En todo Estado moderno, el sector de
hidrocarburos se constituye en pieza fundamental de la economía nacional. En nuestro
país el petróleo, recurso natural no renovable, determina más del 65% de la energía
comercial. Sin embargo, en la década de los noventa, las políticas inspiradas en el
neoliberalismo —auspiciadas por los organismos multilaterales— plantearon como
requisito dinami-zador del mercado la privatización fragmentada y/o concesión de la
empresa estatal Petróleos del Perú S.A. y de sus filiales Petromar, Transoceánica y
SOLGAS.
El carácter estratégico del negocio tuvo, en el Perú, enfoques diferentes en los
intentos reformadores del gobierno militar a fines de la década del 60. En 1969, el
general Juan Velasco Alvarado nacionalizó los activos de la International Petroleum
Company (IPC) formándose el Complejo Industrial de Talara. Sin embargo, la IPC siguió
operando sus concesiones en Lima a través del consorcio Interlob. En julio de ese año,
la Empresa Petrolera Fiscal, el Complejo Industrial de Talara y la Interlob, por decreto,
cambian de denominación y se constituye la empresa Petróleos del Perú S.A.
(PetroPerú).
Así, la aparición de PetroPerú representó un gran reto para el Estado: asumir todas
las actividades de la industria petrolera y, sobre todo, la gran responsabilidad de
realizar las cuantiosas inversiones destinadas a revertir el proceso declinante reservas
probadas de crudo. Sus funciones iniciales se pueden resumir en tres grandes puntos: a)
actividades de exploración, explotación, refinación, comercialización y transporte del
crudo y sus derivados; b) exportación e importación de los mismos; y, c) inves-tigación
científica.
De esta manera, la gran empresa estatal tuvo entre 1976 y 1982 un aumento en su
producción: de 37 MB/DC (Miles de Barriles por Día Calendario) de petróleo se pasó a
53 MB/DC. Para 1985 se logró 68 MB/DC. En el periodo 1986-1991, la empresa experimenta
fuertes pérdidas, obteniendo utilidades operativas y netas negativas debido a la
indiscriminada política de subsidios estatales que la obligó a vender los combustibles
por debajo de sus costos de producción. En razón de los sucesivos incrementos en los
precios de los combustibles, que se inician con el “fujishock” de agosto de
1990, la recuperación de la empresa era evidente; para 1994 PetroPerú generaba US$ 259
millones de excedentes económicos. Éstos eran deducidos por el Estado a través de las
llamadas “partidas inusuales” destinadas al pago de deuda externa o a la
contribución extraordinaria del 7,5% sobre las ventas en el mercado interno.
A diferencia de la mayoría de países de América Latina que mantienen fuertes empresas
estatales en el sector hidrocarburos, sólo Argentina y Perú han privatizado las empresas
estatales de petróleo. Es en julio de 1992 que se inicia la privatización fragmentada de
PetroPerú bajo la atenta mirada del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.
Ello trajo muchas críticas, pues no se percibía una política coherente en materia de
energía. Observando las cifras de producción se concluye que las empresas privadas que
sustituyeron a PetroPerú en la explotación del crudo no han logrado aumentar la
producción. Es más, estas empresas han consumido las reservas probadas de petróleo
descubiertas por la empresa estatal. En resumen, los niveles de inversión a partir de
1994 no han sido lo suficientemente sustantivos para levantar la producción de petróleo
y encontrar nuevas reservas.
La privatización fragmentada de PetroPerú incluyó, además de los lotes petroleros, las
refinerías (La Pampilla y Pucallpa), los centros de expendio o grifos y la empresa
envasadora y comer-cializadora de gas licuado de petróleo (GLP), SOLGAS S.A.,
lubri-cantes Petrolube, terminales y filiales como Petromar y Trans-oceánica más la
liquidación de Serpetro S.A. La venta de la principal refinería en nuestro país es un
ejemplo de la irracionalidad de la privatización de PetroPerú: La Pampilla fue
valorizada en US$ 108 millones, su capacidad de procesamiento era de 102 MB/DC;
finalmente, el 60% de sus acciones fue transferido por US$ 180,5 millones. En la
actualidad la refinería factura por ventas de combustibles montos superiores a los US$
900 millones de dólares anuales, con importantes márgenes de utilidad. Con SOLGAS nos
fue peor: se vendió en 1992 por US$ 7,5 millones al consorcio chileno Lipigas-Codigás,
asociado con capitales peruanos. Cuatro años después, esta misma empresa vende sus
acciones a la transnacional Repsol por US$ 58 millones, es decir más de siete veces el
valor pagado al Estado peruano. Respecto a los centros de expendio o grifos, la
privatización fragmentada dio como resultado que los consumidores finales tengan que
pagar uno de los precios más altos por galón en la región. Entonces, no es casualidad
que el usuario peruano tenga que consumir los derivados del petróleo pagando precios
superiores a los vigentes en el país más rico del mundo (EE.UU.) o de Chile que, siendo
un productor marginal de crudo, sigue administrando su empresa estatal ENAP que maneja
eficientemente las refinerías de Concón y Talcahuano.
Los ingresos netos obtenidos por la privatización de las unidades y filiales de
PetroPerú, a diciembre de 2000, han sido de US$ 643 millones. Sin embargo nuestra
empresa, disminuida por la transferencia de sus unidades, ha generado excedentes
acumulados del orden de los US$ 1508 millones. Estos excedentes incluyen las denominadas
“partidas inusuales” (deducciones por diversos conceptos) y para 1999 y 2000
están consideradas las utilidades operativas. De haberse mantenido PetroPerú como
empresa integrada con lolotes petroleros (8 de Selva, X en Talara) más la refinería La
Pampilla, en la actualidad estaría generando excedentes superiores a los US$ 500 millones
anuales. Se ha perdido, pues, el control sobre la renta petrolera, importante fuente de
ahorro interno y, además, se ha disminuido el valor retenido determinado por los sueldos
y salarios, impuestos y compras a la industria local.
En la teoría económica ortodoxa, neoclásica, llamada también neoliberal, se asume que
el petróleo y sus derivados constituyen bienes transables, supuestamente equivalentes a
la harina de trigo, cobre y/o cualquier producto de exportación cuyos precios se deben
determinar en función de su escasez o abundancia relativa, es decir, por la oferta y la
demanda. En la realidad esto resulta muy diferente, pues está demostrado que la actividad
petrolera constituye un negocio estratégico, vital para las economías modernas. Por
ello, los países con Estados fuertes y modernos desarrollan políticas energéticas en
concordancia entre el sector público y privado, en el marco de una regulación del
mercado que satisfaga el interés del consumidor con precios competitivos y ganancias
razonables.
En principio, se debe reconocer que los precios del petróleo tienen un alto contenido
especulativo, son sumamente volátiles, al margen de sus tendencias depresivas en el largo
plazo. Así, pese al discurso neoliberal, se puede afirmar que no existe mercado más
ajeno a los supuestos teóricos de la “libre competencia” que el de
hidrocarburos. Según la actual Ley Orgánica de Hidrocarburos (art. 75º) “Cualquier
persona, natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá importar Hidrocarburos”.
Sin embargo, en esta libre importación existen muy pocos actores por las llamadas
“restricciones de entrada para el capital”, pues la magnitud de las inversiones
deja de lado a muchas empresas. Por ejemplo, la importación de petróleo y su derivado
Diesel-2 está en manos de sólo dos grandes empresas: PetroPerú (estatal) y La
Pampilla-Relapasa (administrada por la transnacional Repsol-YPF). En tal sentido, si las
empresas que actúan en el mercado de distribución mayorista no importan pudiendo hacerlo
es porque encuentran económicamente atractivo y rentable comprar combustibles a la
petrolera estatal. Se confirma, así, la importancia estratégica de mantener lo que queda
de PetroPerú en manos del Estado.
Está demostrado que las refinerías de PetroPerú (Talara, Con-chán, Iquitos y El
Milagro) abastecen como promedio el 56% del mercado de combustibles, el resto está bajo
la responsabilidad de actores privados y, como señala el propio Ministerio de Energía y
Minas, existe una activa competencia en el mercado de combustibles pese a que a la
refinería La Pampilla (privada) “no le es económicamente rentable incrementar su
volumen de procesamiento”. De allí la importancia de modernizar la empresa estatal
PetroPerú.
* * *
Mi trabajo como profesor universitario, junto a la investigación
académica, ha estado siempre complementado con la asesoría a diversos gremios
relacionados con los sectores de hidrocarburos y minería. Ello me permitió estar en
permanente contacto con la problemática energética y exponer periódicamente, a través
de la Revista de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM, los
problemas y perspectivas del sector, así como las críticas a la privatización iniciada
a mediados de 1992.
Este esfuerzo de investigación, con todas sus posibles carencias que el lector pueda
encontrar, está en deuda en primer lugar con mis viejos maestros del claustro
sanmarquino: los profesores Ñuflo Chávez Ortiz, Álvaro Mendoza Díaz, Esteban Franco
Cosquillo, Alejandro Reyes Flores, Virgilio Roel Pineda, Pedro Castro Suárez, Pacífico
Huamán y todos aquellos docentes que en la Facultad de Ciencias Económicas asumieron con
esfuerzo y dignidad la tarea formativa de los futuros economistas.
No puedo dejar de mencionar el estímulo y el diálogo permanente, en mi condición de
profesor-investigador, con Humberto Campodónico, Enrique Palacios, Wilfredo Kapsoli,
Gilberto Cárde-nas Núñez y todos aquellos docentes que forman el Comité Directivo de
la Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM notable esfuerzo editorial
sostenido incansablemente por el profesor Alberto Mosquera y los decanos que apoyaron esta
iniciativa académica.
Un espacio especial, por la oportunidad de dar a conocer al gran público mis opiniones a
través de la página editorial del diario La República, es el reconocimiento y el
agradecimiento al amigo Alfonso La Torre (ALAT) que desde 1990 me honró con la
oportunidad de ser colaborador de tan prestigioso medio. Y como no puede ser de otra
manera, el agradecimiento sincero a don Gustavo Mohme Llona, ilustre peruano, concertador
por esencia y demócrata cabal del cual tuve el honor de ser su asesor en los asuntos
energéticos y, sobre todo, amigo.
Este esfuerzo de investigación no hubiera sido posible sin el apoyo y solidaridad de los
amigos de siempre como Jorge Bernedo Alvarado y Alfredo Silva Preciado que con sus
respectivas investigaciones permitieron el diálogo fructífero. Ello se hace extensivo a
los dirigentes sindicales que con sus inquietudes laborales alimentaron el afán por la
investigación en sectores estratégicos de la economía peruana como los de hidrocarburos
y minería.
No puedo dejar de mencionar el apoyo del Dr. José Carlos Carrasco Távara, Congresista de
la República que como miembro de la Comisión de Energía y Minas es autor de iniciativas
legislativas que demandan la exclusión de PetroPerú del proceso de privatización.
Asimismo, agradezco el apoyo profesional de mis asistentes Pedro Maldonado y Elías
Sánchez, jóvenes economistas comprometidos con la investigación en temas energéticos.
Disculpándome por cualquier olvido, me es preciso mencionar también a quienes en los
momentos más difíciles del gobierno corrupto de Fujimori-Montesinos persistieron en la
defensa del sector: a los miembros del Comité de Defensa del Petróleo, Javier Diez
Canseco Cisneros, María Cabredo Vda. De Castillo, Jorge del Castillo Gálvez, Javier
Tantaleán Arbulú, Rodolfo Robles Espinoza, César Delgado Barreto y Manuel Dammert Ego
Aguirre. Así también a Emilio Navarro Talavera y otros ilustres miembros del Colegio de
Ingenieros, además de la Asociación de Jubilados de PetroPerú. Particularmente
agradezco a los dirigentes sindicales Alejandro Garibay, Miguel Freitas Pérez, Manuel
Mendoza, Juan Castillo, Luis Arévalo, Hildebrando Cabello y a todos los trabajadores
despedidos de PetroPerú, especialmente a Gerber Acedo y Eduardo Chávarri, y a tantos
peruanos que asumen con dignidad la defensa del petróleo y la soberanía nacional.
Por último, felicito al profesor José Carlos Ballón Vargas por su actual gestión en el
Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que, bajo su dirección, ha
retomado el camino de la publicación de investigaciones académicas en sus diversas
especialidades. Igualmente, debo mencionar al Sr. Odín Del Pozo, editor y amigo que
acogió con entusiasmo este proyecto y, gracias a su perseverancia, lo llevó a buen fin.
Ante la carencia de estudios que muestren la génesis y desarrollo del proceso de
privatización en hidrocarburos en el Perú es que he reunido diez artículos publicados
en la revista de mi Facultad y que muestran el proceso de privatización en toda su
magnitud y particularidades. Los trabajos, con algunas notas aclaratorias para esta
edición, están ordenados cronológicamente para tener una mejor perspectiva y
posibilitar una lectura objetiva de la problemática del sector. Sin embargo, he incluido
un artículo final inédito que actualiza el balance de la década y presenta
estadísticas consolidadas hasta julio de 2002, además de un epílogo que alcanza las
conclusiones y recomendaciones para una coherente política de Estado a largo plazo.
A pesar de la fragmentación de PetroPerú y de los errores irreversibles cometidos en el
sector hidrocarburos tengo la esperanza de que este balance proporcione información real
a la discusión técnica y a la toma de decisiones políticas a largo plazo para
consolidar, así, los aspectos positivos de nuestra economía actual y el mejoramiento de
los niveles de vida de los peruanos.
