PROBLEMÁTICA JURÍDICA DE LA CONCILIACIÓN EN EL PROCESO PENAL PERUANO”

Benavides Vargas, Rosa  Ruth

 

CAPITULO 3

LA CONCILIACIÓN Y EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD


1. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

1.1. CONCEPTOS GENERALES

Cuando nos referimos a éste principio, normado en nuestro ordenamiento procesal penal estamos aludiendo a una institución procesal que quiebra la inflexibilidad del clásico principio de obligatoriedad de la acción penal.

Al respecto y como bien lo señala Ore Guardia70, nuestro sistema penal tiene una base inquisitiva pues señala que tiene como regla casi absoluta que todo delito debe ser investigado y sancionado, en base al principio de legalidad, por el cual ante la noticia de la posible comisión de un hecho delictivo, existiría la obligación de perseguirlo y sancionarlo a través de las entidades competentes del Estado.


Dicha obligación funcional de perseguir y sancionar todos los delitos, tendría su sustento en la concepción de una justicia absoluta, a la que no puede escapar ningún delito.

Por ello se afirma que un nuevo modelo de justicia penal, la preocupación central no debe ser sólo la solución formal del caso, sino la búsqueda de una solución para el conflicto social generado por el delito. En consecuencia el proceso penal no puede permanecer al margen ni de las exigencias propias del modelo de Estado en el que se desarrolla ni, por consiguiente, de las funciones que el derecho penal asuma en un concreto momento histórico y respecto a un ordenamiento jurídico determinado71.

Incide el autor en el hecho que cualquier proceso penal moderno, si bien ha de continuar fiel a su función tradicional, sirviendo a la aplicación del " ius puniendi" estatal con todas las garantías procesales y respecto a los derechos fundamentales del imputado, propios de un Estado de Derecho, no puede renunciar a tutelar, en la medida en que sea posible, otros derechos o intereses dignos de protección que la propia Constitución reconoce, como son por ejemplo, el de la víctima del delito y el existente en la resocialización del imputado.

Infiere entonces que el principio de oportunidad reglado sirve al interés público existente en la resocialización del imputado y responde a las exigencias del moderno Estado de Derecho y a la función de prevención especial que la pena y el Derecho Penal asumen en él. En consecuencia, considera que la respuesta penal frente a la pequeña y grave criminalidad no puede ser la misma. Se precisa, en estos casos, de una respuesta jurídica adecuada, "justa y útil" incorporando la tendencia metodológica de separar la grande de la "pequeña o mediana" criminalidad.

Se coincide en éste punto con Oré Guardia72, quien señala que en la actualidad nuestro país, e incluso países más avanzados, no han podido someter al sistema penal todos los delitos que se cometen en la sociedad, ya que el estado muchas veces carece de capacidad, de medios materiales y humanos para poder perseguir con todos los hechos delictivos. Señalando que por ésta carencia, se estima que aproximadamente el 75% de los delitos quedan fuera del sistema penal y pasan a formar parte de lo que la criminología denomina "cifra negra" de la delincuencia.

Refiere que la imposibilidad de procesar todos los delitos, sobre todo lo de mayor lesividad social, ha traído como consecuencia la necesidad de invocar y poner en práctica el principio de oportunidad, el cual opera como correctivo de las disfunciones generales por la irrestricta aplicación del principio de legalidad.

Concluye que por ese motivo el principio de oportunidad viene siendo incorporado en la mayoría de reformas contemporáneas de los ordenamientos procesales penales.

Menciona que la Recomendación Nº R (87) del Comité de Ministros del Consejo de Europa aconsejó a sus estados miembros incorporar en sus legislaciones el principio de oportunidad de la acción penal. Considerando que en base a esa interpretación se han levado a cabo las últimas reformas procesales penales, con la finalidad de abreviar y acelerar los trámites procesales en los delitos de "pequeña y mediana criminalidad".

1.1.1. Definiciones

Un primer análisis del principio de oportunidad nos permite constatar que se le ha venido definiendo como aquel que se contrapone excepcionalmente al principio de la legalidad penal corrigiendo su disfuncionalidad, no obstante tal como lo expone Baumann73, ésta afirmación no es del todo cierta, pues si bien es cierto que se acostumbra resumir las excepciones al principio de legalidad recurriendo a la expresión genérica "principio de oportunidad" no se trata siempre de oportunidad sino de intereses y presupuestos jurídicos diferentes, como lo son los criterios de economía procesal, tramados jurídicos-materiales o categorías de política criminal.

Considera que ésta generalización parte del poco interés puesto por doctrinarios para definir los rasgos más saltantes del citado principio; refiere que incluso el mismo Roxin tan meticuloso en casi toda su obra, se limita a asumir que el principio de oportunidad es la contraposición teórica del principio de legalidad, mediante el cual se autoriza al Fiscal a optar entre elevar la acción o abstenerse de hacerlo - archivando el proceso - cuando, las investigaciones llevadas a cabo conduzcan a la conclusión de que el acusado, con gran probabilidad, ha cometido el delito.

De otro criterio son tratadistas como Maier que lo definen como la posibilidad de que los órganos públicos, a quienes se les encomienda la persecución penal, prescindan de ella, en presencia de la "notitia" de un hecho punible o, inclusive, de la prueba más o menos completa de su perpetración, formal o informalmente, temporal o indefinidamente, condicional o incondicionalmente74

A su vez, Gimeno Sendra entiende por principio de oportunidad la facultad que al titular de la acción penal asiste, para disponer bajo determinadas condiciones de su ejercicio, con independencia de que se haya acreditado la existencia de un hecho punible contra un autor determinado75.

Bacigalupo señala que el principio de oportunidad no debe entenderse exclusivamente como una renuncia bajo ciertas condiciones a la acción penal diversificado del conflicto social representado por el hecho delictivo76.

Un punto de vista similar tiene Creus, el cual lo considera como la posibilidad que el funcionario posee de discriminar si se encuentra o no ante un hecho que puede constituir delito, para promover la acción o abstenerse de hacerlo77.

En el ámbito del derecho penal peruano podemos encontrar autores que definen el principio de oportunidad desde un punto de vista positivo, poniendo énfasis en los aspectos normativos y procesales. Así tenemos que para Oré Guardia78, éste principio es un mecanismo procesal a través del cual se faculta al Fiscal titular de la acción penal para decidir sobre la pertinencia de no dar inicio a la actividad jurisdiccional penal, o en su caso a solicitar el sobreseimiento cuando concurran los requisitos exigidos por ley.

En estos casos, a pesar de haber un hecho delictuoso con autor determinado, el ejercicio de la acción penal se extingue por acto distinto de una sentencia, sustentado en los criterios de falta de necesidad de la pena o falta de merecimiento de la misma, todo ello con el fin de solucionar en parte el grave problema de sobrecarga procesal y congestión penitenciaria.

Mientras que Sánchez Velarde lo define como la discrecionalidad concedida al Ministerio Público a fin de que éste decida sobre la persecución penal pública, especialmente en los casos de delitos leves y con tendencia a ampliarse a la mediana criminalidad79.

Igualmente existen autores nacionales que inciden en la naturaleza excepcional del principio de oportunidad, entre ellos, Cubas Villanueva quien señala éste principio como una excepción al reino del principio de legalidad. Refiere que éste principio en ordenamientos como el nuestro está reglado, es decir, sólo se puede aplicar a algunos delitos, en función de que afecten levemente el interés social80

Finalmente, Catacora Gonzales dice que el principio de oportunidad es la antítesis del principio de legalidad u obligatoriedad. Agrega que sus propósitos son loables y podría convertirse en un gran instrumento para descargar a los fiscales y juzgados de trabajo inútil81

Como hemos podido apreciar, si bien existen divergencias en la doctrina nacional y extranjera, sobre la naturaleza excepcional o no del principio de oportunidad, respecto del principio de legalidad, hay consenso en cuanto a la conveniencia de la facultad discrecional del Fiscal para ejercitar o no la acción penal en los supuestos que establezca la norma procesal penal, con la finalidad de aliviar al organismo jurisdiccional de una sobrecarga de delitos de escasa afectación social y sobretodo que permita solucionar a las mismas partes afectadas de manera pronta y efectiva su problema.

1.1.2. El Principio de Oportunidad en el ámbito internacional .

A. En la Legislación Alemana.

Esta institución tendría sus orígenes en Alemania, a través de la "Ley Emminger" del 4 de enero de 1924, por el cual se facultó al Ministerio Público a abstenerse de ejercitar la acción penal en los casos en que la culpa sea leve y carezcan de importancia las consecuencias dañosas, de tal manera que su persecución no afecte el interés público82

Al comentar la Legislación alemana sobre el particular, García del Río83 refiere que la Ordenanza Procesal Penal alemana contempla el principio de oportunidad en los arts. 153 y 55 señala que conforme a estos dispositivos, los asuntos de bagatela no caben en el principio de legalidad. Es más, el principio de legalidad no se entendería hoy absolutamente, pues la Fiscalía no está obligada a perseguir cualquier infracción del Derecho Penal, dado que por razones de prevención general y especial, ligadas a la necesidad y conveniencia del castigo en el caso concreto, han aconsejado una disminución de la intensidad formal que el principio significa. En ese entender, la disposición más importante, al respecto, la contiene el art. 153 (introducido en 1924 por la reforma Emminger) antes mencionado; éste artículo no admite la persecución de los delitos si la culpabilidad del autor es leve y no existe un interés público en la persecución, únicamente, por cierto con el consentimiento del Tribunal.

Añade que no resulta necesario el consentimiento del tribunal en los casos de pequeña criminalidad contra la propiedad y el patrimonio (art. 153, párrafos 1 y 2), los criterios de oportunidad pueden obedecer , además, a la satisfacción de determinados presupuestos. Es decir, la Fiscalía con aprobación del Tribunal y del inculpado, puede prescindir provisionalmente del ejercicio público de la acción a cambio de que el inculpado:

1.-Repare el daño causado.
2.-Otorgue prestación de utilidad pública.
3.-Cumpla determinadas obligaciones ( y de carácter alimenticio).

Resalta el tratadista que el archivo del procedimiento por el Ministerio Público no tiene autoridad de cosa juzgada. El procedimiento puede reanudarse en cualquier momento si se presentan hechos nuevos que produzcan simultáneamente otra calificación jurídica del hecho.

B. En el Sistema procesal norteamericano.

En un sistema procesal anglosajón como el norteamericano, el uso del principio de oportunidad aparece como un mecanismo institucionalizado de evitación de un juicio prolongado o de una condena mayor, por acuerdo entre las partes en la causa penal .De hecho, tal como lo refiere Sánchez Velarde84, entre el 75% y el 90% de las causas penales en los EE.UU. terminan como consecuencia del uso de éste sistema85.

El denominado "Plea Bargaining" es el acto por el cual el imputado manifiesta su decisión de declararse culpable , su conformidad con los cargos que se le formulan, renunciando de ésta manera al derecho que le corresponde de que su causa sea vista en un juicio con las garantías preestablecidas y renunciando, asimismo, a la posibilidad de que en él se pueda declarar su absolución.

Como bien determina el autor, en el sistema norteamericano , la declaración de culpabilidad puede manifestarse bajo tres formas: "a) voluntaria", en caso de evidencia de culpabilidad."b) estructuralmente inducida", cuando la confesión es consecuencia de la previsión de una pena más grave, para quienes insisten en la celebración de la vista o porque es sabido que los jueces imponen una pena más benigna a quienes reconociendo su culpabilidad, renuncian al juicio contradictorio ."c) negociada", que consiste en el acuerdo entre el Fiscal y el acusado o su abogado, antes de la vista de la causa, que puede ser un acuerdo sobre el delito o sobre la pena, o sobre ambos.

Es aquí que el plea bargaining aparece, como las negociaciones que se llevan a cabo entre Ministerio Público y la defensa y en las que se acuerda la declaración de culpabilidad del acusado, evitando de ésta manera la realización del juicio, a cambio de una reducción en los cargos formulados o a cambio de una recomendación de indulgencia hecha por el Fiscal al Juez86.

El poder de discrecionalidad del Ministerio Público es muy amplio. La negociación puede, incluso, llevar a renunciar a la acción penal ya iniciada. Se habla por ello de una "Justicia contratada".

En ese sentido, el acuerdo transaccional entre el Ministerio Público y la defensa, que se reduce a la admisión de culpabilidad igual benignidad de la pena, significa que el "Public prosecutor" se puede comprometer a: 1) ejercitar la acción penal sólo por algunos de los delitos investigados.2) proceder solo en cuanto a delitos menores y no por los de gravedad.3) Omitir las circunstancias agravantes o reconocer las atenuantes. Igualmente el Fiscal esté posibilitado para no acusar a un delincuente que carece de antecedentes penales, cuando se trata de un delito no violento o relacionado al tráfico de drogas, siempre que cumplan con un programa de rehabilitación.

Menciona a su vez que el interés de la vigencia de éste sistema comprende distintas órdenes, pero que confluyen en un punto central: La economía, en sentido amplio. Así, la declaración de culpabilidad y evitación del juicio beneficia a las partes implicadas, el acusado puede evitar la imposición de una pena más grave , evitar retrasos en el proceso, superar la incertidumbre que se derive del juicio, y los gastos económicos que significa.

El Defensor, obtiene sus honorarios con menos esfuerzo, el Fiscal consigue una condena sin riesgos de absolución, además de mantener una buena imagen pública, y, por último, el Estado, que logra una declaración de culpabilidad sin mayor perjuicio económico, al evitarse la realización del juicio oral.

C. En la Legislación italiana

En Italia, la Legislación procesal establece mecanismos de acuerdo entre las partes a fin de evitar el juzgamiento o abreviar el proceso. Los procesos especiales atienden a éste cometido. El juicio abreviado y "el patteggiamento" se basan en la existencia de un acuerdo entre el imputado y el Ministerio Público sobre la forma y la pena, así como el denominado "Decreto Penal de condena" que apunta a evitar el debate oral.

El procedimiento de aplicación de la pena a pedido de las partes (pattegiamento) es el más parecido al plea bargaining, el acuerdo entre el imputado y el Ministerio Público se manifiesta sobre la pena, en cuanto a la aplicación de la sustitución de la misma, reducida a un tercio, siempre que en los hechos investigados aparezcan circunstancias atenuantes que así lo permitan o la pena privativa de la libertad no sea superior a dos años (art. 444 de la nueva ley italiana).

El juez antes de emitir resolución final podrá verificar la voluntad expresada en la petición o en el consenso a que se ha llegado, pudiendo disponer la comparecencia del imputado e incluso rechazar la solicitud si las propuestas a que han llegado las partes no son correctas.

También aparecen criterios de oportunidad en el procedimiento por decreto (art.459) y se posibilita el cambio de trámite del procedimiento inmediato o el direttissimo a los ya citados, con igual posibilidad de consenso.

Al Ministerio Público se le faculta para dirigir la indagación preliminar y ejercitar la acción penal, además de otras facultades, como la de tener iniciativa en la simplificación del procedimiento mediante la adopción de criterios establecidos87, conforme a lo señalado por la legislación italiana.

D. En la legislación argentina

En Argentina, la suspensión del procedimiento a prueba es un instrumento procesal que detiene el ejercicio de la acción penal a favor de un sujeto imputado por la comisión de un ilícito, quien se somete, durante un plazo, a una prueba en la cual deberá satisfactoriamente con ciertas y determinadas obligaciones legales e instrucciones que le imparta el Tribunal para el caso concreto, a cuyo término se declara extinguida la acción penal, sin consecuencias jurídico penales posteriores.

Sin embargo, si se transgrede o cumple insatisfactoriamente la prueba, el Tribunal previa audiencia en la que interviene el imputado, tiene la facultad de revocar la medida y retomar la persecución penal contra él. La aplicación de éste instituto depende, para el derecho procesal penal argentino, de tres requisitos.

1.-El consentimiento del otorgamiento del beneficio por parte del imputado.
2.-La reparación, en lo posible, del daño provocado a la víctima.
3.-La no comisión de un delito anterior88

En líneas generales se puede caracterizar la suspensión del procedimiento a prueba argentino como un beneficio con finalidad preventivo-especial. Igualmente, es un instrumento pensado sobre la base de fundamentos políticos criminales, orientado a combatir las consecuencias gravosas del propio sistema penal.

Podemos referirnos a que constituye una excepción al principio de legalidad de la acción penal, el cual determina que todos los delitos de acción pública deben ser perseguidos de igual manera y con la misma intensidad (Art. 71° CP).

En consecuencia puede afirmarse que se trata en verdad, de una derivación del principio de oportunidad que implica apartarse de la finalidad retributiva de la pena y dirigirse hacia fines utilitaristas de prevención general y especial.

E. En la Legislación colombiana.

Tal como lo indica Bernal Cuellar89, citado por Sánchez Velarde, es importante resaltar que tal como quedó estructurado el Código Procesal Penal Colombiano el ejercicio de la acción penal obedece al principio de la legalidad y no al de oportunidad (debiendo entenderse que este último principio es aplicable en este sistema penal, pero como una excepción al principio de legalidad). La formulación de la acusación no depende de la discrecionalidad del funcionario o de la conveniencia o no de dicha acusación, sino, por el contrario, depende de la concurrencia de determinada prueba que permita fundamentar la resolución acusatoria.

Sin embargo, el Art. 6 de la Ley 81 de 1993 modificó el Art. 38 del C. De P.P. que regula, para los delitos que admiten desistimiento y para aquellos que permiten la preclusión de la investigación por indemnización integral de perjuicios, la figura jurídica de la conciliación en busca de un acercamiento entre el autor del hecho y los perjudicados, con el fin de que cuantifiquen el monto de los perjuicios, de ésta manera se reduce a un contenido estrictamente económico la lesión del objeto jurídico y se permite, como ya se dijo, el restablecimiento del derecho y la terminación del proceso para descongestionar los despachos judiciales ( Art. 14º C. Del P.P.).

Se trata de la llamada de la disponibilidad de la acción penal mediante acuerdo de los sujetos que conforman la relación jurídico-procesal, autor del hecho y sujeto pasivo o perjudicado de la infracción.

En la mayoría de las legislaciones existe una zona que comprende múltiples comportamientos delictuales, con respecto a los cuales no obra la plena oficiosidad por parte del Estado en la investigación de los hechos, sino que incluye en los códigos la discrecionalidad del perjudicado para que una vez se restablezca el derecho, pueda dicha circunstancia constituir causa de extinción de la acción penal.

El Art. 38 del C. de P.P. colombiano permite la conciliación durante las siguientes etapas:

a) Indagación previa. En éste caso si prospera el acuerdo entre las partes, debe proferirse resolución inhibitoria.

b) Instrucción formal, osea a partir de la resolución de apertura de la investigación, en la cual debe ordenarse por parte del funcionario la realización de audiencia de conciliación, la que se practicará dentro de los diez días siguientes contados a partir de ésta providencia. En ésta etapa, si prospera la conciliación de inmediato debe producirse la resolución de preclusión, y si el acuerdo se obtiene estando el proceso en despacho para calificar el mérito del sumario, debe optarse por la preclusión como forma especial de calificación. 

c) En la etapa de juzgamiento, hasta antes de que quede ejecutoriada la sentencia definitiva, momento en el cual el reconocimiento del acuerdo se hará mediante auto de cesación de procedimiento por tratarse de causal objetiva de extinción de la acción penal.

Debe tenerse en cuenta que para efectos penales, el acto de conciliación en sí mismo no hace tránsito de cosa juzgada .Es presupuesto indispensable la aceptación del funcionario judicial, por cuanto éste debe realizar controles sustanciales.

Respecto de las consecuencias del acuerdo, en el sentido de establecer si es factible precluir o cesar el procedimiento de manera integral o parcial, debe recordarse que la conciliación tiene contenido estrictamente económico independientemente de la existencia o no de responsabilidad penal del imputado o procesado.

1.1.3. Fundamentos

En lo que concierne a los fundamentos para la aplicación del principio de oportunidad, existen criterios en la doctrina como el de Sánchez Velarde90 para quien éste fundamento se encuentra en la escasa relevancia social de la infracción. En estos casos considera que no existe un interés social de punición y que pueden ser resueltos por los sujetos de la relación procesal sin poner en marcha el aparato judicial o dando por concluido el ya iniciado.

Por su parte Gimeno Sendra91 establece que el fundamento se encuentra en la escasa entidad del daño social producido o en la personalidad del inculpado que no podría justificarse mediante criterios discriminatorios de índole económico, sociológico o político, ya que los principios constitucionales de igualdad y de seguridad jurídica podrían ser cuestionados.

En su opinión, éste principio también tiene un fundamento político; su innovación legislativa obedece a la necesidad no de lucha contra la delincuencia, sino de solucionar problemas de saturación de los procesos penales.

Para Oré Guardia92 desde el punto de vista social el fundamento del principio de oportunidad radica en la escasa relevancia social del ilícito penal. En tal caso existe un interés colectivo en la persecución penal, de modo que el conflicto puede muy bien resolverse entre los sujetos de la relación procesal, sin que intervenga el órgano judicial.

Citando a Silvia Barona93, considera que el principio de oportunidad contribuye a la consecución de la justicia material por encima de la formal, favoreciendo el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, constituyéndose así, en un instrumento que permite llevar a cabo un tratamiento diferenciado entre hechos punibles que deben ser perseguidos, y otros con un mínimo de interés social y en los que la pena carece de significación.

Coincide Oré con Gimeno Sendra en que desde el punto de vista político estriba en la necesidad de solucionar problemas de saturación, como la acumulación de procesos, retardo procesal, y deficiencias en cuanto a infraestructura e ineficacia administrativa. Reflexiona en que el fundamento político criminal de la oportunidad radica, por un lado, en la necesidad de evitar procedimientos que puedan aparecer como innecesarios y facilitar el uso de penas alternativas a la privación de la libertad, que pueden tener importantes efectos preventivos sin causar los estragos que sobre la libertad personal provoca aquella.

Sobre el particular debemos dejar claramente establecido que coincidimos con los criterios antes glosados, pero especialmente con aquellos que ven en el principio de oportunidad una alternativa a los problemas de saturación y acumulación de procesos; máxime si consideramos la realidad carcelaria en nuestro país, para lo cual nos remitimos a los cuadros estadísticos que forman parte del ANEXO I de la presente Tesis, en los cuales figuran datos recientes sobre la situación actual de los Establecimientos Penitenciarios de la Región Lima, proporcionados por el Instituto Nacional Penitenciario ( INPE ).

En el Cuadro Nº 1 correspondiente a febrero del 2002 podemos apreciar la población penal por situación jurídica y sexo, pertenecientes a la Dirección Regional Lima (la cual incluye 14 Centros Penitenciarios).

Puede apreciarse en él, que de un total de 13,259 internos, la mayor parte son procesados (9,847), es decir que aún no se ha determinado su inocencia o responsabilidad penal. Correspondiendo sólo a la tercera parte de internos, la condición de sentenciados (3,412).

En el Cuadro Nº 2 correspondiente al mismo periodo, población penal por tipo de delitos, pertenecientes a la Dirección Regional Lima; puede apreciarse que prácticamente el 50% de los internos se encuentran en ésa situación por haber cometido delitos contra el patrimonio (6,574), encontrándose en la condición de procesados las dos terceras partes (4,966).

Estos hechos tomados de la realidad cotidiana en nuestro país, nos hacen pensar en la apremiante necesidad de repotenciar el principio de oportunidad para que cumpla a cabalidad sus fines, complementado por otras necesarias medidas de tipo educativo, económico y político.

1.1.4. Objetivos

Como bien lo señala Peña Gonzáles94 cuya opinión compartimos, de manera genérica podemos afirmar que son tres los objetivos principales para la aplicación del Principio de Oportunidad:

a) Descriminalización 

Respecto a hechos punibles, evitando la aplicación del poder sancionador de la norma penal, cuando otras formas de reacción frente al comportamiento desviado pueden alcanzar mejores resultados o donde resulte innecesaria su aplicación.

b) Resarcimiento a la víctima

Como segundo objetivo del principio de oportunidad se señala el resarcimiento rápido y oportuno a la víctima por el daño ocasionado, de tal manera que no haya necesidad de esperar los más de uno o más años que dura un proceso, para que el afectado o víctima obtenga una reparación.

Esta rapidez y oportunidad en el resarcimiento a la víctima, tiene suma importancia, en cuanto va a permitir a ésta contar con los medios económicos para tratar de alguna manera sobrellevar o amenguar el dolor o perjuicio provocado, pues si éste resarcimiento no es oportuno no tendría mayor trascendencia.

c) Eficiencia del sistema penal.

Otro de los objetivos del principio de oportunidad sería la búsqueda de la eficiencia del sistema penal en aquellas situaciones en las que resulta indispensable su actuación como método de control social, procurando el descongestionamiento de una justicia penal saturada de procesos, que no permiten el tratamiento preferencial de aquellos delitos considerados graves o de mayor lesividad social.

1.1.5. El Principio de Oportunidad en el Código Procesal Penal 

Como se mencionó en su momento, el Código Procesal Penal de 1991 introdujo importantes innovaciones en el ámbito del Derecho Procesal penal, una de las cuales es precisamente el principio de oportunidad. Este cuerpo normativo establece en su Art. 2 que el Ministerio Público, con consentimiento expreso del imputado, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos:

1.- Cuando el agente haya sido afectado directa95 y gravemente por las consecuencias de su delito y la pena resulte inapropiada.

2.- Cuando se trate de delitos que por su insignificancia o por su propia frecuencia no afecten gravemente el interés público, salvo cuando la pena mínima supere los dos años de la pena privativa de libertad o hubieran sido cometidos por un funcionario público en ejercicio de su cargo.

3.- Cuando la culpabilidad del agente en la comisión del delito o su contribución a la perpetración del mismo, sean mínimos, salve que se trate de un hecho delictuoso cometido por un funcionario público en ejercicio de su cargo.

En los supuestos previstos en los incisos 2) y 3), será necesario que el agente hubiere reparado el daño ocasionado o exista un acuerdo con la víctima en ese sentido96.

Si la acción penal hubiera sido ya ejercida, el Juez podrá, a petición del Ministerio Público, dictar auto de sobreseimiento en cualquier etapa del proceso, bajo los supuestos antes mencionados.

A. Requisitos para su aplicación

De la norma citada podemos inferir los siguientes requisitos para su aplicación:

a) El consentimiento expreso del imputado

La abstención de la persecución penal no es una decisión que el Ministerio Público pueda adoptar de oficio. La ley exige el consentimiento expreso del imputado previo a la resolución del Fiscal. A diferencia del Supuesto establecido en el primer inciso de la ley, en los últimos dos el consentimiento va acompañado de la reparación del daño ocasionado o del compromiso en ese sentido97.

En éste punto considera Sánchez Velarde que la iniciativa en la aplicación de los criterios de oportunidad puede corresponder al imputado o al Ministerio Público.

En el primer caso será el imputado el que haga conocer al Fiscal su interés en evitar el inicio de la acción penal o que se prosiga el proceso penal ya iniciado, expresando su disposición a cumplir con la reparación del daño ocasionado al agraviado o perjudicado por el hecho punible.

En el segundo caso, dada las circunstancias de los hechos que se investigan y en atención a los supuestos previstos por ley, el Fiscal podrá hacer conocer al imputado la posibilidad de prescindir de la persecución penal si éste cumple con reparar el daño ocasionado.

El consentimiento del imputado debe "constar por escrito", el pedido de éste podrá ser por escrito o verbal, pero su consentimiento debe plasmarse en un acta suscrita ante el Fiscal o en todo caso en su declaración; previa a la resolución que se dicte en éste sentido. Asimismo cualquier documento privado debe ser aceptado y ratificado ante el Fiscal; teniendo en cuenta igualmente que la intervención del defensor del imputado resulta de importancia, aunque puede prescindirse de él.

La intervención del agraviado u ofendido por el hecho punible resulta también importante, para evitar posibles cuestionamientos si el acuerdo se realiza sólo entre el Fiscal y el imputado, aunque tampoco es imprescindible su presencia.

b) La Reparación civil.

En opinión de O98, para los casos de mínima gravedad del delito o mínima culpabilidad del agente, inciso 2 y 3 del art. 2 del C.P.P., se requiere que el sujeto imputado efectúe la reparación civil, es decir la restitución del bien o el pago de su valor, y la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios causados.

Indica que la Circular Nº 006 - 95 MP - FN (aprobada el 15 de noviembre de 1995) establece que el Fiscal procurará que el denunciado o implicado, el tercero civil y el agraviado se pongan de acuerdo acerca del monto indemnizatorio y la forma de pago. De no producirse el acuerdo, el Fiscal fijará la indemnización y su forma de pago.

Es pertinente mencionar que si bien las normas vigentes no se pronuncian sobre los casos de incumplimiento de la promesa a reparar el daño al agraviado, de acuerdo al art. 2 del CPP de 1997, constituye un elemento condicionante por cuanto el Fiscal podrá prever la continuación del proceso penal en caso de incumplimiento del compromiso de pagar la reparación por parte del denunciado. En otras palabras, cuando exista compromiso de pago el archivamiento ordenado por el Fiscal tiene el carácter de provisional hasta que se cumpla con el compromiso acordado. Igualmente cuando el Juez Penal realice el sobreseimiento de una causa, esta decisión tendrá el carácter de provisional, quedando condicionada al pago efectivo de la reparación.

Sobre este punto, GALVEZ VILLEGAS99 estima que en determinados casos de falta de necesidad de pena y/o falta de merecimiento de pena, como los previstos en el art. 2 del Código Procesal Penal, el Fiscal, una vez recibido el atestado policial, recibida la denuncia de parte con todos los recaudos, de los cuales se advierten suficientes indicios de comisión de la comisión del delito denunciado y de la responsabilidad penal del agente incriminado, o de concluida la investigación preliminar llevada a cabo en su despacho, pude abstenerse del ejercicio de la acción penal en contra del denunciado - quién a la vez habrá admitido su responsabilidad penal en los hechos y estar de acuerdo con dicha abstención-. 

Sin embargo, para que el Fiscal se abstenga del ejercicio de la acción penal en estos casos, es necesario que previa a la resolución de abstención, se haya reparado el daño ocasionado, o en todo caso que exista un acuerdo con el agraviado en ese sentido. En este último supuesto, quedará pendiente la resolución definitiva hasta que se cumpla con el acuerdo preparatorio.

Concluye el autor señalando que en aplicación del principio de oportunidad, también se puede lograr el resarcimiento del daño; y aún ciando en la práctica no se viene aplicando este principio como debería ser, esta institución procesal configura un mecanismo de solución de conflictos penal, alternativo al proceso penal; por lo que debe impulsarse su aplicación en la mayor parte de los casos. 

B. Supuestos de aplicación

El previamente citado art. 2 del Código Procesal Penal establece tres supuestos para la aplicación del principio de oportunidad :

a) Agente afectado por el delito

Este supuesto normado en el inciso 1 del art. 2 se refiere al caso del denominado " infractor - víctima" o agente que es afectado por el delito que cometió. Este supuesto se ubica dentro de las causas relacionadas con el autor del hecho, en cuanto éste reúne la condición de autor y víctima del delito.

El delito puede ser doloso o culposo, no distinguiendo la norma a qué tipos de delitos se dirige éste supuesto; no obstante debe entenderse que comprende delitos de mediana y mínima lesividad social.Ello en atención a la esencia misma de la institución , pues el fundamento principal de la aplicación de estos criterios de oportunidad radica además de la escasa gravedad de la infracción, en la falta de interés público de punición.

Para Sánchez Velarde100, la ley exige que el agente haya sido afectado directa y gravemente por el delito que él mismo produjo. La afectación puede sobrevenir por daño grave recaído en la persona del autor o en otras vinculadas a él , o que por determinadas circunstancias, el infractor se siente directa y gravemente afectado.

El fundamento de ésta disposición radicaría en que tales circunstancias crearían en el agente o responsable problemas de conciencia que la imposición de la pena sólo acrecentaría.

La valoración de las circunstancias del hecho punible y la afectación directa y grave que sufre el agente corresponde al Ministerio Público lo cual implica un análisis minucioso de los hechos por parte del Fiscal y el auxilio pericial respectivo, como factores imprescindibles en la decisión final.

Considera O101, que en éste supuesto no se requiere la reparación del daño causado, dado que el delito ha ocasionado en ésta persona una afectación grave de sus propios bienes jurídicos o de su entorno familiar más íntimo.

b) Mínima gravedad del delito.

Este supuesto contemplado en el inciso segundo del artículo 2, regula la posibilidad del archivamiento en los casos de delitos insignificantes, también llamados delitos de bagatela.

El concepto de delito de bagatela no está ni legal ni dogmáticamente establecido, pero se aplica con frecuencia a hechos delictuosos cuya reprochabilidad es escasa, y cuando el bien jurídico que se protege es de menor relevancia.

Al respecto, existe interés público cuando la paz jurídica se ve perjudicada por encima del círculo vital del perjudicado y la persecución penal se constituye en un objetivo actual de la generalidad.

El delito puede ser doloso o culposo, pero se requiere que la pena mínima no supere los dos años. Nos encontramos por ello ante una amplia gama de delitos debido a la tendencia humanitaria de nuestro Código Procesal Penal102.

El fundamento principal radica, como se pueden observar, en evitar que se ponga en marcha todo el aparato judicial para procesar penalmente hechos delictuosos que no tienen mayor trascendencia social. De ésta manera, se reduce la carga procesal, eliminando las causas más numerosas que congestionan los juzgados y tribunales penales, destinando el mayor esfuerzo de las operadores jurídicos al jurídicos a la investigación y juzgamiento de las infracciones consideradas de gravedad.

En consecuencia el Ministerio Público podrá abstenerse de la persecución penal en atención al carácter mínimo de la infracción o cuando ésta sea de poca frecuencia, y atendiendo a que, en ambos casos, no se afecte gravemente el interés público.

La "nimiedad" de la infracción o la "escasa importancia" de la persecución penal, desde el punto de vista objetivo, está delimitada por el cuantum de la pena prevista para el delito en su extremo mínimo. Esta no debe ser mayor a dos años de pena privativa de libertad, contrario sensu, el Ministerio Público, obligatoriamente dará inicio a la acción penal o continuará la ya iniciada103.

c) Mínima culpabilidad del agente.

Este supuesto se encuentra normado en el inciso 3 del artículo 2 y está referido a la autoría o participación mínima del agente en la comisión del ilícito penal. Para determinar este supuesto se sugieren algunos criterios para poder valorar la escasa o mínima culpabilidad.

Se tomará en cuenta entre otros criterios, el móvil del autor, su carácter o personalidad criminal, sus relaciones personales y sociales, su comportamiento posterior al hecho (si ha reparado el daño, si está arrepentido, etc.) así como la forma de ejecución del hecho ilícito y sus consecuencias.

Todo ello servirá para determinar el grado de culpabilidad del agente en la comisión del ilícito penal104.

La mínima culpabilidad del autor debe entenderse en relación a los casos en que la ley faculta la disminución de la pena por consideraciones personales del autor o el hecho que se investiga. Pudiendo citarse el ejemplo de los casos de responsabilidad disminuida del autor de entre 18 y 21 años de edad o las limitaciones de comprensión del delito en que se incurre, los casos que justifican relativamente el accionar delictivo, los casos de arrepentimiento activo o de tratativa punible.

La difícil determinación de éste supuesto de mínima culpabilidad se puede suplir mediante la conjunción del mismo con el supuesto de la escasa gravedad o falta de interés público de punición.

Es oportuno señalar que la aplicación del principio de oportunidad no será posible cuando la pena mínima supere los dos años de pena privativa de libertad y cuando el agente es funcionario público en ejercicio de su cargo.

1.2. MARCO LEGAL PARA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD


Además de las normas contenidas en el Código Procesal Penal ya mencionadas, el Ministerio Público ha implementado la aplicación del principio de oportunidad a través de diversas disposiciones, entre ellas podemos mencionar a las siguientes:

  • Circular Nº 006 - 95 - MP - FN, Instrucciones para aplicar el principio de oportunidad, aprobada por la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1072-95-MP-FN de fecha 15 de noviembre de 1995.

  • Resolución del Consejo Transitorio del Ministerio Público Nº 200-2001-CT-MP que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de las Fiscalías Provinciales Especializadas en la aplicación del Principio de Oportunidad de fecha 20 de abril de 2001 y su modificatoria, Resolución del Consejo Transitorio del Ministerio Público Nº 266-2001-CT-MP de fecha 27 de abril del 2001.

  • Ley Nº 27664, Ley que agiliza el procedimiento de abstención del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, publicado con fecha 8 de febrero de 2002.

Con respecto a las Instrucciones para aplicar el principio de oportunidad contenidas en la Circular Nº 006-95-MP-FN podemos resumir sus principales directivas en los siguientes puntos:

1.- La resolución fiscal debe estar debidamente motivada y teniendo a la vista la denuncia de parte, los recaudos que se acompañan, el atestado policial y los actuados de la investigación preliminar desarrollada.

2.- Se sustentará en razones de oportunidad siempre que se acredite la realidad del delito y la vinculación del denunciado, así como los supuestos del art. 2, de lo contrario la razón de archivo corresponderá a lo establecido en el art. 94 inc. 2 de la L.O.M.P. esto es, corresponderá el archivo definitivo o personal.

3.- Es inaplicable el criterio de oportunidad para el caso de delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo.

4.- De considerar aplicable el principio de oportunidad se citará al denunciado para recabar su aceptación.
El plazo para dictar la resolución fijando fecha para esta diligencia es de 20 días desde que se recibe los actuados o se concluya la investigación preliminar. La diligencia se realizará dentro de los 15 días siguientes.

5.- De aceptar el denunciado se citará al agraviado en los casos de los inc. 2 y 3 del art. 2 del C.P.P. dentro de los diez días de la aceptación, de ser el caso se citará al tercero civil responsable. El Fiscal testará que el agraviado, el denunciado y el tercero civil, se pongan de acuerdo sobre el monto de la reparación civil, de existir controversia, ésta será fijada por el Fiscal Provincial.

6.- De no asistir el denunciado a la citación para recabar su aceptación, estando debidamente notificado, se procederá a formalizar la denuncia penal.

7.- De no asistir el agraviado y el tercero civil en la segunda diligencia, el Fiscal procederá a fijar el monto indemnizatorio de modo prudencial, pudiendo fijar un plazo para el pago, el cual no excederá de 9 meses. El archivo estará condicionado al pago, de no cumplir el denunciado bajo requerimiento, se revocará el auto de abstención de acción penal y se formalizará la denuncia.
Sobre el particular, es preciso señalar que para resolver por la abstención de la acción penal deberá resultar indispensable que previamente las partes cumplan con los acuerdos asumidos, luego de lo cual recién podrá operar dicha resolución, a efecto de evitar revocaciones innecesarias, manteniéndose firme el apercibimiento de ejercer la acción penal a que se contrae el principio de legalidad, es decir la persecución del delito. 

8.- Las diligencias constarán en actas.

9.- El Fiscal dictará resolución en el acto o dentro de los tres días de la última diligencia, la cual será notificada. Las resoluciones fiscales de abstención de acción penal y de revocación del acto de abstención pueden ser recurridas en queja ante el Superior.

10.- De haberse ejercido la acción penal, el Fiscal puede solicitar el sobreseimiento de la causa en cualquier estado al darse los presupuestos de aplicación del principio de oportunidad. El propio imputado también podrá solicitarlo, en éste caso el Fiscal dictaminará o previamente requerirá la actuación de diligencias en orden a la posición de la víctima, en la medida que no se haya formulado acusación.
Este último aspecto referido a que no se haya formulado acusación, para que las partes soliciten la aplicación del principio de oportunidad constituye una barrera para una aplicación más amplia de este principio procesal, pues la aplicación del mismo podría darse hasta antes de la expedición de la sentencia; siempre que se cumplan con los requisitos de ley, no siendo indispensable que el Fiscal necesariamente tenga que apelar frente a una situación dada, como por ejemplo cuando se produce un acuerdo entre las partes que ya resolvieron su conflicto ante un notario, ya que no desean continuar con el proceso, por lo que debe tenerse en cuenta este punto, a efectos de no constituir una obstáculo innecesario. 

Sin embargo, la circular dispone que el archivo de los actuados se emitirá cuando el Fiscal ha dictaminado en forma favorable, de lo contrario, se interpondrá recurso de apelación.

La circular en mención establece también instrucciones particulares para los supuestos de los incisos 1 y 2 del art. 2 del C.P.P., estas son:

1.- En el caso de falta de necesidad de aplicación de la pena (inc. 2 ):

  • El delito puede ser doloso o culposo, se aplicará el principio de oportunidad preferentemente en el caso de delitos de escasa o relativa gravedad.

  • Las consecuencias del delito están referidas a las producidas por el propio accionar del agente.

  • Las consecuencias pueden ser físicas o corporales, morales y económicas que afecten directamente al imputado. El que se produzcan al mismo tiempo perjuicios a terceros no impide la renuncia del ejercicio de la acción por parte del Ministerio Público.

2.- En el caso de delitos de escaso efecto social (falta de merecimiento de la pena).

  • Se aplican a delitos que se encuentran sancionados como mínimo con dos años de pena privativa de libertad.

  • El interés público existe cuando el delito perjudica la paz social al sobrepasar el círculo del agraviado y su entorno. Será valorado según las circunstancias que determina la finalidad de la pena ( Art. 46 del C.P. ) así como las causas justificativas incompletas del Art. 2 del C.P.

3.- La abstención del ejercicio de la acción penal por razones de mínima culpabilidad ( Falta de merecimiento de la pena) :

  • La culpabilidad es mínima cuando se presentan circunstancias atenuantes que permitan una rebaja sustancial de la pena: Móviles y finalidad del autor, características personales, comportamiento posterior al delito ( Se excluye la confesión), los supuestos de causa de inculpabilidad incompleta, error y arrepentimiento activo sin éxito ( Art. 18 del C.P. ).

  • La contribución a la perpetración del delito sería mínima en los casos de complicidad secundaria ( Art. 25 del C.P.)105.

De igual forma, podemos sintetizar los alcances de la Circular Nº 006-95-MP-FN sobre aplicación del principio de oportunidad, recurriendo al análisis efectuado por Flavio García106 sobre éste punto.

Para ello esquematizaremos la citada Circular de la siguiente manera:

1º Motivación de la resolución de no formalizar denuncia penal (Art. 2º Circular Nº 006 ).

  • El Fiscal Provincial emitirá resolución debidamente motivada disponiendo la abstención del ejercicio de la acción penal (No formalización de denuncia penal, Art. 2 del C.P.P.).Al expedir ésta decisión el Fiscal Provincial debe tener a la vista:

    - La denuncia de parte acompañada de los recaudos probatorios que la sustenten.

    - El atestado policial correspondiente.

    - Los actuados formados con motivo de la investigación preliminar realizado por el Fiscal Provincial.

2º Archivamiento por razones de oportunidad (Art. 3º Circular Nº 006 ).

  • Se archivará lo actuado por razones de oportunidad cuando concurran los siguientes requisitos:

    - Cuando existen suficientes elementos probatorios de la realidad del delito.

    - Cuando existen suficientes elementos probatorios de la vinculación del implicado o denunciado en la     comisión del delito.

    - Cuando se presenten los supuestos de falta de merecimientoo falta necesidad de pena previstos en los incisos 1 a 3 del Art. 2º del C.P.P.

3º Diligencia de aceptación del denunciado (Art. 4º Circular Nº 006 )

  • El Fiscal, una vez recibidos los actuados policiales o la denuncia de parte con las constancias probatorias pertinentes o culminada la investigación preliminar realizada por su despacho; si considera posible la cesión del trámite al amparo del Art. 2º del C.P.P. citará al denunciado o implicado para recabar su aceptación.

  • La resolución que señala fecha para la diligencia de aceptación del denunciado o implicado se expedirá dentro de los veinte Díaz de recibidos los actuados o culminada la investigación preliminar. La diligencia se convocará dentro de los quince días siguientes.

  • Si el denunciado o implicado acepta la aplicación de los criterios de oportunidad (Art. 2º incs. 2 y 3 del C.P.P. ), dentro de los diez días siguientes de la aceptación, se citará al agraviado en tanto se encuentra identificado y se trate de delitos que lesionen o pongan en peligro bienes jurídicos personales de ser el caso también se citará al tercero civil.

  • La oposición de la víctima al aplicación del artículo 2º del C.P.P. no impide que se dicte la resolución de la abstención del ejercicio de la acción penal.

  • El Fiscal expedirá la resolución que corresponda en el mismo acto o dentro de tres días de realizada la última diligencia (Art. 7º Circular Nº 006 ).

4° Inasistencia del denunciado y/o agraviado a la citación formulada por el Fiscal para la aplicación del principio de oportunidad (Art. 2º C.P.P. ).

  • Si el denunciado o implicado no asiste a la primera diligencia, luego de constatarse que fue notificado, se procede a formular denuncia penal en su contra (Art. 6 Circular Nº 006 ).

  • Si el agraviado y en su caso el tercero civil, no asiste a la segunda diligencia, el Fiscal - de aceptar el denunciado o implicado la abstención del ejercicio de la acción penal por oportunidad - determinará prudencialmente el monto indemnizatorio que corresponda.

  • Para éste efecto, el Fiscal tendrá en consideración lo dispuesto en los arts. 93 al 95 del código Penal. El art. 93º del C.P. establece que la reparación comprende :

    a) La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor, y

    b) La indemnización de los daños y perjuicios, Art. 94º C.P.

  • La restitución se hace con el mismo bien aunque se halle en poder de terceros, sin perjuicio del derecho de éstos para reclamar su valor contra quien corresponda; Art. 95º C.P.

  • La reparación civil es solidaria entre los responsables del hecho punible y los terceros civilmente obligados.

5º Abstención del ejercicio de la acción penal en razón de falta de necesidad de pena Inc. 1 del Art. 2º del C.P.P.

  • Para la abstención del ejercicio de la acción penal en razón de falta de necesidad de pena, deben reunirse los siguientes requisitos:

    - El Fiscal puede abstenerse de ejercitar la acción penal tanto en los delitos dolosos como en los culposos. Preferentemente, la abstención estará limitada a los delitos de escasa o relativa gravedad.

    - Las consecuencias del delito particularmente relevantes, son aquellas producidas por el propio imputado como consecuencia directa de su conducta.

    - Las consecuencias pueden ser de índole corporal (grave afectación de salud), económico (importantes perjuicios patrimoniales) o moral (sufrimiento y angustia especialmente relevante).Deben afectar directamente al imputado, es decir a sus propios bienes jurídicos o al de su entorno familiar más íntimo. No impide la renuncia del ejercicio de la acción, el que, simultáneamente se produzcan perjuicios a terceros.

    - Para la aplicación de éste criterio de oportunidad se descarta las consecuencias que el implicado o denunciado quiso causarse a sí mismo o al menos previó como posibles.

6º Abstención del ejercicio de la acción penal por la comisión de delitos de escaso efecto social (falta de merecimiento de pena), Inc. 2º del Art. 2 del C.P.P.

  • Para la abstención del ejercicio de la acción penal en razón de falta de merecimiento de pena, deben reunirse los siguientes requisitos:

    Que los delitos considerados en éste supuesto, son aquellos que tienen conminado, en su extremo mínimo, dos o menos años de privación de libertad. También están comprendidas otras penas tales como multa, restrictivas de derechos y restrictivas de libertad aún cuando se apliquen conjunta o accesoriamente con la pena privativa de libertad.

    Que la comisión del delito perjudique la paz jurídica por encima del círculo vital del agraviado y su entorno inmediato y por tanto, ocasione fundada alarma social.

  • Para valorar el interés público en la persecución, el Fiscal considerará los elementos ponderativos fijados en el Art. 46 del Código Penal (modo de comisión del delito, habitualidad del mismo o razones similares, grado de los deberes infringidos, el móvil del delito y los antecedentes o habitualidad del agente).También deberá valorar las causas justificativas incompletas previstas en el Art. 20 y concordantes con el art. 21 del Código Penal.

  • Los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, cualquiera fuera la penalidad conminada, estan excluidos de la abstención del ejercicio de la acción penal por escasa lesividad social.

7º Abstención del ejercicio de la acción penal por razón de mínima culpabilidad ( Inc. 3 del Art. 2 del C.P.P.)

  • La abstención del ejercicio de la acción penal por razón de mínima culpabilidad (Falta de merecimiento de la pena) procederá en los siguientes casos, a criterio del Fiscal:

    - Cuando la culpabilidad es mínima o escasa y puede situarse debajo de la línea intermedia común, es decir, cuando se presenten circunstancias atenuantes que permitan una rebaja sustancial de la pena, vinculadas, entre otros factores; a los móviles y finalidad del autor, a sus características personales, a su comportamiento luego de la comisión del delito, con exclusión de la confesión.

    - Se tendrá en consideración además, aquellos supuestos vinculados a las causas de inculpabilidad incompletas, al error y al arrepentimiento activo sin éxito. Art.18 del Código Penal: " Si el agente desiste voluntariamente de proseguir los actos de ejecución del delito o impide que se produzca el resultado, será penado solo cuando los actos practicados constituyen por sí otros delitos". La contribución a la perpetración del delito será mínima en los supuestos de complicidad secundaria ( Art. 25º in fine C.P.).

Asimismo, otra norma de singular importancia es la Resolución del Consejo Transitorio del Ministerio Público Nº 200 - 2001 - CT - MP que crea las Fiscalías especializadas en la aplicación del Principio de Oportunidad en el Distrito Judicial de Lima, en calidad de proyecto piloto, sin perjuicio que posteriormente pueda acordarse la creación de otras de igual clase en otros Distritos Judiciales.

Dicha resolución contiene entre sus principales disposiciones las siguientes:

Remisión de denuncias a Fiscalías Especializadas en Aplicación del Principio de Oportunidad

  • Cuando una Fiscalía Provincial Penal, con ocasión de conocer de una denuncia de parte o documento policial relacionado con posible comisión delictiva, o durante las investigaciones preliminares llevados a cabo, considere aplicable el criterio de oportunidad, procederá de inmediato a remitir dichos actuados a la Fiscalía Provincial Especializada en la aplicación de Principio de Oportunidad, mediante resolución motivada, debiendo previamente constatar que se reunan las condiciones establecidas en el Artículo 2 del Código Procesal Penal y el presente reglamento, como también que exista.

Agraviado en desacuerdo con aplicación del Principio de Oportunidad

  • Si ambas partes concurren pero el agraviado no estuviera de acuerdo con la aplicación del Principio de Oportunidad, el Fiscal Provincial, luego de evaluar en dicha Audiencia Unica los motivos que se le exponen como sustento al desacuerdo, emitirá resolución ordenando seguir adelante el trámite o caso contrario darlo por concluido. En caso disponer seguir adelante el trámite, completará su resolución fijando el monto de la reparación, su forma y oportunidad de pago y el obligado u obligados, y elevará inmediatamente los actuados en consulta al Fiscal Superior de Turno.

Desacuerdo de las partes en el monto de la Reparación 

  • Si ambas partes concurren y el agraviado estuviere de acuerdo con la aplicación del Principio de Oportunidad, pero no llegaran a concordar en cuanto al monto de la reparación u otros extremos, el Fiscal procederá a fijar dicho monto y/o demás extremos pertinentes, cabiendo en tal caso la apelación inmediata en el acto mismo de la audiencia, por parte del agraviado, en cuanto a tales extremos, debiendo elevarse los actuados al Fiscal Superior de Turno.

Plazo para el pago del acuerdo asumido

  • Siempre que se fije el pago de una reparación, el Fiscal deberá fijar el plazo para su cancelación, cuidando que de preferencia ésta sea pagada al contado en una sola armada y a más tardar dentro de los quince dias calendarios siguientes al Acuerdo. Sólo en caso en que la reparación acordada exceda a tres unidades impositivas tributarias, el Fiscal podrá autorizar que sea pagada fraccionadamente, cuidándose que quede totalmente cancelada en un plazo no mayor a 6 meses. El obligado quedará automáticamente notificado en el acto mismo de la Audiencia Unica de Conciliación, si hubiera asistido. 

Pago de la reparación en cuenta bancaria del Ministerio Público

  • El pago de la reparación deberá efectuarse consignando la(s) suma(s) pertinente(s) a la disposición de la Fiscalía Especializada en Principio de Oportunidad, en una cuenta que el Ministerio Público habilitará a tal efecto, debiendo la persona obligada acreditar oportunamente su cumplimiento.
    Apercibimiento parcial, no pago en el plazo pactado

  • Si el obligado dejase pasar más de quince días sin hacer efectiva la reparación mandada pagar en una sola armada, o si se retrasase más de tres días en el abono de alguna de las cuotas fraccionadas, el Fiscal Provincial procederá a notificarlo conminándolo por única vez a cumplir su obligación en los siguientes tres días; bajo apercibimiento de revocar el auto de abstención en el ejercicio de la acción penal y devolver los actuados al fiscal Provincial de origen.

De otro lado, debemos señalar que constituye un aporte significativo para una mejor implementación del principio de oportunidad, lo dispuesto por la Ley Nº 27664, Ley que Agiliza el Procedimiento de Abstinencia del Ejercicio de la Acción Penal por parte del Ministerio Público, la cual modifica el artículo 2 del Código Procesal Penal, añadiendo lo siguiente:

" Si el acuerdo con la última víctima consta en instrumento público o documento privado legalizado por Notario no será necesario que el Juez cite a las partes a que presten su consentimiento expreso para la aplicación del principio de oportunidad ".

Esta modificatoria resulta óptima, porque con la existencia de entidades que otorguen seguridad jurídica a los acuerdos expresados por las partes, dentro del marco legal aplicable, se evita la congestión de diligencias a realizar por parte de los operadores directos a cargo de la administración de justicia.

 _____________________________

70 ORÉ GUARDIA, Arsenio. Manual de Derecho Procesal Penal, 2da. Edic. Editorial Alternativas, Lima, 1999, p.129.

71 GARCÍA DEL RÍO, Flavio. El Principio de Oportunidad. Ediciones Legales, Lima, 2000, p.2.

72 ORÉ GUARDIA, Arsenio. Ob. Cit. p. 130.

73 BAUMANN, Jürgen. Derecho Procesal Penal, Traducción del alemán por Conrado Finzi, Ediciones DE PALMA, Buenos Aires, 1986, p. 62.

74 MAIER, Julio.Derecho Procesal Penal argentino, Buenos Aires, Hammurabi, 1997, T - b, p. ss

75 GIMENO SENDRA, Vicente.Fundamentos del Derecho procesal penal, Madrid, 1991, p. 34.

76 BACIGALUPO, Enrique.Discriminación y prevención, en : Poder Judicial, Nº II, Madrid, 1987, p. 13.

77 CREUS, Carlos. Derecho procesal penal, Buenos Aires, Astrea, 1987, p. 36

78 ORÉ GUARDIA, Arsenio. Ob. Cit. p. 133.

79 SANCHEZ VELARDE, Pablo, en : VI Taller Nacional sobre Justicia y Derechos Humanos. Materiales de Lectura, Lima, CEAS, 1992.

80 CUBAS VILLANUEVA, Victor. Ob. Cit. p. 138.

81 CATACORA GONZALES, Manuel G. Manual de Derecho procesal penal, Lima, Rodhaa, 1997.p.196.

82 ORÉ GUARDIA, Arsenio. Ob. cit. p. 132.

83 GARCIA DEL RIO. Ob. Cit. p. 97

84 SANCHEZ VELARDE, Pablo. Comentarios al Código Procesal Penal. Lima, IDEMSA, 1994, p. 141 y ss.

85 Cfr. TIMOTHY CORNISH. Conferencia Nacional de la Justicia Penal, Lima, Abril 22-24, 1993.Extractos del artículo de la Rev. De Ciencias Jurídicas de El Salvador Set, 1992, p.7.

86 Cfr. DE DIEGO DIEZ, L. "Comunicación a la ponencia sobre el principio de legalidad y el uso de la oportunidad".En: Rev. Poder Judicial, Nº VI, Madrid, 1989, p37 y ss.

87 SANCHEZ VELARDE. Ob. cit. p. 96.

88 MARINO, Esteban. Suspensión del procedimiento a prueba, en: El Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, Análisis crítico. Editores del Puerto, 1993, p.29.

89 BERNAL CUELLAR. La Reforma del Proceso Penal en Colombia, Bogotá, Forum Pacis, 1994, p.30.

90 SANCHEZ VELARDE, Ob. Cit. p. 130.

91 GIMENO SENDRA, Ob. Cit. p. 198.

92 ORÉ GUARDIA, Ob. Cit p. 134.

93 Cfr. BARONA VILAR, Silvia. La Conformidad en el Proceso Penal. Tirant Lo Blanch. Valencia, 1994, p. 238.

94 PEÑA GONZALES, Oscar. Ob. Cit. p. 194

95 Mediante Ley Nº 27072 del 23/03/99 se elimina el término "directa", dejando explícitamente establecido que el afectado puede ser tanto el autor como una persona vinculada a él.

96 Modificado por la ley 27072 del 23/03/99 el cual señala "exista un acuerdo con la víctima respecto a la reparación civil "
97 SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. p. 151.

98 ORÉ GUARDIA. Ob. Cit. p. 138

99 GALVEZ VILLEGAS, Ob. Cit. p. 209.

100 SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. p 154.

101 ORÉ GUARDIA. Ob. Cit p. 140.

102 SANCHEZ. Ob. Cit. p. 158.

103 ORÉ. Ob. Cit. p. 141.

104 SANCHEZ. Ob. Cit. p. 159.

105 CUBAS VILLANUEVA. Ob. Cit. p.141 y ss.

106 GARCIA DEL RIO. Ob. Cit. p. 124 y ss.

arriba

Siguiente


Tabla de contenido | Ficha de tesis




Inicio | Relación por Áreas | Relación por Autor


© 2002 - 2007 UNMSM - Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central
Todos los derechos reservados
Lima - Perú