El proceso penal peruano: una investigación sobre su constitucionalidad. Burgos Mariños, Víctor


EVALUACIÓN SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL 
PROCESO PENAL ORDINARIO 

 


1. Consideraciones preliminares



El proceso penal ordinario, regulado por el Código de Procedimientos Penales de 1940, fue el proceso penal rector aplicable a todos los delitos contenidos en el Código Penal de 1924, estuvo compuesto por 2 etapas procesales: la instrucción y el juicio oral, sin embargo, con los cambios lógicamente ocurridos en más de medio siglo de vigencia, actualmente no podemos afirmar que el proceso penal siga siendo el proceso rector en el Perú, y que siga compuesto por 2 etapas. Sin duda, que a la fecha, se han introducido importantes reformas, pero a pesar de ello, la influencia del sistema inquisitivo sigue siendo fuerte, y en algunos casos, tiende a desnaturalizar la garantía del debido proceso. 

Consiguientemente, interesa evaluar si el proceso penal ordinario peruano vigente, es compatible con los principios constitucionales que rigen el proceso penal. Para ello, vamos a dividir el estudio del proceso penal ordinario en 5 fases procesales claramente identificadas, para que de esa manera podamos identificar los puntos de contacto entre el proceso penal y la norma constitucional. Estas fases son: la investigación preliminar, la instrucción judicial, la fase intermedia, el juicio oral, y la fase impugnativa.



2) La etapa de investigación del delito


La investigación del delito es un presupuesto ineludible del juicio penal, pues ella contribuye, mediante los actos de investigación, a reunir los elementos probatorios que puedan fundar y cimentar la acusación fiscal, y con ello dar lugar al Juicio penal. Dicha investigación es un momento procesal único, que por mandato del art. 159º de la Constitución, le corresponde al Ministerio Público.

Efectivamente, el inciso 4º del referido artículo señala que le corresponde al Ministerio Público "Conducir desde el inicio la investigación del delito"; y, seguidamente el inciso 5º agrega de manera enfática, que le corresponde al Ministerio Público "ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte". Al decir del profesor ORE GUARDIA, "todas estas facultades garantizan el cumplimiento de la función persecutoria del Estado, la cual consiste en buscar, analizar y presentar las pruebas que acrediten responsabilidad o irresponsabilidad de los imputados..." .
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Sin embargo, según nuestra legislación procesa penal vigente, la fase de investigación del delito atraviesa por 2 momentos: la investigación preliminar y la instrucción judicial, la primera bajo la dirección del Ministerio Público, y la segunda, bajo la dirección del Juez Penal. En la primera no hay problema, pues es el MP quien dirige dicha investigación preliminar, lo cual es acorde con la Constitución. En cambio, en la fase de instrucción judicial, quien lo dirige es el Juez Penal, conforme lo dispone el art. 49 del Código de Procedimientos Penales, de lo que se desprende un primer conflicto entre la norma procesal y la Constitución vigente, pues la potestad de investigar el delito, según la Carta Fundamental, le está confiada al Ministerio Público, y no al Juez Penal.

Además, dicha contradicción genera dentro del diseño constitucional del proceso penal, la violación del principio acusatorio, y por ende del debido proceso penal. Recordemos que según la doctrina procesal, el ejercicio de la acción penal es el conjunto de actos procesales que realiza el MP con la finalizar de ejercer la función de persecución penal. Comprende la investigación del delito, la formalización de la denuncia, la acusación, y la defensa de la acusación en juicio. Sin embargo, la función investigadora, que es expresión de la titularidad del ejercicio de la acción penal, le es mutilada al Fiscal, durante la instrucción judicial, en donde es el Juez el director de la prueba y de la investigación del delito, surgiendo así una grave violación constitucional, pues hasta donde se conoce, el Juez Penal no debe ni puede sustituir al Fiscal, en el ejercicio de la acción penal. Y es justamente, eso lo que sucede en nuestro vigente proceso penal durante la fase de instrucción judicial.

De otro lado, como es sabido, la investigación del delito se inicia por lo general, a partir de la denuncia o noticia del delito. La denuncia puede ser, denuncia de parte cuando la denuncia lo realiza el propio agraviado, su apoderado o representante legal; denuncia por acción popular, cuando la denuncia la practica una persona que no es agraviada, pero como el delito es de ejercicio público se admite la denuncia por cualquier ciudadano. Otra forma de tomar conocimiento del delito es mediante la actuación de oficio del MP o de la PNP. A continuación vamos a identificar los momentos procesales en los que se vulnera la Constitución, durante la fase de investigación del delito, que como ya se indicó, atraviesa por 2 momentos: la investigación preliminar y la instrucción judicial.


2.1. La investigación preliminar


La regla es que el MP al tomar conocimiento del delito defina si realiza o no la investigación preliminar. Efectivamente, planteada la denuncia de parte o conocido de oficio el delito, el Fiscal debe decidir si apertura una investigación preliminar, formaliza o archiva la denuncia. Si la denuncia reúne todos los requisitos para promover la acción penal (que el hecho constituya delito, el autor este individualizado, la acción no esté prescrita), formaliza la denuncia. En cambio, si la denuncia no reúne dichos requisitos, el MP tendrá la necesidad de aperturar una investigación preliminar o archivarla definitivamente. La investigación preliminar es aquella investigación pre jurisdiccional que realiza el MP con apoyo de la PNP, pero siempre bajo la dirección del MP, cuando es necesario reunir los requisitos para promover la acción penal. Estos requisitos son que el hecho constituya delito, se individualice al autor, la acción no esté prescrita, y en algunos casos, se cumpla con el requisito de procedibilidad.

La investigación preliminar tiene 2 fines: un fin individualizador y un fin probatorio. El primero está dirigido a determinar e identificar a la persona contra quien se ejercerá la acción penal. El segundo está dirigido a obtener la prueba mínima para ejercer la acción penal.

Hay que tener presente que por mandato constitucional, el MP es el director de la investigación del delito (fase preliminar), y como tal le corresponde realizar dicha investigación por si mismo, o si considera pertinente delegarla a la PNP. La idea es que con la intervención del MP se pueda garantizar el respeto de los derechos fundamentales.

Durante la investigación preliminar, la participación de la PNP es decisiva en la investigación de los delitos, pues aporta el llamado principio a la primera intervención, que consiste en que es el primer funcionario penal que llega a la escena del delito, e incluso puede practicar intervenciones y detener en flagrancia. De esa manera se logra asegurar las evidencias que deja el delito, útiles para su esclarecimiento. El otro aporte fundamental lo proporciona su División de Criminalística, con la investigación científica del delito. Cuando la PNP requiera realizar una actuación probatoria importante, tiene que contar con la participación del MP, a fin de darle valor probatorio.

Cuando la investigación preliminar ha sido delegada a la PNP, al concluir dicha investigación, realizará un informe policial que puede tomar el nombre de Atestado Policial cuando la PNP concluye preliminarmente que hay delito y responsabilidad penal; y en Parte Policial, cuando la conclusión es por que no hay delito o responsabilidad penal. Ninguna de estas conclusiones vincula al MP, quien es el que al final el que lo valora.

Al concluir la fase preliminar, el MP debe tomar la decisión de archivar la denuncia o formalizarla: a) La archiva, cuando no hay lugar a promover la acción penal. Hay dos clases de archivamiento: Definitivo o Provisional. El primero puede ser por que no hay delito, la acción está prescrita o por aplicación de principio de oportunidad. Es Provisional, cuando se prueba el delito, pero aun no se ha podido individualizar al autor; b) La Formaliza, cuando el MP ha reunido los requisitos antes mencionados y emplaza con su denuncia al JP competente para que éste abra el proceso penal formal, contra la persona denunciada.

Veamos a continuación, algunos aspectos problemáticos de la actuación policial, fundamentalmente vinculada a la actuación probatoria y los derechos fundamentales de los investigados.

A) La Prueba en el ámbito policial

Sabido es al nivel de la doctrina y la jurisprudencia comparada, que los atestados de la policía tienen el genérico valor de "denuncia", por lo que, en sí mismos, no son medios, sino objeto de prueba. Por esta razón, los hechos en ellos afirmados han de ser introducidos en el juicio oral a través de auténticos medios probatorios, como lo es la declaración testifical del funcionario de policía que intervino en el atestado, medio probatorio este último a través del cual se ha de introducir necesariamente la declaración policial del detenido, pues nadie puede ser condenado con su solo dicho en el ámbito policial. A la Policía judicial, más que realizar actos de prueba, lo que en realidad le compete es la "averiguación del delito y descubrimiento del delincuente", esto es, la realización de los actos de investigación pertinentes para acreditar el hecho punible y su autoría (fin probatorio e individualizador).

Esta facultad de investigación se desprende claramente del art. 166º de la Constitución, pues allí se le atribuye la potestad de "prevenir, investigar y combatir la delincuencia".

Sin embargo, junto a esta facultad investigadora también se le faculta excepcionalmente, y sin que ello contradiga lo dispuesto en la Constitución (art. 166º), a asumir una función aseguratoria del cuerpo del delito, así como a acreditar su preexistencia mediante los pertinentes actos de constancia (las actas policiales de incautación, inmovilización, de intervención, etc.).

La doctrina al igual que la jurisprudencia constitucional admiten, que tales actos de constancia tienen el valor de prueba preconstituida al igual que a todas aquellas diligencias que, como las fotografías, croquis, resultados de las pruebas alcoholométricas, etc., se limiten a reflejar fielmente determinados datos o elementos fácticos de la realidad externa que tienen que ser asegurados urgentemente en el momento de la intervención policial, caso contrario, dicha evidencia corre el riesgo de que se pierda, y el delito no pueda ser probado y su autor quede impune

En resumen, la Policía generalmente realiza actos de investigación, y excepcionalmente actos de prueba, que reciben el nombre de prueba preconstituida, la misma que tendrá eficacia, siempre que sea urgente y necesaria
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En nuestro país no está adecuadamente legislado, y tampoco delineado jurisprudencialmente, y mucho menos difundido, los criterios por los cuales la Policía debe realizar los actos de investigación, y, de otro lado, los actos de aseguramiento probatorio (prueba de urgencia). En la praxis, los jueces otorgan de la manera más diversa, valor a los medios de investigación que a los actos de prueba, razón por la cual, se puede seguir afirmando que en el Perú, se sigue condenando a las personas por el solo mérito del atestado policial
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El art. 62º del Código de Procedimientos Penales, modificado por el D.Leg. 126, señala que la "...investigación policial previa que se hubiera llevado a cabo con intervención del Ministerio Público constituye elemento probatorio que deberá ser apreciado en su oportunidad por los jueces y tribunales, conforme lo dispuesto por el art. 283º de este Código...". Respecto a esta tenemos que dejar en claro lo siguiente: aun cuando la investigación policial se realice en presencia del MP, ello no deja de referirse a los actos de investigación; y cuando menciona que "deberá" valorarse conforme el art. 283° se refiere, a la valoración que con discresionalidad se realizará de los actos de investigación obtenidos por la Policía, durante la fase preliminar, luego de que hayan sido introducidos al juicio oral, y convertidos así en actos de prueba.

No debe entenderse literalmente la norma del art. 62°, pues se corre el riesgo de obligar a los jueces a valorar un acto de investigación y no una verdadera prueba penal. Esta norma procesal, si bien no es abiertamente inconstitucional, debe ser interpretada correctamente, o en todo caso modificada o aclarada. La presencia del MP durante la investigación policial, no sustituye la garantía del juicio oral, por lo que la prueba para ser valorada tiene que pasar por la contradicción y la oralidad, y ello como sabemos no se da durante la fase de investigación. Además, el art. 283° se refiere a la valoración de las pruebas que han sido introducidas en el Juicio oral. De tal manera que de ninguna manera puede aceptarse una interpretación literal del art. 62°, pues ello nos llevaría peligrosamente a convalidar y legitimar las sentencias condenatorias que se dictan en el proceso penal sumario. 

Además, el imperativo "deberá" es contradictorio con el principio de la libre valoración, por lo que mejor sería reemplazarlo con el condicional "podrá". 

B) La detención policial 

Básicamente son dos los problemas que afronta esta institución, y como quiera se refieren a dos supuestos antagónicos y difícilmente reconciliables en la practica: la eficacia frente a la delincuencia, y las garantías personales de los investigados. 

Respecto al primero, debemos decir que siempre la primera intervención policial se realiza dentro de un marco fáctico de probabilidad de delito, lo que lleva a la autoridad policial a ejercer sus facultades constitucionales de prevención y combate de la delincuencia. A ello se agrega, de existir mayor verosimilitud del evento delictivo, las facultades de investigación y detención, este último se aplica si hay flagrancia. 

La ausencia de una definición legal de flagrancia, es sin duda el principal problema que existe en nuestro país, pues de un lado la Ley Orgánica de la Policía establecía supuestos que traspasaban la definición doctrinaria de flagrancia, yendo en contra de la Constitución, y de otro lado, el Código Procesal penal de 1991 definía el concepto de flagrancia, pero al no estar vigente no surtía efecto vinculante a los operadores penales, generando en muchos casos, la afectación indebida de la libertad personal de los investigados policialmente.

Si acudimos a la doctrina, en ella encontramos que el concepto flagrancia puede comprender 3 supuestos: la flagrancia stricto sensu, la cuasi flagrancia y la presunción de flagrancia
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Etimológicamente el término "flagrante", proviene del latín "flage", que significa en sentido técnico-jurídico que un delito lo sea cuando se comete públicamente y ante testigos, siendo así un delito flagrante el que encierra en sí la prueba de su realización, por lo que la flagrancia es la percepción sensorial directa del hecho delictivo. Como afirma la jurisprudencia española, "la flagrancia se ve, se observa, no se demuestra, y aparece vinculada a la prueba directa y no a la indirecta, circunstancial o indiciaria" STS 31.1.1995 (2384/1994). 

Sin embargo, en nuestra legislación procesal penal, al no existir una definición legal de la flagrancia, se posibilita su práctica en muchos casos abusiva de parte de la Policía, y que tiene que ver directamente con la acción de Hábeas Corpus, pues si se ampara dicha acción contra una detención policial, ello significa que no hubo flagrancia y que la detención policial fue ilegal.

Líneas arriba habíamos mencionado que la doctrina desarrolla 3 supuestos de flagrancia, pero cual debe ser amparada según la Constitución?

Consideramos, que en tanto la Ley no defina la flagrancia (para respetar el parágrafo b del inciso 24 del art.2 de la Constitución), la interpretación válida nos debe conducir a ser entendida como un estado de flagrancia strictu sensu, es decir, "el momento mismo de la comisión del delito", por que además, por ser la flagrancia un concepto que restringe el derecho fundamental de la libertad personal, su interpretación debe ser restringida y no extensiva.

El otro aspecto problemático, y que tiene que ver con la eficacia de la labor investigatoria, es el plazo de la detención policial. Para ello tenemos que acudir a los criterios de razonabilidad y necesidad a la inversa. Es decir, preguntarnos si el plazo actual de la detención para los delitos comunes razonablemente permite una investigación mínimamente eficaz o no. Si es o no necesario ampliar el plazo de la detención policial para los delitos comunes, a fin de garantizar mínimamente su eficacia. Creemos que ello merecerá, a la luz del desborde de la delincuencia organizada, una seria discusión para dar paso a una reforma constitucional en ese sentido.


2.2. La instrucción judicial

Si el JP considera que la denuncia fiscal cumple con los requisitos que la Ley procesal exige, dictará el auto de apertura de instrucción. Este auto es la resolución judicial por la cual se da inicio al proceso penal formal, se funda la relación jurídica procesal penal, se legitima y concreta la imputación penal. El Juez al abrir instrucción debe observar el cumplimiento de los requisitos legales que le dan legalidad al proceso, como son que el hecho constituya delito (juicio de tipicidad), el autor esté individualizado, la acción no haya prescrito, y en algunos casos que la ley lo exija, se de cumplimiento al requisito de procedibilidad. En el auto de abrir instrucción, además de la decisión de apertura, existe otra decisión muy importante para el imputado, la decisión sobre la medida coercitiva que le corresponde aplicar. Estas dos decisiones deben ser motivadas por el JP. Comprende también, otros aspectos de tipo administrativo y de organización del plan de investigación como la programación de diligencias, el tipo de procedimiento, etc.. 

Según el Modelo vigente (mixto-inquisitivo), el JP es el director de la etapa procesal de instrucción, y tiene por consiguiente, la responsabilidad de alcanzar los fines de esta etapa: probar el delito y la responsabilidad del imputado. Para ello el JP cuenta con la dirección de la actividad probatoria y la facultad de decretar medidas coercitivas en contra del imputado o terceros. 

Este modelo procesal es violatorio de la Constitución en el extremo del art. 159 en el que señala que "Corresponde al Ministerio Público conducir desde su inicio la investigación del delito...y, a ejercitar la acción penal de oficio...", lamentablemente, el juez de instrucción actualmente ejerce una facultad, que le corresponde al Ministerio Público, la función de investigación y de prueba del delito.

A) La actuación probatoria

El Juez es el director de la prueba. La Prueba es el conjunto de medios (dato, elemento de juicio) que sirva al Juez para llegar a conocer con certeza un hecho. En el caso de la prueba penal, es el conjunto de elementos de juicio que permiten generar convicción en el Juez sobre la existencia de delito y responsabilidad penal. Dichos medios pueden ser producidos por el Juez, o los demás sujetos procesales. 

La actuación probatoria está regida por principios constitucionales como son: el principio de inocencia, el in dubio pro reo, el principio de respeto a la dignidad de la persona, derecho de defensa; y por principios procesales que rigen directamente la actividad probatoria, por ejemplo: el principio de legalidad, principio de libertad probatoria. 

a) Principio de inocencia: Impone la obligación de no tratar como culpable al imputado durante el proceso. El imputado no tiene la obligación de probar su inocencia, sino es el MP quien debe probar su culpabilidad. Este principio se destruye con la demostración plena de la culpabilidad. 

b) Principio de in dubio pro reo: Es el principio que obliga al proceso penal a absolver al acusado, en caso que no se llegue a demostrar plenamente su culpabilidad. Dicha falta de certeza debe reflejarse en una duda razonable. 

c) Respeto de la dignidad de la persona humana: Este principio orienta al proceso a practicar la actuación probatoria y alcanzar sus fines, respetando los derechos fundamentales de la persona. Este principio prohíbe el empleo de violencia contra el imputado. 

d) Derecho de Defensa: Permite a la defensa del imputado el control y contradicción de las actuaciones probatorias. 

e) Principio de legalidad: Orienta a los funcionarios que tienen a su cargo la función probatoria, ha obtener la prueba con observancia a las formalidades previstas en la Ley y sin emplear ningún tipo de violencia física o moral contra las personas sometidas a investigación penal. 

f) Principio de libertad probatoria: Es el que afirma que el delito puede ser demostrado (verdad de los hechos) valiéndose de todo medio de prueba que existe actualmente o que en el futuro sea descubierto en razón del avance de la ciencia o la técnica. Su limite lo constituye la dignidad de la persona humana. 

De otro lado, también resulta importante para el manejo de las categorías de la prueba, tener en cuenta, los fines de la prueba, la fuente de prueba, el objeto, medio de prueba. La prueba tiene por finalidad proporcionar al Juez los medios para la averiguación de la verdad histórica de los hechos, los criterios para su valoración, y la convicción necesaria (certeza) para la decisión judicial.

a) Fuente de prueba: Es todo hecho, acontecimiento, declaración, en fin, todo aquello que da origen a la necesidad de la prueba. Es donde se origina el objeto de prueba, aquel hecho específico que requiere ser probado pues ello es necesario para la averiguación de la verdad.

b) Objeto de prueba: Es aquel hecho que requiere ser probado, y en donde va a incidir de forma concreta la actividad cognoscitiva del Juez. El objeto de prueba específico lo constituye no el hecho en sí, sino la afirmación que sobre él realizan las partes del proceso.

c) Medio de prueba: Es el procedimiento previsto en la Ley, por la cual se debe incorporar una prueba al proceso. La mayor parte de problemas que afronta la prueba se da aquí, pues por lo general los funcionarios se ven tentados a capturar la prueba al margen de dichos procedimientos, afectando con ello la legalidad de la prueba.

Otro tema importante lo constituye la llamada actuación probatoria de urgencia. Ella se presenta cuando surge la necesidad de asegurar la prueba antes del inicio formal del proceso, pues de no hacerlo, la prueba o fuente de prueba se pierde, dado su carácter de irrepetible. Hay 2 supuestos: la prueba preconstituida y la prueba anticipada. 

a) Prueba preconstituida: Es practicada por funcionarios administrativos (PNP o MP) . Por ejemplo, el acta de incautación de los efectos del delito.

b) Prueba anticipada: Es la practicada por el Juez. Nuestra legislación no regula para el proceso penal la prueba anticipada, más si se regula para el proceso civil.

Otro problema importante que presente la prueba penal es su legalidad, pues es muy frecuente que los funcionarios que tienen la obligación de probar el delito, se valgan de medios ilegales para ello. De ahí que en la doctrina exista grandes esfuerzos por delimitar, lo que se conoce como la prueba prohibida. Recibe este nombre la prueba que ha sido incorporada al proceso penal con violación a las formalidades que prevé la Ley o con el empleo de violencia. La sanción de prueba prohibida imposibilita al Juez dar valor a la prueba que así ha sido sancionada. Las reglas que se aplican son:

a) Regla de exclusión: Si una prueba ha sido declarada ilegal, el juez debe excluir dicha prueba de las que va a valorar. Es decir, que esa prueba no puede ser valorada por el Juez, y por tanto no puede aparecer fundamentando la decisión judicial.

b) Regla de los frutos del árbol envenenado: Si se demuestra que una prueba ha sido obtenida en virtud de otra anterior que la dio origen, será ilegal, si la prueba originaria lo es. La prueba original es comparada al árbol, y la segunda, al fruto. La sanción es lógica pues de no ser por la primera no se hubiera podido obtener la segunda. Si se da valor a la segunda, se estaría de alguna forma legitimando la violación de derechos fundamentales.

c) Fuente independiente: Esta regla es aplicable para convalidar una prueba ilegal siempre y cuando dicha prueba se haya podido obtener a través de una fuente de prueba independiente (diferente).

d) Ponderación de intereses (balancing approach): tiende a convalidar una prueba ilegal, si con ello se ha logrado tutelar un bien jurídico mayor, al vulnerado con la obtención de dicha prueba. 


B) La actuación probatoria y el derecho de defensa del imputado

Se encuentra plenamente reconocido como una forma del derecho de acceso al proceso, el derecho al conocimiento de la imputación, de ahí que la actuación probatoria que deba realizar el juez, deba ser garantizando los principios de contradicción y de igualdad. Ello impone la necesidad, en primer término, de que se garantice el acceso al proceso de toda persona a quien se le atribuya, más o menos, fundadamente un acto punible y que dicho acceso lo sea en condición de imputada, para garantizar la plena efectividad del derecho a la defensa y evitar que puedan producirse contra ella, aun en la fase de instrucción judicial, situaciones de indefensión. Para ello, tan pronto como el juez instructor, tras efectuar una provisional ponderación de la verosimilitud de la imputación de un hecho punible contra persona determinada, cualquiera que sea la procedencia de ésta, deberá considerarla imputada con mención expresa del hecho punible que se le atribuye para permitir su autodefensa, ya que el conocimiento de la imputación forma parte del contenido esencial del derecho fundamental a la defensa en la fase de instrucción. En segundo término, exige también la necesidad de que todo proceso penal esté presidido por la posibilidad de una efectiva y equilibrada contradicción entre las partes a fin de que puedan defender sus derechos, así como la obligación de que los órganos judiciales promuevan el debate procesal en condiciones que respeten la contradicción e igualdad entre acusación y defensa. 

Lamentablemente en la etapa de instrucción de nuestro proceso vigente, no se puede garantizar el principio de igualdad y contradicción, pues es el juez penal quien tiene la dirección de la prueba, y quiérase o no, es quien tiene la obligación de probar el delito, por lo que el principio de contradicción se afecta y con él, el derecho de defensa. 

En el proceso penal, además, la necesidad de la contradicción y equilibrio entre las partes está reforzada por la vigencia del principio acusatorio -que también forma parte de las garantías sustanciales del proceso- que, entre otras exigencias, impone la necesidad de que la función de la acusación sea realizada por un sujeto distinto al órgano decisor (nemo iudex sine acusatore) y de que el objeto procesal sea resuelto por un órgano judicial independiente e imparcial, para lo cual es imprescindible disponer de la posibilidad de conocer los argumentos de la otra parte y manifestar ante el juez los propios, así como poder acreditar los elementos fácticos y jurídicos que fundamentan las respectivas pretensiones. 

Como ya se dijo, no es posible garantizar el principio de "igualdad de armas", lógico corolario de la contradicción, de donde se deriva la necesidad de que las partes cuenten con los mismos medios de ataque y de defensa, idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba de impugnación, sin que sean admisibles limitaciones a dicho principio, pues siendo el Juez el director de la prueba y por ende el responsable de probar el delito, se viola el principio de igualdad, haciendo imposible la vigencia de la contradicción, pues la defensa no se hará contra la "otra parte" sino contra el Juez, quien puede adoptar durante el proceso medidas coercitivas en contra del imputado, lo que a su vez genera, un marco de riesgo de indefensión del imputado.

De otro lado, la lógica consecuencia de que la acusación no pueda, exclusivamente desde un punto de vista subjetivo, dirigirse contra persona que no haya adquirido previamente la condición judicial de imputada, puesto que, de otro modo, se podrían producir, en la práctica, acusaciones sorpresivas de ciudadanos con la consiguiente apertura contra ellas del juicio oral, aun cuando no hubieren gozado de la más mínima posibilidad de ejercitar su derecho de defensa a lo largo de la fase instructora. En este sentido, no hay que olvidar que una de las funciones esenciales de la instrucción es la de determinar la legitimación pasiva en el proceso penal (en cuya virtud constituye objeto de las diligencias previas determinar "las personas que en él hayan participado"), función que en el proceso común se realiza a través del auto de procesamiento, pues, de lo contrario, las partes acusadoras, públicas o privadas, serían enteramente dueñas de dirigir la acusación contra cualquier ciudadano, confundiéndose el principio acusatorio con el dispositivo, con sustancial merma de las garantías de la defensa, permitiéndose, en definitiva, que personas inocentes pudieran verse innecesariamente sometidas a la "penalidad" de la publicidad del juicio oral."

C) La actuación probatoria y la presunción de inocencia

Sin duda que la actuación probatoria durante la instrucción tiene por principal objetivo, el acopiar la prueba que pueda sustentar una acusación fiscal y dar pie a la realización del juicio. Desde esa perspectiva, la actuación probatoria busca crear la certeza del delito y la responsabilidad penal, y con ello destruir el principio de inocencia. La doctrina del Tribunal Constitucional español sugiere que la actividad probatoria hábil para destruir la presunción de inocencia, debe tener las siguientes características:

a) En primer lugar, ha declarado el Tribunal Constitucional en múltiples ocasiones que, únicamente pueden considerarse auténticas pruebas que vinculan a los Tribunales en el momento de dictar sentencia las practicadas en el acto del juicio oral, que constituye la fase estelar y fundamental del proceso penal donde culminan las garantías de oralidad, publicidad, concentración, inmediación, igualdad y dualidad de partes, de forma que la convicción del Juez o Tribunal que ha de dictar sentencia se logre en contacto directo con los medios probatorios aportados a tal fin por las partes.

b) Ello conlleva que las diligencias practicadas en la Instrucción no constituyan, en sí mismas, pruebas de cargo, sino únicamente actos de investigación cuya finalidad específica no es propiamente la fijación definitiva de los hechos, sino la de preparar el juicio, proporcionando a tal efecto los elementos necesarios para la acusación y para la defensa. 

c) Sin embargo, esta doctrina no debe entenderse en un sentido tan radical que conduzca a negar toda eficacia probatoria a las diligencias instructoras, constituyendo también doctrina consolidada, que puede otorgarse valor probatorio a dichas diligencias sumariales siempre que se hayan practicado con todas las formalidades que la Constitución y el ordenamiento procesal establecen y que sean efectivamente reproducidas en el juicio oral en condiciones que permitan a la defensa del acusado someterlas a contradicción. 

Lo que significa que se admite la eficacia probatoria de las diligencias sumariales en los casos de la prueba preconstituida y anticipada, que incluye por ejemplo, la posibilidad y licitud de reemplazar la prueba testifical que no puede practicarse en el juicio por la lectura de las declaraciones sumariales, en los casos en que el testigo haya fallecido o se encuentre en el extranjero, fuera de la jurisdicción del Juez, no siendo factible lograr su comparecencia, o bien cuando no se sabe su paradero, habiendo resultado infructuosas las diligencias practicadas para su citación en forma legal y fallidas las gestiones policiales realizadas para su localización. 

Respecto a las declaraciones de los coimputados, la valoración como prueba de cargo de la declaración de un coacusado efectuado en la vista oral no vulnera la presunción de inocencia, ya que solo tendrán valor probatorio, si de dichos testimonios no se desprendan indicios de que las declaraciones inculpatorias hayan sido prestadas por animadversión, obediencia a terceras personas, ánimo de exculpación propio o de terceros u otros motivos espurios, pudiendo valorarse, en caso de contradicción, también las declaraciones sumariales.

De otro lado, como reitera la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de 23 febrero 1995 (STC 51/1995), "a los efectos de la presunción de inocencia las declaraciones obrantes en los atestados policiales carecen de valor probatorio de cargo". El Tribunal Constitucional recuerda su doctrina (SSTC 31/1981 y 9/1984, entre otras) acerca del valor de simple denuncia de los atestados policiales (matizada en cuanto a los datos objetivos y verificables), de modo que si no hubiese otra prueba de cargo la condena fundada exclusivamente en declaraciones obrantes en el atestado vulnera la presunción de inocencia (SSTC 3 noviembre 1989, o 18 mayo 1990). En definitiva, reitera la Sentencia del Tribunal Constitucional (Sala Primera) de 23 febrero 1995, "las declaraciones vertidas en el atestado policial carecen de valor probatorio si no son posteriormente ratificadas a presencia judicial por los particulares declarantes, o bien, en ausencia de lo anterior, confirmadas por los funcionarios policiales mediante su testimonio en el acto del Juicio oral".

Concretamente, por lo que se refiere a las declaraciones de un co-imputado prestadas únicamente en el atestado, y no ratificadas posteriormente, la citada sentencia del Tribunal Constitucional declara lo siguiente: "Es evidente, en primer lugar, que las declaraciones prestadas por un co-imputado en las dependencias policiales no pueden ser consideradas como exponentes ni de prueba anticipada ni de prueba constituida, y no sólo porque su reproducción en el Juicio oral no se revela imposible o difícil ..., sino fundamentalmente porque no se efectúan en presencia de la autoridad judicial, único órgano que, por estar institucionalmente dotado de independencia e imparcialidad, asegura la fidelidad del testimonio y su eventual eficacia probatoria. En segundo lugar, dichas declaraciones prestadas ante la policía tampoco pueden ser objeto de lectura en la vista oral a través de los cauces establecidos por los artículos 714 y 730 de la LECrim. por cuanto dichos preceptos se refieren exclusivamente a la reproducción de diligencias practicadas en la fase instructora propiamente dicha, es decir, en el período procesal que transcurre desde el auto de incoación del Sumario o de las diligencias previas y hasta el auto por el que se declara conclusa la instrucción, y no en la fase preprocesal que tiene por objeto la formación del atestado en la que, obviamente, no interviene la autoridad judicial sino la policial". 

En consecuencia concluye que una condena fundada exclusivamente como única prueba de cargo en la declaración inculpatoria de un co-acusado ante la policía, no ratificada en presencia judicial, sino desmentida, vulnera el derecho fundamental a la presunción de inocencia.

D) La actividad coercitiva

Si bien las medidas cautelares son consideradas medidas que tienden a asegurar los fines del proceso, en materia penal, dichas medidas toman el nombre de coerción procesal, en razón que por dichas medidas se emplea la fuerza pública (violencia) para lograr garantizar los fines del proceso penal. Las medidas de coerción procesal penal son el ejercicio de violencia estatal formalizada, dirigida a la restricción de las libertades y derechos de la persona humana del imputado. Su aplicación está regida por principios de jerarquía constitucional, y básicamente por el principio de excepcionalidad de la detención. 

Las medidas de coerción no sólo tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de una futura pena y la efectiva concurrencia del sujeto al juicio, sino que, además tienden a facilitar la actuación probatoria.

De manera general, la actividad coercitiva para que se pueda aplicar, debe tener los siguientes requisitos: 

a) El fumus bonis iuris consiste en un juicio de probabilidad respecto de la responsabilidad del sujeto al que se le pretende aplicar la medida (en el aspecto referido a la pretensión punitiva), sobre su responsabilidad civil (en el caso de la pretensión resarcitoria) o sobre el hecho de que se pueda asegurar un medio probatorio de importancia para el proceso (en el caso de terceros no vinculados a la pretensión punitiva ni civil). 

b) El periculum in mora: Es el peligro real que se cierne sobre la pretensión, y que de esperar la conclusión del proceso, corre el riesgo de hacerse imposible o inejecutable, por lo que debe el proceso garantizar dicho fin. Es considerada la justificación última de la imposición de la medida coercitiva. 

Dada su alta sensibilidad para con los derechos fundamentales, las medidas coercitivas deben ser aplicadas conforme los siguientes criterios:

a) Instrumentalidad: Las medidas de coerción no constituyen un fin en sí mismas, no se aplican por tengan un valor propio, sino que se encuentran vinculadas necesariamente a los fines que debe alcanzar el proceso. Constituyen instrumentos para asegurar el éxito de los fines del proceso. 

b) Provisionalidad: Las medidas de coerción son siempre provisionales. Como máximo han de durar el tiempo en que permanezca pendiente el proceso principal. Durante el proceso pueden modificarse conforme a la intensidad del peligro procesal. 

c) Homogeneidad: Las medidas coercitivas poseen un contenido homogéneo, aunque no idéntico, según sea la naturaleza de la sanción o acto procesal cuyo cumplimiento se quiere asegurar. 

d) Subsidiariedad: La aplicación de las medidas coercitivas deben seguir un orden de prelación, desde el que comporte la menor coerción hasta el que se configure como la mayor coerción. 

Las medidas de coerción se clasifican en: medidas coercitivas personales (detención), reales (embargo) y accesorias (allanamiento, secuestro, etc.). 

a) La Detención : Es la medida coercitiva excepcional, por la cual se dispone el encarcelamiento del procesado, en razón de que además que se cumplen los requisitos formales para su procedencia (art. 135), resulta necesaria para afrontar un grave peligro procesal que no ha sido posible neutralizar con otra medida de coerción menos grave. En la actualidad existen 2 clases de detención judicial: la primera es la que se dicta dentro del proceso penal, con el auto de apertura; la segunda, la que se dicta durante la investigación preliminar a solicitud del MP en los delitos de corrupción de funcionarios.

a. Detención preliminar: Conforme lo previsto en el art. 2 de la Ley 27379, en casos de estricta necesidad y urgencia, el MP solicitará al JP la detención preliminar del investigado por algún delito previsto en el art. 1 de la Ley 27379, siempre que existan pruebas suficientes del delito y que la persona presente peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio. 

b. Detención judicial: Es la que se dicta conforme al art. 135 del CPP de 1991, y requiere de 3 elementos concurrentes: suficiencia probatoria del delito y la responsabilidad del imputado; que la pena a imponer supere los dos años de pena privativa de libertad; y, que exista peligro procesal. 

b) La comparecencia: Es la medida coercitiva que garantiza al imputado afrontar su proceso penal en libertad (fuera del encierro), y puede ser comparecencia simple o comparecencia con restricciones. 

a. Comparecencia simple: impone la obligación al imputado de comparecer al Juzgado cada vez que sea citado.

b. Comparecencia con restricciones: Además del deber de comparecencia, se impone al imputado otras obligaciones, las que se detallan en el art. 143 del CPP.

c. El embargo: Es la más representativa de las medidas de coerción real. Tiene por finalidad, garantizar la efectiva ejecución de la reparación civil. También se puede aplicar para garantizar la pena de multa. También se puede aplicar para garantizar la ejecución de las consecuencias accesorias. También tienen aplicación para la actuación probatoria. Se pueden aplicar al imputado, a terceros e incluso a personas jurídicas. Se trata de una medida coercitiva que se encuentra destinada a asegurar el pago de la reparación civil que se fije en la sentencia. Puede ser dispuesta de oficio o a pedido de parte. 

d. El secuestro y la incautación: Esta medida coercitiva presenta una doble operatividad, puede ordenarse para asegurar el pago de la pena de multa o para asegurar el decomiso o pérdida de los efectos provenientes del delito (previstos en el art. 102 del C.P.) o puede emplearse para el aseguramiento de elementos de prueba, como cuando se ordena con respecto de las comunicaciones 

Medidas contracautelares: Conocidas también como las medidas que dejan sin efecto el mandato de detención. Sinónimo de libertad provisional. En realidad este término es extraño al proceso penal, pues éste no puede dejar de aplicar coerción en ningún caso, y más bien, son medidas sustitutivas de coerción. Por ejemplo, frente a la detención judicial, podría considerarse "medida contracautelar", toda medida que deja sin efecto dicha detención, logrando el imputado recuperar su libertad. La detención judicial puede quedar sin efecto, por las siguientes medidas:

a) Revocación del mandato: Se obtiene esta medida por haberse declarado fundado el recurso de apelación. Lo ordena la Sala Penal Superior.

b) Variación de la medida: Esta medida se da cuando el Juez considera que los supuestos que motivaron la detención han cambiado a favor del imputado, por lo que se hace necesario variar el mandato de detención por el de comparecencia. También procede variar a la inversa, de la comparecencia a la detención. Procede de oficio.

c) Libertad provisional: Es la medida que se solicita ante el MP, y por el cual se solicita la libertad del imputado en razón que los elementos de prueba han hecho desvanecer el peligro procesal, que la pena ya no será mayor de 4 años, o ya no han prueba suficiente. Si el Juez la encuentra procedente, dispondrá la libertad del imputado, previo pago de una caución. Esta medida ha caído en desuso, dado que mayormente se recurre a la variación de la medida.

d) Libertad por exceso de detención: Es la libertad que se concede al imputado cuando han transcurrido más de 9 meses (proceso sumario) o más de 15 meses (proceso ordinario) de la detención judicial sin que se dicte sentencia de primera instancia. (art. 137 el CPP).

e) Libertad incondicional y por informes finales: Es cuando se ha acreditado la inocencia del imputado detenido. Auto de sobreseimiento.

c) Definición jurisprudencial de la detención 

Según el Tribunal Constitucional español, "Debe considerarse como detención cualquier situación en que la persona se vea impedida u obstaculizada para autodeterminar, por obra de su voluntad, una conducta lícita, de suerte que la detención no es una decisión que se adopte en el curso de un procedimiento, sino una pura situación fáctica, sin que puedan encontrarse zonas intermedias entre detención y libertad y que siendo admisible teóricamente la detención pueda producirse en el curso de una situación voluntariamente iniciada por la persona." (STC 98/1986).

Para el Tribunal Constitucional español, la adopción de la medida de detención judicial, deberá realizarse de acuerdo a la siguiente doctrina: 

a) La finalidad esencial de la prisión provisional no puede ser otra que la de garantizar la presencia del inculpado en el acto del juicio oral, puesto que la prueba ha de surgir bajo la vigencia de los principios inherentes al proceso penal de inmediación, contradicción, oralidad, defensa, de tal manera que, si el acusado no está presente, el juicio no se puede celebrar, salvo supuestos muy excepcionales, que no son del caso, con grave daño de la justicia.

b) La resolución que decreta una prisión provisional ha de estar suficientemente motivada, tomando en consideración la trascendencia de la decisión en virtud de la cual se priva de libertad a una persona. Esta motivación, de acuerdo con la doctrina de este Tribunal (SSTC 56/1987, 128/1995 y 37/1996), ha de incidir especialmente en el examen ponderado de los valores igualmente importantes, en principio, de la libertad, como valor supremo de la persona y las exigencias legítimas de la justicia.

c) En orden a las diferentes situaciones que se dan según el momento en que la prisión provisional se acuerda, en función del peligro de fuga, hay que señalar que aun siendo cierto que a medida que pasa el tiempo aquel peligro puede disminuir, no siempre sucederá de esta manera, de tal forma que si el delito imputado es muy grave, puede justificarse la permanencia de la prisión provisional acordada.

d) Detención ilegal por exceso de plazo

No sólo es ilegal la detención ordenada sin la observancia de los requisitos legales, sino también "... las detenciones que, ajustándose originariamente a la legalidad, se mantienen o prolongan ilegalmente o tienen lugar en condiciones ilegales". Deviene en ilegal una detención, cuando ésta excede el plazo superior al señalado en las Leyes, sin poner al detenido transcurrido el mismo, en libertad o a disposición del Juez. 

La "ilegalidad" de la detención ha de entenderse referida fundamentalmente a la inexistencia de supuestos que la justifican, a la prolongación de su status más allá de ese máximo tiempo permitido, sin la puesta a disposición de la autoridad judicial correspondiente, con la advertencia, respecto a lo primero, que ha de ser entendido con criterios de racionalidad y ponderación, sin tratar de llevar a este estadio preliminar y antijudicial, el rigor y técnica enjuiciadora de los hechos que el Juez o Tribunal pondrá a contribución al término del procedimiento, con vista al bagaje probatorio de que se disponga. 

En nuestra legislación vigente, la detención se encuentra regulada en el art. 135 del CPP conforme ya se indicó anteriormente, mientras que su duración o plazo de duración se encuentra prevista en el art. 137 del mismo texto legal. En este artículo se prevé que la detención judicial no durará más de 9 meses en el proceso sumario ó 15 meses en el proceso ordinario. En el caso de procesos de TID, terrorismo, espionaje y otros de naturaleza compleja, el plazo límite se duplicará. Cuando dichos plazos se hayan vencido sin que exista sentencia de primer grado, el imputado tendrá derecho a su excarcelación, salvo que por razón fundada, se prorrogue dicho plazo hasta por un plazo igual, según se trata de cada supuesto. 

Pero si bien el problema del plazo de duración de la detención antes de la sentencia de primer grado puede generar problemas interpretativos, lo grave y violatorio de la Constitución lo constituye, la falta de un plazo de detención para quien ya tiene sentencia de primer grado, pero que ha sido impugnado, por lo que el proceso que se le sigue aun no ha concluido definitivamente. Pues de acuerdo al art. 330 del Código de Procedimientos Penales, la sentencia condenatoria efectiva se ejecuta, sin perjuicio de que se interponga contra ella, recurso de nulidad. Esta privación de libertad es ejecución de la condena o es una detención judicial?

Nosotros afirmamos que se trataría de detención judicial, pues ese es el único título por el cual se puede restringir la libertad al imputado durante el proceso penal.

Según el principio de presunción de inocencia, no se puede tratar al imputado como culpable, lo que implica que no se le puede aplicar ninguna medida que tenga el carácter de pena anticipada, pues de ser ello así, se violaría la Constitución que recoge este principio procesal. En consecuencia, el mandato contenido en el art. 330 del Código de Procedimientos Penales se trataría de una detención judicial, por consiguiente, debe estar igualmente limitada en el tiempo, a fin de evitar detenciones prolongadas, injustas e indebidas.

Recordemos que según ha quedado evidenciado, un recurso de nulidad puede ser resuelto hasta en dos años y medio
165 , lo que puede significar que una detención judicial, después de sentencia de primer grado, también deba ser regulada y limitada en su plazo máximo de duración. 

f) Juez imparcial y las medidas coercitivas

Respecto de la alegada vulneración del derecho a un Juez imparcial, considera la representación del recurrente, en esencia, que la decisión relativa a la prisión provisional, al afectar directamente al derecho a la libertad personal, debe ser adoptada por un Juez plenamente imparcial, sin que el de Instrucción pueda serlo por la propia contaminación que supone la dirección de la investigación en la que se enmarca la medida cautelar. 

Ciertamente, entre las garantías constitucionales se encuentra, el derecho a un Juez imparcial, que constituye sin duda una garantía fundamental de la Administración de Justicia en un Estado de Derecho
166 . Forma parte del contenido del derecho fundamental, en la vertiente objetiva a la que se acoge la demanda, la proscripción de la acumulación en un mismo órgano judicial de funciones propiamente instructoras y decisorias. Esta concreción de la imparcialidad objetiva "se asienta sobre dos ideas esenciales: De un lado, que el hecho de haber estado en contacto con el material de hecho necesario para que se celebre el juicio puede hacer nacer en el ánimo del Juez o Tribunal sentenciador prejuicio y prevenciones respecto de la culpabilidad del imputado, quebrándose así la imparcialidad objetiva que intenta asegurar la separación entre la función instructora y la juzgadora; de otro, será en cada caso concreto donde habrá que determinar si se da o no la apariencia de imparcialidad, pues es la investigación directa de los hechos, con una función inquisitiva dirigida frente a determinada persona, la que puede provocar en el ánimo del instructor prejuicios e impresiones respecto del acusado que influyan a la hora de sentenciar.

Lamentablemente en nuestra legislación, el Juez Penal encargado de probar el delito y la responsabilidad del imputado, es el mismo que tiene que decidir la adopción de medidas coercitivas contra el imputado y los terceros durante la fase instructoria, por lo que su posición procesal viola flagrantemente la garantía de la imparcialidad, y por ende, el debido proceso, al momento de decidir la medida coercitiva. Es altamente probable, que el Juez en su ánimo inquisidor, pueda haber amparado su juicio al decretar la detención, en aspectos distorsionados por la carga de prueba que se le impone, y no en criterios objetivos e imparciales. Recordemos, que la detención es excepcional y absolutamente necesaria, pero por la falta de imparcialidad objetiva, estos criterios son desechados, así como también se influye negativamente, en los juicios de prueba suficiente, pena probable y peligro procesal. 

Toda decisión trascendente del proceso penal, y que sea capaz de afectar los derechos fundamentales, debe ser dictada por un Juez imparcial. Sin duda que la detención judicial lo es, por tanto al igual que la sentencia debe ser dictada por un órgano diferente del que instruye, el mandato de detención también debe ser dictada, por un juez diferente del que instruye, como pasa en Italia, donde existe un Juez de instrucción y un Juez de medidas coercitivas. 

Sin duda que este problema de legitimidad de las medidas coercitivas por violación del principio de imparcialidad se supera en el nuevo Código Procesal Penal, donde el Juez ya no tendrá a su cargo la carga de la prueba, sino el Fiscal, por lo que al momento de decidir la detención, lo hará completamente desprovisto de los efectos negativos y prejuiciosos que actualmente tiene. 

g) La motivación de las medidas coercitivas

Otra de las garantías importantes en cuanto se refiere a las medidas coercitivas es la fundamentación del mandato que las ordena. Al respecto, debe señalarse que al ser la detención una medida limitativa del derecho fundamental a la libertad personal debe controlarse su razonabilidad, y de esa manera, excluirse todo signo de arbitrariedad.

Según la doctrina jurisprudencial, la motivación de las resoluciones judiciales limitativas de derechos fundamentales es una exigencia formal del principio de proporcionalidad y persigue, como fin, hacer posible el debate y comprobación de la legalidad y racionalidad de la restricción acordada. Para ello, el órgano judicial, en la resolución que adopte, debe efectuar necesariamente el juicio de ponderación entre el derecho o derechos fundamentales afectados y los intereses que tal afectación trata de proteger. Si los órganos judiciales no motivan dichas resoluciones judiciales, infringen ya, por esta sola causa, los derechos fundamentales.

Por ello, la motivación del acto limitativo, en el doble sentido de expresión del fundamento de Derecho en que se basa la decisión y del razonamiento seguido para llegar a la misma, es un requisito indispensable del acto de limitación del derecho.

La detención judicial se sitúa entre el deber estatal de perseguir eficazmente el delito y el deber estatal de asegurar el ámbito de libertad del ciudadano y por tratarse de una institución cuyo contenido material coincide con el de las penas privativas de libertad, pero que recae sobre ciudadanos que gozan de la presunción de inocencia, su configuración y aplicación como medida cautelar ha de partir de la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva, ha de perseguir un fin constitucionalmente legítimo que responda a la necesidad de conjurar ciertos riesgos relevantes para el proceso que parten del imputado, y en su adopción y mantenimiento ha de ser concebida como una medida excepcional, subsidiaria, necesaria y proporcionada a la consecución de dichos fines. 

La falta de fundamentación del mandato de detención, se encuentra sancionada en el art. 138 del Código Procesal Penal de 1991 (normas vigentes), ahí se establece que si el mandato no se fundamenta, procede interponer recurso de queja, y si el superior ampara el recurso, puede sancionar al Juez además que quitarle la competencia del caso. 

Un tema de actualidad lo constituye la reciente sentencia del Tribunal Constitucional peruano recaída sobre la acción de hábeas corpus, interpuesta por el Alcalde (suspendido) de Miraflores. En dicho fallo, el TC peruano afirma que la detención judicial dispuesta en contra del referido funcionario es ilegal, por no reunir los requisitos exigidos por ley. Esta sentencia ha levantado serios cuestionamientos, pues hay quienes respaldan la sentencia del TC, pero otros, la mayoría al parecer, la cuestionan, pues el Tribunal no tiene competencia para revisar asuntos de la jurisdicción ordinaria.

Al respecto, la doctrina jurisprudencial española, sostiene que la competencia del TC para enjuiciar la legalidad de la detención, se circunscribe a constatar la suficiencia y adecuada motivación. Y esto en razón que, corresponde en exclusiva a la jurisdicción ordinaria la constatación y valoración de los antecedentes fácticos justificativos de la medida cautelar, ya se refieran a las sospechas de responsabilidad criminal, ya a los riesgos de fuga, a la obstrucción de la investigación, a la reincidencia o a otros requisitos constitucionalmente legítimos que pueda exigir la ley. Esto es así ya que, la propia lógica de dichas actividades exige una inmediación a la que sólo pueden acceder los Tribunales ordinarios.

Al Tribunal Constitucional, en su tarea de protección del derecho fundamental a la libertad, tan sólo le corresponde supervisar la existencia de motivación suficiente -en el doble sentido de resolución fundada y razonada, a la que ya nos hemos referido- y su razonabilidad, entendiendo por tal que al adoptar y mantener esta medida se haya ponderado la concurrencia de todos los extremos que justifican su adopción y que esta ponderación o, si se quiere, que esta subsunción, no sea arbitraria, en el sentido de que sea acorde con las pautas del normal razonamiento lógico y, muy especialmente, con los fines que justifican la institución de la prisión provisional. No corresponde, pues, al Tribunal Constitucional determinar en cada caso si concurren o no las circunstancias que permiten la adopción o el mantenimiento de la prisión provisional, sino únicamente el control externo de que esa adopción o mantenimiento se ha acordado de forma fundada, razonada, completa y acorde con los fines de la institución.

h) La detención judicial y la Alarma social

No se puede justificar la adopción de un mandato de detención en la alarma social producida por el delito que se le imputa al procesado, pues la genérica alarma social presuntamente ocasionada por un delito constituye el contenido de un fin exclusivo de la pena (STC 98/1997). En el mismo sentido, ORE GUARDIA señala que las medidas cautelares se diferencian claramente de las penas y de las medidas de seguridad por cuanto no tienen función preventiva, protectora y resocializadora, ni mucho menos persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación, sino que están orientadas a asegurar el cumplimiento de los fines del proceso
167 .

i) Naturaleza de la libertad provisional

La libertad provisional es una medida cautelar intermedia entre la prisión provisional y la completa libertad, que trata de evitar la ausencia del imputado, que queda así a disposición de la autoridad judicial y a las resultas del proceso, obligándose a comparecer periódicamente. 

En nuestra legislación, la institución de la "variación de la medida", ha producido una disminución en el número de las solicitudes de libertad provisional, pues en el primero, el pago previo de la caución ya no es óbice para excarcelar al imputado detenido, en tanto que para el segundo sí lo es. Otra razón es la brevedad con que se puede resolver la "variación", a diferencia del trámite de la libertad provisional, que puede alargar la situación de detención.

j) Libertad del imputado y derecho de defensa

Es deber de los órganos judiciales de emplazar a quienes hayan de comparecer en juicio como partes, si bien es exigible en todo tipo de procesos, resulta reforzado y ha de ser cumplimentado con especial rigor en el ámbito del proceso penal y en todo lo referente al imputado, pues aquí los futuros efectos materiales de la cosa juzgada pueden seriamente incidir en su derecho fundamental a la libertad. Ello es así por que debe garantizarse el derecho de defensa, en su versión del derecho que todos tienen a ser informados de la acusación formulada en su contr. De ahí la transcendencia que, con mayor relevancia en el proceso penal, requiere la corrección del llamamiento al proceso de su sujeto pasivo, ya que de él depende el conocimiento por el imputado de la existencia del proceso y, en su caso, del recurso, a la vez que hace posible su intervención en el mismo con el consiguiente ejercicio del derecho de defensa frente a la acusación que se le dirige. Por ello, el emplazamiento o la citación, en el proceso penal, es un derecho para el imputado y una correlativa obligación del órgano judicial que ha de llevar a cabo con todo cuidado y diligencia, la cual no puede reducirse a una mera formalidad prevista en la Ley para proceder a la realización de los subsiguientes actos procesales, sino que es preciso, además, que el órgano judicial asegure, en la medida de lo posible, su efectividad real, acudiendo a la citación personal en aquellos actos de los que dependa la comparecencia del imputado en el proceso y siempre que pueda frustrarse dicho conocimiento a través de otros medios más rápidos de comunicación, a fin de que aquél pueda comparecer en el momento fijado y adoptar la conducta procesal que estime oportuna en defensa de sus derechos e intereses.

Sin duda, que uno de los principales intereses que tendrá el imputado al enterarse que pesa sobre él un mandato de detención, será buscar la revocatoria de dicha medida, pues es derecho fundamental la preservación de la defensa, y ello se logra mejor estando en libertad.

Lamentablemente estos derechos se vulneran sistemáticamente en nuestro proceso penal, pues la mayoría de veces se hace uso de meros formalismos para emplazar al imputado, cuando en no pocos otros casos, simplemente no se realizan. Esto genera una violación al derecho de defensa, y específicamente al derecho de conocer la imputación que se le hace. Ha pasado en muchos casos, además de las otras violaciones constitucionales, que el procesado recién se entera de la imputación luego que ha sido detenido y antes que se le dicte sentencia, reduciendo así la posibilidad de su defensa. Por ello, que la regulación sobre notificación del imputado y los apremios que existen, así como el procedimiento previsto para los reos ausentes deben ser modificados.

k) No se puede acusar a quien no ha sido oído por el Juez

Siguiendo la línea anterior, el imputado que no ha sido eficazmente emplazado o notificado de la imputación, no puede ser materia de una acusación, pues, en primer lugar, el Juez de instrucción, en cualquier caso, está siempre obligado a determinar dentro de la fase instructora (haya dirigido ab initio o no las diligencias previas) quién sea el presunto autor del delito, a fin de citarlo personalmente de comparecencia, comunicarle el hecho punible cuya comisión se le atribuye, ilustrarle de la totalidad de los derechos que integran la defensa (de modo especial, de su derecho a la designación de Abogado) y tomarle declaración con el objeto de indagar, no sólo dicha participación, sino también permitir que el imputado sea oído por la autoridad judicial y pueda exculparse de los cargos contra él existentes con independencia de que haya prestado declaración ante otras autoridades que hayan intervenido en el sumario.

De la anterior afirmación se desprende, en segundo lugar, la lógica consecuencia de que la acusación no pueda, exclusivamente desde un punto de vista subjetivo, dirigirse contra persona que no haya adquirido previamente la condición judicial de imputada, puesto que, de otro modo, se podrían producir, en la práctica, acusaciones sorpresivas de ciudadanos con la consiguiente apertura contra ellas del juicio oral, aun cuando no hubieren gozado de la más mínima posibilidad de ejercitar su derecho de defensa a lo largo de la fase instructora. Según la doctrina jurisdiccional española, "... la vigencia del derecho constitucional de defensa en el ámbito del proceso penal abreviado conlleva una triple exigencia: 

a) en primer lugar, y a fin de evitar acusaciones sorpresivas de ciudadanos en el juicio oral sin que se les haya otorgado posibilidad de participación alguna en la fase instructora, la de que nadie puede ser acusado sin haber sido, con anterioridad, declarado judicialmente imputado, de tal suerte que la instrucción judicial ha de seguir asumiendo su clásica función de determinar la legitimación pasiva en el proceso penal, para lo cual ha de regir también en este proceso ordinario, una correlación exclusivamente subjetiva entre la imputación judicial y el acto de acusación;

b) en segundo y, como consecuencia de lo anterior, nadie puede ser acusado sin haber sido oído por el Juez de Instrucción con anterioridad a la conclusión de las diligencias previas, garantía que ha de reclamarse en este proceso penal como consecuencia de la supresión del Auto de procesamiento y que se plasma en la necesidad de que no pueda clausurarse una instrucción (a salvo, claro está, que el Juez adopte una resolución de archivo o de sobreseimiento) al menos sin haber puesto el Juez en conocimiento del imputado el hecho punible objeto de las diligencias previas, haberle ilustrado de sus derechos y, de modo especial, de la designación de Abogado defensor y, frente a la imputación contra él existente.; y 

c) no se debe someter al imputado al régimen de las declaraciones testificales cuando, de las diligencias practicadas, pueda fácilmente inferirse que contra él existe la sospecha de haber participado en la comisión de un hecho punible, bien por figurar así en cualquier medio de iniciación del proceso penal, por deducirse del estado de las actuaciones o por haber sido sometido a cualquier tipo de medida cautelar o acto de imputación formal ya que la imputación no ha de retrasarse más allá de lo estrictamente necesario, pues, estando ligado el nacimiento del derecho de defensa a la existencia de la imputación, se ha de ocasionar la frustración de aquel derecho fundamental si el Juez de Instrucción retrasa arbitrariamente la puesta en conocimiento de la imputación, razón por la cual dicha actuación procesal habría de estimarse contraria al art. 24 CE y, por ende, acreedora de la sanción procesal de la "prueba prohibida" .

Lo anterior no hace sino insistir en la necesidad de modificar la legislación contra reos ausentes, y también demandar al Poder Judicial, la implementación de un eficaz mecanismo de emplazamiento en materia penal. Sobre lo primero, la prohibición de condena en ausencia, debe extenderse al momento de la acusación, de tal manera que el ausente o no emplazado adecuadamente, no pueda ser acusado ni condenado a sus espaldas. De esta manera se estará garantizado mejor el derecho de defensa del imputado durante la etapa instructoria.


2.3 Conclusión de la instrucción

La instrucción concluye por vencimiento del plazo o por que ya ha logrado concretar los fines de la instrucción. El trámite difiere según se trate de un proceso ordinario o un proceso sumario. 

Si es el primero, da lugar al informe final del Juez Penal, previo dictamen final del Fiscal Provincial, luego de lo cual, con los alegatos de defensa que se presenten, sea elevado el proceso a la Sala Penal Superior y se continúe con el juicio oral si así corresponde. Lo más trascendente de este procedimiento, lo constituye la libertad por informes finales, cuando se ha acreditado la inocencia del imputado y existe coincidencia entre el Juez Penal y el Fiscal Provincial. 

En el caso del proceso penal sumario, concluida la instrucción, el expediente es remitido al Fiscal para que emita acusación.



3) LA FASE INTERMEDIA Y LA ETAPA DEL JUZGAMIENTO


3.1. Fase intermedia

Es característico del proceso ordinario mixto. Consiste en el conjunto de actos procesales y administrativos, que se realizan entre la instrucción y el juicio oral. Se inicia cuando el proceso ingresa a la mesa de partes de la Sala Penal Superior hasta antes de la instalación de la audiencia. Una vez que el proceso llega a la Sala, es remitido al Fiscal Superior en lo penal, quien puede opinar por:

a) Plazo ampliatorio: Cuando el Fiscal Superior considera que la investigación está incompleta, y no se puede pronunciar, pues faltan pruebas importantes. La Sala suele acceder a la solicitud del plazo, ordenando un plazo de prórroga de la instrucción.

b) No haber lugar a juicio oral: También el Fiscal Superior puede ser de la opinión que no está probado el delito, por lo que solicita el archivamiento definitivo del proceso. Si la Sala está de acuerdo con dicho dictamen, expedirá el auto de sobreseimiento definitivo. En caso de no estar de acuerdo, elevará el proceso al Fiscal Supremo en lo Penal. También existe la figura del archivamiento provisional, en el caso que esté probado el delito, más no la responsabilidad del imputado. 

c) Acusación Escrita: Es cuando el Fiscal Superior considera que está probado el delito y la culpabilidad del imputado, por lo que lo acusa ante la Sala Penal, y solicita se le imponga una pena y un monto determinado de reparación civil. 

d) Clases de Dictamen Acusatorio: Hay 2 clases de acusación fiscal: Acusación sustancial y Acusación formal. Ambas de plantearse, dan lugar a la realización inevitable del juicio oral, con la diferencia, que en el caso de la acusación formal, que simultáneamente a la realización del juicio, se conceden facultades instructorias excepcionales a la Policía Nacional, a fin de despejar la duda que pesa sobre la responsabilidad del acusado. Generalmente, una acusación formal concluye con sentencia absolutoria, por imposibilidad de la Sala de condenar en caso de duda. Se sostiene válidamente que la acusación formal es inconstitucional, por violar las garantías penales y el principio de la exclusividad de la función jurisdiccional. Tiene poca eficacia, por lo que existe el consenso de derogarla, de ahí proviene que hoy en día sea poco usada. El Nuevo CPP ya no contempla la acusación formal.

En la fase intermedia no sólo se tiende a dar oportunidad para que se complete el material instructorio que permita la adecuada preparación y depuración de la pretensión punitiva, sino que es el momento de determinar si concurren o no los presupuestos necesarios para la apertura del juicio oral. Y quienes estén procesados tienen un indudable interés en ambos aspectos, por lo que no puede prescindirse de su intervención, pues el derecho de defensa del imputado se ostenta en todas las fases del proceso, incluida expresamente la fase intermedia.

 

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160 ORE GUARDIA,...Ob.cit. pág. 254

161 Requisitos de la prueba de urgencia, según la jurisprudencia española:

a) Material: que verse sobre hechos que, por su fugacidad, no puedan ser reproducidos el día de la celebración del juicio oral (SSTC 137/1988, 154/1990, 41/1991, 303/1993, 323/1993, 79/1994, 36/1995 y 51/1995).

b) Subjetivo: que sean intervenidas por la única autoridad dotada de la suficiente independencia para generar actos de prueba, cual es el Juez de instrucción (STC 303/1992). Todo ello sin perjuicio de que, por especiales razones de urgencia, también esté habilitada la policía judicial para efectuar determinadas diligencias de constancia y a recoger y custodiar los elementos del cuerpo del delito (SSTC 107/1983, 201/1989, 138/1992 y 303/1993, entre otras).

c) Objetivo: cual es la necesidad de que se garantice la contradicción, por lo cual, siempre que sea factible, se le ha de permitir a la defensa la posibilidad de comparecer en la ejecución de dicha prueba sumarial, a fin de que pueda interrogar al testigo o preguntar al perito infungible (STC 303/1993).

d) Formal: como lo es la exigencia, de un lado, de que el régimen de ejecución de la prueba sumarial sea el mismo que el del juicio oral, esto es, el de la cross examination, (diferenciándose de este modo de los correlativos actos de investigación en los que las preguntas de las partes han de formularse a través del Juez de instrucción), así como, de otro, que su objeto sea introducido en dicho juicio público mediante la "lectura de documentos", la cual ha de posibilitar someter su contenido a confrontación con las demás declaraciones de los intervinientes en el juicio oral (SSTC 25/1988, 60/1988, 51/1990, 140/1991 y la última STC 200/1996, fundamento jurídico 2.º).

162 En definitiva la utilización como prueba de cargo de testimonios de confidentes anónimos, que no pueden ser interrogados por el acusado, ni siquiera cuestionados en su imparcialidad por desconocer su identidad, aparece proscrita en nuestro Ordenamiento en todo caso. En primer lugar, en el plano de los derechos fundamentales reconocidos supranacionalmente, por vulnerar el art. 6.3, d) del Convenio de Roma, ratificado por España el 26 de septiembre de 1979 (BOE 10 de octubre de 1979), que garantiza expresamente el derecho del acusado a interrogar a los testigos de cargo. En segundo lugar, en el plano Constitucional, por vulnerar el derecho a un proceso con todas las garantías y sin indefensión, reconocido en el art. 24.1.º y 2.º de la Constitución Española. En tercer lugar, en el plano de la legalidad ordinaria, por desconocer lo prevenido en el art. 710 de la LECrim., conforme al cual los testigos de referencia "precisarán el origen de la noticia, designando con su nombre y apellidos, o con las señas con que fuere conocida, a la persona que se la hubiere comunicado", como ya se ha expresado. Y, por último, en el ámbito jurisprudencial, al violentar las exigencias que tanto la doctrina del Tribunal Constitucional (SSTC 217/1989, 303/1993 o 35/1995), como la de esta Sala (STS 30 mayo 1995 o Sentencia 563/1996, de 20 septiembre, entre otras), imponen para la validez como prueba de cargo del testimonio de referencia."

163 Una investigación realizada a nivel nacional por un equipo de expertos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en convenio con el Poder Judicial y la AID, llamado "Diagnóstico integral de la Justicia penal en el Perú", realizada en 1989, determinó en un universo de casos estudiados, en un 85% de procesos penales se condenaba a las personas únicamente por lo actuado policialmente, lo que al decir del referido estudio, a nivel judicial no se aportaba nada nuevo, y que era la Policía la que verdaderamente decidía el sentido de la sentencia penal.

164 El Proyecto de Código Procesal Penal peruano de 1997, prevé en su art. 109 inc. 8, la definición legal de flagrancia, como "...la situación en que la comisión del delito es actual y en esa circunstancia su autor es descubierto, o cuando el agente es perseguido y detenido inmediatamente después de haber cometido el hecho delictuoso, o cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelan que acaban de ejecutarlo"

165 Op.cit, ..."Diagnóstico integral de la Justicia Penal en el Perú". 1989.

166 Aún cuando no está expresamente reconocida por nuestra Constitución, el principio de imparcialidad forma parte de la definición de juez legal y natural, y como tal se encuentra contenido en los Tratados sobre Derechos Humanos (en el Pacto y en la Convención), que al formar parte de nuestra legislación interna, y por ser parámetros a los que los Estados partes se obligan, tienen sin duda una naturaleza vinculante y de jerarquía constitucional.

167 ORE GUARDIA, Arsenio...Op.cit. p. 326.


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