LA PRIVATIZACIÓN EN EL SECTOR
HIDROCARBUROS*

Hoy es más claro que nunca que la privatización es una piedra angular de la actual política económica, además de una de las condicionalidades del Banco Mundial y del FMI para la generación de recursos. Más que pensada como una oportunidad his-tórica de redefinir las relaciones entre el Estado y el Mercado, se enfocó la privatización desde una perspectiva ortodoxamente liberal: “Se vende todo, se privatiza todo, lo rentable y lo no rentable”.

La exitosa venta de la CPT-ENTEL, a la Telefónica Internacional, la coyuntura económica y el proceso de privatización en sí mismo marcó un cambio sustantivo. No sólo por los montos que percibirá  el fisco, aproximadamente US$ 1 391 043 millones que representan más o menos el 40% de las exportaciones legales y el 18% del gasto público hasta mediados de los 90, sino también por el efecto demostración y multiplicador que tendría en las otras privatizaciones, en especial en el sector Energía y Minas (Centromín, ElectroPerú y PetroPerú).

En efecto, según información oficial de la COPRI “... El 28 de febrero de 1994 se subastó un paquete compuesto por el 35% de Entel, las acciones del Estado en CPT (alrededor del 20%) y la suscripción de capital en CPT para alcanzar el 35% del accionariado. El consorcio ganador fue liderado por Telefónica Internacional de España que ofreció US$ 2 002 179 198. De este monto, el Estado recibirá US$ 1 391 043 000 millones por sus acciones, mientras que US$ 610,75 millones será suscrito como capital adicional en CPT. El 10% de las acciones de Entel serán ofrecidas a sus trabajadores y el 55% restante será posteriormente colocado en el mercado mediante accionariado difundido.” (COPRI, Avance del Proceso de Privatización, 10/3/94). 

Lo paradójico del caso está en relación al dogma monetarista y la miseria existente, pues nuestros liberales afirmaban que tales cantidades obtenidas por privatización no podían ser monetizadas e introducidas a la economía, por las presiones inflacionarias que podrían provocar.

La tragedia griega de un país pobre reproduce la tesis esgrimida en la década del 60 por Jorge Bravo Bresani, pues la venta de CPT-ENTEL a una transnacional, expresaba la extrema fragilidad del programa económico seguido desde 1990 y la vulnerabilidad de nuestra economía con relación a la llamada economía-mundo y transnacionalización de la economía internacional con el reestable-cimiento de bloques comerciales. La entrada al fisco de US$ 1 391 millones fue para muchos un “maná caído del cielo” que alteraba el programa económico desatando los apetitos de distintos grupos de presión, exportadores, banqueros, industriales, etc.

Lo cierto y evidente fue que US$ 1 391 millones era más que los US$ 1000 millones presupuestados inicialmente por ingresos por privatización para mediados del 90. Sin embargo, la crítica fundamental al proceso de privatización sigue vigente, es decir, que se carece de una estrategia global. Tanto es así que los futuros ingresos de una venta extraordinaria ponen en serios aprietos al programa económico.
Ello es más evidente, en razón de las cantidades superavitarias de capitales que se estarían percibiendo por privatización, sumadas a la entrada de capitales “golondrinos” o también denominados “capitales calientes” de corto plazo, que arriban en especial por las altas tasas de interés en el mercado de capitales, más las cantidades provenientes del narcotráfico. 

El sector hidrocarburos tiene una extraordinaria importancia en la economía y sociedad, tanto por su alta productividad, rentabilidad, contribución al fisco, y por tratarse de recursos no renovables y escasos, más sus consecuencias en la vida cotidiana.

Desde nuestro punto de vista, la Crítica de la Economía Política, el proceso de privatización iniciado en 1991 necesita estudiarse desde sus diversos ángulos, como la naturaleza de clase, los intereses materiales y los mecanismos mediante los cuales la sociedad en su conjunto resulta transfiriendo recursos, activos, yacimientos, excedentes al capital privado. Es más, por los resultados obtenidos es claro que el capital extranjero estaría jugando el rol principal, de futura locomotora para el fomento de la inversión de capitales, asumiendo el capital nativo de los grupos de poder económico una función complementaria.
En la práctica concreta del estudio de casos particulares de empresas ligadas al sector hidrocarburos, nuestra tesis encuentra su comprobación empírica. Es decir, que ésta se constituye en una nueva transferencia de riqueza, empresas, activos, yacimientos en condiciones favorables al gran capital privado, excluyendo al Estado de toda participación directa en la producción de bienes y servicios, y reduciéndolo a una normatividad legal.

A pesar del discurso liberal, la industria petrolera tiene un sentido estratégico no sólo por su gran capacidad de generar excedentes (utilidades, impuestos al fisco, canon a las regiones) sino también por su alta productividad pues con menos del “... 1% de la población ocupada genera el 8% del valor agregado, lo que determina el valor agregado por trabajador más alto entre los bloques propuestos. Este complejo destina 34% de su producción como autoconsumo, 30% a la demanda intermedia, 13% al consumo de las familias y 23% a la exportación...” (Cálculo elaborado a partir de la Matriz Insumo Producto Compatibilizada de 1979 por Fernández Manuel. En:“Sectores y empleo productivo”. El Empleo en el Perú, p. 296).
Cabe destacar que el petróleo es la base de la generación de la energía comercial, sin embargo, desde 1987 la balanza comercial de exportaciones e importaciones de crudo tiende a ser deficitaria. A pesar de ello su importancia en la economía doméstica sigue vigente.

Por tal motivo la industria del petróleo considerando sus diversas fases de manera integrada tiene un carácter fundamental que lo convierte en soporte de la economía, pues quien controla el petróleo y la energía ejerce un gran poder sobre los demás sectores. Por tanto, es condición prioritaria la participación directa y/o asociada del Estado en el sector petrolero para compensar, y en cierta medida controlar la voracidad de las compañías privadas.

En tal sentido, el objetivo central del presente ensayo trata sobre los alcances de la privatización de las filiales de PetroPerú, SOLGAS (Compañía Peruana de Gas), Petróleos del Mar (Petromar), Trans-oceánica y de la propia matriz a través de un proceso de reestructuración y futura transferencia al sector privado en condiciones absolutamente desfavorables para el país.

Por ello se presentará los estudios de casos, tratando los efectos económicos, sociales, laborales del proceso de privatización en el sector hidrocarburos.

La Compañía Peruana de Gas (SOLGAS)

“El 21 de agosto de 1992 se subastó en la BVL el 84,1% del capital social. Las 693 420 acciones fueron vendidas a S/. 13,48 por acción, alcanzándose un monto total de US$ 7 331 217. Los trabajadores adquirieron 33 828 acciones por un total de S/. 274, o US$ 215 438. En total se ha obtenido US$ 7,5 millones.” (COPRI, La Privatización en el Perú).

SOLGAS es una empresa ubicada en la gran división de “electricidad gas y agua”, según la clasificación interindustrial universal CIIU. Está identificada en la actividad de producción y distribución de gas en el CIIU N° 4102.

La línea de producción principal de SOLGAS está constituida por las actividades de envase, comercialización, transporte, distribución y venta de gas licuado de petróleo (GLP). A ello debemos agregar la venta de artefactos electrodomésticos. Estas dos actividades determinan los ingresos fundamentales de la empresa.

Adicionalmente, tiene ingresos por concepto de fletes, venta de repuestos, alquiler de inmuebles y por el servicio de toda clase de instalaciones en la producción y comercialización de balones de gas que tienen gran demanda en el mercado interno.

Capital social y su constitución

SOLGAS, como otras empresas del conjunto empresarial del Estado, desde el 11 de marzo de 1991 inició el proceso de privatización que tuvo su fin en agosto de 1992. El marco legal basado en la promulgación del D.S. 041-91-EF, tenía como objetivo iniciar el proceso de Redimensionamiento y Reestructuración de la Actividad Empresarial del Estado.

A ello se suma el D.L. 674, Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas de la actividad empresarial del Estado, promulgado el 27 de setiembre de 1991 que aceleró el proceso de privatización de las empresas públicas.

En el caso específico de SOLGAS la Resolución Suprema N° 219-92-PCM aprueba el Plan de Promoción de la Inversión Privada con fecha de 17 de abril de 1992.

La Compañía Peruana de Gas SOLGAS S.A., el 21 de agosto de 1992 fue privatizada. Se transfirió por medio del mecanismo de subasta en la Bolsa de Valores, la propiedad del 84,1% de las acciones controladas por PetroPerú al consorcio chileno LIPIGAS por un valor de 9 347 301 de Soles. La COPRI por dicha privatización percibió US$ 7,5 millones.

Se debe mencionar que el momento elegido era absolutamente desfavorable para una transacción en la Bolsa. Lima estaba continuamente sometida al sabotaje terrorista expresado por los recurrentes cochebombas, asesinatos selectivos y apagones de energía que afectaban la industria y la vida cotidiana.
Los trabajadores de SOLGAS en dicho proceso adquirieron menos del 4,1% de las acciones, mas la falta de una estrategia y la necesidad de satisfacer requerimientos mínimos obligaron a que muchos trabajadores vendiesen a precios subvaluados e irreales sus respectivas acciones. Ello hace evidente que los trabajadores no tuvieran una estrategia clara sobre cómo actuar frente a la privatización.
El capital suscrito y pagado antes de la transferencia al capital privado estaba constituido por S/. 5 154 251,20 representado por 634 760 acciones comunes con un valor nominal de S/. 8,12 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.
El Cuadro N° 1 presenta la nueva estructura del accionariado:

Producción y participación en el mercado

La Compañía Peruana de Gas S.A., SOLGAS, era una empresa en constante aumento en cuanto a las actividades de envasado, comercialización y distribución de gas licuado de petróleo (GLP). Como empresa líder su participación en el mercado nacional sobrepasaba históricamente en promedio el 40% del consumo nacional. Sin embargo, la multiplicación de un número mayor de envasadoras y comercializadoras (más de 40 para 1993), determina una participación de 39% en el mercado nacional.

Cabe señalar que el envasado y comercialización está altamente concentrado en el sector, pues el 70% de las ventas a nivel nacional de gas es comercializado por cuatro empresas; éstas son: la Compañía Peruana de Gas S. A. (SOLGAS), Lima Gas, Llama Gas y Flama Gas. El 30% restante del consumo nacional es abastecido por otras envasadoras.

El comportamiento y aumento en la producción (envase) queda demostrado en los niveles de ventas alcanzados durante el periodo 1990/1992. Ver Cuadro N° 2:

Activos fijos importantes de la empresa

SOLGAS como filial de PetroPerú fue una empresa que tuvo a escala nacional siete plantas de envasado en las principales ciudades de la costa peruana. Todas en buen estado de conservación y operatividad al momento de la privatización, debido al buen mantenimiento y alta eficiencia mostrada por sus trabajadores.
La dimensión de los terrenos y las áreas construidas de propiedad de SOLGAS queda expuesta en el Cuadro N° 3.

Además, cada una de las plantas, disponía de sistemas de llenado, bombas para envasado y bombas contra incendio. Cuentan con tanques de almacenamiento de capacidad variable de hasta 70 000 galones. Además dispone de una flota de 5 camiones cisternas para el transporte de GLP, 10 camiones baranda y 50 camiones Pick–Up para el reparto de gas envasado. Finalmente dispone de sistemas varios a “prueba de explosión”

El nivel de ingresos percibidos en 1990 ubicaba a SOLGAS S.A. entre las cien empresas más importantes del Perú, en razón de su nivel de ingresos por ventas. Con precisión, en el ranking según The Top de Perú Report, por ingresos percibidos SOLGAS ocupaba el lugar⁸⁴.

Estos importantes ingresos por ventas tienden a incrementarse si se considera la reestructuración y el mejoramiento de los precios del gas a partir de agosto de 1990 al primer bimestre de 1994. Cabe esperar una mayor venta pues los precios de comercialización de gas están sujetos al mercado, el mismo que desde agosto del 92 hasta enero del 93 ha experimentado variaciones mensuales.

NOTAS:

* En los Ingresos por Ventas Netas sólo se está considerando los ingresos provenientes de sus actividades más importantes: la venta de gas licuado de petróleo y la venta de artefactos y repuestos. No se incluyen los ingresos por alquiler de local, fletes entre otros.
** En la conversión a dólares se ha utilizado el tipo de cambio del dólar paralelo promedio estimado por el BCRP.

Las utilidades netas declaradas por la empresa siempre han sido positivas. Según la información expuesta en las Memorias y Estados Financieros las utilidades netas tuvieron el siguiente comportamiento:

Reestructuración y racionalización de SOLGAS

A los crecientes niveles de utilidades hay que agregar el proceso de reestructuración y racionalización de la mano de obra que ha significado una reducción considerable de trabajadores y por tanto un ahorro de planillas por el hecho de “dejar de pagar”. Todo ello con la finalidad de valorizar aún más la empresa en su proceso de privatización.

El proceso de Reestructuración y Redimensionamiento de SOLGAS, que tiene como objetivo rentabilizar la empresa para hacerla más atractiva en su venta, tuvo como efecto directo la disminución del número de trabajadores tanto obreros, empleados como funcionarios, vía el programa de incentivos y renuncias voluntarias. Podemos presentar un estimado del número de trabajadores tanto obreros, empleados como funcionarios en el siguiente cuadro:

La transferencia de riqueza

El caso de SOLGAS es ilustrativo sobre la naturaleza de la transferencia de riqueza de la sociedad al capital privado. Es evidente que se trataba de una rentable empresa estatal que fue vendida a un precio muy por debajo de su valor real. Se trata de una empresa que genera utilidades en un estimado de más de dos millones de dólares por año, que tiene un valioso patrimonio a nivel nacional, unas ventas por encima de US$ 40 millones, que ocupa una posición dominante en el mercado, que cuenta con fuerza de trabajo calificada pagada con salarios miserables. ¿A cuánto se vendió? En un poco más de 7,5 millones de dólares.
Casos como éste deberían evitarse en bien de una privatización transparente, que no signifique un malbarateo de los activos de una rentable empresa estatal que, al fin de cuentas, pertenece a todos los peruanos. Si bien el mecanismo de la Bolsa podría reflejar su valor de mercado, éste fue afectado por un entorno político desfavorable, donde la violencia terrorista (junio, julio, agosto de 1992), prácticamente ponía en jaque al Estado peruano, deprimiendo los precios por el alto riesgo que en ese momento significaba hacer negocios en el Perú.

Sin embargo, el atractivo del negocio de privatizar SOLGAS aumenta aún más, por la relación privilegiada que tiene con PetroPerú en el sentido de controlar los tanques de almacenamiento de gas en el Callao y el futuro de la industria de gas con la explotación del Gas de Camisea. De llevarse a cabo tal proyecto, el consumo doméstico aumentaría de 6 000 barriles diarios a más de 15 000 equivalentes de gas. Es decir, se tiene un mercado asegurado y una alta rentabilidad futura.

La presencia de SOLGAS en el sector estatal-social era vital para “regular” las presiones y expectativas de las empresas privadas que buscan permanentemente incrementar los precios. SOLGAS además de garantizar un precio accesible al consumo popular cumplía con las rigurosas normas de seguridad y calidad.

Transoceánica S.A.

“Petrolera Transoceánica S.A. - Transporte Marítimo de Combustibles. El 5 de noviembre de 1993 se subastó el 100% de las acciones por US$ 25 175 000. El comprador fue Glenpoint Enterprises Inc, empresa constituida en Panamá con participación de Multimares (Perú) y Ultragas (Chile)” (COPRI: Avance del Proceso de Privatización, 10/3/1994).

Es otra de las rentables filiales de PetroPerú que fue privatizada, según lo establecido por la COPRI. La compañía Glenpoint Enterprice Inc, resultó la empresa ganadora con su propuesta de compra de US$ 25 175 millones, superando en un 18,5% el precio base establecido de US$ 21 250 millones. Esta propuesta apenas supera el precio base de US $ 25 millones determinado por el Comité Especial de Privatización en la primera subasta en mayo de 1993.

El consorcio ganador tiene como principal accionista a la compañía Ultragas, conformada por capitales chilenos, y a la empresa peruana Multimares Cía. Naviera S.A., perteneciente al Grupo Wiese de Osma (Anaya, Eduardo:103).

Transoceánica S.A., tiene como objetivo fundamental y estratégico garantizar el transporte marítimo de petróleo y derivados desde los centros de producción hacia las diferentes plantas de distribución de PetroPerú, situadas en el litoral del país, en las labores que se denominan Transporte Marítimo de Cabotaje en Talara, Bayóvar, Salaverry, Chimbote, Callao, Mollendo, etc.

Es decir, realiza el transporte de hidrocarburos y derivados para el abastecimiento y desarrollo del país a las 12 plantas de distribución en la Costa y 1 en la Selva utilizando su propia flota y estableciendo contratos con navieras privadas y con la Marina de Guerra del Perú.

El patrimonio principal de esta filial de PetroPerú consta de cuatro (4) buques tanques de 25 000 toneladas cada uno, 1 buque de gas de 7500 TM y 1 remolcador. La empresa tenía una capacidad de bodega de 101 000 TM equivalentes a 810 000 barriles (Véase el Cuadro N° 7).

Su valor de adquisición es de US$ 85,6 millones, y el precio base determinado por el Comité Especial de Privatización fue de US$ 21 250 millones. Por ello resulta interesante discutir los métodos de tasación utilizados en el presente proceso de valorización, pues hasta ahora resulta desconocido, incluso después de efectuarse la transferencia, lo cual no tiene mayor explicación al menos que existan intereses creados opuestos a la necesaria transparencia.

Según el informe técnico-financiero de la empresa queda claro que estamos ante una empresa rentable, competitiva en el duro negocio naviero internacional. Así se sostiene que:

Sus buques tanque, son del tipo ‘multiproducto’ (cargan simultáneamente diferentes derivados de petróleo), son operados por Transoceánica con un alto grado de competitividad, pese a las dificultades financieras y restricciones que se experimentaron en los últimos años, encontrándose actualmente toda nuestra Flota perfectamente operativa; una muestra de ello, es el hecho que nuestro B/T ‘Isabel Barreto’ se encuentra trabajando exitosa e ininterrumpidamente en el exigente mercado internacional y próximamente lo hará el B/T ‘Pavayacu’.

Más aún, es una empresa que a pesar de los mecanismos des-capitalizadores de las empresas públicas para subsidiar la reproducción del capital privado, siempre ha generado importantes utilidades (Ver Cuadro N° 8).

Por lo tanto, Transoceánica es una empresa competitiva a nivel internacional y rentable a nivel económico a pesar de la corrupción existente en el establecimiento de los “contratos por servicios de terceros”, que se constituyen en uno de los mecanismos por los cuales las empresas estatales subsidiaban la reproducción del capital privado.

Mas el valor de Transoceánica no sólo está en función de la naturaleza del patrimonio y la relativa juventud de su flota, sino también de otros factores que aumentan su cotización. Éste es el caso de los “activos intangibles”, referidos al contrato de fletamiento establecido con PetroPerú por un tiempo de tres años para los buques tanques y un contrato de seis años para el buque gasero. Con este contrato a exclusividad con PetroPerú, la empresa ganadora asegura todo el movimiento de carga futura que según estimaciones, significaría US$ 10 000 diarios por buque, sólo por concepto de fletes. Así, el nuevo propietario de Transoceánica tiene un mercado asegurado con ingreso previsto de US$ 15 millones anuales y una utilidad proyectada no menor a US$ 2,5 millones.

Aún más, según el Sr. Pedro Reátegui, presidente de la Comisión Especial de Privatización (COPRI) de Transoceánica, la depreciación anual se ha calculado en US$ 3,7 millones y que “... considerando los montos estimados tanto por la depreciación, como por la utilidad, el nuevo operador tendría un nivel considerable de caja” (Gestión, 11/5/93).

Asimismo, aumenta la valorización de la empresa el proceso de reestructuración económica financiera, en materia laboral que significó en un primer momento la reducción de trabajadores de 285 a 133, mediante un programa de incentivos. Mas a la fecha todo el personal de Transoceánica ha tenido que renunciar. Ello incrementa el valor de la empresa, pues el retiro de todos los trabajadores ha significado según la CEPRI, un aumento del valor de la empresa en aproximadamente US$ 5 millones.

Un aspecto que no se menciona se refiere al rol social que cumple Transoceánica al subvencionar el transporte de crudo, cobrando un flete menor por el petróleo y derivados que las empresas privadas. En tal sentido bastaría que le paguen las tarifas reales y sería una empresa aún más rentable.

La cuenta la pagará la Nación

En el mismo sentido la valorización de Transoceánica se incrementa por la disminución de parte del gobierno de los pasivos (deudas) de Transoceánica para hacer más atractiva su venta a favor de los navieros privados. De esta forma, el Estado asume la deuda de más de US$ 34 millones de dólares, costo más intereses, con la banca internacional, (Sulzer Freres, Commerbank International SA, K/S Oivid Lorentzen Trading A/S) por la construcción en los astilleros del SIMA, del “Isabel Barreto” y del “Pavayacu”.
Por lo tanto, la deuda externa con la banca comercial privada, la pagarán todos los peruanos al fin de cuentas.

Finalmente, debe tenerse en cuenta el papel estratégico de Transoceánica en un eventual conflicto bélico, pues las empresas privadas no realizarían el transporte de crudo. En tal sentido, es bueno recordar el art. 114 de la Constitución de 1979, cuando señalaba: “Por causa de interés social o seguridad nacional, la ley puede reservar para el Estado actividades productivas o de servicios. Por iguales causas puede también el Estado establecer reserva de dichas actividades en favor de peruanos”. Lo cual sería el caso de esta empresa.

Simultáneamente su mantenimiento dentro del ámbito estatal respetando el art. 112 sobre el pluralismo y coexistencia empresarial, equilibraría el poder y las decisiones de la poderosa Asociación de Armadores ante cualquier presión al gobierno de turno. La Constitución del 93 confía que las propias fuerzas del mercado resuelvan estos problemas.

Es curiosa la “modernidad colonial” de nuestros gobernantes. Por un lado se favorece a la American Internacional Group, AIG con más de US$ 215 millones como costo por la reinserción en el sistema financiero, y de otro lado las deudas de Transoceánica las asume el Estado. ¡Vicios públicos, virtudes privadas! Que se sepa cuando alguien compra una empresa asume los activos y... los pasivos. Por eso es que afirmamos que estamos ante una nueva forma de transferencia de riqueza, activos, empresas, a favor del gran capital.

PetroPerú: Racionalidad e Irracionalidad

La Compañía de Petróleos del Perú S. A., desde su fundación en 1968, ha tenido a su cargo el conjunto de las actividades petroleras e hidrocarburos análogos, incluyendo todas las actividades referidas a la petroquímica básica.

De acuerdo a su estatuto social, son funciones de PetroPerú las siguientes:

1. Realizar y contratar estudios, trabajos y actividades de exploración, explotación, refinación, comercialización y transporte de petróleo, gas natural y derivados, y productos de la petroquímica básica.

2. Exportar/importar petróleo crudo y derivados.
3. Promover y realizar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y demás actividades inherentes a sus fines sociales.

La organización, dirección y administración de PetroPerú es de responsabilidad de su Junta Nacional de Accionistas, Directorio y Gerencia General, la Junta General de Accionistas está integrada por dos miembros en representación del Estado; mientras que el Directorio está compuesto por 7 miembros.
PetroPerú es una empresa ubicada en la gran división N° 2 de explotación de minas y canteras en la CIIU 2200 producción de petróleo crudo y gas natural; y en la gran división N° 3, CIIU 3530 refinería de petróleo, fabricación de productos diversos derivados del petróleo y del carbón. La Clasificación Interindustrial Universal (CIIU) es importante para identificar las principales actividades de PetroPerú.
Esta clasificación debiera servir en el futuro, para la elaboración de las comparaciones con otras empresas del sector en cuanto a la remuneración, condiciones de vida y trabajo contenidas en la negociación colectiva.

La línea de producción principal de PetroPerú está constituida por las actividades de perforación, explotación, refinación, transporte, distribución y comercialización de petróleo y derivados como gasolina, diesel, gas licuado de petróleo (GLP), etc.

Los trabajadores de PetroPerú en lo referente a su negociación colectiva están normados por las reglas y leyes de la actividad privada. Encuadrados en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo D.L. N° 25593 y su Reglamento N° 011-92-TR.

PetroPerú como otras empresas del conjunto empresarial del Estado, desde el 11 de marzo de 1991 inició el proceso de priva-tización. Hasta abril de 1994 se había incrementado la producción, reducido los costos de venta y operativos, y revertido las tendencias negativas en materia de utilidades en 1992 y 1993.
Sin embargo, en junio de 1993, el gobierno fujimorista adoptó la decisión política de privatizar PetroPerú en forma fraccionada, por unidades, siguiendo las directivas del informe de la consultora Booz–Allen–Hamilton.
El marco legal se inició con la promulgación del D.S. 041-91-EF, el cual tenía como objetivo iniciar el proceso de redimensio-namiento y reestructuración de la actividad empresarial del Estado. A ello debiera agregarse el D.L. 674, la Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas de la Actividad Empresarial del Estado, promulgado el 27 de setiembre de 1991 que aceleró el proceso de privatización de las empresas públicas, y el decreto 655 que en materia petrolera significaba una modernización legal y auspiciaba la privatización de tan rentable sector.

Por lo anteriormente expuesto debe quedar claro que la privatización de las filiales de PetroPerú se constituye en un ejemplo de la transferencia de riqueza creada, activos de empresas y yacimientos, para valorizar el capital privado.

El Plan de Transformación de PetroPerú, publicado en marzo de 1992, se orienta a que la principal empresa estatal del país sea “más eficiente... con una dimensión menor en cuanto al ámbito de sus operaciones” y la privatización debiera ser entendida “...como complemento indispensable a la limitación de fondos financieros para activar la producción y llevar a cabo actividades de exploración” (El Comercio, 28/3/92).

Al margen de lo discutible que puede ser esta afirmación, cabe preguntarse ¿cómo puede ser eficiente una empresa que no determina el precio de los productos, que además no maneja su presupuesto, que no tiene autonomía financiera y económica pues no puede disponer de los recursos ni de sus inversiones?

El anterior ordenamiento jurídico señalaba que el petróleo existente en el subsuelo pertenecía al Estado y el petróleo extraído era propiedad de PetroPerú. Este recurso escaso y no renovable es producido principalmente en la selva por Petro-Perú y por la contratista Occidental Petroleum que vende su producción al ente estatal teniendo como referencia una canasta de crudos cotizados a precios internacionales; en la costa lo produce la empresa estatal en las operaciones noroeste (Talara) y varias contratistas privadas (Cavelcas, Vegsa, Graña y Montero, etc.) y en el zócalo continental lo genera Petrotech que sustituyó a Petromar, filial liquidada de PetroPerú.

El proceso de privatización y de fomento de la inversión privada, llevado a cabo durante la administración del Ing. Quijandría, significó un “adelgazamiento” de las operaciones de Petro Perú encuadrado en el marco de su “Plan de Transformación”; ello permitió obtener a final de 1992 utilidades operativas (US$ 111 millones) y netas positivas (US$ 5 millones) después de seis años de permanentes pérdidas, además de un aumento de la producción pasando a producir 123 000 barriles diarios en diciembre de 1992.
Es más, en 1993 las utilidades netas aumentaron a US$ 85 millones de dólares, las operativas a US$ 210 millones, y se incrementó la producción en promedio a 132 000 barriles diarios.

La actividad petrolera es a todas luces la más importante de la economía nacional, pues no sólo genera el 78% de la energía comercial sino que también es a través de PetroPerú, el principal contribuyente al fisco. 

El Cuadro N° 9 muestra los ingresos generados para el Estado en 1992, en total ha generado S/. 16 984 millones de soles, es decir un equivalente de US$ 1 021 587 millones.

Por “Operaciones propias de la empresa” ha contribuido con S/. 230 625 millones de nuevos soles, el equivalente a US $ 184,5 millones al tipo de cambio promedio. Hay que destacar la Contribución Extraordinaria para el Financiamiento del Gasto Público y las diversas contribuciones por concepto de Canon, Sobrecanon y Regalías para las regiones de Loreto/Ucayali, y Piura/Tumbes, obligaciones que tenían carácter de tributo y que eran exclusivamente asumidas por PetroPerú, pues las contratistas están eximidas de dicho pago.

En segundo lugar PetroPerú es la agencia recaudadora más “eficiente” que tiene el Estado. En tal sentido la empresa ha obtenido ingresos por ventas totales del orden de S/. 1 636 933 millones de Soles, equivalentes a US$ 1 309 millones de dólares.

La variable del precio de los combustibles, a través del Impuesto Selectivo al Consumo, se convierte en estratégica en la presente coyuntura para cerrar la brecha fiscal. Por dicho concepto PetroPerú ha recaudado para el Estado S/. 991 800 millones, un aproximado de US $ 793 millones de dólares.
Es decir, el excedente que genera PetroPerú se lo apropia el Estado, por tal situación la empresa estatal no tuvo hasta en 1992 los recursos económicos ni financieros para un programa de inversiones y mantenimiento adecuados.

Sin embargo, cabe destacar que el proceso de “reestructuración” de PetroPerú significó una importante reducción de costos operativos, de personal y de la deuda de corto plazo, mejorando sensiblemente su participación por galón en la canasta de combustibles de precios controlados por el Ministerio de Economía, pasando respectivamente de una participación promedio por galón de combustibles de US$ 0,39 en 1990, a US$ 0,50 en 1991, US$ 0,53 en 1992 y US$ 0,50 en 1993.

La producción de PetroPerú en el mercado

PetroPerú, a partir de marzo de 1992 hasta abril de 1994, mostró una sensible mejora en sus operaciones productivas. Ello como producto de la aplicación del Plan de Transformación. De esta forma la producción, refinación y comercialización de PetroPerú mejoró sensiblemente, lo cual se refleja en sus indicadores productivos.

¿Cuáles son los criterios para afirmar que PetroPerú mejoró sensiblemente en 1992, año del inicio de su privatización, respecto a 1991?

Teniendo presente que PetroPerú es la principal empresa estatal del conjunto empresarial del Estado y una fuente recaudadora de impuestos al fisco a través principalmente del Impuesto Selectivo al Consumo de Combustibles, y otros impuestos, podemos identificar algunos criterios sobre la mejora en la producción de crudo y una mayor participación en las ventas.

Primer Criterio
Un criterio está relacionado a las metas presupuestadas y lo realmente ejecutado. Es clara la mejoría de Petro Perú en 1992, como se nota en el Cuadro N° 10.

El presente Cuadro N° 10 expresa que PetroPerú pese a un entorno macroeconómico adverso ha cumplido en más del 90% de sus metas presupuestadas. Mejor aún en lo referente a la producción de petróleo ésta aumenta en más del 2% y en cuanto a las ventas en el país de los productos controlados éstos se incrementan en más del 6% de la meta esperada.
En otras palabras PetroPerú Mejora su Producción y sus Ventas en Relación a las Metas Presupuestadas.

Segundo Criterio
Otro indicador es la obtención de PetroPerú en 1992 respecto a 1991 de Utilidades Operativas y Utilidades Netas Positivas con la consecuente reducción de costos operativos entre ellos principalmente los costos salariales. Ver Cuadro N° 11.