MECANISMOS PROCESALES DE PROTECCIÓN

"El derecho de un solo hombre es tan sagrado
como el de millones de hombres."

Del Vecchio 

No cabe duda que el resguardo de un derecho y garantía constitucional del proceso exige la existencia de salvaguardas normativas, que llamamos mecanismos procesales de protección.

A nuestro entender y según lo exige la naturaleza del derecho a la no incriminación, estos mecanismos son: 

- La información sobre el derecho a guardar silencio.
- No Presunción de responsabilidad del silencio.
- La delimitación entre no-incriminación y confesión.
- Prohibiciones probatorias.
- La precisión del alcance de la no incriminación y los hechos

A continuación intentaremos un desarrollo de estos mecanismos, haciendo hincapié tanto en la normatividad nacional como en lo regulado en la legislación extranjera, que consideramos útil para el desarrollo de este derecho-garantía en nuestro medio.


4.1 Información sobre el derecho a guardar silencio 

Para nosotros constituye uno de los principales mecanismos de protección del derecho a la no incriminación. Más aun cuando una persona involucrada en un proceso penal considera que tiene el deber de declarar o en todo caso siente que la declaración es un modo de justificar o disculpar su accionar, y al no ser informado de su derecho al silencio, considera que es la única expresión de su derecho de defensa..

Informar o advertir sobre el derecho a guardar silencio es "un presupuesto esencial para el ejercicio del ius tacendi, en tanto que, cumpliendo una función informativa, va a permitir la elección del tipo de comportamiento. Su función no es influir sobre la conducta del sujeto, sino hacerle saber su situación jurídica y las posibilidades sobre la que puede orientar su defensa ante el interrogatorio".⁸³ 

El deber de informar se hace más imperativo en países como el nuestro donde existe una cultura inquisitiva y donde los mismos actores de la justicia penal tienen una idea errada del alcance de este derecho. El informar adecuadamente debe constituirse en un deber del personal policial, fiscal o judicial al cual se enfrenta un inculpado, ya que sólo es posible que las declaraciones del inculpado funden una acusación absolutoria o exculpatoria si es que se demuestra "que se aplicó medios procesales efectivos para asegurar al inculpado el goce de la garantía de no autoincriminarse".

Este mecanismo procesal de informar sobre el derecho a guardar silencio no se encuentra positivizado en muchas legislaciones, a pesar de constituirse en la primera salvaguarda al derecho a guardar silencio. Como se recordará luego de una historia plagada de castigos para quien callara, se ha recibido este derecho del procesado como correspondiente a un sujeto que dispone y decide lo que va aportar en el proceso. 

En EE.UU. las ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia en los casos Escobedo vs. Illinois y Miranda vs. Arizona establecieron el deber de informar al inculpado previamente a un interrogatorio "el derecho que tiene a guardar silencio, de que cualquier declaración que haga puede ser usada en su contra y de que tiene derecho a la presencia de un abogado". Así, por medio de los programas de televisión nos hemos familiarizado con estas advertencias a los detenidos y que a pesar de parecer una cantaleta son de gran importancia para que la persona pueda decidir si es que va o no introducir alguna información en el proceso.

En Europa, encontramos en la regulación procesal alemana (§136), que el inculpado deberá ser informado sobre su derecho a declarar o no. Esta información deberá ser repetida cada vez que se presente a distintos órganos persecutorios (policía, fiscal, juez instructor) e incluso existe el deber de informar nuevamente de este derecho cuando el objeto del interrogatorio ha cambiado o se ha ampliado. ⁸⁴ Por su parte, en España la LECRIM en su art. 789 establece que se informará al inculpado en su primera comparecencia de su derecho a guardar silencio.

En el ámbito latinoamericano resulta bastante avanzado la regulación constitucional paraguaya de 1992 (art. 12 inc. 1 Const.) que consagra el derecho al silencio y a ser informado de este derecho. Similar regulación se observa en la legislación procesal costarricense (art. 278 CPP) donde se señala expresamente el derecho al silencio. 

Es interesante la regulación establecida en Costa Rica pues al reglamentar la información del derecho de declarar, exige que no sólo se informe de que goza de este derecho sino que se informa además que "puede abstenerse a declarar sin que su silencio implique una presunción de culpabilidad y que puede requerir la presencia de su defensor."
Es más en la legislación costarricense si bien existe la atribución de la policía judicial de recibir declaraciones del imputado, se establece que "se harán en la forma y garantía que establece el art. 189", es decir con la participación del Abogado y del Ministerio Público.

En Cuba el Código de Procedimientos Penales (art. 161) señala la obligación del instructor de instruir al inculpado sobre el alcance de su derecho a declarar si es que "quisiera hacerlo".

En Chile y Perú existe una práctica judicial por el cual se acepta que el inculpado se pueda negar a declarar pero no existe la práctica de informar que se tiene este derecho. 

En Colombia encontramos lo que se conoce como advertencias previas al indagado: 1°) que no va a juramentar, 2°) que es voluntaria, 3°) que no tiene la obligación de declarar contra sí (art. 358 del CPP).⁸⁵ 

Las fórmulas de países como Colombia y Argentina no son del todo felices, ya que "Al parecer, lo constitucionalmente exigible es que se le brinde al imputado la posibilidad de "oponerse" al acto, sin que exista obligación ninguna de comunicarle que él goza de este derecho. A eso habría quedado reducida esta garantía en el ámbito judicial". ⁸⁶

En Argentina, si bien en el amplísimo artículo 18 de la Constitución de 1994 se encuentra regulado, entre otras, la garantía de no ser obligado a declarar en su contra, la falta de regulación procesal expresa imposibilitó su desarrollo. Carlos Colautti sostuvo que la garantía de autoincriminación había quedado aún más reducida ya que "la autoincriminación carece de validez en sede penal, sólo cuando es producto de la coacción que abarca los aspectos físicos y psíquicos".⁸⁷ Con la regulación del deber de informar sobre el derecho a guardar silencio en el art.298 del Código Procesal Penal de la Nación se ha logrado ampliar sus alcances.

El derecho a ser informado se encuentra íntimamente ligado con el derecho a ser asistido por un abogado defensor pues "es evidente que para numerosos inculpados el derecho de hacer o de no hacer declaraciones y el derecho a disculparse serán puramente teóricos si en el momento de ser informados de estos derechos no tienen la posibilidad de llamar a un defensor.⁸⁸ Lo cual implica que al mismo tiempo que son informados de su derecho a guardar silencio deben ser informado de su derecho a contar con la asistencia de un abogado defensor.

¿En que momento debe informarse estas advertencias?. En EE.UU, el llamado caso Escobedo se estableció que las advertencias deben ser dadas al momento en que la investigación esté centrada (convergait en francés, focused en inglés) en el inculpado y cuando el interrogatorio tenga por fin obtener alguna confesión. Sin duda el determinar en que momento se daba el convergait o focus originó múltiples problemas. 

En el caso Miranda la Corte Suprema de los EE.UU. estableció que "cuando una persona ha sido arrestada o ha sufrido un grave atentado a su libertad de acción, los funcionarios encargados de la aplicación de la ley no pueden comenzar el interrogatorio sin haberle advertido de sus derechos" En esta decisión se señala además que la atmósfera de coerción es inherente al lugar de detención donde el sospechoso se encuentra asilado del mundo exterior.

Esta información sobre los derechos de los inculpados, llamadas "advertencias", se encuentra ligada también a la forma como se imparte, es decir se debe observar cuál es el medio; si la atmósfera es "amenazante" es obvio que las advertencias no tendrán efecto. ⁸⁹

¿Cuántas veces se debe informar? Al respecto si es que no está previsto legislativamente, debe deducirse que "las garantías de defensa del imputado hacen concluir, frente a una interpretación restrictiva, que la información sobre el ejercicio del ius tacendi debe repetirse en los diversos supuestos de declaración. Máxime si consideramos que es posible que con anterioridad haya respondido a los oportunos interrogatorios; pudiendo el imputado entender que su actuación precedente constituye un acto de renuncia que le impide un ejercicio futuro de su derecho a guardar silencio." ⁹⁰

En nuestro país no existe el deber de informar al inculpado de este derecho y prácticamente pareciera desprenderse que existe el deber de declarar, claro está sin ser constreñido a ello, por lo cual en la práctica la garantía no se cumple en la etapa de investigación policial ni judicial.⁹¹ Es más no existe un capítulo dedicado al imputado y a sus derechos en el Código de Procedimientos Penales.

En el Proyecto del Código Procesal de 1995 se establece los derechos del imputado y entre ellos se consigna la abstención de declarar, sin embargo al regular la declaración del imputado no se establece el deber de informar sobre su derecho. 

Si bien no se ha regulado legislativamente una sanción a la omisión de informar sobre el derecho a guardar silencio, esta sanción está implícita en el contenido del derecho a declarar; sanción que no es otra que la no utilización de la declaración prestada .⁹²

Sobre este punto, debemos llamar la atención sobre lo establecido en la jurisprudencia alemana sobre los agentes encubiertos y la lucha contra la criminalidad organizada, donde se ha establecido la omisión del deber de declarar y la validez de la información recabada al sospechoso por agentes policiales que actúan con identidad encubierta, incluso se ha permitido "escuchas" para diversos delitos, esto es personas particulares que sirven para descubrir a sospechoso, lo cual limita la vigencia del derecho a la no incriminación. ⁹³ 


4.2. No Presunción de responsabilidad del silencio.

De hecho el reconocer el derecho al silencio, trae como consecuencia necesaria que no cause ningún efecto en perjuicio de quien lo ejerce.

Esta no presunción de responsabilidad del silencio, no ha sido entendida del todo y ha generado regulaciones tales como el equívoco art. 127 del Código de Procedimientos Penales que establece "que el juez le manifestará que su silencio puede ser tomado como indicio de culpabilidad". El estudio de este derecho nos hace comprender la inconstitucionalidad de ciertas regulaciones como la señalada y su desfase actual.

De ese modo esa norma se encuentra derogada tácitamente en virtud de lo dispuesto por el reconocimiento constitucional del derecho a la no incriminación. ⁹⁴ El Código Procesal Penal supera esta regulación y establece en su art. 123 que en caso de que el imputado se negare a declarar se dejará constancia en el acta.

El silencio como derecho no puede generar ninguna consecuencia en perjuicio de quien se ampara en él. No puede además ser considerado como indicio de culpabilidad, ni se le equipara aquel dicho que dice "el que calla otorga" ni se le puede dar al inculpado un tratamiento igual al rebelde civil, donde el callar otorga presunción de que los hechos que expresa la parte contraria son ciertos.

Esta falta de efecto está estrechamente relacionada con la carga de la prueba. No es de cargo del inculpado el probar que es inocente y por eso puede callar si quiere y no colaborar con la administración de justicia, pues no se le puede pedir a una persona que colabore en su propia condena.

En Costa Rica, el Código Procesal Penal establece positivamente que se deberá informar al inculpado que su silencio no implica una presunción de culpabilidad; con lo cual se garantiza que el inculpado pueda hacer uso de este derecho sin reparo.

Sin embargo no se descarta que el silencio del inculpado tenga algún efecto en la subjetividad del juzgador al "desmeritar su posición". La Sentencia C-319 de 1996 de la Corte Constitucional de Colombia señala que "El derecho a la no autoincriminación ciertamente autoriza al sindicado o procesado a asumir ciertos comportamientos procesales, pero su silencio o sus aserciones carentes de sustento, pueden objetivamente desmeritar su posición si en su contra se reúnen suficientes elementos probatorios alegados por el Estado y no refutados".


4.3 La delimitación entre no-incriminación y confesión

Un mecanismo procesal de protección a este derecho es la regulación normativa de la confesión, ya que muchas veces se dan confesiones violando este derecho.

El límite entre confesión y una declaración que violente la garantía de no incriminación se encuentra en la voluntad y en el cumplimiento de los presupuestos que garanticen su libertad de declarar, esto es la asistencia de un abogado defensor y la información de su derecho a guardar silencio. La afirmación de que "no todo está permitido en la búsqueda de la verdad" debe ser una regla al momento de evaluar la licitud de una declaración..

"La confesión en el proceso penal es solamente un indicio de la autoría del acusado, Este indicio requiere, por su parte, la investigación y examen por el tribunal, de oficio…". ⁹⁵ Algunas Estados regulan de manera expresa la prohibición de que una condena del acusado pueda basarse sólo en la confesión y otros de modo indirecto, como nuestro Código de Procedimientos Penales, señalan que la confesión no releva al Juez de practicar otros medios probatorios (art. 136).

Si el Derecho a la no incriminación contradice la aplicación de la atenuante de la llamada confesión sincera, es un aspecto que ha sido puesto en el tapete por algún recurrente ante el Tribunal Constitucional español, al fundamentar su pedido en que "para apreciar la atenuante se exige una declaración contraria a los intereses del inculpado, una declaración"; lo cual ha sido rechazado por dicho órgano pues como se ha señalado en la STC 75/1987, Fj 1º y 2º "ligar un efecto beneficioso a la confesión voluntariamente prestada no es privar del derecho fundamental a no confesar si no se quiere".

Los institutos de conformidad, por las cuales el inculpado acepta la comisión de los hechos y la imposición de una pena a fin de terminar el proceso y en general las negociaciones que incluyen una colaboración del procesado en la formulación de las pruebas de cargo, han sido cuestionadas desde antiguo, por considerar que vulneran la no incriminación al viciar la voluntad con promesa de menor sanción. 

Estas negociaciones fueron calificadas de inmoralidades por el insigne Carrara, ya que en estricto se alteran las garantías de la presunción de inocencia y la no incriminación. Actualmente este tema está supeditado a la disposición o voluntad del procesado y se encuentra limitado en nuestro sistema a la aceptación de pena y al control del acuerdo.


4.4 Prohibiciones Probatorias 

La prueba ilícita es aquella prueba obtenida o practicada con violación de los derechos fundamentales. 

Al establecerse el derecho de declarar con carácter de fundamental, corresponde el establecimiento de prohibiciones probatorias de modo expreso e incluso tácito, ya que "las prohibiciones probatorias pueden dimanar de la propia consagración constitucional de los derechos fundamentales y de los principios constitucionales, de tal forma, que aun no existiendo una disposición legal expresa de carácter prohibitivo, quedaría vedada toda actuación o práctica de prueba que violase tales derechos fundamentales". ⁹⁶

¿Cuál es la sanción para las declaraciones obtenidas con cualquier tipo de coacción?. Según algunos como Carocca Pérez cualquier diligencia practicada en esas condiciones sería absolutamente nula por violentar el derecho de defensa y que, tal como señala Gimeno Sendra, no debe admitirse siquiera como prueba de valoración prohibida. ⁹⁷ 

La doctrina alemana ha debatido además sobre si las declaraciones o confesiones obtenidas sin cautelar el derecho a informar, sobre el derecho a guardar silencio o de su derecho a consultar con un abogado defensor, pueden ser sancionados con la prohibición de ser utilizadas. La opinión en contrario y bajo la influencia inglesa establece que la no observación de estas exigencias sólo debe ser valorada en la apreciación judicial de las pruebas. Ello dependerá sin duda de la reglamentación que exista sobre el deber de informar, de existir obligación normativa será ineludible. 

Mas claro resulta clasificar de "prueba prohibida" las declaraciones sostenidas bajo tortura o incluso de cualquier trato que pueda ser considerado inhumano o degradante según lo establecido en los tratados y Convenios Internacionales.

Según enseña Gimeno Sendra, en este punto, el término "coacción" debe tomarse en forma lata, "de este modo constituye declaración viciada la que se presta bajo el apercibimiento de "cargos" (vgr. La de un inexistente delito de falso testimonio) o "reconvención" (la obtención de una declaración bajo apercibimiento de proceso a un familiar o mediante la conminación de la prisión provisional) (…) ventajas materiales (así, el ofrecimiento de droga al detenido bajo "síndrome de abstinencia") o procesales; en este último caso cabe entender incluido el, por la doctrina italiana denominada, "chiamata del correo" o declaraciones de los "pentiti" o "arrepentidos" y en general, toda declaración del coimputado prestada contra otros…" ⁹⁸. En este último caso se señala que deben concurrir dos circunstancias, que se pueda deducir que el coimputado ha declarado movido por odio personal, obediencia a tercera persona o soborno policial de trato favorable y que la declaración se haya prestado con fines de autoexculpación.


4.5 La precisión del alcance de la no incriminación sobre los hechos

Creemos que la falta de una regulación procesal expresa sobre el alcance de la no incriminación, lleva a presumir que se ha optado por un amplio alcance de este derecho, es decir que no sólo se encuentra limitado a los hechos sino que incluso el inculpado puede negarse a declarar a fin de evitar de brindar sus datos personales y por ende, que se le identifique. 

El reconocimiento del derecho a la no incriminación exclusivamente sobre los hechos, requiere una regulación expresa. De ese modo se encuentra legislado en Argentina, que en el artículo 298 de su Código procesal establece que se informará al inculpado que se puede abstener después del interrogatorio de identificación. Similar regulación encontramos en Costa Rica. 

El Código Procesal Penal Colombiano en sus artículos 358 y 359 establece que la advertencia de que no tiene la obligación de declarar es previa incluso al interrogatorio de identificación, con lo cual se recoge la posición amplia de la regulación de la garantía de no incriminación.

En lo referente a nuestra legislación, no existe en el Código de Procedimientos Penales alguna referencia sobre lo que puede ser objeto de este derecho, es decir si está limitada solamente a los hechos o incluye la información sobre su identificación. 

Sin embargo tanto el Proyecto de 1995 como el Código Procesal Penal de 1991 parecieran adherirse a la línea doctrinaria que interpreta ampliamente el derecho a guardar silencio, al establecer genéricamente en su artículo 121 que no se utilizará ningún medio para obligarlo a declarar contra su voluntad. Ello concordado con el artículo 65 del Proyecto, donde se ha establecido además que si el inculpado se abstiene a proporcionar sus datos o lo hace falsamente, se le identificará por testigos o por otros medios útiles.


4.6. Límites a la investigación policial

Una salvaguarda necesaria del derecho a declarar es la observación de sus garantías por los agentes policiales. Generalmente son ellos los que toman un primer contacto con la persona inculpada de la comisión de un delito.

Esto que puede parecer una perogrullada, pues al contemplarse las garantías constitucionales deberían ser de necesaria observación por todos los agentes de la coerción, tal como sucede en EEUU con la llamada "Tarjeta Miranda" que debe ser recitada a toda persona intervenida o en Alemania donde se exige la información de sus derechos tantas veces como se realice una declaración.

Sin embargo en nuestro medio, donde se estableció con la dación de legislación de Seguridad Nacional y de la legislación de emergencia por Terrorismo, durante el gobierno fujimorista (1990-2001) una fase de investigación policial; este respeto a la no incriminación no encontró reglas precisas a ser seguidas por los agentes policiales, quienes se guían por sus manuales y sus técnicas de interrogatorio. 

La reciente derogación de los Decretos Legislativos 895 y 896 que tipificaron los llamados delitos de terrorismo agravado y delitos agravados, constituye un avance a la democratización del proceso, sin embargo erradicar afincadas prácticas policiales van más allá que derogaciones normativas. Sólo cabe esperar que los Fiscales junto a los abogados que intervienen en la investigación policial velen por su cabal cumplimiento.
¿Cuál es el valor de las declaraciones policiales?. No cabe excepciones, cualquier declaración que preste una persona imputada goza de la garantía de no incriminación y por ende su declaración, si desea prestarla, es un acto de defensa.

Nuestra práctica judicial ha sido muy afecta a darle valor probatorio a lo actuado a nivel policial, el art. 62 del Código de Procedimientos Penales que fuera modificado en 1981, limita esta valoración sólo a actuaciones hechas con intervención del representante del Ministerio Público. 

En una encuentra sobre Derechos Humanos realizada por IDEELE a 124 comisarios de Lima sobre el rol de la policía y los derechos humanos, se obtuvo la siguiente respuesta a la pregunta sobre la violencia utilizada en su sede contra los imputados 

De este cuadro se puede deducir que la misma policía no niega por completo que se cometan abusos en la etapa pre-judicial. 

La práctica de la tortura se encuentra pues, presente hoy en día. A decir de Fernando TOCORA, un problema que presenta doble vía pues "ha dado lugar en muchos países a cierta confrontación entre la instancia judicial y la policíaca. Los jueces se ven en dificultades en su de interpretación probatoria cuando los acusados ya libres de la intimidación policial, denuncian la tortura(...) Ante el auge de esta práctica ilegal el problema del problema de la valoración se agravará para los jueces, cuando los acusados comiencen a alegar falsamente que han sido torturados para malograr la prueba en su contra." ⁹⁹

En nuestro país, la tortura no se realiza sólo en el ámbito policial, sino militar e incluso por el personal penitenciario. En un estudio dado a conocer en 1999 por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, de un total de 4,601 denuncias, resultó que el 96% de las torturas era realizado por agentes del Estado, principalmente por personal policial, que representa un 61% del total, un 34% era realizado por personal militar (principalmente el Ejército y en menor porcentaje la Marina).

Para mayor ilustración adjuntamos el cuadro en mención:

Además se estableció claramente que el 84% de las denuncias corresponde a casos de terrorismo o por razones de tipo político, el 13% corresponde a delitos comunes y un 3% no precisa la condición de la víctima.

Cabe agregar que estos datos proporcionados por la Coordinadora Nacional de Derechos 
Humanos corresponde a un período de diez años de 1988 a 1998

Gráficamente estas cifras se representan de la siguiente manera:

En Argentina, a fin de remediar el abuso de las declaraciones realizadas ante la policía, se estableció por Ley Nacional 23-016, que modificó el Código de Procedimientos en materia penal federal y capitalino, la "drástica decisión" de que nada de lo que declare un detenido en sede provincial puede tener valor probatorio en su contra. "Se trata del certificado de defunción de las llamadas "declaraciones espontáneas" del inquisitivo nacional". ¹⁰⁰

En España, existe la institución de la policía judicial y jurisprudencialmente ha establecido que las declaraciones prestadas ante ella deben ser hechas con un respeto íntegro de todos sus derechos constitucionales y que lo declarado sea ratificado en el juicio oral para que alcance valor probatorio. Gomez Colomer es claro al afirmar que sólo la declaración prestada en el juicio oral es acto probatorio, por consiguiente se debe absolver al no existir otros medios probatorios y al negarse en el juicio lo declarado a nivel policial, pues "la convicción judicial se forma en base a la actividad probatoria y no a la sumarial o policial". ¹⁰¹

No está demás señalar que el época oscura para nuestro proceso penal que ha vivido nuestro país con la implantación de los procedimientos seguristas y de seguridad nacional, léase procedimientos especiales para los delitos de terrorismo o por razones políticas, se afianzó a tortura para estos casos, con una impunidad no declarada para los agentes estatales. 

^83. REVILLA GONZALEZ, José-Alberto. El Interrogatorio del imputado. Valencia, Tirant lo Blanch,, 2,000. p. 38

⁸⁴. Cfr. ESER, Albin. Temas de Derecho Penal y Procesal Penal. Ob. cit., p. 23-24.

⁸⁵ . Además que sólo tendrá valor probatorio la confesión cuando el inculpado haya sido informado de su derecho a guardar silencio (298).

⁸⁶. CARRIÓN D., Alejandro. Garantías Constitucionales en el proceso penal. Santa Fe de Bogotá, E.J. Gustavo Ibáñez, 1995, p. 283.

⁸⁷. COLAUTTI, Carlos. Derechos Humanos. Buenos Aires, Universidad, 1995, p. 105.

⁸⁸ . ESER, Albin y Cyril ROBINSON. Ob. cit., p. 378.

⁸⁹. Ibidem, p. 611.

^90. REVILLA GONZALEZ, José-Alberto. El Interrogatorio del imputado. Valencia, Tirant lo Blanch,, 2,000.p. 41

⁹¹. Cfr. RIEGO, Cristián. El proceso penal Chileno y los Derechos Humanos. Santiago de Chile, Escuela de Derecho Diego Portales, 1994, p. 64-65.

⁹² . REVILLA GONZALEZ señala que la inutilización debe alcanzar incluso a aquellas otras pruebas derivadas del conocimiento adquirido a partir de esas declaraciones obtenidas con vulneración del referido derecho (prueba refleja o derivada), al encontrarse dentro de lo que se conoce como the fruti poisonous tree.(REVILLA GONZALEZ, José-Alberto. El Interrogatorio del imputado. Valencia, Tirant lo Blanch,, 2,000. p. 43)

⁹³ Cfr. ROXIN, Claus. La evolución de la Política Criminal. El derecho penal y el Proceso Penal. Valencia, Tirant Lo Blanch, 2000. p. 141-144.

⁹⁴. CUBAS VIILLANUEVA, Víctor y otro. Código de Procedimientos Penales. Lima, Palestra Editores 1999, p. 114, a propósito del art. 127 de este Código.

⁹⁵. ROXIN, Claus, Günther ARZT y Klaus TIEDEMANN. Introducción al Derecho Penal y al Derecho Penal Procesal. Barcelona Ariel, 1989, p. 159.

⁹⁶. MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. El Concepto de prueba ilícita y su Tratamiento en el proceso penal. Bosch, 1999 p. 21.

⁹⁷. CAROCCA PÉREZ, Alex. La Garantía Constitucional de la Defensa Procesal, p. 484.

⁹⁸. GIMENO SENDRA, Vicente, Víctor MORENO CATENA, Valentín Cortés Domínguez. Derecho Procesal Penal Ob. cit., p. 392.

^99. TOCORA, Fernando. Política Criminal en América Latina 1ra. ed. Bogotá, Librería del profesional, 1990. p. 109

¹⁰⁰. CABALLERO, Ricardo Juan. Justicia Criminal, debates en la Corte Suprema, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1991. p. 77.

^101. Cfr. GOMEZ COLOMER,. Juan-Luis. El proceso penal en el Estado de derecho, Lima, Palestra Editores, 1999 p. 109