5. LA SOCIEDAD EN MOVIMIENTO

 

Tenemos la impresión que en ninguna parte del Perú colonial como en la región nororiental, estuvo tan difundido, a nivel de todos los sectores sociales, el uso del machete, hacha y cuchillo, instrumentos de trabajo tan necesarios para mejorar las condiciones de producción, pues eran requeridos para cortar árboles y obtener leña, rozar la exuberante y permanente maleza; sin embargo se tomaron peligrosos en manos de los pobladores que contaron con estos instrumentos que podían causar la muerte. Además, poseer un hacha o machete tiene que haber influido para darle mayor seguridad a su dueño y convertirlo en una persona suficiente, contestataria, y de fácil inclinación a las peleas, tumultos o motines. Un indio con un hacha o machete igualaba su capacidad de defensa y ataque con relación a un blanco o mestizo en las mismas condiciones. Más aún, el bosque, la selva, constituía el ambiente propicio para todo aquel que cuestionaba el orden establecido o cometía algún hecho delictivo, pues con facilidad podía internarse en él, siendo difícil que fuese apresado. Por ello se explica en parte el considerable número de soldados españoles que estuvieron establecidos en las ciudades de Chachapoyas, Moyobamba, Lamas y Yurimaguas.

Con este trasfondo de generalización de instrumentos de trabajo que podían convertirse en armas de combate, la sociedad nororiental fue bastante violenta, en cualquier momento surgió la riña, el enfrentamiento y la muerte. En 1759 don Juan Trigoso, hombre blanco, cometió el error de cortar leña en el sitio de San Antonio (Chachapoyas) que estaba al cuidado de Silvestre Choc, indio analfabeto, que lo enfrentó y desencajó un certero hachazo en el oído izquierdo matándolo. La autoridad certificó que en la herida, sin mayor dificultad: «se internaban de dos a tres dedos sin embarazo»126.

Si una simple gresca por leña devenía en un asesinato, en un levantamiento o tumulto que se suscitase por reclamos que involucraran a sectores sociales marginales, resulta fácil imaginar el peligro en que se encontraron las autoridades responsables del orden interno. El relativo aislamiento, la dificultad de los caminos, la generalización en la posesión de herramientas que fácilmente se transformaban en medios de defensa y ataque, y cierta identidad de objetivos entre indios y mestizos, en especial en la zona de Lamas, Luya y Moyobamba, influyeron para que las autoridades adoptaran una actitud de comprensibilidad con aquellos que ocasionaban disturbios en la sociedad. Tanto de Lima como de Trujillo se ordenaba a las autoridades de la región nororiental que se actuase con tino y moderación cuando se produjeran conflictos, tumultos o levantamientos. Aún no es posible explicar con claridad el porqué Lamas fue una zona altamente cuestionadora y tumultuosa en la región, que obligó a que se enviase en 1774 como gobernador a don Juan del Castillo Rengifo, con la misión de tranquilizar a sus moradores y que perdone a: «los vecinos los excesos y escándalos pretéritos», pero que en secreto descubra: «quiénes hicieron cabeza en los tumultos acaecidos» 127 . El detonante de los tumultos al parecer estuvo en la Real Cédula del 25 de diciembre de 1773, que anexaba Lamas y Luya a Chachapoyas, pues de años atrás Lamas estaba convulsionada y seguía en esta situación peligrosa como se hacía saber: «Las inquietudes permanecen, cuando no en aumento, en el estado que tenían, hallándose dividida en dos bandos la Provincia». En estas condiciones se ordenó de Lima «prudencia» y no «rudeza» porque, aunque parezca paradójico, en las investigaciones que se hicieron, se atribuyó al gobernador del Castillo ser el instigador del tumulto: «para perpetuarse en el Empleo». Tan complejo y oscuro fue el panorama social de Lamas en 1774, que también se acusó al sacerdote de Moyobamba, don Juan Caicedo, de promover: «las turbulencias de los Lamas».

La región se mantuvo muy movida socialmente, creando zozobra y peligro. En 1794 don Félix González de Noriega, gobernador de Moyobamba, comunicó presurosamente a Chachapoyas que estando en: «una función de casamiento, me dieron noticia que algunas personas se levantaban armando tumulto contra mí». Matías de Angulo fue sindicado como cabeza del motín y lo peligroso fue la participación de gran número de mestizos e indios que se amotinaron y fueron encarcelados. También en forma similar a Lamas, en Moyobamba la población venía sosteniendo un estado de insurgencia desde años atrás contra don Pedro García de Durango y Toribio Valera, demostrando la continuidad en la oposición de Moyobamba contra sus autoridades. Una vez más, desde Trujillo, el intendente don Vicente Gil de Taboada y, en Chachapoyas, el subdelegado, don Fabián Rodríguez de Mendoza, actuaron diplomáticamente, pues, por la contundencia de los amotinados, ordenaron: «que a los convoyados que dice tenerlos presos en esas cárceles, los amoneste y aplicándoles alguna pena moderada les de soltura [...] para que de este modo se sosieguen aquellos ánimos que son bien belicosos, como lo tienen acreditados en otras ocasiones» 128.

Es evidente que la región nororiental estaba convulsionada a fines de la Colonia, teniendo como actores sociales principales a mestizos e indios campesinos que demostraron, con sus posiciones tumultuarias y de amotinamiento, un peligroso nivel de conflicto, que obligaba a actuar a las autoridades colonialistas con prudencia por temor a que las protestas se generalizaran. ¿Pero cuál es la base de estas actitudes contestatarias y de cuestionamiento hacia las autoridades? Defendemos la tesis que el origen del descontento y las protestas campesinas a nivel colonial-nacional radica en el despojo de sus tierras por parte de los hacendados o sus representantes, los administradores. Aquí está la base que explica las denuncias legales, las movilizaciones para detener la embestida de los hacendados que, en nuestra opinión, se agudiza a partir de mediados del siglo XVIII. Para nosotros es clara esta situación en la región central (Reyes 1983: 116). En la región nororiental también se han encontrado pruebas documentales que abonan la tesis del problema de la tierra. En 1810, los sembradores de tabaco de Rioja denunciaron que venían sosteniendo una lucha tenaz con los campesinos de la zona que reclamaban las tierras que ellos tenían, rechazando: «tres o cuatro alzamientos que han ocurrido contra nosotros en el tiempo de diez y ocho años»129 . La persistencia y tenacidad en la lucha por la tierra que incluso se trasmitió de generación en generación, es una de las características del campesinado a nivel colonial-nacional y que se verifica también en Rioja.

Reafirmando lo anterior, a fines de la Colonia se fueron produciendo cambios en la economía, afectando la existencia de los diferentes sectores sociales en la región nororiental que los motivó a manifestarse. Obviamente dichos cambios que remecieron a la sociedad tenían que darse en la agricultura. En la zona de Lamud, caso que puede ser extensivo a buena parte de la región, el precio de la tierra aumentaba vertiginosamente. Las tierras La Caldera y el Molino que en 1770 tuvieron un valor de 120 pesos, en 1810 se valorizaban en 800 pesos, es decir, se produjo en 40 años un aumento de 6,5 veces. Todo variaba de precio en la región nororiental a principios del siglo XIX, teniendo como trasfondo el aumento del valor de la tierra y que se reflejaba en el incremento del costo de vida, por ejemplo una vaca que en 1770 valía 3 pesos, en 1810 se vendía en 10 pesos130.

Para aquellos que postulan la tesis del bajo valor de la tierra, lo que sucedió en Lamud es una demostración de lo equívoco de tal apreciación. Considerando que en el Perú colonial la economía fue básicamente feudal, la tierra posibilitó a su propietario no sólo poder económico, sino también poder social y político. La tierra fue incrementando su valor en los últimos cincuenta años de la Colonia, porque en forma paralela se produjo un repunte de la economía, aun cuando hubo algunos años de crisis pasajera. Si el precio de la tierra aumentó en la periferia, mucho más lo fue en el centro, donde las haciendas estuvieron más mercantilizadas. En 1781 una fanega de tierra en la hacienda Torreblanca (Chancay) estuvo valorizada en 300 pesos; en 1791 en la chacra Valdivieso (Lima), el precio de una faenada de tierra fue de 980 pesos 131.

El mayor valor de la tierra, así como el aumento del precio de los productos agropecuarios, benefició a los hacendados-estancieros, impulsándolos a ensanchar sus propiedades en perjuicio de la mediana y pequeña propiedad campesina. Obviamente la hacienda, de por sí, tiende a ensancharse, a crecer, independientemente de variables poblacionales, de auge o crisis económica, porque es innato en el hacendado expandir sus tierras. Claro que esta política adquirirá un mayor impulso en coyunturas de auge económico pero, por regla general, reiteramos, el crecimiento de la gran propiedad es «un hecho natural» desde el punto de vista de los hacendados. En estas condiciones los perjudicados fueron los campesinos que soportaron el asedio y violencia de los hacendados para despojarlos de sus tierras. El descontento campesino, la pobreza campesina, la lucha legal, los motines, alzamientos, movilizaciones, deben encontrarse aquí: en la tierra. El pago de tributo y aranceles, reparto de mercancías, no fueron más que detonantes, porque la base del problema colonial se encontró en la tierra.

 

 

 

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126. ADA. Expediente año 1759, fs. 1 v.
127. ADA. Protocolo año 1776, fs. 177.
128. ADA. Expediente año 1794.
129. AAL. Causas Civiles. Legajo 227, fs. 70.
130. AAL. Apelaciones Trujillo. Leg. 41, año 1810-14, fs. 38, 54 y ss.
131. AGN. Valentín de Torres Preciado. P. 1084, fs. 299 v.

 

 

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