... El país y los peruanos más necesitados son los más perjudicados hasta este momento."

Por su parte el congresista fujimorista Manuel Chávez Romero, introduce otra variable: el apoyo electoral del pueblo al presidente Fujimori:

"¿Quién o quiénes han respaldado al presidente Fujimori después del 5 de abril de 1992? ¡El pueblo peruano! Porque esto nos dice el pueblo peruano cuando continúa apoyando al presidente Fujimori. Se dice que el congreso es el peor de la historia republicana. ¡Falso señor presidente! El Congreso actual ha tomado la decisión política de pacificar al país en base al conductor del país que es el presidente Fujimori, nuestro presidente".

Sin embargo, al poner en la balanza la cantidad de muertos producidos en 15 años de violencia política, pretende realizar una comparación, por decir lo menos, "ambigüa":

"¿Quién ha olvidado el costo del terrorismo?, ¿acaso pretendemos olvidar los veinticinco mil muertos como consecuencia del terrorismo?, ¿acaso diez o quince vidas humanas valen más que los demás muertos?
67 ¡Todas son vidas humanas y todas tiene el mismo valor!"

Igualmente Francisco Tudela, congresista por el grupo conservador Renovación (cercano al Opus Dei) y luego Canciller y primer vicepresidente de Fujimori, nos relata:

"... sí estoy dispuesto a correr el riesgo para establecer la paz, que es el supremo bien de todo país civilizado. Contrapeso el crimen de unas personas individuales con el bien de más de veinte millones de personas. Pongo las dos cosas en balanza. Quiera Dios que no me equivoque, pero tal es la decisión que yo escojo: yo sí voy a votar a favor de la amnistía".
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Por su parte, el congresista Enrique Chirinos Soto, del mismo grupo Renovación, agrega la perspectiva histórica y comparativa:

"¿Qué ocurrió en la Argentina? Empezó una horrorosa matanza, un horroroso terrorismo de Estado que, gracias a Dios, no hemos sufrido en el Perú sino mínimamente... Yo no estoy proponiendo una ley de amnistía igual, por la sencilla razón que la guerra civil desgraciadamente no ha terminado en el Perú. Tenemos veinte mil muertos y tenemos más víctimas y peores daños que a raíz que la guerra con Chile. Pero pudo ser peor, debemos estar tranquilos porque pudo ser peor, y no creo que debamos darle muchas vueltas al asunto"

Más adelante, Francisco Tudela retrocede más en el tiempo y nos traslada a un pasado plagado de guerras religiosas, para regresarnos luego, sin aduanas temporales, al presente:

"... en ese sentido sí es necesario buscar la paz. En el Estado peruano que ha vivido desgarrado desde 1980, vale bien la pena arriesgarse a una amnistía. No hay que olvidarnos que el tipo de guerra que ha vivido el Perú es similar a aquellas guerras horrorosas del siglo XVI y siglo XVII, que fueron guerras de religión. Finalmente los dos bandos, católicos y protestantes, comprendieron que tenían que cortar por lo sano, terminar con el conflicto religioso, poner de lado el aspecto dogmático-ideológico y buscar la paz social... El único modo de cerrar las heridas es tomar el riesgo de perdonar, porque es un riesgo".
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Por su parte los congresistas de oposición hacían esfuerzos denodados por impedir la aprobación de la ley, esbozando argumentos ligados a la defensa del Estado de Derecho, el orden democrático y los derechos humanos, en especial del caso La Cantuta:

"... la mayoría oficialista quiere amnistiar a los autores del caso La Cantuta, porque quieren olvidar el delito y la pena impuesta. El Comandante General del Ejército quiere olvidar que el operativo de La Cantuta fue decidido por la Dirección de Inteligencia que depende directamente de él. Quiere olvidar, que el Grupo Colina operó con el consentimiento del Comando General del Ejército... quieren olvidar lo que son las responsabilidades que algún día la historia juzgará" (Lourdes Flores Nano, Partido Popular Cristiano). (Énfasis míos).

Más adelante, en la medida que el debate se acaloraba, el congresista Henry Pease intenta desbaratar el argumento oficialista, contraponiendo el supuesto "interés nacional", con la simple voluntad política de amnistiar a los militares encarcelados y juzgados:

"¿El 'interés nacional' exige que los criminales de La Cantuta estén caminando por la calle?, ¿puede decirse que por el interés nacional se puede presentar al Perú ante el mundo como un país que no es capaz de respetar los derechos humanos?...'Exceso' no es una cosa planificada y no es un simple operativo, como acá se demostró, por el cual se saco a los estudiantes de su universidad y se los llevaron para asesinarlos, enterrarlos, desenterrarlos y volverlos a enterrar. Estos actos son crímenes comunes en todas partes y cualquier parte del mundo".
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O la posición de Gloria Helfer, del Movimiento Democrático de Izquierda (MDI):

"Para que no nos olvidemos, señor, sucedió que el grupo Colina entró con permiso a la universidad La Cantuta. Nadie le puso obstáculos. Fue legítima su entrada. Se erigieron en dioses. Hicieron un trillaje. Dijeron: este sí, este no. Sacaron a los estudiantes en ropa interior... ¡El grupo Colina sabía el destino que iban a tener los estudiantes! Los llevaron a un campo de tiro en Huachipa y allí los asesinaron: les tiraron un balazo en la cabeza. Los enterraron. Cuando en el congreso se denunció estos hechos, los miembros del grupo Colina los desenterraron y los quemaron, quemaron sus restos e hicieron un segundo entierro... Señor, ¿tal crimen se quiere olvidar políticamente por la salud pública?, ¿va a quedar constancia que en el Perú se puede matar con impunidad?".

Estas posiciones eran inmediatamente respondidas con consideraciones de razón de "Estado", seguridad nacional, paz y reconciliación nacional:

"El Perú también necesita paz, piedad y perdón, disparados a todos lados, concretados en una ley de amnistía... A todos los excesos de uno y otro lado ¿o no ha habido exceso del lado terrorista? Yo le quiero poner fin a mi intervención con las palabras de don Miguel de Azaña para la España de la guerra civil: paz, piedad y perdón" (Enrique Chirinos Soto).

"... creemos que ha llegado el momento de que todos los peruanos debamos unirnos, cualesquiera haya sido su condición o su concepción política, sean militares o civiles, sean peruanos que hayan pretendido o no una u otra situación o oposición política. ¡Todos tenemos que buscar la reconciliación! Juntémonos para reconstruir el país, la fe y la esperanza en los peruanos" (Gilberto Siura).

Incluso César Larrabure, congresista de la mayoría, interviene para resaltar la figura del presidente Fujimori:

"La promulgación de la Ley de Amnistía va a devolver al Perú la solución a sus problemas. En buena hora nació Alberto Fujimori para gobernarnos. Él a través del combate contra la subversión, va a darnos la paz para el desarrollo de nuestro pueblo y para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tengan un camino por donde transitar hacia mejores épocas"

Por su parte, el oficialista Luis Paredes Cueva, construye una sospechosa analogía entre la amnistía y el "cuerpo familiar". Compara el perdón político de un padre con su hijo:

"La amnistía significa que los peruanos debemos olvidar todo, como cuando un padre de familia se olvida de todos los problemas que tuvo con sus hijos y les dice: 'Hijo mío: Ven. Tú has robado, tú has hecho lo que has querido, pero yo te quiero, yo te estimo; comencemos de nuevo y vamos a trabajar'. Esta práctica debe realizarse con el hijo, no importa la edad que tenga".

No obstante, más adelante al balancear responsabilidades aparece nuevamente la razón de Estado, la familia, la patria, los militares y los terroristas:

"... los soldados que actuaron en el caso La Cantuta habían estado luchando en la selva, poniendo el pecho en la defensa de nuestros hijos y de nuestras familias, por esa razón adquieren el síndrome de la violencia. Regresaron a Lima y después se convierten en asesinos. Repito, ellos no conocían a sus víctimas. Del lado terrorista sí conocían a sus víctimas y en la mente tenían la intención de matar, es decir, actuaban con premeditación, alevosía y ventaja".

Terminaremos esta tanda de intervenciones citando tres de las posiciones más extremas en el debate de la amnistía, y que sintetiza la pretendida versión histórica del fujimorismo, y el papel que le atribuyen a la sociedad, a los partidos y al Estado:

"Esta noche nos encontramos tomando una dura pero importante decisión para el futuro del país. No porque nosotros hayamos creado el problema sino por la herencia que nos han dejado los políticos peruanos que gobernaron muy mal el Perú. Esos políticos hablaban de una democracia para todos los peruanos pero en realidad era una democracia de un grupo de privilegiados. Era una democracia que defendía intereses de cenáculo, de grupos muy pequeños que manejaban el país. Por esta razón, no me sorprende que grupos de oposición están defendiendo un pasado que fue nefasto para el país" (César Larrabure, NM C-90).

"La oposición hace historia de la democracia que siempre ha tenido el Perú. Será la 'democracia' de ellos, en la cual desde 1980; en la constitución de 1979, empieza a germinar lo que hoy condenan la matanza, el terror y el miedo. Elos, por un lado, defienden a un militar y de otro lado, atacan a otro militar que no es de su agrado. Creo que la historia juzgará a aquellos que hoy critican al militar" (Vega Ascensio NM C-90).

"A los que creen que con la amnistía estamos dando un mensaje de impunidad, habría que decirles lo siguiente: 'No amigos, nunca más se va a repetir en el Perú la historia que vivimos hasta hace pocos meses. Nunca más en el Perú va a haber terroristas encubiertos en el anonimato que, aprovechándose de todas las circunstancias e instrumentalizando ideológicamente todas las posibilidades que le daba el estado de cosas, ataquen al individuo y a la sociedad; nunca más se va a dar esta situación'. De esa situación nos ocuparemos. Estamos trabajando para que aquí no haya miseria, inmoralidad, incapacidad e indiferencia. Estas causas hicieron que el Perú desde 1980 hasta 1993 tuviera una banda terrorista que casi logra dominar al Estado peruano" (Martha Chávez NM C90, énfasis míos).

Según Arendt (1996), una de las claves de todo régimen totalitario es no separar ni descuidar su autoritarismo de sus formas de representación histórica. En efecto, en este episodio parlamentario se dramatizaron en la escena pública las distintas y desiguales narrativas del Perú contemporáneo. Los distintos grupos políticos en el parlamento tuvieron en esa coyuntura la oportunidad de ritualizar dos discursos históricos y voluntades políticas en pugna, elaborando sus propios balances de la violencia política, buscando además de sus orígenes, a sus responsables y las secuelas dejadas en la sociedad y el Estado. En ese contexto, el espacio público pretendía ser monopolizado por un relato público dominante, donde "buenos" y "malos" eran claramente definidos. Pero la dinámica ocurrida en los noventa no es ninguna novedad en la conformación del espacio público.

En los procesos de formación del Estado en el siglo XIX en América Latina "una de las operaciones simbólicas centrales -nos dice Jelin- fue la elaboración del 'gran relato' de la nación: una versión de la historia que junto con los símbolos patrios, monumentos y panteones de héroes nacionales, pudiera servir como nudo central de identificación y de anclaje de la identidad nacional" (2002:40). Pero como toda narrativa, estos relatos son selectivos, pues pretenden convertirse en puntos de referencia oficiales encuadrando las memorias de los grupos y sectores dentro de cada contexto nacional. En ese sentido, el debate parlamentario sobre la amnistía puede leerse como el intento de la mayoría oficialista de esos años en constituir una historia fundacional del Estado-nación peruano a propósito de la violencia política y del papel cumplido por su gobierno encarnado en la figura de Alberto Fujimori.
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Pero la legalización de la impunidad se vería enfrentada a nuevos sucesos, episodios, quiebres, que harán posible que la "memoria salvadora" del fujimorismo empiece a mostrar sus primeras grietas. Un primer indicio sería que dos de las principales encuestadoras peruanas muestren que el 87% de personas entrevistadas a nivel nacional, al día siguiente de aprobada la ley, desaprueben la amnistía otorgada a los militares violadores de derechos humanos.
72 Sin embargo, ese 87% sería una opinión pública pasiva, que no establecía vínculos concretos con el drama de los familiares ni con las frecuentes denuncias de los organismos de DD.HH., arrinconadas y estigmatizadas por esos años, entre otras razones, por el discurso de "pacificación" del gobierno. Incluso, desde que se destapó el caso La Cantuta en 1993, los medios de comunicación, principalmente escritos, no cesaron de llamar la atención sobre el carácter represivo de la política antisubversiva de las FF.AA. y el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Pero el segundo período presidencial de Alberto Fujimori se abriría con nuevas tensiones y conflictos que harán posible que el pasado asome su rostro, infiltrándose en nuevos gestos, gritos, signos, posibilitando la construcción de memorias sobre los desaparecidos en el primer quinquenio fujimorista.



58 Para esta sección hemos recurrido a los distintos artículos de la revista Ideele y al al diario La República

59 Los testimonios de estos estudiantes se encuentran en el Centro de Documentación de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).

60 Citado en Aprodeh (1994:28).

61 Todo los indicios hacen suponer que la información la filtró Mariella Barreto, agente de inteligencia del ejército y miembro del grupo Colina, además de pareja de Santiago Martín Rivas con el cual tenía serias desavenencias conyugales. El 23 de marzo de 1997 Mariella Barreto sería encontrada decapitada en la carretera hacia Canta en las afueras de Lima. Actualmente el Poder Judicial así como organismos de derechos humanos tienen abundantes pruebas de que el grupo Colina, liderado por Martín Rivas aplicó esta "medida" como escarmiento a su "traición". Para más detalles de la relación de Mariella Barreto con los periodistas de la revista Sí y el grupo Colina, véase Vargas Llosa (2000).

62 Para un recuento minucioso puede revisarse el libro escrito por el fiscal del caso La Cantuta, Víctor Cubas Villanueva (2000).

63 El proyecto de ley fue presentado por los congresistas oficialistas Martha Chávez, Oswaldo Sandoval, Jaime Freundt-Thurne, Pedro Vílchez, Tito Chávez Romero, Juan Cruzado, Carlos Léon Trelles, Juan Hermoza Ríos. Los militares amnistiados por el caso La Cantuta fueron: mayor Santiago Martín Rivas, los suboficiales Nelsón Carbajal García, Juan Sosa Saavedra y Hugo Coral Goycochea, además del General de División Julio Salazar Monroe, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional.

64 Al respecto puede revisarse Corrigan y Sayer (1985), Gilbert y Nugent (1994), Alonso (1994), Degregori (2001:372).

65 Sobre este punto existen distintas posiciones al intentar comprender éste proceso. Véase, Tanaka (1998), Cotler (2000), Degregori (2001), Adrianzen (2001), Grompone (2000).

66 Hemos utilizado el Diario de los debates del Congreso Constituyente Democrático del 14 de junio de 1995, Segunda Legislatura Extraordinaria,1994.

67 Se refiere a los muertos de La Cantuta y los asesinados en el solar, en Barrios Altos.

68 Sobre la actuación de Francisco Tudela y su posición frente al los DDHH durante el fujimorismo véase, Degregori (2001: 297-310).

69 Más adelante agrega: "¡La amnistía no es el olvido! Nunca olvidaremos históricamente ni moralmente; pero podemos olvidar políticamente para que haya paz en el país... Yo respeto todas las posiciones que he escuchado acá. Mi posición personal es que debemos olvidar políticamente los crímenes individuales en aras del bien de toda la colectividad. Eso no significa que vamos a olvidar históricamente, tampoco significa que debemos olvidar (sic). ¡No vamos a olvidar!".

70 Agrega: "Ustedes no están abriendo camino hacia la reconciliación. Por el contrario, por este camino están agravando la división entre los peruanos. Solamente es posible la reconciliación a partir de la justicia y del propósito de enmienda que uds. no tienen. Ustedes quieren que siga habiendo impunidad, porque hay impunidad cuando se olvidan los actos de terror del Estado... Señor, ¡ésta ley es una infamia!".

71 Salvando las distancias ideológicas y políticas, pareciera ser el mismo proceso de fines del siglo XIX, en el contexto de la derrota de la guerra con Chile, donde se forjaron nuevos discursos y narrativas sobre el Estado-nación. Guerra y relato nacional parecen siempre contribuir a la constitución de discursos fundacionales de la nación.

72 Véase, Informe de opinión, Apoyo, julio de 1995; Imasen Confidencial, julio de 1995.

 



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