CATHEDRA - ESPÍRITU DEL DERECHO
N° 2 - Año 2 - Mayo 1998


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disolución, Liquidación y Extinción de Sociedades

 

José Enrique Palma Navea

Profesor de Seminario de Administración en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

 

Resulta innegable la necesidad de modificar nuestra antigua Ley General de Sociedades (ALGS), ello producto de los importantes cambios que ha experimentado nuestro país en los últimos años y, en especial por la dinámica propia del Derecho Comercial y específicamente del Derecho Societario.

Si bien es cierto, que en torno al tratamiento del tema de la disolución y liquidación de sociedades no se han presentado modificaciones drásticas, es de resaltar entre otros aspectos que son materia del presente análisis, que la nueva Ley General de Sociedades (NLGS) ha precisado con claridad meridiana las tres etapas de este proceso relativo al decaimiento de la sociedad: (1º) la disolución, (2º) la liquidación y (3º) la extinción de sociedades.

1. Disolución

Como lo señala el maestro Ulises Montoya Manfredi1, la disolución de la sociedad produce la cesación del contrato y al mismo tiempo la extinción de la relación social, en el sentido que los socios ya no están obligados a perseguir el fin común con medios comunes, sino que están autorizados a pretender la restitución en dinero o en especies de sus respectivas aportaciones. Además, por la disolución la sociedad queda imposibilitada de realizar nuevas operaciones, salvo que sean estrictamente necesarias para el proceso liquidatorio, y la totalidad de su patrimonio no puede disponerse sino hasta que se concluya con el pago a los acreedores, surgiendo así el derecho preferencial de éstos frente a los socios. Los socios tendrán derecho a la cuota parte del remanente social, sólo y únicamente cuando se haya cumplido con pagar a la totalidad de acreedores.

No obstante lo antes mencionado, debe tenerse en cuenta que producida la disolución de la sociedad, ésta conserva su personalidad jurídica mientras dure el proceso de liquidación y hasta que se inscriba su extinción en los Registros Públicos. La sociedad se convierte en un ente cuyo patrimonio se encuentra en proceso de liquidación y que subsiste con el único objeto de concluir dicho proceso.

Cuando se presentan o configuran las causales de disolución previstas en la ley, corresponde al directorio, a cualquier socio, administrador o gerente convocar a junta general, a fin que se adopte el acuerdo de disolución. En el caso de la Sociedad Anónima, cualquier socio, director o gerente puede solicitar al Directorio la convocatoria de la junta general. En el supuesto que la junta general no se reúna, o si reunida, ésta no adopta el acuerdo de disolución o lo que corresponda, según sea el caso, cualquier socio, administrador, director o gerente puede solicitar al juez del domicilio social que declare la disolución de la sociedad.

Declarada la disolución, conforme al mecanismo antes expuesto, el acuerdo de disolución deberá publicarse, dentro de los diez días siguientes, por tres veces consecutivas, y posteriormente, inscribirse en los Registros Públicos.

1.1. Causales de Disolución

La Nueva Ley General de Sociedades, regula en primer lugar las causas de disolución aplicables a todas las clases de sociedades, y luego las causas especiales aplicables específicamente a las sociedades colectivas y en comandita.

El artículo 407º de la NLGS regula las causales que inciden en todas las clases de sociedades.

El inciso 1º contempla el vencimiento del plazo de duración como causal de disolución. La conclusión del plazo de duración de la sociedad como causa de disolución, opera de pleno derecho (ipso jure) y no requiere de inscripción en los Registros Públicos, toda vez que el acto de constitución o el acuerdo posterior de socios, estableció anteladamente la vigencia de la sociedad, y al encontrarse registralmente inscrito existe la publicidad requerida frente a terceros. El maestro Ulises Montoya Manfredi2, señala en relación a esta causal que el cumplimiento del plazo importa inexorablemente el tránsito a la liquidación de la sociedad.

Resulta necesario precisar, que sólo la causal de vencimiento del plazo de duración, por las razones antes anotadas, funciona automáticamente o de pleno derecho. Las demás causales deben ser necesaria y previamente invocadas y reconocidas por los socios, o en su defecto por el Juez, y surtirán efecto frente a terceros recién al inscribirse en los Registros Públicos el acuerdo de disolución.

Sin embargo, si bien dicha causal de disolución opera ipso jure, necesariamente se requerirá de la intervención de la junta general, o en su defecto del juez, para que designen a los liquidadores y se de inicio al proceso de liquidación.

El inciso 2º considera como causal de disolución la conclusión del objeto social, la imposibilidad manifiesta de realizarlo o su no realización durante un período prolongado. El objeto social es el fin perseguido por la sociedad. Si se dio cumplimiento al fin para el cual nació la sociedad, o si dicho fin se hace imposible de cumplir, la sociedad ya no tendrá razón de ser ni existir, al haberse agotado su objeto social, debiendo en consecuencia determinarse su disolución.

La no realización del objeto social dentro de un período determinado como causa de disolución constituye una novedad introducida en la nueva ley; sin embargo, resulta subjetiva la determinación de este «período prolongado», ¿6 meses, 1 año, tres años...?, ¿ habrá que tener en cuenta para ello la empresa o actividad que realice la sociedad?. En todo caso, consideramos que deberán ser los socios los que en cada caso decidan.

El inciso 3º, considera como causal de disolución aplicable a todas las sociedades la continuada inactividad de la junta general. La anterior Ley General de Sociedades, consideraba esta causal de disolución únicamente para las Sociedades Anónimas. La continuada inactividad como causal de disolución deberá ser determinada, en cada caso, por los socios, toda vez que la ley no cuantifica dicho período de tiempo. Cabe anotar como referencia, lo establecido en la Décima Disposición Transitoria de la ley, la cual dispone que «se presume la extinción de toda sociedad mercantil o civil que no ha inscrito acto societario alguno en los diez años precedentes a la publicación de esta ley. El Registro cancelará la inscripción (...)».

El inciso 4º indica que es causa de disolución las pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a cantidad inferior a la tercera parte del capital social pagado, salvo que las pérdidas sean resarcidas o que el capital pagado sea aumentado o reducido en cuantía suficiente. Es importante resaltar en relación a esta causal, que la nueva ley con acierto ha considerado como referencias para estimar las pérdidas que reducen el patrimonio en relación al capital, al patrimonio neto y al capital pagado. La anterior ley se refería al patrimonio y al capital, a secas. La Octava Disposición Transitoria de la ley, deja en suspenso hasta el 31 de diciembre de 1999 dicha causal de disolución, en razón a las dificultades económicas y financieras por la que vienen atravesando los distintos sectores empresariales.

El inciso 5º considera que la sociedad se disuelve por acuerdo de la Junta de Acreedores, adoptado de conformidad con la ley de la materia, o quiebra. En relación a esta causal, es preciso mencionar que mediante Decreto Ley 26116, sustituido por el Decreto Legislativo 845 - Ley de Reestructuración Patrimonial- se estableció en nuestro país un novedoso procedimiento en materia concursal, orientado principalmente a posibilitar la continuidad y conservación de las empresas. Este nuevo mecanismo legal supone la declaratoria de insolvencia de una empresa (sociedad), por parte de una autoridad administrativa (INDECOPI), luego de la cual se convoca a los acreedores, quienes reunidos en junta deciden el destino de la empresa. Una de las opciones que tiene la Junta de Acreedores para decidir sobre el destino del insolvente es la disolución y liquidación. Si bien es cierto, por medio de este procedimiento la Junta de Acreedores acuerda la disolución de una sociedad, el procedimiento para la liquidación y extinción de la misma se regula exclusivamente por la Ley de Reestructuración Patrimonial, y no por la Ley General de Sociedades. En tal sentido, podemos afirmar que coexisten en nuestra legislación dos procedimientos alternativos de liquidación de sociedades, uno regulado por la Ley General de Sociedades, y otro por la Ley de Reestructuración Patrimonial (LRP). Ello sin considerar las disposiciones sobre disolución y liquidación de sociedades constituidas como entidades financieras o bancarias, compañías de seguros y sociedades administradoras de fondos de pensiones, las mismas que por su naturaleza se regulan por sus propias normas (Ley 26702 y Ley 25897).

Al respecto consideramos pertinente señalar las principales diferencias que existen entre el procedimiento de liquidación regulado en la Ley de Reestructuración Patrimonial (LRP), y el procedimiento establecido en la Nueva Ley General de Sociedades. En el primero el acuerdo de disolución y el nombramiento del liquidador es adoptado por la junta de acreedores; en el segundo es la junta general la que adopta dichos acuerdos o en su defecto el juez. En el primer procedimiento, el liquidador necesariamente debe ser un banco, entidad financiera o de seguros, u otra entidad previamente calificada por la Comisión de Salida del Mercado del INDECOPI; en el segundo procedimiento el liquidador o liquidadores puede ser cualquier persona natural o jurídica, debiendo ser su número impar. En el procedimiento establecido en la LRP el liquidador presenta un proyecto de convenio de liquidación, el cual luego de ser aprobado por la junta de acreedores, debe ser firmado por el presidente de la junta, el liquidador y el representante de la Comisión, en caso de no aprobarse o suscribirse el convenio la Comisión asume el proceso de liquidación designando al liquidador; la NLGS no establece formalidad alguna al respecto. De acuerdo con la LRP el convenio de liquidación debe establecer el plazo del proceso liquidatorio; la NLGS no prevé plazo de duración para el proceso de liquidación. La LRP establece que en cualquier etapa del proceso de disolución y liquidación, si el insolvente cancela los créditos reconocidos, y los gastos y honorarios de la liquidación u, otorga garantía suficiente en favor de los acreedores, el proceso se declara concluido y se levanta el estado de insolvencia del deudor; en el caso de la NLGS la junta general, de darse las circunstancias, puede acordar el levantamiento del estado de disolución y liquidación de la sociedad. En la LRP si el liquidador constata que existen factores nuevos o no previstos al momento de adoptar el acuerdo de disolución, informará a la junta de acreedores, pudiendo ésta acordar la reestructuración si fuera viable; la NLGS permitiría a la junta general levantar el estado de disolución y liquidación de la sociedad, y solicitar la declaración de insolvencia para luego de ello, si fuera viable, proponer la reestructuración de la empresa. La LRP prevé un mecanismo de protección legal del patrimonio de la empresa en proceso de liquidación, desde el momento en que se declara la insolvencia de la misma, en mérito del cual se suspende la ejecución de los embargos y en general de cualquier medida cautelar trabada sobre bienes o dinero de la empresa; en el procedimiento establecido en la NLGS los procesos judiciales, arbitrales o coactivos siguen su trámite normal, debiéndose apersonar, el o los liquidadores, a dichos procesos en representación de la sociedad.

El inciso 6º contempla como causal de disolución la falta de pluralidad de socios, si en el término de seis meses dicha pluralidad no es reconstituida. La pluralidad de socios, según lo dispone el artículo 4º de la NLGS es requisito sine qua non para la constitución de una sociedad, cualesquiera sea la forma que ésta adopte, estableciendo para ello la participación de cuando menos dos (2) socios, personas naturales o jurídicas. Desaparecida la pluralidad de socios, estamos frente a una causa de disolución. Sin embargo, esta causal se puede revertir, si dentro de los seis meses siguientes al hecho que la produjo, se reconstituye el numero plural de socios.

El artículo 4º de la NLGS, señala que si la pluralidad de socios no se reconstituye en el plazo de seis meses, la sociedad se disuelve de pleno derecho al término de ese plazo. Sobre el particular, observamos que se presenta un problema de orden práctico, respecto a la forma como opera esta causal de disolución.

A diferencia que en la causal prevista en el inciso 1º (vencimiento del plazo de duración de la sociedad), en la que resulta coherente y lógico que la disolución opere de pleno derecho, por cuanto ésta surge de la inscripción registral primigenia que establece el plazo de vigencia de la sociedad, plazo que es de conocimiento de todos (terceros), en virtud del principio de publicidad registral; en el caso de la disolución por falta de pluralidad de socios no sucede lo mismo.

En efecto, frente a la causal de disolución por falta de pluralidad de socios, no reconstituida dentro del plazo de seis meses, no existe manera de que los terceros puedan tomar conocimiento de este hecho una vez producido, quedando la manifestación y publicidad del mismo a la voluntad de quien sería el «único» socio. Puede suceder que la sociedad continúe operando luego de transcurrido dicho período, por mucho tiempo más, con ese único socio, sin que ello sea de conocimiento de terceros. Ante ello, se presenta la interrogante ¿opera de pleno derecho esta causal de disolución?. Así mismo, se presentan otras interrogantes, ¿cómo se formaliza la disolución? y ¿quién nombra a los liquidadores?.

El inciso 7º se refiere a la disolución de la sociedad adoptada mediante Resolución de la Corte Suprema de Justicia de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 410º.

Una causa extraordinaria de disolución, es la contemplada en el artículo 410º de la NLGS, que establece que el Poder Ejecutivo mediante Resolución Suprema expedida con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, solicitará a la Corte Suprema de Justicia de la República la disolución de aquellas sociedades cuyos fines o actividades sean contrarias a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres.

La antigua Ley General de Sociedades establecía que la Corte Suprema resolvía la solicitud del Poder Ejecutivo como jurado. La nueva ley señala que la Corte Suprema resuelve en doble instancia, la disolución o la continuación de la sociedad, concediendo a los representantes de la sociedad el derecho de presentar las pruebas de descargo que estimen pertinente. Si la Corte Suprema declara la disolución (y salvo que ésta resuelva cosa distinta) el directorio, los gerentes o los administradores, según sea el caso, convocarán a junta general para que se designen a los liquidadores y se de inicio al proceso de liquidación. En caso que la junta general no se reúna, o si reunida no adopta el acuerdo respectivo, cualquier socio o tercero puede solicitar a la autoridad judicial el nombramiento de los liquidadores a fin que se de inicio al proceso de liquidación.

El inciso 8º establece la facultad de la junta general, para acordar la disolución de la sociedad, sin que medie causa legal o estatutaria. Mediante esta disposición se reconoce el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, por el cual los socios tienen la facultad de regular sus derechos mediante el libre acuerdo de voluntades. Teniendo en cuenta que este acuerdo importa la modificación del estatuto o del pacto social, se deben considerar las formalidades y mayorías contempladas por la ley para ese efecto.

No obstante lo mencionado en el párrafo anterior, el artículo 411º de la NLGS, dispone que el Estado puede ordenar la continuación forzosa de la sociedad anónima (sólo aplicable a la sociedad anónima), si la considera de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley. En este caso, se dispondrá la forma como continuará la sociedad y los recursos con que se indemnizarán a los accionistas. Sin embargo, es facultad de los accionistas acordar la continuación de las actividades de la sociedad, dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la Resolución que ordena la continuación forzosa.

El inciso 9º establece que las sociedades se pueden disolver por cualquier otra causa establecida en la ley, o prevista en el pacto social, el estatuto, o convenio de socios registrado ante la sociedad. La ley puede establecer causales de disolución distintas a las establecidas en la Ley General de Sociedades, es el caso de aquellas contenidas en la Ley de Bancos y en la Ley de Administradoras de Fondos de Pensiones, por citar algunas. Como sabemos los Bancos, así como las Administradoras de Fondos de Pensiones, deben constituirse necesariamente como sociedades anónimas, siéndoles, por ende, de aplicación la Ley General de Sociedades; sin embargo las disposiciones legales que regulan a estas instituciones, establecen reglas especiales dentro de las cuales se encuentran algunas causales de disolución, además de las contenidas en el artículo 407º de la NLGS.

Cabe destacar, que una novedad contenida en la nueva ley lo constituye el reconocimiento de los pactos o convenios entre socios consagrado en el artículo 8º de la NLGS, mediante los cuales se pueden establecer causales de disolución distintas a las contenidas en la ley.

La causal de disolución por fusión, establecida en el inc. 4º del artículo 359º de la ALGS, ya no es considerada como tal en la nueva ley, en virtud de lo establecido en el artículo 345º de la NLGS que dispone que «no se requiere acordar la disolución y no se liquida la sociedad o sociedades que se extinguen por la fusión».

1.2. Causales Especiales de Disolución

El artículo 408º de la NLGS regula las causales especiales de disolución aplicables exclusivamente a las sociedades colectivas o en comandita.

La Sociedad Colectiva, se disuelve, además de las causales generales establecidas en el articulo 407º de la NLGS, por muerte o incapaci dad sobreviniente de uno de los socios, salvo que el pacto social establezca que la sociedad puede continuar con los herederos del socio fallecido o entre los demás socios.

La Sociedad en Comandita Simple se disuelve, además de las causales generales establecidas en el articulo 407º de la NLGS, cuando no quede ningún socio comanditario o ningún socio colectivo, salvo que dentro de los seis meses se restituya al socio faltante. La Sociedad en Comandita por Acciones se disuelve, además, si cesan en su cargo todos los administradores, y éstos no son sustituidos dentro del término de seis meses.

2. Liquidación

Una vez disuelta la sociedad, se da inicio a lo que hemos denominado la segunda etapa del proceso (iniciado con la aparición de una de las causales de disolución y que concluye con la extinción de la sociedad), la liquidación.

El proceso de liquidación se puede definir como un conjunto de operaciones o actos que deben realizarse en la sociedad que ha sido declarada en disolución, tendientes a la realización de su activo, al pago de su pasivo, y la distribución entre los socios del remanente del patrimonio social, si es que lo hubiere3.

Como lo hemos anotado líneas arriba y de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 413º de la NLGS, la sociedad disuelta conserva su personalidad jurídica mientras dura el proceso de liquidación y hasta que se inscriba la extinción de la sociedad en los Registros Públicos, debiendo añadir a su razón o denominación social la frase «en liquidación».

De la misma manera, desde el momento mismo en que se acuerda la disolución, cesa la representación de los directores, administradores, gerentes y representantes de la sociedad, asumiendo tales funciones los liquidadores, de conformidad con la ley, el estatuto, el pacto social, los convenios entre accionistas inscritos ante la sociedad y los acuerdos de la junta general. Cabe destacar que los directores, administradores, gerentes y representantes de la sociedad cesados en sus cargos, pueden ser requeridos por los liquidadores a fin que proporcionen la información y documentación necesaria para el proceso liquidatorio.

El distinguido profesor universitario Ricardo Beaumont Callirgos4 explica con suma claridad que al acordarse la disolución e iniciarse el proceso de liquidación, tres cosas cambian: Uno, cambia el objeto social, ya no será el previsto en el pacto social y el estatuto, si no el objeto será realizar los activos para pagar los pasivos; dos, cambia la razón o denominación social, pues habrá que agregar en la correspondencia y documentación de la sociedad la frase «en liquidación»; y tres, cambia la representación, la sociedad ya no estará representada por el directorio, los administradores o los gerentes, si no por los liquidadores.

2.1. Designación y Funciones de los Liquidadores

De acuerdo a lo señalado en el artículo 414º de la NLGS los liquidadores son designados, según sea el caso, por la junta general, por los socios o por el juez, salvo que el estatuto, el pacto social o los convenios entre los accionistas debidamente inscritos ante la sociedad lo hubiesen hecho, o que la ley disponga cosa distinta. El número de liquidadores debe ser necesariamente impar.

En relación al número de liquidadores, si bien la ley se refiere a éste en sentido plural, estimamos que no existe impedimento legal alguno para que una sola persona natural o jurídica realice las funciones de liquidador, por cuanto la ley en relación a este tema no establece un número mínimo, como sí lo hace el artículo 144º de la NLGS para el caso de los directores (mínimo tres). Por lo demás, esta duda se disipa con la lectura del artículo 421º de la NLGS, cuando al referirse a la solicitud de extinción de la sociedad, señala que ésta se presenta mediante recurso firmado por el o los liquidadores.

En caso se designe como liquidador a una persona jurídica, ésta deberá nombrar a la persona natural que la represente.

De otra parte, es importante considerar que, tanto las limitaciones legales y estatutarias para el nombramiento de los liquidadores, así como la vacancia y las responsabilidades del cargo, se regulan, en cuanto les fuera aplicable, por las normas que rigen a los directores y al gerente de la sociedad anónima.

Dentro de las funciones de los liquidadores se encuentra la de representar a la sociedad en liquidación, de acuerdo a las facultades establecidas por la ley, el estatuto, el pacto social, los convenios celebrados entre los accionistas inscritos ante la sociedad y los acuerdos de junta general. Así mismo, los liquidadores están facultados a ejercer la representación de la sociedad en juicio, por el solo mérito de su designación como tales, bastando para ello la presentación de la copia certificada del documento donde conste su nombramiento.

Son también funciones de los liquidadores, la formulación del inventario, los estados financieros y las cuentas a la fecha en que se inicia la liquidación; requerir la participación de los representantes cesantes; llevar y custodiar los libros y correspondencia de la sociedad; velar por la integridad del patrimonio de la sociedad; realizar las operaciones pendientes y las nuevas necesarias para la marcha del proceso liquidatorio; transferir a título oneroso los bienes sociales; exigir el pago de los créditos y dividendos pasivos existentes al iniciarse la liquidación; concertar transacciones y asumir compromisos convenientes al proceso liquidatorio; pagar a los acreedores de la sociedad; y convocar a la junta general, cuando lo estimen necesario o así lo disponga la ley, el estatuto, el pacto social, los convenios celebrados entre los accionistas inscritos ante la sociedad o por disposición de la junta general.

De otro lado, son obligaciones de los liquidadores, entre otras, solicitar la declaración judicial de quiebra, de conformidad con las reglas del Decreto Legislativo 845 - Ley de Reestructuración Patrimonial- cuando se extinga el patrimonio de la sociedad en liquidación y queden acreedores impagos; presentar a la junta general, previa convocatoria, los estados financieros y demás cuentas de los ejercicios que venzan durante el proceso de liquidación o los balances correspondientes a otros períodos cuya formulación contemple la ley; presentar para la aprobación de la junta general, previa convocatoria, la memoria de liquidación, la propuesta de distribución del patrimonio neto entre los socios, el balance final de liquidación, el estado de ganancias y pérdidas y las demás cuentas que correspondan, las mismas que deben estar auditadas.

Según hemos señalado, es obligación de los liquidadores convocar a junta general para la aprobación del balance final de liquidación. Si no obstante la convocatoria, la junta no se realiza, en primera ni en segunda convocatoria, el balance final de liquidación se considera aprobado por la junta general. Una vez aprobado el balance final, expresa o tácitamente, éste debe publicarse por una sola vez.

Por último, las funciones del cargo de liquidador terminan por haberse realizado la liquidación; por remoción o renuncia; o por resolución judicial emitida a solicitud de socios que representen cuando menos la quinta parte del capital social. La responsabilidad del cargo de liquidador caduca a los dos años contados desde el día de terminación del cargo o inscrita la extinción de la sociedad.

2.2. Distribución del haber social

Una vez aprobado el balance final de liquidación y los demás documentos exigidos por la ley, los liquidadores procederán a distribuir el haber social remanente, única y exclusivamente si se ha cumplido con pagar a todos los acreedores de la sociedad, o en su defecto, se ha consignado el importe de sus créditos en una empresa bancaria o financiera del sistema financiero nacional. El artículo 420º de la NLGS detalla las reglas por las cuales los liquidadores deben proceder a distribuir el haber social entre los socios, una vez pagados los créditos de los acreedores.

3. Extinción

Concluido el proceso de liquidación (o realizada la liquidación), es obligación de los liquidadores inscribir la extinción de la sociedad en los Registros Públicos, mediante una solicitud, en la cual se debe indicar la forma como se ha dividido el haber social, la distribución del remanente, y las consignaciones efectuadas (en caso que los acreedores no hubieran cobrado sus créditos), acompañando la publicación del balance final de liquidación.

Al momento de inscribir la extinción de la sociedad, se debe señalar el nombre y domicilio de la persona que custodiará los libros y la documentación social.

El artículo 422º de la NLGS establece el derecho de los acreedores para hacer valer sus créditos luego de extinguida la sociedad. En el caso de la sociedad colectiva, los acreedores

podrán hacer valer sus créditos frente a los socios. Los acreedores de las sociedades anónimas, de las sociedades en comandita simple y en comandita por acciones (se ha omitido a la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada), podrán hacer valer sus créditos frente a los accionistas o socios, hasta por el monto de la suma recibida por éstos como consecuencia de la liquidación. Si la falta de pago se debió a culpa de los liquidadores, los acreedores podrán hacer valer sus créditos frente a éstos.

El derecho de los acreedores para hacer valer sus créditos frente a los socios, accionistas o liquidadores, según sea el caso, caduca a los dos años desde la inscripción de la extinción de la sociedad.

Finalmente consideramos importante precisar que, la extinción de la sociedad conforme a las disposiciones establecidas en los artículos 421º y 422º de la NLGS, procede única y exclusivamente cuando se han pagado los créditos de todos los acreedores.

Empero, si durante la tramitación del proceso de liquidación se agotan los activos quedando acreedores impagos, los liquidadores deberán solicitar al Juez Especializado en lo Civil de la sede social de la sociedad la declaración judicial de quiebra de conformidad con lo prescrito en los artículos 88º, 89º y 90º del Decreto Legislativo 845 - Ley de Reestructuración Patrimonial. En este caso, el juez previa verificación de la extinción del patrimonio, a partir del balance final de liquidación, sin más trámite declarará la quiebra y la extinción de la sociedad, así como la incobrabilidad de sus deudas. El auto que declara la quiebra y la extinción de la sociedad, deberá publicarse en el Diario Oficial «El Peruano» por dos días consecutivos e inscribirse en los Registros Públicos.

La función de los liquidadores termina con la inscripción de la extinción de la sociedad en los Registros Públicos.

Una vez ejecutoriado el auto que declara la quiebra, se da por concluido el proceso y el juez ordena su archivamiento definitivo, emitiendo los certificados de incobrabilidad a todos los acreedores impagos.

 


1. MONTOYA MANFREDI, Ulises. «Derecho Comercial». Tomo 1. Octava Edición. Editorial Cultural Cuzco. Lima.

2. MONTOYA MANFREDI, Ulises. Ob. Cit.

3 HUNDSKOPF E., Oswaldo. «Derecho Comercial. Nuevas Orientaciones y Temas Modernos». Tomo II. Universidad de Lima. Segunda Edición. 1994. Lima

4 BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo. «Comentarios a la Nueva Ley General de Sociedades». Gaceta Jurídica Editores S.R.Ltda. Primera Edición. Enero 1998. Lima

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