PRIVATIZACIÓN CUESTIONADA Y LOS COSTOS DE LA REINSERIÓN
Una historia negra: Belco, Petromar, Petrotech*

Una historia negra: Belco, Petromar, Petrotech*En la filosofía del proceso de privatización, el Banco Mundial con la experiencia obtenida en muchos países que modernizaron sus economías, recomendaba la mayor transparencia en la transferencia de las empresas públicas, en razón que éstas se vendían por única vez, y para evitar la tentación de la corrupción, que constituye uno de los “costos de transacción” más importantes que caracterizan a nuestras economías. Es más, en nuestro país es célebre la afirmación del historiador más importante de la República, don Jorge Basadre, cuando señalara que la corrupción “es un axioma” que, como tal, no necesitaría demostración. 

Igualmente, el organismo internacional sostenía que en el proceso de transferencia de empresas públicas debieran existir mínimos consensos sociales, pues la ciudadanía debiera estar convencida de la necesidad de esta reforma estructural, para evitar volver al pasado, con políticas pendulares más o menos populistas.
En la misma línea de pensamiento, el Banco Mundial recomendaba que la privatización no debiera realizarse para hacer caja y cubrir los crónicos déficit fiscales, ni mucho menos los ingresos debieran ser gastados en la compra de armamentos, en la medida que estos gastos resultaban improductivos, y de una rápida obsolescencia. Teóricamente para el organismo multilateral, la razón central era hacer más eficiente y competitiva la economía, y los ingresos obtenidos por la privatización tendrían destinarse preferentemente al gasto social, educación y salud.

Sin embargo, el proceso no ha sido del todo transparente, se subastaron empresas públicas rentables, yacimientos mineros y petroleros, activos a “precio de ganga”. Se transitó de monopolios públicos a monopolios privados y encubiertos, como sería el caso de la telefonía. La lista sería larga de enumerar, bastaría mencionar los casos de SOLGAS, Petromar, Transoceánica, Cerro Verde, Quellaveco, refinería de Ilo, refinería La Pampilla, refinería de Zinc de Cajamarquilla, mineras Yauliyacu, Cerro de Pasco, de Centromín Perú, etc.

Hoy, resulta urgente una evaluación de conjunto sobre los efectos de las reformas estructurales, en particular las relacionadas a las limitaciones y viabilidad del “modelo económico peruano”. Es evidente la precariedad del modelo ante “shock externos” y sustentado en flujos de capital financiero especulativo, pago creciente de deuda externa, altas tasas de interés, en la venta indiscriminada de empresas públicas, control salarial, atraso cambiario, estancamiento agrario, etc. En todo caso, una prueba del agotamiento se traduce no sólo en la ampliación de los niveles de pobreza sino también en el amplio espectro social, empresarios, trabajadores organizados, campesinos, etc., que cuestionan la política económica. 

Privatización y Globalización 

En el Perú, las tendencias globales de la economía en los últimos 40 años sirven de telón de fondo, de mise en scene para entender el deterioro y desprestigio de la intervención del Estado en la economía, en particular la descapitalización de las empresas públicas a fines de los ochenta como consecuencia de la política indiscri-minada de subsidios y regímenes de exoneraciones tributarias y arancelarias más la hiperinflación que redujo en términos reales a menos del 2% la relación de la tributación con el Producto Bruto Interno.

Las consecuencias de la crisis económica-social de fines del setenta, y la llamada “crisis de modelos sociales”, explicaba en parte el surgimiento en el Perú, acorde a las tendencias internacionales, de una corriente de pensamiento neoliberal conservador y autoritario que justificaba la aplicación de programas de “estabilización” y de “ajuste estructural” que no tenían parangón en las experiencias de la estabilizaciones a nivel mundial.

Ello permite entender la naturaleza de las políticas de estabilización y ajuste estructural para nuestros países. Queda claro que es una reestructuración de nuestras economías para “oxigenar” las tendencias recesivas de las economías centrales y dominantes, en particular la de Estados Unidos de Norteamérica, y una forma de “resolver” el problema de la deuda externa para reforzar las relaciones de dominación en un nuevo escenario mundial marcado por la globalización internacional y las políticas de “libre comercio”.

Privatización: ¿Cuánto? 

Desde 1991, iniciado el proceso de privatización hasta el tercer trimestre del año 1999, el Estado por diversos conceptos habría captado ingresos equivalentes a los US$ 8557 millones de dólares. A estos montos habría que restar las capitalizaciones que algunas empresas privatizadas (telefonía y otros) realizaron ampliando los capitales sociales suscritos y pagados por un valor de US$ 897 millones, y los títulos de deuda externa por US$ 343 millones, que fueron utilizados en la privatización de rentables empresas como Tintaya, refinería de Zinc-Cajamarquilla, Edegel, Banco Continental, Síder Perú, Refinería La Pampilla y lotes 8/8X de PetroPerú.

Para agosto de 1999 el Estado peruano según la COPRI habría obtenido por concepto de Valor Neto Privatizado US$ 7928 millones que sumados a los intereses generados por los fondos por privatización depositados en la banca extranjera en siete años, equivalentes a US$ 629 millones, totalizarían como ingresos US$ 8557 millones (Ver Cuadro Nº 1).

Según la exposición del ex titular de Economía y Finanzas, Sr. Joy Way, con la información oficial a fines del trimestre indicado, de los recursos producto de la privatización estarían disponibles solamente US$ 1496 millones. 

Ello significaría que se han utilizado US$ 7061 millones de los ingresos obtenidos por la privatización, equivalente al 82,5% del total. De manera desagregada, los egresos se explican por los gastos en la compra de armas de cuestionada efectividad, muchas de ellas de “segunda mano” por un valor de US$ 1500 millones. A ello se deben sumar los puntuales pagos de deuda externa que han significado capitales equivalentes a US$ 2008 millones así como lo destinado al gasto social en la lucha contra la pobreza por un valor de US$ 1575 millones. 

En el mismo sentido, se deben considerar como egresos las sumas devueltas a la COPRI, organismo responsable del proceso de privatización por US$ 158 millones y, por último, los aportes del Estado al Organismo Nacional de Pensiones (ONP) más los fondos intangibles del Fonahpu por US$ 1820 millones, con cuyos intereses se abonan a los jubilados de las leyes 19990 y 20530, que perciben pensiones menores a los S/. 1000 nuevos soles, dos cuotas anuales de S/. 300 nuevos soles cada una, que representarían menos de US$ 173 dólares al año.

En resumen el 41,1% de los ingresos obtenidos por la privatización, es decir, US$ 3508 millones han sido utilizados en gasto improductivo, tanto por pagos de deuda externa como en armamentos. Ello confirmaría en parte nuestra hipótesis de investigación, en el sentido de concebir el proceso de privatización como una transferencia de riqueza para valorizar el capital transnacional especulativo y financiero.
Por ello, en primer lugar se debe reconocer que el actual proceso de privatización de la actividad empresarial del Estado, considerada la principal reforma estructural, ha sido una exigencia, entiéndase “condicionalidad”, de los organismos multilaterales para la reinserción financiera del Perú al sistema financiero internacional a inicios de la década de los noventa. 

En este contexto es de suma importancia analizar el caso de la privatización de la empresa Petromar, filial de PetroPerú que operaba hasta 1993 en el zócalo continental, frente a Talara y su relación con la rescisión del contrato de operaciones con la empresa norteamericana Belco Petroleum y el pago a la aseguradora American International Group (AIG), como un claro ejemplo de los mecanismos de dominación externa y los llamados “costos de reinserción”. 

Igualmente debiera interesar el comportamiento productivo, económico y financiero de la empresa Petrotech, que sustituyó a Petromar en las operaciones petroleras en el zócalo continental.1

Privatización y valor de retorno

Es de suma utilidad analizar los efectos del proceso de privatización de las empresas estatales, en particular de aquellas que constituían fuentes de acumulación interna, es decir, de ahorro e inversión que capitalizaban la economía doméstica, con importantes efectos regionales, a través de su alto “valor de retorno”, que estimaba los salarios e impuestos pagados internamente más las compras realizadas a la industria local.

Estas empresas en la década pasada, por desatinadas políticas económicas, experimentaron crónicos procesos de descapita-lización, producto de las políticas de subsidios e irreales políticas en la determinación de las tarifas públicas. Sirvan de ejemplo la rentabilidad y generación de excedentes a partir de los ajustes de precios de las tarifas públicas a inicios de los años noventa, en las empresas de hidrocarburos, telefonía y electricidad.

Mas, desde nuestro punto de vista, lo que debiera interesar en particular no son tanto los usos y destinos de los recursos de la privatización, sino la esencia misma del proceso, los criterios y metodologías que se utilizaron para valorizar rentables empresas públicas. Los efectos reales del proceso que en la práctica ha significado “una nueva transferencia de riqueza del patrimonio nacional utilizando el poder del Estado, para favorecer la valorización, entiéndase enriquecimiento, del capital particularmente transna-cional y grupos de poder nativos”.

Es decir, lo realmente importante es el desahorro o desacumulación de la economía nacional al haber privatizado empresas que constituían fuente de acumulación interna y de empleo tales como PetroPerú y filiales, Centromín, MineroPerú, ElectroLima, Cía. Peruana de Teléfonos, que con las tarifas vigentes en la actualidad tranquilamente estarían financiando la expansión eléctrica o telefónica.
De allí, el interés en la investigación sobre la privatización de la empresa Petromar ex filial de PetroPerú, que operaba en el lote del zócalo continental, es decir mar adentro. Ésta era responsable en promedio del 15% de la producción interna de crudo, con las características de producir un hidrocarburo de un alto grado API superior a 36º grados, que lo hace equivalente a los mejores a nivel internacional. Con las ventajas intrínsecas de que cada barril refinado de este crudo se transforma en una mayor proporción de gasolinas de alto octanaje y destilados medios (kerosenes, diesel y turbo).

Esto es más importante aún, por la renta petrolera dejada de percibir por el Estado, en el sentido que con precios internacionales del crudo superiores a los US$ 20 el barril durante los primeros diez meses del presente, y costos de producción unitarios menores a los US$ 11 el barril, resultan generando excedentes de más de US$ 10 por barril producido, constituyéndose en un atractivo negocio privado que transfirió el Estado, previo pago de exorbitantes sumas por los activos fijos depreciados y viejas plataformas marinas que fueron sobrevaluadas en el acuerdo con la AIG.

Acuerdo con la AIG: Condición previa 

En el mensaje presidencial del 28 de julio de 1991 el gobierno del Ing. Fujimori anunciaba que se pondría fin al problema entre el Estado peruano y la American International Group (AIG), aseguradora de la Belco Petroleum, pues se pagaría los primeros US$ 40 millones de un total de 185 millones, que con los intereses acumulados significaba abonar hasta 1999 la suma de US$ 236 millones de dólares. Responsabilidad de deuda externa que fue transferida y asumida por la empresa matriz PetroPerú. 
Este viejo litigio provenía de la rescisión del contrato con la Belco en las operaciones de exploración y explotación de petróleo y gas en el zócalo continental en agosto de 1985, durante la gestión del gobierno aprista. En tal sentido, el proceso de privatización de Petromar a diferencia de otras empresas estatales, asume particularidades en razón de los problemas derivados entre el Estado peruano y la aseguradora de la Belco.

Se debe recordar que el último artículo del Acuerdo de Bases Preliminar firmado en diciembre de 1991 entre representantes del gobierno peruano, los ministros de Economía y Finanzas Carlos Boloña y el de Energía y Minas, Jaime Yoshiyama y los representantes de la AIG y la Enron por el asunto de la «rescisión de contratos de operaciones» de la Belco en 1985, expresaba lo siguiente: “Es intención de las partes el completar el Acuerdo Definitivo tan pronto como sea posible antes de la finalización del mes de enero de 1992”. 

En el discurso oficial, el razonamiento en la determinación de los montos de capitales por abonar a la aseguradora AIG-Enron ha sido la actualización de la valorización efectuada durante el régimen del gobierno aprista que no llegó a pagarse por las serias dificultades que entrañaba. Es decir, la justificación consistía en poner al día la valorización, previamente efectuada, sumada a los intereses a diciembre de 1991.
Así, en agosto de 1988, el gobierno aprista trató de llegar a un arreglo con la AIG, reconociendo un adeudo de US$ 147,4 millones calculados a la fecha (Ver Cuadro Nº 2). Esta cifra que fue aceptada extraoficialmente por los representantes de la Belco, y actualizada al 7% de interés simple con fecha al 31/12/91 sumaba los US$ 185 millones de dólares reconocidos en el Acuerdo Preliminar, llevado a cabo entre el gobierno peruano y la American International Group (AIG).

El Cuadro Nº 2 nos expresa un resumen de los cálculos. Así, se reconoce el valor de los activos fijos al 31/08/88 en US$ 175,8 millones más los intereses de US$ 32,8 milllones, determinan un valor de US$ 208,7 millones. De otro lado, habría que restar las acotaciones de impuestos a diciembre de 1985, más los impuestos al 7% de interés simple al 31/08/88, estas sumas determinaban unas reducciones por un valor de US$ 61,3 millones. 

En resumen, el valor de los activos fijos de la Belco al 31 de agosto de 1988, era equivalente a US$ 147,4 millones de dólares, que a su vez fueron actualizados al 31 de diciembre de 1991, para determinar un capital de US$ 184,768 millones, que resultan ser los montos por pagar acordados entre el gobierno del presidente Fujimori y la AIG en la reunión del 17/12/91, a través de los altos funcionarios de su gobierno y la aseguradora.

En verdad, la valorización efectuada de los activos fijos de la Belco estaba sobrevaluada y debió ser cuestionada por violentar los alcances del D.S. Nº 035-85-EM, que en su art. Nº 1 señalaba “Dése por concluida la etapa de negociaciones para la celebración de nuevos contratos entre PetroPerú y Belco Petroleum... y, como consecuencia de la rescisión dispuesta por el DS Nº 389-85-EF, terminados todos los derechos y obligaciones especificados en los contratos celebrados con dicha empresa”.
En tal sentido, por expreso mandato de la ley se trataba de un caso de rescisión de contrato por incumplimiento y mal uso de parte de la Belco Petroleum de los reintegros tributarios señalados por la Ley Kuczynski. Por ello, era incorrecto tipificar el problema de la Belco como una expropiacón o nacionalización.
La ley vigente en ese momento era clara al respecto. Así lo disponía el art. 6.9 del D.L. 22774, respecto a las “Bases Generales para Contratos Petroleros en Operaciones de Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos”, que sostenía: “Al término del Contrato o a su rescisión, las instalaciones fijas, campamentos, instalaciones de energía y comunicaciones, pasarán a título gratuito a ser propiedad de PetroPerú en condiciones operativas”.

En el mismo sentido, el art. 9.6 de dicho dispositivo era claro al señalar la terminación del contrato, en el subíndice: “... c) por incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato por causas distintas a la de fuerza mayor; y d) cuando, se rescinda el Contrato por causa de lesividad”.

Belco: Sobrevaluación de activos

En verdad, como constaba en varios documentos, los activos de la Belco habrían sido sobrevaluados. En tal sentido, los acuerdos de 1991 entre el Estado peruano y la AIG, tienen como punto de partida el reconocimiento de deuda por US$ 185 millones de dólares que resultaban exorbitantes montos de capital, que no estaban de acuerdo con la obsolescencia de los activos fijos y los adeudos tributarios que la Belco tenía con el Fisco. Éste, creemos, que es el núcleo del diferendo que debe ser previamente asumido para entender las particularidades del proceso de privatización de Petromar. 
¿En cuánto valorizaba Belco Petroleum originariamente sus activos y demás propiedades? En 1988, por mandato del DS Nº 035-85-EM se nombró una comisión conformada por tres representantes de PetroPerú y tres de la Belco, estableciendo diferentes montos de valorización, para luego llegar a un acuerdo extraoficial. (Ver Cuadro Nº 3).

Como es evidente en el cuadro, en el desarrollo de las conversaciones entre PetroPerú y los representantes de la Belco, no se pudo conciliar acuerdo alguno en cuanto a los montos a pagar referentes a la valorización de las “plataformas marinas”, existiendo una diferencia de US$ 61,6 millones, en los montos por concepto de «facilidades de producción en el mar» un diferencial de US$ 20,1 millones, y por último la mayor controversia radicaba en cuanto a la valorización de “todos los pozos productivos, pozos inyectores, inactivos, y en proceso de perforación” por un valor de US$ 164,4 millones (Véase Cuadro Nº 3).
En su conjunto, la controversia entre PetroPerú y los funcionarios de la Belco, sumaba una diferencia de US$ 246,1 millones. Sin embargo, a pesar de la magnitud de la diferencia en cuanto a la valorización, la Belco Petroleum aceptó la propuesta del gobierno peruano del 26 de agosto de 1988, de US$ 175,9 millones, como compensación por los activos fijos, tal y como se a explicado en las páginas anteriores (Ver 
Cuadro Nº 4).

  
Cabe preguntarse, las razones por las cuales una transnacional resulta aceptando una valorización distante de sus primeras pretensiones. En tal sentido, resulta obvio que la Belco sobrevaluó sus activos y la valorización realizada por los representantes de PetroPerú satisfacía con creces las aspiraciones de la Belco.

Ello resultaba más grave aún, si se tenía en cuenta el listado mecanizado porporcionado por la Belco Petroleum a PetroPerú en agosto de 1985, tal como se expone en el Cuadro Nº 4. Allí, es evidente que el Valor Neto de los Activos Fijos, es decir, deducida la depreciación y amortización acumulada era de US$ 125 millones. Por lo tanto, entre agosto de 1985 y diciembre del mismo año la valorización de los activos se sobrevaluaron en US$ 51 millones (US$ 175,9 menos US$ 125= US$ 51 millones).
Llegado a este punto el vicepresidente de la Belco, Ross Workman, señalaba en carta dirigida al ministro de Energía y Minas el 20/10/88, que: “...estamos en condiciones de aceptar la propuesta antes detallada, (es decir el Cuadro Nº 2 de la Valorización) si es que logramos llegar a un acuerdo, dentro de un período razonable...”.

¿Cuánto se debió pagar?

En primer lugar, asumiendo la Memoria de los Estados Financieros de la empresa Belco Petroleum a diciembre de 1984, ésta detentaba un activo total equivalente a los US$ 151,3 millones de dólares y pasivos totales de US$ 22,75 millones. Ello determinaba un patrimonio equivalente a los US$ 128,5 millones de dólares (Ver Cuadro Nº 5).

Por lo tanto, la diferencia entre el TOTAL ACTIVO (US$ 151,3 millones) menos el total del PASIVO (US$ 22,75 millones), estaría determinando la valorización en libros del PATRIMONIO (US$ 128,5 millones), que para el caso está  compuesto por las cuentas correspondientes a capital asignado o suscrito, excedente de revaluación, utilidades reinvertidas, cuenta corriente y utilidades acumuladas (Ver Cuadro Nº 5).

A esa valorización se le tenía que haber descontado lo dispuesto por el art. 6.9 del D.L. 22774, vigente en esa fecha, respecto a las “Bases Generales para Contratos Petroleros en Operaciones de Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos”, que sostenía: “Al término del Contrato o a su rescisión, las instalaciones fijas, campamentos, instalaciones de energía y comunicaciones, pasarán a título gratuito a ser propiedad de PetroPerú en condiciones operativas”.

En tal sentido, como éste era un caso obvio de rescisión de contrato de servicios petroleros, resultaba un artículo vigente en nuestra legislación que debió ser contemplado para disminuir el monto por pagar.
En el mismo sentido el artículo 6.10 del mismo dispositivo contemplaba que: “...En todos los casos, al término del plazo que se pacte en el contrato o al término del Contrato si fuera antes, PetroPerú adquirirá la propiedad de todas las instalaciones de oleoductos, gaseoductos y facilidades conexas, libre de todo pago”.

Por la misma naturaleza de rescisión del contrato con la Belco por la lesividad del mismo hacia los intereses de nuestro país, éste era también otro artículo que hubiese permitido una disminución sustancial en la valorización de los activos de la empresa transnacional, efectuada por la propia contratista. A ello se debiera agregar que gran parte de los equipos e instalaciones ya eran obsoletos en 1985, pues mucho de ellos provenían de la década del cincuenta.

Del mismo modo a cualquier valorización de los activos y propiedades de Belco se le debieron reducir los impuestos a la renta dejada de pagar y remesas indebidas por efecto del crédito tributario basados en las “granjerías” de la ley 23231 llamada ley Kuczynski y los decretos supremos 105-82-EFC, 106-82-EFC, 308-82-EFC, 601-83-EFC y 303-85-EF.

Se debe recordar que el ministro de Energía y Minas de ese entonces declaraba que el crédito tributario por reinversión otorgado a la Belco sumaba los US$ 201,5 millones de dólares entre 1981 y 1985; sin embargo, dicha empresa había dejado de invertir en labores exploratorias capitales del orden de US$ 186.7 millones. Es evidente, que tales beneficios indebidos no fueron descontados en la valorización efectuada en agosto de 1988.

Al respecto, el acucioso investigador sanmarquino Humberto Campodónico, había calculado en US$ 96,8 millones, sólo lo referente a los impuestos a la renta y remesas dejados de abonar por efecto del crédito tributario (Campodónico, 1986). 

¿Cuánto invirtió Belco?

Éste sería el segundo criterio alternativo para estimar la valorización en una actividad extractiva como la petrolera. Para ello, es necesario relacionar las inversiones de capital realizadas por una empresa, y cuánto de ello ha sido recuperado mediante las utilidades obtenidas, las remesas por pago de deuda por préstamos de bancos asociados a la Belco y las depreciaciones y amortizaciones realizadas por la contratista para recuperar rápidamente el capital invertido.

En tal sentido, en el periodo correspondiente al inicio del contrato de acuerdo al Modelo Perú y sus respectivas modificaciones entre 1973 y 1984, la contratista Belco según estudios de sus Memorias y según fuentes de PetroPerú y del Banco Central de Reserva (BCR) invirtió US$ 395 millones de dólares. Simultáneamente recuperó entre 1973-1985 la suma de US$ 326 millones (Ver Cuadro Nº 6).

Fueron US$ 326 millones de dólares lo que Belco remesó, es decir envío a su matriz por concepto de utilidades obtenidas sobre el capital, depreciación y pago por préstamos a terceros. Evidentemente tal cantidad remesada sería mayor si se incluyese los “pagos por servicios justificados”, una de las tantas “facilidades” de la ley Kuczynski. Pero lamentablemente no tenemos esa información al alcance.
En resumen, Belco invirtió US$ 395 millones, envió a su matriz US$ 326,6 millones. Por tanto, la diferencia (US$ 395 mill. menos US$ 326,6 mill) US$ 68,4 millones sería el monto que le faltaría recuperar a la fecha de la rescisión del contrato. Ello demuestra desde otra perspectiva los altos costos de la reinserción que se tuvieron que asumir, las múltiples presiones del Gobierno norteamericano para dar solución positiva a las exigencias de la aseguradora de la Belco, la American International Group (AIG). Y las cláusulas de condicionalidad impuestas por los organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial que mencionaba el investigador Michel Chossudovsky.

En resumen, la valorización efectuada en 1988 que el gobierno fujimorista se comprometió a pagar debió ser cuestionada por la evidente sobrevaloración de los activos y propiedades de la Belco. A la fecha, se han cancelado dichos compromisos, constituyéndose en un altísimo costo para la reinserción, y un drenaje de recursos que tuvo que asumir PetroPerú como empresa matriz de Petromar.
En el segundo semestre de 1999, el gobierno canceló el íntegro de los adeudos a la aseguradora. Mas cabe tener presente que de los mismos PetroPerú ha tenido que pagar por concepto del Decreto de Urgencia Nº 124-94, es decir expresamente los reconocimientos de deuda externa con la AIG, sumas en 1995 de US$ 125 millones, de US$ 30 millones (01/07/96) que representaba la porción correspondiente a 1996, y ha pagado también la cuota correspondiente a 1997 que sumaba los US$ 28,4 millones en julio de dicho año. Es decir la empresa, de sus recursos hacia agosto de 1997, había ya desembolsado alrededor de US$ 183,4 millones de los US$ 236 millones comprometidos a pagar a la American Inter-national Group (AIG), por el asunto de la Belco. 

Privatización: Petromar-Petrotech

Estos antecedentes resultan necesarios para entender el proceso de privatización de la empresa Petromar ex filial de PetroPerú que operaba en el zócalo continental hasta diciembre de 1993. En estas condiciones resuelto el diferendo con la aseguradora AIG, los equipos, instalaciones, activos, plataformas pasaban a ser propiedad del Estado peruano. En tal sentido, la transferencia al sector privado adopta las condiciones particulares de un contrato de servicios petroleros, por el que el Estado retribuye a la operadora más un arrendamiento de las instalaciones petroleras por veinte años.

Así, el 24 de febrero de 1993 Petromar fue privatizada, siendo la adjudicataria la empresa norteamericana Petrotech Peruana. Ésta es una subsidiaria íntegramente poseída en forma directa e indirecta por Petro-Tech International, Inc., una empresa constituida en el estado de Delawere el 21 de julio de 1993 e inició sus operaciones el 1 de enero de 1994. Como empresa se dedica a la exploración y explotación petrolera en la costa norte del Perú, para lo cual firmó un contrato de servicios petroleros en el lote Z-2B con la empresa estatal PetroPerú S. A.; posteriormente reemplazada por Perupetro S.A.
Tal como consta en el Registro Mercantil son socios fundadores y aportantes de Petrotech Peruana, Petrotech International Inc., debidamente representada por el Dr. Francisco Moreyra García-Sayán, según poder notarial resulta suscribiendo 198 acciones; don William Moore Kallop, de nacionalidad norteamericana y de profesión administrador de empresas suscribe una acción; y don John Norrod Rogers, empresario norteamericano, suscribe también una acción. 

Petrotech Peruana, según el Registro Mercantil referido a las sociedades anónimas, con Nº 00225762, tiene como objeto “desarrollar todo tipo de actividades de exploración, explotación, refinación, transportes y comercialización y demás actividades conexas” y se inscribe con un capital social de doscientos mil Nuevos Soles (S/. 200 000 Nuevos Soles), divididos en 200 acciones nominativas de S/. 1000 Nuevos Soles cada una.

Con tales capitales resulta imperativo interrogarse en razón de la necesaria transparencia del proceso de privatización de una empresa petrolera con operaciones en marcha, que generaba ingresos en promedio de US$ 100 millones, con rentabilidad demostrada y activos pagados a la aseguradora AIG por valor de US$ 236 millones. ¿Cómo pudo ganar Petrotech la buena pro del contrato de servicios suscribiendo un capital social de apenas S/. 200 000 Nuevos Soles?

Los activos que hasta el 31 de diciembre de 1993 eran utilizados por Petromar, fueron entregados en alquiler por Petrotech, quien paga por ello un alquiler anual de US$ 10 millones de dólares. Por tanto, a la fecha la empresa ha desembolsado por tal concepto US$ 50 millones.1
Los ingresos de Petrotech se derivan en lo fundamental de la venta de crudo recibidos de PerúPetro S.A. como retribución en especie. Según el contrato de servicios firmado con el ente estatal, Petrotech, vende el petróleo crudo y el gas asociado a PetroPerú con la finalidad de cubrir la demanda interna. Por acuerdo entre las partes, cualquier exceso sobre dicha demanda, no adquirido por PetroPerú, puede ser comercializado libremente.

Se debe tener presente, que el crudo de alta calidad proveniente de las operaciones del zócalo continental es procesado por la refinería de Talara, aún bajo la gestión y administración de PetroPerú. Al mismo tiempo, la empresa Petrotech desde el 21 de noviembre de 1996, le vende gas natural a la Empresa Eléctrica de Piura S. A., lo cual le reporta importantes ingresos adicionales. 

Estados financieros de Petrotech

Petromar como empresa estatal, saneada financieramente mediante el sinceramiento de las tarifas de crudo que percibía de parte de su matriz PetroPerú, y de los onerosos contratos de “servicios de terceros” que incrementaban anormalmente sus costos de ventas, no era ninguna carga para el Estado. En 1992 y 1993 generó utilidades del orden de los US$ 14,8 millones y US$ 9,5 millones respectivamente.

   
En segundo término, Petrotech como empresa que sustituyó a Petromar entre 1994 y 1998, ha generado ingresos por un total de US$ 556,7 millones provenientes en lo fundamental por la retribución percibida por la producción de crudo de alta calidad. Entre 1994 y 1998 ha extraído el equivalente a 32,8 millones de barriles de petróleo, a ello deben sumarse los ingresos provenientes de la producción fiscalizada de gas natural.

Se debe considerar que Petrotech no sólo produce crudo por el cual percibe una retribución en especie, es también el primer productor nacional de gas natural, con una producción superior a los 25 mil millones de pies cúbicos anuales, de los cuales una parte es utilizada en las propias operaciones, otra es venteada, es decir quemada irracionalmente, evaporándose anualmente en la práctica no menos de US$ 10 millones de dólares, entre otras razones por la falta de un mercado para el gas y problemas de tecnología. Y, la producción fiscalizada de gas natural en promedio supera los 6 mil millones de pies cúbicos por año, representando para 1997 el 72% de la producción interna.

En tercer lugar, cabe destacar el significativo incremento del patrimonio de Petrotech en particular explicado por las utilidades acumuladas, que aumentan de US$ 8,4 millones en 1994 por encima de los US$ 40 millones en los años posteriores. En el mismo sentido, se debe destacar que la empresa entre 1994 y 1997 obtuvo utilidades netas declaradas, que en su conjunto sumaron los US$ 37 millones.
Es también evidente en la lectura del Cuadro Nº 7, que durante 1998, la empresa experimentó una sustantiva disminución de sus ingresos, en lo fundamental explicada por la severa disminución del precio internacional del petróleo que se mantuvo por debajo de los US$ 12 dólares el barril. Ello determinó una drástica caída de los ingresos y pérdidas del orden de US$ 8,3 millones. Esta realidad se agudizaba en dicho año por la sistemática producción decreciente del petróleo, que se mantenía por debajo de los 15 MB/DC (miles de barriles por día calendario).2

A fines de 1999, tomando como referencia el precio del crudo West Texas Intermediate, éste se mantuvo por encima de los US$ 24 dólares el barril con tendencia estable por los siguientes meses. 
A ello, debe agregarse el aumento de la producción fiscalizada de gas natural y las tarifas del gas que se venden a la empresa Eléctrica de Piura, que bordean los US$ 2 dólares el millón de BTU, unidad de calor que resulta equivalente a 0,9 mil pies cúbicos de gas.

Al respecto el Ing. Rafael Samaniego, Gerente de Administración y Contratos de Petrotech Peruana S.A., afirmaba que los ingresos “en torno a las ventas mensuales están en un promedio de entre US$ 9 y US$ 10 millones con el actual nivel del precio del crudo” (Diario Gestión 26/11/99). Ello significaría que los ingresos de la empresa bordeaban para fines de ese año los US$ 90 millones de dólares.

Valor de retorno y empleo

Las cifras expresan por sí mismas la dramática disminución del número de trabajadores empleados en el zócalo continental y demuestra el comportamiento entre una empresa estatal y otra privada respecto de las fuentes de trabajo generado (Ver Cuadro N° 8).

   
En 1990, la empresa Petromar como filial de PetroPerú detentaba en el conjunto de sus actividades 1895 trabajadores entre obreros, empleados y funcionarios. Para agosto de 1999, la empresa Petrotech apenas empleó 478 trabajadores en las tres categorías mencionadas. Ello significaría una mayor intensidad del trabajo, pues los trabajadores que se han mantenido en actividad están realizando las labores que antes desempeñaban tres.

Mas el análisis desagregado nos permite determinar que la disminución más severa de la fuerza de trabajo en las operaciones del zócalo continental, está  en la categoría de obreros (mecánicos, electricistas, recorredores, poceros, etc.). Así éstos disminuyen de los 1 238 obreros en 1990 a 262 para agosto de 1999. Es decir, la fuerza laboral disminuye en el período en un 79%. El número de trabajadores de la categoría de empleados en el mismo período de referencia decrece en un 68%.
Esta dramática disminución del empleo en las tres categorías afecta en términos negativos el multiplicador del consumo en la región. Éste resulta un índice necesario para evaluar una de las consecuencias del proceso de privatización pues la reducción de personal de las empresas, disminuyendo el poder adquisitivo de los sueldos y salarios ha restado “poder de compra” afectando las esferas comerciales, financieras e impositivas tanto municipales como fiscales. Ello es particularmente grave en la ciudad de Talara, por los altísimos niveles de subempleo y desempleo urbano

La disminución del empleo en las empresas privatizadas es la tendencia general tanto en el corto, mediano y largo plazo en particular en el sector hidrocarburos en la medida que corresponde a la declinante producción petrolera en nuestro país, menores montos de inversión de capital y la recesión en su conjunto de la actividad económica. 

En el mismo sentido, se impone la lógica de la acumulación del capital privado respecto a la fuerza de trabajo empleada en relación a las políticas paternalistas de empleo en las empresas públicas en las pasadas décadas. Lo cierto y evidente, es que en Talara se han formado generaciones de trabajadores especializados en las actividades de hidrocarburos que han sido lanzados al sub-empleo y a la miseria como en el resto del país.

Conclusión

A nuestro entender, el proceso de privatización de las empresas públicas en particular del sector de energía y minas, constituye un nuevo mecanismo de transferencia de riqueza desde el Estado para la valorización del capital privado preferentemente transnacional. Como es evidente en el presente artículo, el caso de la privatización de la empresa Petromar ex filial de PetroPerú, es un ejemplo de la falta de transparencia en el proceso, y de los altos costos de reinserción financieros que tuvo que pagar nuestro país, por la rescisión del contrato de operaciones con la Belco en el año de 1985.

Al mismo tiempo dmuestra la escasa capacidad negociadora del Estado peruano frente al gran capital financiero, representado por la aseguradora de la Belco, la American International Group (AIG), pues tuvo que pagar exorbitantes montos de capital, por equipos, maquinaria, y plataformas largamente depreciados en el tiempo. De la misma forma expone la falta de estrategia en el proceso de privatización, pues resulta obvio que en el sector de hidrocarburos no se habrían cumplido los objetivos que sustentaron la privatización fragmentada de PetroPerú y filiales.

En 1994, se transfirió el lote petrolero Z-2B con reservas probadas de crudo y gas a la empresa Petrotech Peruana formada con un capital social de S/. 200 mil Nuevos Soles mediante un contrato de servicios, que transcurridos cinco años con inversiones en exploración y explotación petrolera lamentablemente no ha podido levantar la decreciente producción de crudo ni aumentar significa-tivamente las reservas probadas.
Por ello, hoy resulta urgente una evaluación de conjunto sobre los efectos de las reformas estructurales, en particular las relacionadas a las limitaciones y viabilidad del modelo “económico peruano” y las ligadas a la llamada “segunda ola o etapa” del proceso de privatizaciones de lo que resta de las empresas estatales. Al respecto, resulta un imperativo de la historia: un debate amplio, transparente y democrático de cara al siglo XXI.